Espacios del capital: expansión cañera y disputas por el agua del río Grande en los orígenes del ingenio La Esperanza, provincia de Jujuy, 1882-1895

Spaces of capital: sugarcane expansion and disputes over the water of the rio Grande in the origins of the La Esperanza Sugar Mill, province of Jujuy. 1882-1895

Espaços do capital: expansão da cultura da cana-de-açúcar e disputas pela água do rio Grande nas origens da usina La Esperanza, província de Jujuy, 1882-1895

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad Nacional de Jujuy

Centro Interdisciplinario en Tecnologías y Desarrollo Social para el Noroeste Argentino

En el poblado de San Pedro, situado en la región de las Yungas de Jujuy, se formó en 1882 la sociedad Aráoz, Ugarriza, Uriburu y Cía., que fundaría un moderno ingenio azucarero en esas tierras. La incorporación del técnico inglés Roger Leach, llevó a que este se asociara a la firma en 1888, hegemonizándola para 1893 al formar Leach Hnos. En este artículo se analiza la disposición territorial del ingenio, así como sus estrategias para el aprovechamiento casi exclusivo del agua —un recurso vital para el cultivo cañero— al contar con los resortes del poder municipal local. Para eso, combinamos el estudio de la documentación oficial de la provincia con los registros estadísticos oficiales sobre la expansión cañera, hasta la primera crisis del sector en 1895.

In the town of San Pedro, located in the Yungas region of Jujuy, the company Aráoz, Ugarriza, Uriburu y Cía. was formed in 1882, which would found a modern sugar mill on those lands. The incorporation of the British technician, Roger Leach, led to him becoming associated with the firm in 1888, hegemonizing it by 1893, by forming Leach Hnos. This article analyzed the territorial layout of the sugar mill, as well as its strategies for almost exclusive use of water —a vital resource for sugarcane cultivation— relying on the resources of local municipal power. For this purpose, we will combine the analysis of official documentation of the province with the official statistical records on the sugarcane expansion, until the sector's first crisis in 1895.

Na vila de San Pedro, situada na região das Yungas de Jujuy, foi fundada em 1882 a sociedade Aráoz, Ugarriza, Uriburu e Cia., que viria a construir uma moderna usina de açúcar naquelas terras. A incorporação do técnico inglês Roger Leach levou-o a associar-se à empresa em 1888, assumindo o controle da mesma em 1893 ao fundar a Leach Hnos. Neste artigo, analisou-se a disposição territorial da usina, bem como suas estratégias para o aproveitamento quase exclusivo da agua —um recurso vital para o cultivo da cana-de-açúcar— contando com o apoio do poder municipal local. Para isso, combinamos o estudo da documentação oficial da província com os registros estatísticos oficiais sobre a expansão da cana-de-açúcar, até a primeira crise do setor em 1895.

Espacios del capital: expansión cañera y disputas por el agua del Río Grande en los orígenes del ingenio La Esperanza, provincia de Jujuy. 1882-1895

Una revisión de la historiografía azucarera regional desde la historia ecológica y la historia ambiental: el caso del ingenio La Esperanza

Durante la década de 1990, la cuestión azucarera ocupó un lugar de privilegio dentro de los estudios sociales y económicos de la provincia. Como señala Ana Teruel (2005), los avatares de la industria parecen constituirse en una especie de hilo conductor de la historia de la región. Esta actividad significó la incorporación de Jujuy al incipiente mercado nacional, produjo un notorio aumento de la población y proporcionó uno de los mayores ingresos al fisco provincial. El período de auge del llamado modelo agroexportador en la Argentina ha sido el privilegiado por los historiadores en sus investigaciones, al hacer inteligible las diversas articulaciones de lo regional y lo nacional para el noroeste.

El medio siglo anterior a la Primera Guerra Mundial fue una etapa de gran expansión económica para Argentina, con un crecimiento anual del Producto Bruto Interno real del 5 %, similar al de países como Estados Unidos o Canadá. Este incremento fue impulsado por la demanda europea de productos primarios (Campi, 1995). A pesar de un pequeño desarrollo industrial, la economía argentina se basaba en la exportación de más del 95 % de sus ventas provenientes del sector agropecuario (Gerchunoff y Llach, 2018). Este aumento también impulsó el mercado interno, que fue importante para productos como el vino, el azúcar, el tabaco, la yerba mate y el algodón (Míguez, 2008).

En particular, la industria azucarera argentina creció gracias a la demanda del mercado interno. Dado que los principales centros de consumo estaban a más de mil kilómetros de los centros de producción, esta expansión requirió un desarrollo de infraestructura sin precedentes (Campi, 2020).

En Jujuy, la transformación de las haciendas de San Pedro y Ledesma en modernos ingenios-plantación se debió a la formación de empresas capitalistas y a cambios en la propiedad. En la localidad de San Pedro, Miguel Aráoz, cuya familia poseía la hacienda desde 1844, formó la sociedad Aráoz, Ugarriza, Uriburu y Cía. en 1882 e incluyó al técnico Roger Leach de origen inglés, quien había llegado para instalar máquinas en el otro ingenio que despuntaba, Ledesma. En la primera unidad productiva se fundó un ingenio con el nombre La Esperanza y en 1888 quedó en manos de Aráoz y del mencionado Leach. El peso creciente del inglés y sus cinco hermanos se tradujo en la formación de la firma Leach Hnos. en 1893, hasta la concreción de la sociedad anónima en 1912 (Teruel, 2005). Esta última se constituyó ante el Juzgado de San Pedro, a través de poder otorgado a Gualterio Leach por sus hermanos Guillermo, Esteban y Francisco, y por Samuel Taylor. A través de la liquidación de la sociedad previa, Leach Hnos., se realizó el traspaso a Leach Hnos. y Compañía Limitada. Acorde a los libros de balances presentados, quedó constituida con un capital inicial de $ 3.994.000, en la cual cada uno de los hermanos poseía acciones por $150.000, mientras que Taylor participó con $100.000. El capital faltante se formó con 469 acciones ordinarias que sumaban $ 2.814.000.^[1]

Las nuevas unidades productivas aunaban dos factores: la plantación (propiedad agrícola, productora de materia prima en gran escala) y la fábrica moderna, el ingenio, que cumplía con todas las etapas de elaboración. Paulatinamente, fueron alcanzando un alto grado de concentración en la producción y la comercialización, característica que pronto las distinguió de las industrias pioneras de Tucumán. El despegue de los ingenios se desarrolló desde la década de 1870, cuando se pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones fabriles con maquinaria importada y se levantaron las primeras cosechas de buen rendimiento, hasta mediados de la década de 1910, cuando se hicieron evidentes las condiciones favorables para competir y ganar espacio en el mercado nacional (Teruel et al., 2006).

Este período se caracterizó por una serie de contratiempos iniciales. Uno de los principales fue la dificultad de acceso y la escasez del transporte, que subsistía a pesar del arribo del ferrocarril a Jujuy en 1891. El tráfico mercantil del ganado en pie había constituido la principal red comercial de Jujuy desde la etapa colonial y se vio interrumpido con las guerras de independencia. Se reanudó a partir de 1825 por el desarrollo minero de Bolivia y la sierra central del Perú, pero comenzó a mermar a partir de la década de 1880 como consecuencia, entre otras causas, del trazado de líneas férreas en Bolivia. De esta forma, el funcionamiento del ferrocarril en la provincia marcó la transición entre la desintegración del comercio de mulares y vacunos, y la integración de Jujuy al mercado nacional (Langer y Conti, 1991).

Al iniciarse la etapa de despegue azucarero, los ingenios solo podían sacar sus productos por caminos comarcales deficientes hasta el poblado de Perico, que era la estación más cercana para acceder al Ferrocarril Central Norte (Teruel et al., 2006). Dada la relevancia creciente que iba adquiriendo la agroindustria (los estudios de esa traza ferroviaria datan de 1895), en 1904 quedó habilitado el ramal desde el poblado de Perico a Ledesma, donde se ubicaba el otro gran ingenio provincial, incorporando así la zona productora más prometedora para vincularse al centro de consumo nacional (Fandos y Bovi, 2011). En cuanto al ingenio La Esperanza, desde 1891 enviaban sus productos a través de la estación Pampa Blanca y, para ello, debían recorrer cuarenta kilómetros en carretas desde San Pedro. Cuando se iniciaron las obras ferroviarias hacia Ledesma, la firma Leach le cedió gratuitamente al gobierno nacional el terreno que atravesaba por sus tierras. De esta forma, en 1904 arribó el primer tren a San Pedro y desde allí se construyó ese mismo año un desvío ferroviario hasta el ingenio (Sierra e Iglesias, 1998).

Como señaló Marcelo Lagos (1993), en esta historia se pueden distinguir dos grandes etapas, una que comprende desde 1870, cuando se dieron las incorporaciones tecnológicas iniciales y se levantaron las primeras cosechas de gran rendimiento, hasta mediados de la década de 1910, cuando se encontraron en condiciones de competir con otras industrias del ramo y ganar un espacio mayor en el mercado nacional. La segunda etapa, entre 1915 y 1930, abarcaría la inserción al mercado nacional y la consolidación definitiva.

Estos estudios se pueden ampliar actualmente con base en nuevas indagaciones que nos permiten la historia ambiental y la historia ecológica. Tradicionalmente, el ambiente no ha formado parte de las preocupaciones de los historiadores, a no ser como el apartado descriptivo de otro estudio. Sin embargo, a la luz de una tradición analítica en crecimiento, hoy podemos retomar algunos lineamientos: el clima, el suelo, la vegetación y el uso de la tierra se combinan para producir un paisaje físico y social distintivo, así como formas culturales consonantes con ese paisaje (Arnold, 2000).

La idea de que el capitalismo actúa sobre la naturaleza es imperante en los estudios críticos medioambientales de hoy. Sin embargo, muchos de estos están impregnados de ideas “neomalthusianas”, en el sentido de que, al igual que el célebre economista, observan las dinámicas naturales por fuera de la historia (Moore, 2020). Con base en la indagación de fuentes primarias y observaciones pioneras, este estudio pretende retomar la idea de que los ingenios de Salta y Jujuy monopolizaron las tierras aptas para las plantaciones y el agua de riego con diversas estrategias, constituyéndose en empresas de gran integración vertical, y eso les otorgó ventajas frente a las fábricas tucumanas (Campi y Lagos, 1995).

Respecto a la periodización propuesta por Lagos (1993), el caso del ingenio La Esperanza nos permite efectuar la hipótesis de que, dentro de esa primera etapa (1870-1910), podemos identificar una subetapa que se extiende hasta la primera crisis de sobreproducción azucarera de 1895. A partir de ella, Guillermo Leach tomó parte activa en la gestión del agua, ya que integró la comisión de estudios para la distribución de las aguas del río Grande.^[2] En este artículo veremos si existió una correlación entre el crecimiento del área plantada y el uso del agua. Asimismo, triangularemos fuentes provenientes de las disposiciones del cuerpo político local de San Pedro con las estadísticas de los terrenos cultivados y de los recuentos de caña de azúcar, para identificar a los actores intervinientes mediante las cédulas censales.

El capital no es simplemente un recurso material (como sostienen las tradiciones neoclásicas más duras),^[3] sino una relación social. El valor del capital se crea mediante el trabajo y se "realiza" a través de su circulación, esto implica el movimiento físico de mercancías y los costos asociados al tiempo y las mediaciones sociales. Los costos de transporte influyen en los precios de las materias primas y de los productos. Cuando se abren nuevos mercados, se buscan nuevas fuentes de recursos o de mano de obra, el tiempo de rotación del capital aumenta, a menos que se mejore la velocidad de circulación para compensarlo (Harvey, 2014).

Las grandes distancias entre la fábrica y los centros de consumo importantes, más el alto coste del transporte, fueron sin duda una limitante inicial en el despegue de los ingenios jujeños. El tendido de líneas del Ferrocarril Central Norte llegaba solo hasta la estancia de Pampa Blanca, a más de 40 km del ingenio La Esperanza. Con gran sentido práctico, se buscó una vía alternativa que permitiera llegar en menor tiempo y abaratar los costos a través de la navegación por los ríos San Francisco y Bermejo, y su conexión con el río Paraná hacia Buenos Aires (Armas y Constant, 2012).

Cuando el ferrocarril llegó a Pampa Blanca en 1890, la empresa Leach Hermanos tenía que recorrer un largo camino en carros, con una empinada cuesta llamada “cuarteadero”; allí los carros requerían ayuda (cuarteados) con mulas auxiliares para poder salvar la pendiente. El tendido del ramal Perico-Ledesma, que pasaría por San Pedro (el ingenio está a 4 kilómetros de esta localidad), interesó vivamente a la firma, como ya mencionamos (Sierra e Iglesias, 1998). Sin embargo, hasta que este proceso se pudo concretar, el interés por reducir el tiempo de rotación se evidenció en facilitar, mediante capitales propios, la finalización del camino nacional que unía San Pedro con la ciudad de Jujuy, tarea inconclusa por la insolvencia fiscal municipal.^[4] También tomaron a su cargo la compostura de puentes y caminos.^[5]

La posibilidad de colocar la producción de esta naciente industria en las mayores plazas de consumo del país implicó una empresa netamente política. Las élites norteñas actuaron de manera compacta y tejieron alianzas con el gobernante Partido Autonomista Nacional. Con ello, garantizaron un esquema de protección arancelaria a los azúcares nacionales que permitió desplazar a los extranjeros, en una circunstancia de fuerte caída de los precios del producto en el mercado internacional por excesos de oferta (Campi et al., 2017).

En su reproducción, mediante diferentes estrategias, el capital azucarero buscó elevar la productividad, para lo cual una de las necesidades primordiales era contar con un riego adecuado. El uso del agua en el sector revestía un carácter intensivo, tanto en su función de abastecedora, que le servía como recurso productivo para las actividades de cultivo y la transformación industrial, como de receptora, asimilando los desechos que eran arrojados a las fuentes hídricas (Pérez et al., 2011). Para abordar esta cuestión, analizaremos, en primer lugar, la expansión del área plantada con caña de azúcar, específicamente en el ingenio La Esperanza. Luego, a fin de ponderar si existió correlación entre la adquisición de propiedades y la expansión del área ocupada con caña de azúcar, combinaremos los catastros de contribución territorial del período 1895-1916 con el informe estadístico departamental de 1892. Si bien los primeros exceden el marco temporal propuesto en este artículo, serán necesarios para relacionar la extensión de las acequias regadoras sobre el río Grande con la superficie territorial adquirida.

Si, tal como hipotetizamos, el uso casi exclusivo del agua del río Grande fue lo que permitió el crecimiento azucarero en ese marco temporal, esto fue posible por la diagramación del poder local en San Pedro de Jujuy. Al retomar el concepto “fractura metabólica” de Karl Marx, proponemos pensar que las relaciones sociales no solo se constituyen entre el ser humano y una naturaleza externa que únicamente existe en tanto medio ambiente, sino que la relación metabólica de los seres humanos y la naturaleza se reproduce constantemente de forma alienada a través del trabajo (Foster, 2022). Esa concordancia se vio alimentada por la falta de reglamentación en el uso del agua a nivel local, a pesar de que la provincia ya contaba con una rica legislación emitida durante el siglo XIX. Para la tarea de investigación se consultaron documentos en el Archivo de la Legislatura provincial, ahí encontramos numerosos informes de la década de 1890 que daban cuenta de la realidad agrícola del entorno azucarero y de las tensiones entre los diferentes actores sociales. También se analizaron los informes emitidos por el Departamento Nacional de Agricultura, y otros posteriores al lapso seleccionado, que presentaban las características medio ambientales de la región con las cuales se enfrentaron estas empresas en su primera etapa de despegue. Como afirman Graciela Blanco y Mónica Blanco (2019), un aspecto aún poco transitado es el estudio de los pueblos rurales, esta temática permitiría conocer mejor las redes de relaciones productivas y comerciales, así como la construcción del poder local.

San Pedro de Jujuy en el marco regional: aspectos geográficos y el estado de la historiografía sobre riego y producción azucarera

Las llamadas Yungas u oriente jujeño abarcan los departamentos de Valle Grande, San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara. La zona presenta diversidades ambientales pues, a medida que se desciende en relación con la altura sobre el nivel del mar, cambia la vegetación. Las Yungas se emplazan en los faldeos de las sierras de Zapla y Calilegua, y en los de Centinela y Maíz Gordo en el borde oriental de la provincia. Entre ambos grupos montañosos se encuentra el ancho valle del río San Francisco, que presenta la cualidad de ser la cuenca hídrica más grande de Jujuy y en su recorrido de sur a norte recibe el caudal de los ríos Negro, Ledesma, San Lorenzo y Sora (Teruel y Alderete, 2020).

Sin lugar a duda, el desarrollo de la agroindustria azucarera fue el factor que mayor diferenciación produjo internamente en el área desde finales del siglo XIX. Convirtió a los departamentos de Ledesma y San Pedro en el epicentro de la actividad económica y, por momentos, en la región más dinámica y poblada de la provincia (Teruel y Alderete, 2020). Aunque la hacienda de San Pedro estaba emplazada desde 1844, el poblado homónimo adquirió su fisionomía a partir de 1883, cuando Miguel Aráoz se encargó de la delineación y el trazado en calidad de ingeniero.^[6]

El río Grande fue históricamente crucial para el oriente jujeño, especialmente desde la colonización. Hacia 1770, su valle y el del río San Francisco estaban poblados por misiones, fuertes y haciendas. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, la región se volcó a la empresa privada (Peirotti, 2014). El río Grande, alimentado por más de cincuenta afluentes, es vital para la fertilidad y la productividad de la provincia (Farfán, 1976). La hacienda de Río Negro, establecida en 1749 cerca de la desembocadura con el río San Francisco, intentó producir azúcar, pero las heladas obligaron a trasladar la producción más al norte (Peirotti, 2014).

Con la fundación del ingenio La Esperanza, la cuestión del río Grande suscitó un renovado interés para la empresa. La administración y el funcionamiento interno de los ingenios se organizaron en torno a los lotes, que eran unidades productivas en las cuales se fraccionaban los campos para racionalizar la producción. En un comienzo estuvieron bajo un control directo y centralizado, luego se delegaron a contratistas y consignatarios, quienes oficiaban como intermediarios. La distribución espacial de los lotes reproducía, en pequeña escala, el esquema de organización de la administración central (Teruel et al., 2006).

Imagen 1. Departamento San Pedro con ubicación del ingenio La Esperanza y sus respectivos lotes

En la Imagen 1 se puede delimitar la zona de establecimiento de la fábrica en el departamento San Pedro y los lotes, señalados con un punto rojo. Hay que destacar que no todos funcionaron siempre. Entre 1893 y 1904, en el mismo departamento, se incorporaron la Hacienda de San Pedro, San José del Bordo, Pampa Redonda y finca Urbana (Teruel, 2005). Por su parte, Moralito y Urbana se compraron en 1899, más dos lotes en Santa Bárbara en 1896 identificados como El Quemadito y Lecheronal, que aún no hemos podido ubicar geográficamente.^[7] Además, en el mismo pueblo de San Pedro se agregaron los lotes 3 al 12 entre 1895 y 1904.^[8] En tanto que Acheral y Saladillo se adquirieron con la conformación de la sociedad anónima en 1912,^[9] El Quemado fue anexado en 1925.^[10]

A inicios de la década del 2000, Stefania Gallini (2004) afirmó que la literatura latinoamericana todavía carecía de una masa crítica de estudios locales y empíricos suficiente para empezar a tejer una malla interpretativa extensible a toda la región. Asimismo, la historia ambiental se ha mostrado poco proclive a enlazarse a las unidades espaciales con las cuales trabaja la Historia habitualmente. No se trata de estados, departamentos o municipios, sino de cuencas hidrográficas, biorregiones, agroecosistemas, áreas de difusión de plagas y enfermedades (Gallini, 2004). Sin embargo, en este caso, proponemos un análisis puntualizado sobre un área específica: el departamento San Pedro de la provincia de Jujuy, en el extremo norte argentino. En ese sentido, analizar la experiencia singular no es la finalidad de la tarea investigativa, sino un medio o instrumento para contribuir a desarrollar la cuestión ambiental como asunto socialmente problematizado (Merlinsky, 2013).

La escala que los estudios regionales y locales llevan adelante hace posible una explotación intensiva de fuentes con atención a lo particular, sin olvidar nunca el contexto. Estas investigaciones visibilizan y rescatan una gran cantidad de corpus documentales que, desconocidos o escasamente visitados, exponen y traducen nuevos datos, que son puestos en perspectiva con fuentes más tradicionales (Bandieri y Fernández, 2017). Sin embargo, una vez que llegamos analíticamente a conceptos más simples, “habría que reemprender el viaje de retorno” hasta dar de nuevo con lo general, que esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y representaciones (Marx, 2016, p. 21).

Entonces, enfocarnos en las relaciones sociales y políticas tejidas en el departamento San Pedro, nos permite adentrarnos capilarmente en las estrategias de una empresa agroindustrial que a finales del siglo XIX conectó a la región con el naciente mercado nacional. Sin desconocer ni restar relevancia a los problemas macroeconómicos centrales que permitieron su despegue (políticas proteccionistas mediante aranceles diferenciados, reducción de costos de fletes, entre otros), aquí prestaremos atención a la cuestión ambiental de una manera local.

Las valoraciones económicas y culturales de la naturaleza deben ser analizadas siempre en conexión con las relaciones sociales que las generan. En ese sentido, una concepción social y materialista del vínculo naturaleza-sociedad tiene que obviar dualismos técnicos y éticos que exhibe el mainstream ecológico. No se trata de enfocar valores y comportamientos individuales frente al mundo natural, sino de comprender y conectar las diversas relaciones sociales al respecto (Burkett, 2014).

En la historia de la producción azucarera, el papel del agua como objeto de estudio ha sido limitado. Un ejemplo de su impacto es la provincia de Tucumán, donde la expansión agroindustrial llevó al cercamiento de tierras y la alteración de rutas tradicionales debido a la construcción de acequias sin puentes. En lugar de colaborar para gestionar la escasez de agua, cada industrial realizó sus propios canales y generó problemas adicionales (Bravo, 2008).

En el caso de Jujuy, los estudios que relacionan la actividad azucarera con la problemática ecológica del agua son prácticamente nulos. Si bien Daniel Campi y Marcelo Lagos (1995) esbozaron la idea del monopolio sobre el agua al cual tendieron los ingenios, solo quedó como hipótesis. Por su parte, Manuel Armas y Marcelo Constant (2012) afirmaron que los Leach se preocuparon por mejorar la producción sin realizar un control de los recursos naturales, aunque sí se manifestaron a favor de reparar las vías de comunicación. Al respecto, hicieron pedidos y reclamos al gobierno por la utilización del agua, debido a la disminución del caudal del río Grande y al abuso por parte de los propietarios de las fincas; urgía una comisión que vigilara el caudal del río. Lamentablemente, el trabajo de estos autores no apoya esas afirmaciones en registros oficiales o en correspondencia que den certeza del “desinterés” por parte de la compañía en controlar los recursos. Como veremos en los siguientes apartados, la documentación permite detectar una tendencia casi monopólica sobre el agua desde finales del siglo XIX.

Se ha resaltado la importancia del riego en la modernización de la industria azucarera latinoamericana. En México, especialmente en el estado de Morelos, las concesiones de agua se otorgaban históricamente a los hacendados y no a los pueblos, durante el Porfiriato (1876-1911), la creación de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación en 1908 amplió aún más el riego (Tortolero, 1999). También el Valle de Izúcar se benefició de las aguas del río Nexapa, con ingenios que contaban con vastas instalaciones y una eficiente red hidráulica (Camacho Pichardo, 2010).

En Cuba, el auge de la industria azucarera en el siglo XIX, impulsado por el declive de productores como Brasil y Santo Domingo, generó deforestación y erosión del suelo, con sequías e inundaciones frecuentes (Funes Monzote, 2005). Sin embargo, la Guerra de los Diez Años (1868-1878) provocó la migración de capitales a Santo Domingo, donde se beneficiaron con las exenciones fiscales y el acceso al riego (Moreno Fraginals, 2001).

La historia del agua como área de investigación ganó terreno en la historiografía argentina durante la última década, aunque con un desarrollo heterogéneo. En la pampa húmeda, Guillermo Banzato (2016) ha examinado la burocracia estatal encargada de gestionar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires desde la década de 1870. También comparó el rol de los poderes locales en la administración del riego en las provincias de Santiago del Estero y Buenos Aires (Banzato y Rossi, 2017). En Mendoza, los estudios se centraron en la historia del derecho y las prácticas judiciales durante el período virreinal, se analizó cómo se regulaba el acceso al agua y su relación con los cabildos (Sanjurjo, 2011). Sin embargo, hay menos investigación sobre el siglo XIX, a pesar de la relevancia de la ley provincial de aguas de 1884 y su conexión con el control terrateniente de los recursos hídricos y la tierra (Martín et al., 2010).

La investigación histórica sobre el agua en el noroeste argentino es un campo emergente. En Salta, Daniel Ontiveros (2017) ha estudiado cómo se administra el agua a nivel municipal en Cerrillos, enfocándose en las dinámicas del poder local y las instituciones. En Jujuy, específicamente en los valles centrales, se abordó la gestión estatal del agua y el desarrollo de la infraestructura hídrica (Hernández Aparicio, 2022). También se ha investigado cómo el riego influye en el valor de las propiedades rurales (Hernández Aparicio, 2023). Además, se exploraron la formación de los cuerpos políticos locales y las tensiones relacionadas con el poder estatal en el control del agua (Hernández Aparicio, 2020a, 2020b).

La relación entre la industria azucarera y el riego productivo se estudió desde dos perspectivas: el impacto del agua en los costos de producción del ingenio La Esperanza y la influencia de los ingenios en los planes hídricos provinciales (Hernández Aparicio, 2024, 2025). Se considera que investigar la temática desde la óptica de los poderes locales es crucial para entender el aspecto político de la acumulación de capital en la industria azucarera, especialmente en su dimensión ecológica.

Expansión cañera y extensión territorial: la incorporación de áreas ecológicas en el ingenio La Esperanza

A mediados del siglo XIX, el cultivo e industrialización de la caña de azúcar se implantó exitosamente en los epicentros tucumanos y salto-jujeños. También se radicó en Santiago del Estero, aunque con una existencia corta, ya que los ingenios que se habían instalado en torno a 1879 cerraron en 1902. Los contrastes entre estas experiencias resultan pertinentes a los fines que vamos a analizar: la elevada densidad demográfica de Tucumán, la presencia de la mediana y pequeña propiedad, y el alto nivel de mercantilización de su producción agrícola y pecuaria, diferían del predominio de la gran hacienda en el espacio salto-jujeño (Campi, 2020).

Asimismo, la estructura empresarial y su composición se presentaba con particularidades en Tucumán. En general, pertenecían a familias de antigua raigambre, insertas en redes sociales que habían forjado su patrimonio durante la época colonial. Otro rasgo era que la unión de capitales a través de la asociación no fue la pauta seguida por la mayor parte de los empresarios azucareros, porque se destacaba la preeminencia de la propiedad personal o la sociedad familiar como sucesora del fundador (Moyano, 2015).

Como enfatizamos al inicio, la estructura agraria diferenciada de Jujuy originó un mercado de trabajo que mantenía mecanismos de la antigua época de las haciendas, con una demanda estacional de fuerza de trabajo y una incorporación parcial a la economía monetaria. Esto generó atracción sobre los campesinos, que vieron en la zafra un complemento a su diezmada economía de subsistencia (Teruel et al., 2006). El sostenido aumento del área sembrada en los ingenios azucareros jujeños en el período 1888-1898, se vinculó al proceso de concentración de tierras en manos de los propietarios, especialmente en los departamentos Ledesma y San Pedro, donde llegaron a dominar grandes extensiones, ver Tabla 1.

Tabla 1. Área sembrada con caña de azúcar en el ingenio La Esperanza. Valores en hectáreas cultivadas

Si observamos estos datos, el lapso 1888-1896, que coincide con el arco temporal seleccionado en este artículo, fue el que evidenció un crecimiento más espectacular. Esto podría ser coherente con el proceso territorial expansivo de la empresa, que operó activamente en el mercado inmobiliario entre 1893 y 1904, según Teruel (2005). Si bien excede el período analizado en este texto, a partir de 1912 se conformó “Leach’s Argentine Estates Limited” y comenzó su etapa de apogeo (Armas y Constant, 2012).

A fin de analizar empíricamente ese crecimiento territorial de la empresa, reconstruimos su patrimonio inmobiliario en la Tabla 2, acorde a los registros catastrales.

Tabla 2. Propiedades del ingenio La Esperanza, con su valor fiscal y % sobre el patrimonio total por registro catastral (1895-1916)

Fuente: elaboración del autor a partir del Censo de la propiedad territorial, 1895-1904, pp. 53-58; de Catastro de la contribución territorial, 1904-1908, pp. 42-46, 72-81, 86-89 y 115-116; de Catastro de contribución territorial, 1910-1916, pp. 50, 71, 81, 94, 103. AHJ; Armas y Constant (2012).

Los datos que presenta la Tabla 2 refieren al avalúo fiscal que abonaba el ingenio La Esperanza por sus propiedades territoriales, y al porcentaje que representaban sobre el total del patrimonio para cada registro catastral. Lamentablemente, lo que podría ser una comparación más interesante, entre la finca de San Pedro y el ingenio ya en funcionamiento para el período fiscal 1904-1908, no se pudo realizar porque no se asentó la contribución correspondiente a ese lapso.

Dentro de este conjunto territorial, los lotes de Pampa Redonda y la propia fábrica serán los epicentros de la conflictividad derivada del uso del agua del río Grande. Para 1895, La Esperanza representaba el 60 % del patrimonio empresarial, en términos fiscales, seguido por la casa Hacienda de San Pedro. Si bien no nos ocuparemos detalladamente de la propiedad territorial, tarea que requeriría un estudio en sí mismo, la incorporación de la finca de San Lorenzo en el vecino departamento de Ledesma significó un importante centro de desarrollo productivo, que alcanzaría un mayor potencial durante la década de 1920, cuando se expandieron con fuerza los canales de irrigación en la zona a partir del aprovechamiento de las vertientes de Calilegua (Hernández Aparicio, 2024).

Si nos centramos en el aspecto hídrico, la distribución del agua para 1892 presentaba enormes disparidades en el aprovechamiento del río Grande. Esto lo podemos deducir claramente de los kilómetros recorridos por las acequias derivadas y las cuadras de cultivos. Estas “alcanzan el número de once, sacadas del río de San Pedro, las que recorren una extensión de 41 kilómetros 800 metros, que riegan 1300 cuadras”,^[12] según refería el Informe estadístico de la provincia. Ahora, si observamos su distribución y aprovechamiento, los datos son reveladores, ver Tabla 3.

Tabla 3. Acequias derivadas del río Grande, departamento de San Pedro, Jujuy. 1892

Esta tabla nos permite visualizar, con mucha más claridad, “la fractura metabólica”, entendida como la relación alienada entre el productor directo y la naturaleza (Foster, 2022). Prácticamente, la situación da cuenta de un uso casi monopólico por parte de la firma Aráoz & Leach, al ocupar el 99,76 % de la extensión de las acequias. Empíricamente, podemos retomar y compartir la hipótesis esbozada por Campi y Lagos (1995) acerca de la tendencia al uso monopólico del agua. El grueso de las cuadras regadas se encontraba en el “corazón” de la fábrica y en los lotes más cercanos.

¿Cómo clasificar a estos otros propietarios que accedían a la distribución del riego? Ignacio Ortiz era un abogado salteño, hijo del médico Ignacio Ortiz y de Carmen Fleming.^[13] Esta última familia era una importante propietaria en el departamento El Carmen a través de la finca Agua Caliente, cuyo dueño era Miguel Fleming y poseía 2.800 hectáreas. El letrado estaba casado a su vez con María Zulema Sánchez de Bustamante, ese matrimonio lo conectaba con la élite política, que ejerció un gobierno de familia entre 1853 y 1875 a través del clan Sánchez de Bustamante.

Por su parte, José María Figueroa era un agricultor salteño propietario de la finca Palos Blancos, sabía leer y escribir acorde a las cédulas censales. Por lo tanto, podría tratarse de un personaje con importantes nexos sociales en ambas provincias.^[14] Lamentablemente, no hemos podido identificar a Marquiegui, aunque esta familia formaba parte de los círculos de la dirigencia política desde 1853 y de los grandes propietarios (Paz, 2023).

Esta disposición territorial de las propiedades, y su relación con el cauce del río Grande, permite afirmar que el capital azucarero buscó dotarse de “coherencia estructurada”, en el sentido de que su espacialidad procuró reducir el tiempo de rotación y circulación, al integrar zonas productivas virtualmente inconexas (Harvey, 2014). Sin embargo, este aspecto distó de ser un mero fenómeno “natural” ya que, en este avance de la frontera productiva y del área plantada, otras propiedades quedaban marginadas por efecto de la apropiación. Esto evidencia el proceso de fractura que planteamos:

Entre San Lucas y San José de los Bordos se nota una diferencia con relación a las demás fincas porque es muy escasa el agua que se les suministra, y sufren demasiado por falta de una reglamentación que el Gobno. no había dado, sin duda por no tener conocimiento de ello, tanto más cuanto el mismo Departamento carece en general por la razón expuesta, más si se agrega que la estación que se ha demostrado en contra de estas producciones por la sequía notable que he presenciado, a consecuencia de lo que se obtendrá una pérdida en las cosechas principalmente en la caña de azúcar que es la primera fuente de riqueza.^[15]

La falta de reglamentación que se señalaba, en realidad emanaba de un desconocimiento o de la omisión del Código Rural de 1893 vigente. Este último declaraba a las “aguas vivas, manantiales y corrientes” de dominio público, especialmente los ríos —que fueran navegables— y los arroyos que permitían satisfacer las necesidades de la vida. Además, en 1857 ya se había establecido una legislación similar con relación a los ríos, pero aquí se introdujo la salvedad de que las aguas que atravesaran una propiedad particular podían ser utilizadas mientras el río recorriese los límites de esta, volviendo a obtener su carácter público al salir de los lindes de los inmuebles privados.^[16]

Por lo tanto, si observamos las fincas que tenían las mayores cuadras de riego, estas eran las que rodeaban de alguna manera al propio ingenio. Si bien la más relevante en extensión era la finca San Lorenzo, con 139.748 hectáreas, al ubicarse en el vecino departamento de Ledesma aprovechaba las aguas de Calilegua. En cuanto a la finca de San Pedro, con 40.513 hectáreas, absorbía gran parte del agua obtenida del río Grande, si tenemos en cuenta que albergaba a la fábrica, distante a tres kilómetros de la sala. Como pasaremos a analizar, en el corazón de esta expansión territorial se encontraba una fuerte disputa por la apropiación de los recursos, situación que ocasionaba tensiones con otros actores agrarios, sumado al creciente interés de la familia Leach por ocupar lugares estratégicos en el poder político local.

Es importante señalar que, a inicios de la década de 1890, con la presidencia de Carlos Pellegrini se produjo una inseguridad monetaria que se extendió a todo el sistema bancario, y los retiros de depósitos provocaron la caída de los bancos Nacional, Provincial e Hipotecario. La contracción crediticia afectó a la demanda agregada y a las actividades productivas. La política fiscal se tornó más conservadora, la creación del Banco de la Nación Argentina tuvo así la finalidad de poner límites estrictos al crédito del banco estatal del gobierno (Gerchunoff y Llach, 2018).

Sin embargo, para las producciones agrícolas esta coyuntura fue favorable. La depreciación del peso encareció los insumos importados y añadió una protección adicional a la producción nacional. Ello explicaría por qué las provincias azucareras se vieron poco afectadas por la recesión general que caracterizó sobre todo al año 1891. De todas formas, es necesario señalar que en Tucumán varias firmas no pudieron hacer frente a los créditos que tomaron para importar maquinarias y entraron en quiebra (Campi, 2020).

Si bien no es el objetivo de este artículo, podemos deducir a partir de los reclamos de la firma Leach respecto al pago del impuesto a la caña, que estos años no afectaron su productividad: en 1891 pagaron derechos equivalentes 31.226 rayas de caña y en 1892 lo hicieron por 38.401.^[17] Esto implicaría que hacia 1894 el gobierno nacional pensaría en la introducción de un nuevo impuesto sobre el azúcar, que afectaría “a una industria importante y merecedora de protección”,^[18] acorde a la posición corporativa de los industriales.

En parte, todo este contexto da cuenta del interés de La Esperanza por potenciar los rindes azucareros a través del cultivo intensivo, para lo cual era vital el riego.

El historiador Gustavo Paz (2006) ha señalado en reiteradas ocasiones que en Jujuy los políticos más importantes del período 1853-1880 no se contaban entre los individuos más ricos de la provincia, de acuerdo con sus propiedades inmuebles. De los trece gobernadores constitucionales de este lapso, solo tres figuran entre los terratenientes más acaudalados. Si bien la política del acuerdo, abierta en 1883 con el pacto entre el naciente Estado nacional y las provincias, alteró las antiguas tramas del poder (Paz, 2017), ninguno de estos pertenecía de manera directa al grupo de grandes propietarios.

En los pueblos rurales la realidad se presentaba muy diferente. Lagos (1993) mencionó que la tendencia al acaparamiento de tierras en las regiones de los ingenios fue paralela a la monopolización de todas las actividades que se desarrollaban dentro de sus propiedades, a través del control del territorio mediante tranqueras. A esto se sumaba la prohibición de circulación a personas no autorizadas por la empresa, el control de las vías de comunicación internas, así como los lugares de asentamiento. Lo que aquí trataremos de demostrar es que el monopolio de los resortes del poder local les interesaba también para asegurar el aprovechamiento casi exclusivo de las aguas del río Grande, una necesidad vital y unida al proceso de acaparamiento de tierras.

En años previos al despegue azucarero, los informantes del Departamento Nacional de Agricultura registraron que la agricultura, “por la planicie del terreno, el clima y la abundancia de agua”, era la más susceptible para el cultivo de toda clase de frutos. La mayor parte poseía riego, además de extensiones con trigo y maíz. Respecto al azúcar, se indicó que la fabricación se hacía moliendo la caña en trapiches (cilindros de madera con rueda hidráulica), movidos por el esfuerzo de bueyes o el agua.^[19] Este tipo de necesidades fueron las que impulsaron el interés de La Esperanza en el acaparamiento hídrico desde sus etapas iniciales.

Sobre el poblado de San Pedro, podemos decir que nació al calor de las políticas de reformas del gobernador Eugenio Tello (1883-1885). Ana Teruel y María Teresa Bovi (2009) expresaron que el mandatario señaló hacia 1883: “Jujuy era feudal y lo reconstruí” (p. 229). Con esta frase aludía a una sociedad en la cual la hacienda latifundista les permitía a los propietarios disponer de un poder tal que les aseguraba el control de tierras y hombres. Si bien Tello contaba con un instrumento legal para resolver expropiaciones, porque una ley de 1870 había declarado expropiables por causa de utilidad pública los terrenos ocupados por los pueblos de Valle Grande, Yavi, Rinconada, Cochinoca, Casabindo, San Pedro, Ledesma, Perico del Carmen y Perico de San Antonio, el funcionario intentó no confrontar con los propietarios en lo posible y apelar a este mecanismo solo cuando no hubiera solución (Teruel y Bovi, 2009).

El 25 de mayo, ya en San Pedro alojado en la Casa Hacienda o Sala San Pedro, el gobernador decidió la fundación oficial del poblado (Balduin, 1983). Desde ese mismo momento entraron en juego los intereses del ingenio. El propietario e ingeniero de la hacienda, Miguel Aráoz, fue el encargado del trazado y la demarcación del nuevo pueblo.^[20] Sin embargo, la influencia de este personaje sería muy breve, al año siguiente se informó al Poder Ejecutivo provincial su ausencia definitiva de San Pedro y la consecuente renuncia a la comisión municipal formada recientemente.^[21]

Según Mariana Canedo (2021), se han discutido las complejidades de la conformación de las municipalidades de campaña, particularmente el cambio de una autoridad unipersonal designada por los gobernadores a una colegiada y electa por los vecinos, modificación impulsada por la Constitución de 1853. No obstante, la autora ha resaltado que la situación en Jujuy fue mucho más complicada, con una notable falta de investigación histórica al respecto. Los estudios existentes sí señalan la inestabilidad de los cuerpos municipales, la escasez de fondos y las frecuentes intervenciones del gobierno provincial (Conti y Boto, 1997; Hernández Aparicio, 2020b). En contraste, en la Puna jujeña se menciona una temprana votación popular a fines de 1837 tras la abolición del cabildo, esa medida subordinó a los jefes políticos al Estatuto Provincial de 1839, con una visión más amplia de la ciudadanía activa (Fandos, 2023).

En San Pedro, la cuestión municipal evidenciaba contramarchas. En 1884, Carlos Araoz expresó: “igual resultado puede tener otra disposición del Gobierno, pues no se comunican por conducto seguro o se dan simplemente a conocer por la prensa o el boletín que las contiene no llega al Departamento”.^[22] Esta suerte de lejanía del poder central provincial es lo que facilitó sin dudas las “intromisiones” azucareras en el tejido local. A medida que la familia Leach cobraba mayor protagonismo dentro de la sociedad empresaria, era proporcional su injerencia en el entramado político local. A nivel nacional el Partido Autonomista Nacional se aseguró la elección presidencial a través del Colegio electoral y de un sistema de electores afines (no existía la votación directa del candidato); en consonancia, en Jujuy la figura del gobernador-elector fue clave para controlar las elecciones de legisladores provinciales y nacionales (Paz, 2017).

En ese complejo mecanismo de confección de los electores, Miguel Aráoz ocupó el cupo por San Pedro en 1885.^[23] Y para los comicios de diputados nacionales le tocó el turno esta vez a Camilo Uriburu, el otro miembro de la sociedad azucarera.^[24] Si bien no vamos a ocuparnos detalladamente de todo el entramado electoral, para lo cual remitimos a otro trabajo (Hernández Aparicio, 2024b), veremos que, para finales del período bajo estudio, sería el “turno” de los propios miembros de la familia Leach de incorporarse a puestos ejecutivos importantes en el municipio.

Respecto a la injerencia directa que la fábrica fue adquiriendo en el tejido social, la denuncia de los vecinos de La Esperanza resulta reveladora en ese sentido:

Leach dueño del Ingenio La Esperanza le hizo parar el carruaje a media calles lo llenó de insultos más groseros y recién lo dejó pasar. Este sr. pasaba para Salta. En fin señor muchas más son las denuncias que habría que hacer de este conspicuo personaje, pero por no causar más reservándonos para otra vez en caso que el personaje en cuestión continúe con sus acostumbradas tropelías; pues ya ha lanzado furibundas amenazas a varios vecinos respetables de este vecindario.^[25]

La denuncia presentada ante el cuerpo político local visibilizaba cómo el grupo azucarero de La Esperanza ejerció un poder considerable frente a la ausencia de regulaciones efectivas en el poblado. Aunque las normativas sobre caminos se establecerían en el Código Rural de 1893, el relato demostraba que el ámbito rural estuvo fuertemente influenciado por los intereses de la industria azucarera. Esta situación no era exclusiva de Jujuy; en Tucumán, por ejemplo, la proliferación de ingenios y sus redes ferroviarias, y de canales privados, ya habían alterado los caminos tradicionales (Bravo, 2008).

En cuanto a la cuestión hídrica, se señaló que el primer juez de aguas para San Pedro fue designado recién en 1892. Esta figura, con raíces en la época colonial, fue restablecida en el período republicano a partir de 1846 (Hernández Aparicio, 2020a). Sin embargo, la razón principal de su designación en San Pedro fue la inexistencia de una ley general de irrigación en Jujuy. A pesar de la actividad gubernamental en temas de regulación hídrica desde la década de 1840 (a nivel provincial y luego municipal desde 1856), estas acciones se limitaron principalmente a la capital jujeña (Curato Rectoral) y al departamento de Perico (Hernández Aparicio, 2020b). Esto sugiere que el control del poder local y del agua seguían emanando directamente del ingenio La Esperanza:

Vista la solicitud de los Sres. Carlos Aráoz y Guillermo E. Leach, reclamando el derecho adquirido al uso del agua del Río Grande, para sus establecimientos y poblaciones de San Pedro que se les priva, por lo que la toma de la parte superior del río por varias derivaciones posteriores a las de San Pedro, en lo que se les ocasiona graves perjuicios: lo dictaminado por el Sr. Fiscal General , que no existiendo ley general de irrigación el poder ejecutivo está en el deber reglamentar su uso, a fin de prevenir abusos.^[26]

A pesar de que el espíritu de la declamación era asegurar un reparto equitativo, hasta tanto existiese una ley general de distribución del agua, era más una declaración de principios que en San Pedro no se cumplían. La cuestión no se subsanaría hasta la vigencia del Código de Aguas de 1950, ya que los códigos rurales de 1893 y su modificación de 1915 estipulaban los repartos en sus diferentes modalidades, aunque no constituyeran una ley general. Una prueba de esto lo ejemplificó el móvil esgrimido por el gobernador de la provincia, Sergio Alvarado:

Habiéndose puesto en conocimiento del gobierno que el agua del río Grande disminuye de un día para otro sencillamente, y que puede llegar momento que por falta de ella sufran pérdidas de consideración en los plantíos de caña del ingenio La Esperanza y otros establecimientos agrícolas y siendo un deber del Gobierno amparar la propiedad y los derechos individuales, dictando las medidas necesarias para evitar el abuso.^[27]

Aunque se aludía explícitamente a la situación crítica derivada de la disminución del agua del río Grande, el mandatario refería directamente a las pérdidas ocasionadas al ingenio La Esperanza, por lo cual, más allá de que las leyes y los códigos provinciales habían avanzado en la concepción del uso común del riego, en San Pedro esta se mezclaba con los intereses de la propiedad privada. Esa preocupación por el buen riego de la caña se asociaba al avance de los conocimientos en materia agronómica. Desde 1871 se había creado el Departamento Nacional de Agricultura a nivel nacional, dependiente del Ministerio del Interior y, desde 1872, contó con inspectores en las distintas provincias (Djenderedjian, 2019). En el caso específicamente azucarero, el propio órgano de cultivadores, el Centro Azucarero Argentino creado en 1894, alertaba sobre el crecimiento de hongos en las plantas y la necesidad de estudiar la cantidad de agua adecuada para un buen rendimiento de los plantíos.^[28]

Como señala Teruel (2005), el rápido crecimiento de los ingenios produjo en el Ramal (como se conocía a la región a partir del tendido ferroviario) grandes estructuras productivas casi autosuficientes, con destilerías de alcohol, fábricas de hielo, de aceite de tártago para lubricación de las máquinas, aserraderos, talleres de mantenimiento, entre otros aspectos. Para el sostenimiento de toda esa infraestructura era fundamental contar con el uso productivo del agua, y la influencia sobre las autoridades constituía un baluarte que la familia Leach no estaba dispuesta a resignar, como expresó el gobernador Sergio Alvarado en su mensaje de apertura de las sesiones legislativas de 1893:

Los propietarios de los establecimientos azucareros de San Pedro, se presentaron pidiendo al Gobierno alguna providencia tendiente a salvarlos de daños y perjuicios de trascendentales consecuencias, que ya principiaban a hacerse sentir con la privación del uso del agua del río Grande, absorbida por derivaciones de la parte superior del río. No se podrá ser prescindente con este justo reclamo…^[29]

Esta declaración evidencia que la fricción que existía en torno a la gestión monopólica por parte del Estado provincial sobre los bienes comunes como el agua, destacada por la historiografía para la región de los valles centrales de Jujuy, no es extensible al conjunto de la provincia. Como señaló María Teresa Oré (2005) al analizar la realidad peruana, estos procesos de desarrollo capitalista revelan una tensión entre el carácter necesariamente colectivo de la organización del riego y el uso de los recursos —tierras y agua— con los intereses fundamentalmente privados.

Un segundo elemento por destacar es que, cuando hablamos de “escasez del agua”, nos anclamos en una posición antropocéntrica, esto significa considerar que esa condición se construye con base en el desenvolvimiento de relaciones sociales de confrontación. Esto nos induce a no confundir sequía con escasez; la primera está relacionada con condiciones naturales del medio, en tanto que la segunda hace referencia a procesos sociales (Padilla Calderón, 2012). Ese aspecto se ve reflejado durante los meses estivales de octubre a diciembre, cuando el reparto del agua del río Grande se realizaba en condiciones desiguales, tal como informó hacia 1893 Felipe Zurueta, jefe político de San Pedro:

Siendo este un departamento en su mayor parte agrícola, creo muy necesario que se le favorezca algo respecto al uso del agua reglamentando las tomas del Río Grande en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre, en tanto la carestía del agua que una parte del vecindario de este Departamento tiene que costear el agua lo que es preciso para tomar de largas distancias, habiendo llegado hasta morir ganado de sed, y sin embargo las acequias de más al oeste de esta han llevado constantemente agua hasta para derramarla en los caminos.^[30]

Una vez más, lo que se advertía detrás de las apreciaciones del encargado local en San Pedro era la fractura ecológica existente en el medio natural y social del departamento. Esta situación se reproducía constantemente por esa “lejanía estatal” que mencionamos anteriormente. El informe del inspector Augusto Lacraise era contundente al respecto, refiriéndose al agua expresó: “Este elemento se encuentra sin ninguna reglamentación; de lo cual resulta el beneficio para algunos, en perjuicio de los demás. Hasta el extremo que este pueblo carece de ella en algunos meses”. A su vez, se agregaba la existencia de una antigua acequia que era regulada por turnos y mantenida por los vecinos. Sin embargo, el funcionario señaló que “mientras unos riegan callejones, montes o caminos; otros, carecen del elemento para atender debidamente algunas labranzas que también cooperan a la riqueza del departamento”.^[31]

Este panorama nos permite constatar la afirmación que hizo el historiador Jobino Sierra e Iglesias (1998) en su recopilación de datos sobre la familia Leach, al indicar que a finales del siglo XIX los habitantes de San Pedro se proveían de agua para el consumo de las acequias que cruzaban la población, construidas por la empresa. Ahora, este elemento que él veía como sinónimo de “progreso”, en realidad se amparaba en la promulgación de un reglamento de distribución del agua a la altura de los intereses azucareros.

Al escudarse en una situación de urgencia, en virtud de la demora en la aprobación del código rural, la Legislatura de la provincia emitió llamativamente un decreto específico para el departamento San Pedro, un año después de estar vigente el mencionado compendio legal. Este rezaba que “el mismo se dictó con anterioridad a la vigencia del Código Rural en virtud de la urgencia del caso”, y “no habiendo tenido ocasión de hacer erogación alguna el tesoro público porque los Sres. Leach Hnos. que eran los más interesados ofrecieron hacer los gastos necesarios para su cumplimiento”.^[32]

Esta sincronía entre las disposiciones legales y la expansión del área de riego del ingenio La Esperanza, claramente permite reafirmar la tesis pionera de Daniel Campi y Marcelo Lagos (1995) acerca de la tendencia monopólica sobre el agua que ejerció la compañía. A partir de 1895, la composición colegiada y homogénea de los cuerpos políticos locales, a la cual refiere Canedo (2021) como característica de la segunda mitad del siglo XIX, quedó eclipsada por la conformación de un “bloque en el poder”. Con este concepto remitimos, por un lado, a la relación entre el juego institucional particular del Estado capitalista, que funciona en un sentido de unidad específicamente política en el Estado; y por otro, a la configuración particular de las relaciones entre las clases dominantes. El caso analizado posee como marca común la coexistencia de varias fracciones sociales en el dominio público. Si el Estado provincial no pudo ser reducido a un mero instrumento clasista, y lejos estuvo de funcionar así en la segunda mitad del siglo XIX de Jujuy, el poder local municipal no escapó a la capitalización política de la renta territorial (Poulantzas, 1970).

Ya para las elecciones de municipales propietarios^[33] de 1895, Guillermo Leach y Delfín Ibarblez quedaron consagrados como comisionados municipales de San Pedro.^[34] Meses después, el mismo Leach asumiría en calidad de comisionado especial respecto a las aguas del río Grande, junto a Ignacio Ortiz.^[35]

El fin de siglo anunciaba esta creciente injerencia en los resortes del poder local y la distribución desigual del agua se evidenció en los informes provinciales que se recabaron:

Gráfico 1. Principales fincas regadas con agua del río Grande, año 1900. Valores expresados en hectáreas cultivadas

Fuente: elaboración del autor con base en San Pedro, 23 de octubre de 1900. Caja n.° 2, abril a agosto. AHJ.

El predominio del ingenio La Esperanza fue notorio. Alrededor de 3.000 hectáreas de su propiedad eran regadas con aguas del río Grande, mientras otras fincas aledañas accedían en proporciones muy inferiores. Como demostramos en el apartado anterior, en el período intercensal 1888-1895 el área plantada con caña de azúcar del ingenio La Esperanza creció un 233 % (ver Tabla 1) y fue el lapso de mayor auge desde el despegue de 1880 hasta finales del siglo XIX. Ciertamente, creemos que el acceso privilegiado al agua del río Grande y a los resortes del poder local a partir de 1895 explican en gran parte las tendencias crecientes de este emporio agroindustrial.

Los aspectos aquí analizados permiten un balance comparativo con otros procesos regionales. En Tucumán, la abundancia de recursos hídricos facilitó la diversificación productiva y la modernización de la industria azucarera en la década de 1870. En contraste, en Jujuy existía una extensa legislación sobre el agua, especialmente para los valles centrales, pero fue ignorada por los industriales azucareros.

Respecto a Salta no hay estudios específicos sobre el tema. Sin embargo, el trabajo de Ontiveros (2017) muestra algunas similitudes y diferencias con Jujuy. En Salta el valor del dominio del agua se basaba en el derecho hispánico y las costumbres, aspecto que no se observa en San Pedro de Jujuy. No obstante, sí hay coincidencias en cómo los órganos de poder local defendieron los intereses de los terratenientes en el departamento salteño de Cerrillos.

Un punto crucial que se destaca en el caso de Jujuy, especialmente en la región azucarera, fue la ausencia de un sistema de riego a pequeña escala. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, donde la gestión del agua involucraba directamente a los propietarios de las acequias, la omnipresencia de los ingenios azucareros eclipsó en Jujuy cualquier otra forma de administración del agua.

Finalmente, es necesario investigar las dinámicas específicas de los ingenios salteños para establecer un diálogo más profundo entre ambas provincias, que, aunque separadas políticamente, mantuvieron lazos fuertes de contacto. Esto permitiría una comprensión más completa de la historia regional.

Este artículo exploró la historia rural y ecológica del ingenio La Esperanza en Jujuy, Argentina, desde su fundación en 1883 por parte de las familias Aráoz y Leach. A diferencia de estudios previos que se enfocaron en la mano de obra, aquí se analizó cómo la empresa azucarera generó una "fractura metabólica" en el medio ambiente al monopolizar el uso del agua del río Grande.

A partir de nuevas fuentes se demostró que la adquisición de fincas por parte del ingenio y la construcción de extensas acequias, le permitieron un control casi exclusivo del agua, aumentando su patrimonio territorial y la superficie de riego. Esta tendencia monopólica se reforzó con el tiempo, según estadísticas provinciales de fines del siglo XIX y principios del XX.

La distancia del poder central facilitó que el ingenio La Esperanza, especialmente a través de la figura de Guillermo Leach, monopolizara las acciones sociales y políticas en el departamento de San Pedro, incluso, regular el uso del agua del río Grande. Futuras investigaciones podrán avanzar en los mecanismos electorales municipales y el impacto de las políticas proteccionistas estatales en la industria azucarera.

[1] Informe de constitución de Sociedad realizado por el abogado Rudencio S. Campos (8 de octubre de 1912). Caja de documentos, folio 5. Archivo Documental del Ingenio La Esperanza, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.

[2] San Pedro, 6 de junio de 1895. Caja de documentos n.° 3, mayo-junio 1895. Archivo Histórico de Jujuy (AHJ), San Salvador de Jujuy.

[3] Dentro de las corrientes neoclásicas, el marginalismo se apoya en un problema de mensurabilidad, producto de la teoría del valor utilidad. Cuanto más escaso es el bien (llámese tierra, trabajo o capital), más alta será su remuneración (Castillo y Arpe, 2021).

[4] San Pedro, 18 de noviembre de 1901. Caja de documentos n.° 5, noviembre-diciembre 1901. AHJ.

[5] San Pedro, 1901. Nota de gastos hechos por los Sres. Leach en compostura de puentes y caminos por cuenta en la Municipalidad de San Pedro. Caja de documentos n.° 5.

[6] San Pedro, agosto 2 de 1883. Caja de documentos n.° 2, julio-diciembre 1883. AHJ.

[7] Gobierno de la Provincia de Jujuy. Censo de la propiedad territorial, 1891-1900, p. 96. AHJ.

[8] Gobierno de la Provincia de Jujuy. Censo de la propiedad territorial, 1895-1904, pp. 53-58. AHJ.

[9] Leach's Argentine Estates Limited. Director's reports, annual accounts, 1908-1938. Archivo Documental del Ingenio La Esperanza.

[10] Leach's Argentine Estates Limited. Accounts. Year ended 31st March 1925. Archivo Documental del Ingenio La Esperanza.

[11] En este caso, el registro catastral asentó el precio de transferencia de la propiedad y no el avalúo fiscal. Por lo tanto, se dificulta computar el porcentaje en la misma unidad de medida.

[12] Informe presentado por el Encargado de estadística, respecto a datos de los departamentos de San Pedro, Ledesma y ambos Pericos (noviembre de 1892). Anexo 1. Caja 1892, Carpeta noviembre. Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy (AHLJ), San Salvador de Jujuy.

[13] Registro Civil de Argentina, Jujuy. 11 abril 1925. Ignacio Ortiz. FamilySearch, https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6BX4-QSCQ?lang=es

[15] Informe presentado por el Encargado de estadística…

[16] Registro Oficial de la Provincia de Jujuy. 1892-1894. Código Rural de 1893, p. 157. AHLJ.

[17] La Esperanza, noviembre 28 de 1892. Caja n.° 5, 1892. AHJ.

[18] Revista Azucarera. Publicación mensual (1894). Situación de los fabricantes de azúcar, p. 26. Archivo personal del autor.

[19] Departamento Nacional de Agricultura (1874). Informe del Departamento Nacional de Agricultura, p. 333. Biblioteca Digital de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/items/show/443

[20] Carta de Miguel Aráoz al Gobernador Eugenio Tello. San Pedro, 2 de agosto de 1883. Caja n.° 2, julio a diciembre. AHJ.

[21] Carta de Miguel Aráoz al Ministro Gral. De Gobierno. San Pedro, 9 de mayo de 1884. Caja n.° 1, enero a junio. AHJ.

[22] San Pedro, 2 de febrero de 1884. Caja n.° 2, julio a diciembre. AHJ.

[23] Decreto 243, marzo de 1883. Caja n.° 1, enero a junio de 1885. AHJ.

[24] Jujuy, 7 de junio de 1886. Caja n.° 1, enero a julio. AHJ.

[25] Jujuy, 4 de enero de 1887. Caja n.° 2, julio a diciembre de 1886. AHJ. El documento se encuentra mal ubicado en el repositorio, ya que por su fecha (1887) no corresponde al rango cronológico de la caja (1886).

[26] Jujuy, 16 de noviembre de 1892. Caja n.° 1. AHJ.

[27] Jujuy, 17 de octubre de 1893. Caja n.° 4, agosto a octubre. AHJ.

[28] Revista Azucarera. Publicación mensual (1894), p. 10.

[29] Mensaje del Gobernador Sergio Alvarado a la Honorable Legislatura al inaugurar sus sesiones. Caja n. °5, noviembre a diciembre de 1893. AHJ.

[30] San Pedro, 1° de noviembre de 1893. Carpeta noviembre, Caja 1893. AHLJ.

[31] San Pedro, 12 de noviembre de 1893. Carpeta noviembre, Caja 1893. AHLJ.

[32] Jujuy, mayo 7 de 1894. Carpeta octubre, Caja 1894. AHLJ.

[33] Acorde a la ley de municipalidades de 1858, los departamentos de campaña poseían cinco miembros, aunque no fue un procedimiento unánime en cuanto a la cantidad en toda la provincia. Se elegían propietarios, es decir miembros titulares, y miembros suplentes. Véase Fandos (2023).

[34] San Pedro, enero 5 de 1895. Acta de elecciones municipales. Caja n° 1. AHJ.

[35] San Pedro, junio 6 de 1895. Caja n° 3, mayo a junio. AHJ.

Propiedad	Ubicación	Año de avaluación	Avalúo fiscal	% sobre el patrimonio	Hectáreas
Finca	San Pedro	1895-1904	125.000	38 %	40.513
Finca	Esperanza	1895-1904	200.000	60 %
Pichanal	San Pedro	1895-1904	1.500	0,5 %
Urbana	San Pedro	1895-1904	6.000	2 %	451,40
Vista Alegre	San Antonio	1904-1908	6.000	1 %
Quemadito	San Pedro	1904-1908	2.000	0,2 %	3.106
Finca e ingenio La Esperanza, Urbana, Acheral, Saladillo, Posta, Pensilvania y Pampa Redonda	San Pedro	1904-1908	680.000^[11]		Urbana (451,40) Acheral (12.235) Pampa Redonda (2.121)
Media Luna	San Pedro	1904-1908	2.000	0,2 %
San José del Bordo	San Pedro	1904-1908	7.000	1 %	7.000
San Lorenzo	Ledesma	1904-1908	170.000	20 %	139.748
Vista Alegre	San Antonio	1910-1916	8.000	5 %
Las Cañadas	El Carmen	1910-1916	30.000	20 %	3.250
Quemadito	Santa Bárbara	1910-1916	5.000	3 %	3.106
Lecheronal y Juntas	Santa Bárbara	1910-1916	59.000	39 %
Media Luna	San Pedro	1910-1916	10.000	7 %
San José del Bordo	San Pedro	1910-1916	40.000	26 %	7.000

Número	Fincas	Propietarios	Kilómetros recorridos	Cuadras en riego
5	San Pedro, La Unión, Parapetí, Providencia, Miraflores, Londres, Esperanza, Reducción	Aráoz y Leach	9.800	1.130
1	San Lucas	Ignacio Ortiz	10	10
1	Barro Negro	Miguel Fleming	5	50
1	Palos Blancos	J. M. Figueroa	5	50
1	La Urbana	Aráoz y Leach	3	10
1	José del Bordo	M. Marquiegui	4	8
1	Quemado	Aráoz y Leach	5	42
Total			9.832	1.300
Total, ingenio La Esperanza			9.808	1.182