El general Camps y la dimensión productiva de la última dictadura. Actores, debates y sentidos en el “debate Timerman” (1981-1982)

General Camps and the productive dimension of the last dictatorship. Actors, debates and meanings in the “Timerman debate” (1981-1982)

O general Camps e a dimensão produtiva da última ditadura. Atores, debates e significados no "debate Timerman" (1981-1982)

Recepción del original: 22 de julio de 2023 / Aceptado para publicar: 14 de febrero de 2024

Resumen: En el trabajo se examina una serie de operaciones mediáticas transcurridas entre 1981 y 1982, que tuvieron por objetivo contrarrestar el impacto de las denuncias que llevaba a cabo en el exterior una de las víctimas de la dictadura, el reconocido empresario de medios Jacobo Timerman. La investigación indaga esas operaciones situándolas en el marco de las denominadas “acciones psicológicas” y reconstruye el rol que cumplió en estas prácticas el general Ramón Camps, ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien había estado a cargo de la detención y el cautiverio clandestino de Timerman. En esta línea, el artículo estudia los principales tópicos, estrategias y soportes utilizados, y también las tramas y los actores que formaron parte de esas acciones, destacando la participación de empresarios de medios de comunicación, periodistas, políticos, miembros de la Iglesia católica, referentes de la comunidad judía, militares y policías.

Palabras clave: estrategias de comunicación; medios de comunicación; dictadura; propaganda.

Abstract: The work examines a series of media operations that took place between 1981 and 1982, which aimed to counteract the impact of the complaints carried out abroad by one of the victims of the dictatorship, the renowned media businessman Jacobo Timerman. The research investigates these operations, placing them within the framework of the so-called “psychological actions” and reconstructs the role played in these practices by General Ramón Camps, former chief of the Police of the Province of Buenos Aires, who had been in charge of the arrest. and the clandestine captivity of Timerman. Along these lines, the article studies the main topics, strategies and supports used, and also the plots and actors that were part of these actions, highlighting the participation of media entrepreneurs, journalists, politicians, members of the Catholic Church, leaders of the Jewish community, military and police.

Resumo: O artigo examina uma série de operações de mídia entre 1981 e 1982, cujo objetivo era neutralizar o impacto das denúncias realizadas no exterior por uma das vítimas da ditadura, o renomado empresário de mídia Jacobo Timerman. A investigação apura essas operações, enquadrando-as nas chamadas "ações psicológicas", e reconstrói o papel desempenhado nessas práticas pelo General Ramón Camps, ex-chefe de Polícia da Província de Buenos Aires, responsável pela detenção clandestina e pelo cativeiro de Timerman. Nessa linha, o artigo estuda os principais temas, estratégias e mídias utilizadas, bem como os enredos e atores que participaram dessas ações, destacando a participação de empresários da mídia, jornalistas, políticos, membros da Igreja Católica, membros da comunidade judaica, militares e policiais.

Durante la última década se ha producido un incremento sostenido en las investigaciones que abordan aquello que los militares denominaban operaciones de “acción psicológica”.^[1] Estos estudios han permitido redimensionar la centralidad que tuvo la estrategia cultural del último gobierno dictatorial (1976-1983) para construir adhesión y consenso, y para estimular la participación de la población, mientras en paralelo llevaba a cabo la represión clandestina. Los trabajos mencionados han mostrado la larga temporalidad de la noción –rastreable hacia fines de los años cincuenta– y su institucionalización en el último gobierno de facto con la creación de reglamentos, direcciones y secretarías. También han destacado el importante rol en estas acciones de comunicación y propaganda de sectores civiles, especialmente medios y agencias de comunicación, y el alcance nacional e internacional que los planes alcanzaron, particularmente ante las denuncias de exiliados (Iturralde, 2017; Risler, 2018; Schenquer, 2022; Cristiá y Schenquer, 2022). En esta línea, el presente artículo tiene como objetivo estudiar un conjunto de operaciones mediáticas transcurridas entre 1981 y 1982, que tuvieron por fin contrarrestar las denuncias que llevaba a cabo en el exterior una de las víctimas de la dictadura, Jacobo Timerman. Específicamente, el trabajo examina el rol que cumplió en esta faceta el general Ramón Camps, quien en 1977 había estado a cargo de la detención del reconocido empresario de medios.

El ex jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es reconocido como uno de los símbolos del dispositivo de represión clandestina, ya que entre los años 1976 y 1977 fue responsable del circuito de espacios de cautiverio más extenso del área metropolitana bonaerense. Sin embargo, al indagar en su trayectoria, es posible identificar otro rol, un rol mediático, al cual la dictadura apeló para contrarrestar algunos de los sentidos que se producían en el exilio y en el país en torno a las desapariciones. Entre 1981 y 1983, el general Camps montó diversas apariciones en medios de comunicación que permiten situar su accionar en el contexto más amplio de operaciones psicológicas.

A partir de de esta hipótesis, se entiende que dicha faceta “productiva” –como contracara de la represiva– (Risler, 2018) puede dividirse en dos etapas. La primera, sobre la que se centra este trabajo, transcurrió entre junio de 1981 y marzo de 1982, momento en el que Camps aparecía en los medios buscando contrarrestar los efectos que tenían en la escena internacional las denuncias de Jacobo Timerman; y una segunda etapa, que corrió entre el fin de la guerra de Malvinas y los últimos meses de 1983, en la que los temas de sus intervenciones públicas fueron, de modo solapado, el “grupo Graiver” (en la línea de las acciones contra Timerman) y el “problema de los desaparecidos”. Durante la primera fase, con la colaboración de distintos órganos del gobierno de facto, parte del aparato policial, empresarios de medios de comunicación, miembros de la Iglesia católica, referentes de la colectividad judía y políticos, Camps se propuso replicar las denuncias del fundador del diario La Opinión asociándolo a la “campaña antiargentina”.^[2]

En la segunda, ante la descomposición del régimen dictatorial y la expansión del “problema de los desaparecidos” en la agenda pública, el general ejerció un rol activo al reivindicar en distintos medios la victoria en la guerra contra la “subversión”, oficiando la muerte de aquellas personas por las que clamaba el movimiento de derechos humanos. En este segundo momento, los cambios en las condiciones de escucha con respecto a las desapariciones posibilitaron que las palabras del ex jefe de la policía bonaerense tuvieran efectos contraproducentes –para él–, a tal punto de que fue uno de los pocos militares a los que el presidente Raúl Alfonsín, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, inició un juicio sumario por decreto en la inmediata posdictadura (Rama, 2023).

Como sostienen Claudia Feld y Valentina Salvi (2019) en su estudio sobre las voces de los perpetradores, las declaraciones públicas de los represores constituyen un aspecto significativo para el análisis de los procesos sociales y memoriales. Esa palabra, participa en las luchas políticas pasadas y presentes, produciendo efectos y sentidos en diversos ámbitos. En concordancia con esto, el examen de la primera etapa de intervenciones del general Camps permite indagar un momento en el que la represión y las voces de quienes la comandaron contaban todavía con amplia legitimidad social en el país, y en el cual la faceta clandestina de la represión, a pesar de ser exhibida por las víctimas e incluso mostrada por los propios militares, como se verá aquí, no podía ser dimensionada y asimilada en su magnitud.

El artículo se divide en tres apartados. En el primero, se sitúa el “debate” nacional e internacional generado por la publicación del libro de Jacobo Timerman, Preso sin nombre, celda sin número (2000 [1981]), y se estudia el diseño de una estrategia político-cultural por parte de la dictadura ante ese fenómeno. En el segundo, se examinan tres escenas que tuvieron como protagonista a Camps entre julio y septiembre de 1981, y algunos aspectos relevantes de su libro titulado Caso Timerman, Punto Final, lanzado en marzo de 1982 por la editorial Tribuna Abierta. Finalmente, en la tercera parte, para profundizar el análisis sobre la red de actores que participó en las acciones de oposición a Timerman, se indaga la reacción de un sector de la prensa nacional, en octubre de 1981, ante el otorgamiento del premio Moors Cabot al periodista.

En cuanto a las fuentes, se aborda material de prensa escrita y audiovisual producido entre 1981 y 1982 en Argentina y en Estados Unidos (La Nación, La Prensa, La Nueva Provincia, Nueva Presencia, Télam, Clarín, Gente, La Semana, New York Times, United Press International y el programa televisivo 60 minutos), el ya mencionado libro Caso Timerman. Punto Final (1982), y una serie de declaraciones brindadas por Camps en el marco de las actuaciones judiciales de la inmediata posdictadura.

Entre el 23 de abril de 1976 y el 15 de diciembre de 1977, el entonces teniente coronel Ramón Juan Alberto Camps tuvo a su cargo uno de los circuitos represivos más dinámicos de la última dictadura. Como jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue responsable de 29 espacios de detención clandestina que funcionaron en el conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata, donde permanecieron en cautiverio centenares de desaparecidos. Una de estas víctimas fue Jacobo Timerman, reconocido periodista y fundador de medios gráficos que adquirieron relevancia en los años sesenta y setenta: Primera Plana, Confirmado y La Opinión.

Detenido durante la madrugada del 15 de abril de 1977 y recluido en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Timerman fue acusado por su relación con el ya fallecido David Graiver, uno de los accionistas mayoritarios del diario La Opinión, al que se inculpaba de administrar el dinero de la organización política armada Montoneros. En la mencionada dependencia policial, luego de ser sometido a simulacros de fusilamiento, Timerman fue interrogado por Camps y por el director de Investigaciones Miguel Etchecolatz. Su periplo continuó en el cuartel militar de Campo de Mayo, donde le hicieron firmar una declaración; en Puesto Vasco (comisaría de Don Bosco, Quilmes), lugar en el que fue interrogado con torturas; y luego en el Departamento Central de la policía bonaerense, donde después de 25 días pudo tener contacto con su familia. Tras ese periodo fue trasladado al Centro de Operaciones Tácticas (COT) I de Martínez, donde padeció nuevamente un interrogatorio con torturas; y al penal de Magdalena, sitio en el que fue finalmente legalizado. En octubre de 1977 el Consejo de Guerra Especial Nº 2, presidido por el coronel Clodoveo Battesti –quien estaba a cargo del resonado “caso Graiver”–, no pudo probar su culpabilidad en actividades subversivas; no obstante, en abril de 1978, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) decidió mantenerlo en situación de prisión domiciliaria. La detención duró hasta el 25 de septiembre de 1979, cuando la presión internacional por el caso, especialmente por parte del gobierno de James Carter en Estados Unidos, llevó a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a un pedido de hábeas corpus. En ese marco, el PEN efectivizó la liberación, quitó a Timerman la ciudadanía argentina y lo expulsó del país, lo que derivó en un exilio en Israel que perduró hasta enero de 1984.^[3]

La liberación, que se produjo en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue motivo de debates en los altos mandos militares. Como parte de esas tensiones, el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, que pertenecía a los sectores “moderados” y había recibido en reiteradas oportunidades a diplomáticos de los gobiernos de Israel y Estados Unidos que pedían por la libertad del periodista, amenazó con renunciar si no se cumplía el fallo judicial. Como contracara, el 28 de septiembre el titular del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, perteneciente a los “sectores duros”, se reveló y acantonó en un destacamento de gendarmería en la provincia de Córdoba, por lo que fue relevado de su cargo por el comandante del Ejército –y futuro presidente de facto– Roberto Viola.^[4]

Una vez en el exilio, haciendo uso de esa visibilidad, Timerman comenzó a tener un rol manifiesto en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Uno de los hitos en ese sentido ocurrió en mayo de 1981, cuando lanzó en Estados Unidos Prisoner Without a Name, Cell Without a Number [Preso sin nombre, celda sin número], un libro autobiográfico en el que narró las particularidades del tipo de represión que desarrollaba la dictadura argentina. La publicación, que destacaba el horror concentracionario, las torturas y el carácter antisemita de la persecución dictatorial, causó conmoción en distintos países, especialmente en aquellos que contaban con una importante comunidad judía y con sobrevivientes del Holocausto. En Estados Unidos, por ejemplo, se convirtió en best seller y tuvo repercusiones en la política interna. Funcionarios, legisladores, periodistas, empresarios, académicos y referentes de la colectividad judía tomaron posición sobre el contenido del libro y la figura del ex director de La Opinión.

El debate generado por la publicación (en adelante “debate Timerman”) retomaba un tema que había acompañado el proceso de detención y liberación del empresario de medios, pero que a la vez excedía su caso: el carácter antisemita de la dictadura (Rein y Davidi, 2011). Quienes ponían en cuestión la idea de un antisemitismo del gobierno de facto, tanto en el país como en el exterior, sostenían que la captura de Timerman había tenido lugar por el vínculo con David Graiver y no se relacionaba con la cuestión judía (Kahan, 2016). Entre los sectores que adscribían y reproducían esos sentidos estaba parte de la prensa nacional, que, en una práctica que se volvería permanente durante esta etapa, retomaba voces de “especialistas” internacionales para relativizar las denuncias que ocurrían en el exilio. La Nación, por ejemplo, citaba notas del New York Times que destacaban que, a pesar de las dificultades que tenía el país, no se veía en Argentina un serio antisemitismo. Algo similar publicaba La Prensa a principios de junio, haciendo alusión a una nota de la revista Commentary del Comité Judío Norteamericano, en la cual un “experto en temas argentinos”, Mark Falcoff, brindaba declaraciones del mismo tenor.^[5]

Por su parte, en Estados Unidos, el “debate Timerman” se ligaba a otra discusión que por entonces se desarrollaba en ese país, la política exterior con respecto a las dictaduras de América Latina. En ese momento, demócratas y republicanos se enfrentaban por los alcances que debía tener la diplomacia gubernamental, contraponiéndose dos corrientes. Por un lado, la del expresidente James Carter –que había mantenido sanciones económicas y, como se dijo, fue clave para la liberación de presos políticos como Timerman–; por otro lado, la del flamante gobierno de Ronald Reagan, que en el marco de una intensificación de las tensiones con la Unión Soviética distinguía entre gobiernos totalitarios –los comunistas– y autoritarios –las dictaduras latinoamericanas–. Los sectores republicanos sostenían que para evitar que los países de América Latina entraran en la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por lo tanto, para no perder la influencia sobre estos, había que levantar las sanciones económicas y militares. En este sentido, planteaban que su abordaje sobre los derechos humanos debía ser una “diplomacia silenciosa” que, en contraste con la “diplomacia vocal” del gobierno de Carter, tendría mejores efectos.^[6]

A casi dos meses de la publicación de Preso sin nombre, celda sin número y ante la magnitud de las repercusiones, la dictadura tomó un posicionamiento público. El 26 de junio de 1981, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Oscar Camilión, consideró la intervención de Timerman en Israel y en Estados Unidos como parte de la campaña antiargentina.^[7] El desencadenante de la reacción oficial fue un debate televisivo que se llamó “Human Rights and the Timerman Debate”, que tuvo lugar el martes 23 de junio en el programa 90 minutos de la cadena estatal Public Broadcasting Service (PBS) y que fue transmitido por 250 emisoras en horario central. En el programa no solo se escuchó un testimonio en el que el fundador de La Opinión acusaba al gobierno de Reagan de haber destruido la política de derechos humanos de la gestión anterior, sino también, en el piso del estudio, se oyó a Patricia Derian –exfuncionaria y encargada de la cuestión humanitaria en la región durante el gobierno de Carter–, a Robert Cox –quien fuera editor del diario Buenos Aires Herald y ex detenido– y a Hebe de Bonafini, quien en el marco de una gira por ese país se encontraba junto a la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, María Adela Antokoletz, en la tribuna del set televisivo. El programa contó también con la participación del candidato a secretario de Estado adjunto para los Derechos Humanos de la administración Reagan, Ernest Lefever, quien defendió la política exterior del gobierno republicano, y de dos rabinos, uno de perfil progresista (Morton Rosenthal) y otro reaccionario (Seymour Siegel), quienes opinaron sobre la existencia o no de antisemitismo en Argentina.^[8]

Al hacer uso del mismo léxico presente en la denuncia de Timerman, pero “en espejo”, el ministro Camilión buscó invertir el argumento y sostuvo que la mención a los campos de concentración y las violaciones a los derechos humanos en Argentina era digna de las técnicas de Joseph Goebbels, que la “acción psicológica” se fundaba en una verdad a medias y, por lo tanto, que la “acción nazi” del periodista era una mentira absoluta. Camilión se mostraba preocupado por la magnitud de la audiencia norteamericana y por los agentes que participaban en la campaña, a quienes calificaba de “marxistas”.^[9] Por esa razón, advertía que Argentina haría un esfuerzo muy grande para contrarrestar la acción de Timerman y su entorno, y alentaba a que el país entero y los medios de comunicación argentinos “contribuyeran a la verdad”.

Sobre este último punto, la apelación al “país entero” y a los medios no resultaba casual. Algunas empresas de comunicación venían colaborando en las operaciones de “acción psicológica”. Lo habían hecho en los años más intensos de la represión, en la construcción de la figura del “enemigo subversivo” y en la legitimación de la dictadura (1975-1978); y lo siguieron haciendo durante el resto del gobierno de facto. El papel de los medios fue clave en el incentivo de formas de movilización y participación de la ciudadanía, con momentos destacados en el mundial de fútbol de 1978 y la visita de la CIDH en septiembre de 1979 (Gamarnik, 2017; Iturralde, 2017; Risler, 2018; Schenquer, 2022). Aun cuando es posible encontrar matices en los modos en que las empresas se posicionaron ante el régimen, ya que, por ejemplo, hubo críticas al rumbo económico, a la censura y a la falta de apertura política especialmente desde 1980 (Borrelli, 2011), en la etapa que es objeto de análisis aquellas prácticas tuvieron continuidad.

Dicho esto, y más allá de la intervención pública de Camilión, es posible datar la idea de la dictadura de actuar contra Timerman en una fecha más temprana. Esto surge del testimonio que el propio Camps brindó ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el 20 de enero de 1984, en el juicio sumario que lo tuvo en el banquillo de los acusados. Según se desprende de las palabras del general, las acciones contra el fundador de La Opinión comenzaron a ser mentadas el 29 de mayo de 1981, es decir, días después de la publicación de Preso sin nombre, celda sin número, cuando el libro alcanzó las primeras repercusiones a escala internacional:

El día 29 de mayo de 1981 me citó a su despacho el Ministro del Interior, el general de división Tomás Liendo, para que me hiciera cargo en forma oficial de la campaña para contrarrestar la campaña que estaba desarrollando Timerman en el exterior… Yo hablé con el general Liendo, y le hice ver la inconveniencia de hacerlo en forma oficial, y acepté hacerlo en forma extraoficial, previo a hablar con el presidente de la nación, el general Viola y… el comandante en jefe del Ejército, con quien hablé.

Para que pudiera efectuar esa acción…, recibí fondos reservados del Ministerio del Interior. Se organizó una comisión que estaba integrada por personal del Ministerio del Interior, por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, personal de la Policía Federal, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de [la] SIDE [Secretaría de Inteligencia del Estado]. Con ese personal desarrollé la campaña y como producto de esa campaña también se inscribió ese libro que se publicó sobre Timerman. Que se denominó “Timerman punto final”. Este libro fue aprobado por el jefe de Estado Mayor, general Vaquero y, con las correcciones que le impuso Ejército para que se pudiera publicar.^[10]

Como se puede observar, esta fuente resulta de especial interés para situar la operación contra Timerman en el marco de las “acciones psicológicas”. La declaración de Camps permite ver, además de la fecha de inicio del plan, el carácter institucional de la operación. El ex jefe de la policía, que había sido nombrado en Preso sin nombre, celda sin número como la persona que estuvo a cargo del primer interrogatorio y de uno de los campos de concentración, fue convocado por el ministro del interior, Tomás Liendo, para comandar una campaña comunicacional. Esta decisión fue avalada por los altos mandos de la Junta de gobierno y del Ejército, el presidente de facto Rodolfo Viola, el comandante de la fuerza de tierra, Leopoldo Galtieri, y el jefe de Estado Mayor, José Vaquero. La intervención de Camps, según sus palabras, adquirió carácter extraoficial, recibiendo fondos reservados y la colaboración de distintos organismos del Estado, entre ellos personal del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE) y de las policías; carteras, especialmente aquellas ligadas a inteligencia, información y propaganda, que cumplían roles clave en el armado de la “estrategia psicosocial” en el país y en el “exterior” (Risler, 2018; Cristiá y Schenquer, 2022; Schenquer, 2022).

La primera intervención de Camps se publicó el 2 de julio de 1981 en la revista Gente, uno de los medios con mayor oficio en la defensa del gobierno de facto y en el armado de operaciones mediáticas (Gamarnik, 2017). Gente, incluso, había calificado con anterioridad a Timerman como el nuevo vocero de la campaña antiargentina (Jensen, 2010). La nota, adelantaba la revista, reproducía “documentos inéditos” del caso y contenía una entrevista en la que Camps respondía a las acusaciones sobre torturas, aseguraba cuál era la verdadera personalidad del empresario y contestaba por qué el material no había sido conocido antes (Imagen 1).

Fuente: Los documentos inéditos del caso Timerman (2 de julio de 1981). Gente, p. 4. BNMM.

Los documentos que presentaba Gente eran los mismos que Camps continuaría utilizando en el resto de las acciones analizadas en este artículo. Se trataba de cintas de interrogatorios en las que, según describía la “bajada” (Imagen 1), Timerman confesaba su vínculo con David Graiver, su verdadera ideología política y los propósitos que persiguió con el diario La Opinión. En esta ocasión se daban a conocer 12 recortes transcriptos de la grabación, la mayoría sin una ilación y, por supuesto, descontextualizados del tipo de detención y prácticas a las que en realidad habían sido sometidos los declarantes.^[11] Como en otras operaciones, la faceta clandestina aportaba el sustrato para producir efectos en la opinión pública, no obstante, cabe resaltar lo inusual del caso. Aun cuando mantuviera en secreto los métodos con los que había obtenido esos testimonios, el general hacía visible un dispositivo utilizado en la trama clandestina de la represión, subvirtiendo de manera implícita su carácter ilegal.

El análisis de estos fragmentos permite pensar que Camps buscaba enfatizar algunos de los sentidos que formaban parte del “debate Timerman” y, a la vez, degradar la imagen del periodista como víctima. Entre los temas que la nota presentaba, estaban: el vínculo con David Graiver y la participación de este en el financiamiento de las empresas periodísticas; el contenido del diario sobre temáticas de izquierda; la razón comercial y la falta de escrúpulos detrás de su posición política (por ejemplo, con la búsqueda de financiamiento tanto de Estados Unidos como de Alemania Oriental); la responsabilidad de Timerman en las decisiones sobre el contenido marxista; la conciencia de los perjuicios que ocasionaba a la nación; y los porcentajes accionarios de los socios; la baja en el patrimonio de la familia Graiver luego de la muerte de David y la estafa sobre su viuda. En este último fragmento, el de mayor extensión, como en aquel que tematizaba quién decidía y cuál era la orientación del periódico, Camps y Gente mostraban una supuesta confrontación entre Timerman, Lidia Papaleo de Graiver y Enrique Jara Pagani –director de La Opinión–, situación con la que buscaban representar una escena de conflicto entre los detenidos por el paquete accionario.

A diferencia de las intervenciones de otros actores que se pronunciaban contra el periodista, la aparición de “pruebas materiales” y la palabra de la autoridad militar que había estado a cargo del caso, permitían construir una “verdad policial”, cuasi judicial, con la cual impugnar la voz de la víctima. De hecho, la palabra de Camps resultaba clave en la articulación de los fragmentos inconexos de las cintas y así era resaltada por el medio (Imagen 2).

Fuente: Los documentos inéditos del caso Timerman (2 de julio de 1981). Gente, p. 9.

En un recuadro titulado “Habla el hombre que interrogó a Timerman”, Camps señalaba:

Le manifesté, en el momento en que llegó a la jefatura…, alrededor de las 3 de la mañana: “Usted está en presencia del coronel Ramón Juan Alberto Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien es el responsable y ha ordenado su detención”.^[12]

El general brindaba elementos fácticos de la detención, como el horario del interrogatorio y el primer diálogo que mantuvo con el acusado, y a la vez, reafirmaba el rol central que cumplió en dicho proceso. A diferencia de lo que diría en los estrados judiciales de la posdictadura, cuando buscó ampararse en la noción de obediencia debida para minimizar su punibilidad (Rama, 2023), Camps se asumía responsable de la orden de detención, informaba que la situación de Timerman había tenido que ver con el “caso Graiver” y no con el hecho de ser judío, y desacreditaba la versión de que el periodista hubiera sido torturado. Para probar las condiciones de cautiverio, el militar sostenía que estas podían ser atestiguadas por aquellos que lo “acompañaban” –en alusión a dos ex detenidos– y por el hermano, quien supuestamente había manifestado a miembros de la prensa que Jacobo no había sido torturado, algo que el propio familiar desmentiría días más tarde.^[13] Entre los detenidos presentes en el interrogatorio, Camps destacaba a Enrique Jara Pagani, hombre que según él “no estaba cuestionado”; y a Ramiro Casasbellas –subdirector del diario–, de quien decía que no había ido preso, sino que lo invitó a que concurriera a la Jefatura para intervenir y aclarar algunos aspectos. De esta manera, además de las cintas que contenían la voz del propio denunciante, el general involucraba a otros testigos y decía probar que el accionar de Timerman se orientaba por un fin comercial, vender libros, ya que los principales elementos de lo que afirmaba –la existencia de torturas, las condiciones de detención y el antisemitismo– podían ser descartados.

Esta misma línea era reforzada con el tópico de la campaña antiargentina, algo que, como se vio, había sido uno de los ejes de la convocatoria pública del ministro Camilión. Para enlazar a Timerman con la operación de escala internacional, Camps decía que este no estaba actuando en contra de tal o cual persona, sino en desmedro del país, de “una nación que lo acobijó tantos años como un ciudadano argentino” e incluso sostenía que estaba ocasionando una “situación de irritabilidad para aquellos que él decía que defendía”, la colectividad judía. Con estas palabras, el ex jefe de la policía construía una alteridad que permitía operar un salto lógico: Timerman no había nacido en Argentina, era sionista y marxista, por lo tanto, esa falta de pertenencia, sumada a la avidez por el lucro, hacía que actuara como uno de los principales voceros de la campaña antiargentina.

Para finalizar, legitimando el carácter probatorio del material presentado, el periodista de Gente le preguntaba si, dado el contenido de las cintas, no había sido un error político dejar a Timerman en libertad. Camps se desentendía de esa decisión, que como se vio había sido discutida en el seno de los altos mandos, y hacía notar que él lo tuvo bajo custodia 20 o 25 días y luego quedó a cargo de otras autoridades. La excusación se daba en un nuevo momento de crisis al interior del gobierno militar, en el que los sectores “duros”, a los que pertenecía el general, ejercían una crítica sobre el rumbo político y económico del gobierno del general Roberto Viola (Canelo, 2008). La respuesta de Camps permitía reactualizar el debate sobre la liberación del periodista, al concatenar dicho hecho, en el que Viola había tenido un rol relevante como comandante del Ejército, con los errores políticos de quienes encabezaban la Junta.

El 6 de julio, cuatro días después de la publicación del artículo en la revista Gente, Camps convocó una “rueda de prensa” en el Alvear Palace Hotel, donde, según varios de los medios que estuvieron presentes, el ex jefe de policía se dispuso a demostrar la “falsedad” de Timerman. Nuevamente, el general se presentaba con el reproductor de cinta abierta y con los testimonios que “probaban” el vínculo del fundador de La Opinión con la “subversión” (Imagen 3). La conferencia permitía tener un mayor alcance que la publicación de la revista, incluso fue reseñada por medios que mantenían una postura crítica, como el semanario Nueva Presencia.^[14]

Fuente: Desestimó el general Ramón Camps aseveraciones de Jacobo Timerman (6 de julio de 1981), La Prensa, p. 5. BNMM.

Los temas serían los mismos que en la nota del 2 de julio. El general se presentaba –y era presentado– como la autoridad que había ordenado la detención, y sostenía que Timerman estaba acusado por su vínculo con la “subversión” en el aspecto económico, por ser socio de Graiver, y por apología del “terrorismo”. En este sentido, contraponiendo la narrativa de la víctima, Camps aseveraba que no lo había detenido por judío, sionista y defensor de los derechos humanos, sino por subversivo; defendía lo actuado en la “guerra contra la subversión”, descartaba la existencia de centros clandestinos de detención y exaltaba que todos los argentinos debían sentirse orgullosos y sin culpa, porque lo hecho había sido por el bien de la nación y en uso de los medios que la ley ponía a su disposición. El general retomaba tópicos que la dictadura venía utilizando desde los primeros días del golpe de Estado, particularmente en las “acciones psicológicas”, para legitimar su accionar y construir un “nosotros” contra el “enemigo subversivo”: la legalidad de los procedimientos de la represión y el compromiso de los argentinos en la lucha antisubversiva (Risler, 2018).

Con respecto a las denuncias de torturas, Camps nuevamente afirmó que Timerman había recibido un trato normal, “sin amenazas ni coacciones”, e ironizando sobre el título Preso sin nombre, celda sin número, dijo: “tuvo nombre y apellido, su celda un número y la persona que estuvo con él detenida se encuentra con vida y en libertad, y podrá testimoniarlo algún día” –sobre esta persona volvería en el libro al año siguiente–. En la misma línea, el general apeló a las cintas, en este caso reproduciéndolas allí mismo, para hacer notar a los periodistas que la voz de las personas interrogadas no eran las de detenidos que habían recibido apremios:

Luego de calificar de “falsas y absurdas” las declaraciones de Timerman en Estados Unidos [Camps] señaló que el ex periodista “jamás fue sometido a apremios ilegales” y, como prueba de ello, hizo oír las grabaciones del interrogatorio. En ellas Timerman confiesa la participación de Graiver en el paquete accionario de La Opinión.^[15]

Como se desprende de esta cita de La Nación, la escucha presencial de los testimonios generaba un efecto de “verdad” que el periodista trasladaba a la reseña. El medio no solo retomaba los “textuales” de Camps sin ejercer ningún tipo de cuestionamiento, sino que asumía que lo que escuchaba era una “confesión”, una palabra que también había sido utilizada por Gente y que legitimaba el carácter probatorio de las grabaciones.

Por último, sobre el final de la “rueda de prensa”, el ex jefe de policía enfatizó el tópico de la campaña antiargentina: “[Timerman] está jugando ahora con intereses marxistas, de los que forma parte, para tratar de reducir el margen de maniobra de la Argentina, debilitarla y desestabilizarla”.^[16] Nuevamente, la puesta en escena del denunciante como parte de un complot internacional, en el que participaban elementos contrarios a los intereses de la nación, aparecía como un elemento clave de la operación.

La nota en Gente y la conferencia de prensa tuvieron repercusión en los medios argentinos y también en Estados Unidos, Europa e Israel. Las reseñas publicadas por parte de la prensa nacional, en las que tomaban notas de medios del exterior, exaltaban que Camps había refutado o desestimado las acusaciones.^[17]

Las “revelaciones” del general permitían confirmar a los sectores conservadores de estas latitudes el cuestionamiento al empresario de medios y plantear el interrogante de si este era “una víctima o un farsante”, ya que la presentación llevaba a concluir que la detención se debió a la relación con Graiver y no al hecho de ser judío.^[18] Las cintas y el contrapeso de la palabra de la autoridad militar que había ordenado la detención y que lo había interrogado permitían a estos actores insistir en supuestas contradicciones del testimonio y que se trataba de una campaña de la izquierda internacional. La Nación, por ejemplo, citaba a la revista francesa Monde et Vie, de perfil nacionalista y católico, que acusaba a Timerman de ser la “nueva estrella de la orquesta roja”.^[19]

Ante esta coyuntura, Camps y los sectores de la prensa ligados a la campaña capitalizaron públicamente los resultados de la operación. En una nota de Télam, replicada por algunos medios gráficos, el general ratificó que “el panorama que tenían en el exterior de la Argentina ha cambiado radicalmente” y que “la acción que estamos realizando los argentinos tiene una repercusión positiva”.^[20] Los resultados llevaban incluso al militar a afirmar que escribiría un libro con la colaboración de Máximo Gainza, dueño del diario La Prensa, algo que, como se verá más adelante, efectivamente llevaría a cabo.

La escena siguiente transcurrió la semana del 7 de septiembre de 1981 en una serie de emisiones del programa 60 minutos, noticiero televisivo que salía en el horario central del canal Argentina Televisora Color (ATC) y que conducía otro periodista “oficioso”, José Gómez Fuentes (Sticotti, 2021). Se trató de una larga entrevista dividida en cinco episodios de 10 minutos, cada fragmento reproducido un día distinto de esa semana. El espacio televisivo parecía haber sido cedido para que el general operara a gusto y respondiera públicamente a un nuevo reportaje que Timerman había hecho en Estados Unidos.

La entrevista inicia con la mención de Gómez Fuentes acerca de dos imágenes sobre la Argentina, la interna, “la que vemos todos los días”, y otra “distorsionada”, que se ve desde el exterior. Este tipo de afirmaciones del entrevistador, acopladas al relato del general y que aludían a un “nosotros” contrario a la campaña antiargentina, estuvieron presentes en todo el reportaje.

En los 50 minutos que dura la escena, el ex jefe de la bonaerense volvió sobre los tópicos a los que venía recurriendo y agregó otros. Con una nueva apelación a lo moral, Timerman fue acusado de hacer política con los derechos humanos por dinero, de hacer apología de la subversión, de destruir a la “familia”, de hacer propaganda de la drogadicción, de incidir en la penetración de la subversión en las religiones, de su vínculo con David Graiver, de difundir la ideología marxista con fines de lucro, de estafa moral, de no tener escrúpulos y de mandar a morir a parte de la juventud al iniciarla en la subversión.

Como había hecho en la entrevista de Gente y en la “rueda de prensa”, Camps utilizó la grabación del interrogatorio y volvió a apelar a esa “prueba”, reproduciéndola ante el público de uno de los canales con mayor audiencia del prime time televisivo. El general hacía hincapié en que el acusado tenía conocimiento de que estaba siendo grabado, con lo que enfatizaba el carácter veraz del testimonio: si Timerman sabía del registro, no debía haber mentido. Nuevamente, como en las intervenciones previas, no hubo preguntas por parte del entrevistador sobre por qué el militar tenía en su poder cintas de interrogatorios o cuáles habían sido las condiciones en que declaró el interrogado. Algunos de esos cuestionamientos los haría días más tarde el semanario Nueva Presencia, que no solo criticó el antisemitismo presente en la entrevista, sino que también se preguntó: “¿Qué derecho tiene un exfuncionario para tener en sus manos un material que pertenece al Archivo de la Nación? ¿Por qué no se difunden las grabaciones de todos los demás detenidos políticos?”.^[21]

Además de las cintas, el general sumó otras fuentes. Por un lado, leyó recortes de Primera Plana, La Opinión y Preso sin nombre, celda sin número en los que, según decía, Timerman alentaba a la subversión, defendía a “supuestos presos políticos”, entre ellos a Mario Roberto Santucho –del que daban por sobreentendido que era un criminal–, y no mencionaba a las víctimas de la guerrilla. Además, como parte del material probatorio, Camps y Gómez Fuentes incorporaron al capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, quien, en palabras del general, “también había compartido las vicisitudes de la guerra”. La participación del prelado cumplía un doble objetivo, por un lado, citar a un experto en religión para que hablara sobre la “supuesta cuestión judía en la Argentina”, y por otro, a un testigo de la detención de Timerman. Von Wernich, quien se convertiría en los primeros años de la posdictadura en una figura emblemática por su rol en la represión y sería condenado en el año 2007 a prisión perpetua por su participación en secuestros, torturas y homicidios, dijo que había mantenido conversaciones con el prisionero en varias oportunidades y dio fe del buen trato. Incluso, el sacerdote afirmó que colaboró para que Timerman accediera a la asistencia espiritual de un rabino. Finalmente, la entrevista contó con el testimonio de un profesor de derecho rabínico, Simon Sigal, que había sido entrevistado por Gómez Fuentes en Estados Unidos. La inclusión de otra autoridad religiosa y, en este caso, judía, tenía el sentido de contradecir los dichos de que Argentina estaba dominada por el antisemitismo, apelación que, como ya se trató, era utilizada en las distintas intervenciones mediáticas.^[22]

A las apariciones públicas de Camps del segundo semestre de 1981, le siguieron dos libros: Caso Timerman. Punto Final (1982) y El poder en la sombra. El Affaire Graiver (1983) –este último sobre el caso Graiver, también involucraba al fundador de La Opinión–. El primer material fue lanzado el 24 de marzo de 1982, día en que se celebraba el sexto aniversario del golpe de Estado y mientras comenzaban los movimientos militares para la recuperación de las Islas Malvinas. Como mencionó el general ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de la Argentina (ConSuFA), en la inmediata posdictadura, el libro fue producto de la campaña iniciada en mayo de 1981. Fue revisado, corregido y aprobado por el Estado Mayor del Ejército, y tuvo por objetivo, como lo indica el título, conformar la última palabra de la campaña. El cierre del “debate” se haría en el mismo soporte con el que había alcanzado repercusión internacional la denuncia de Timerman.

Interesa destacar aquí no tanto los tópicos presentes en el texto, que son los mismos que se vienen mencionando, sino los actores que colaboraron en su producción y algunos aspectos de la estructura que permiten pensar las elecciones de Camps para cerrar la operación.

Caso Timerman, Punto Final (1982) inicia con un agradecimiento a los argentinos que “no sólo participaron en este episodio, sino en todo lo que significó la lucha contra la subversión”. Entre los connacionales, el general ponderaba a los medios de información “que fueron veraces y consecuentes” y especialmente a Máximo Gainza, “que ha colaborado con este libro como colaboró allá en 1976” (p. 12). Como se dijo, la contribución del director de La Prensa había sido anunciada a mediados de julio de 1981, cuando ante la “repercusión positiva” de la nota de Gente y la “rueda de prensa”, Camps adelantó que iba a producir un libro y que el empresario iba a colaborar en dicha producción. Gainza había sido nombrado en Preso sin nombre, celda sin número por no problematizar ciertos dichos de carácter antisemita, por lo que la colaboración tenía, por un lado, un sentido reivindicatorio del nombre de Gainza Paz y, por otro, un criterio estratégico para Camps, ya que permitía mostrar el apoyo de un actor clave del establishment político, cultural y económico del país.

Además del agradecimiento a periodistas y empresarios de medios, el libro presenta una carta manuscrita dirigida al entonces arzobispo de La Plata, monseñor Antonio José Plaza. El ex jefe de la policía bonaerense le reconocía al prelado el haber “aceptado sin titubear” ser capellán general de la fuerza en 1976, y lamentaba que hubiera tenido que renunciar de manera involuntaria por un atentado “terrorista” en la entrada de la jefatura, en noviembre de aquel año. La inserción del manuscrito también era una manera de mostrar el apoyo de un referente de la sociedad civil y de la Iglesia católica en la “lucha contra la subversión”; y, además, servía para presentar la noción de las “víctimas inocentes" de la guerrilla, cuestión que había surgido en la entrevista de 60 minutos. El tópico de los muertos por la subversión fue un recurso recurrente de la dictadura para generar empatía y aprobación con respecto al accionar de las Fuerzas Armadas (Risler, 2018) y en ese contexto, también, estaba siendo parte de las estrategias para contrarrestar las denuncias en la escena nacional e internacional.

Otros colaboradores del libro a los que Camps mostró su agradecimiento fueron algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, siete en total, y oficiales y suboficiales que habían sido parte del dispositivo represivo bajo su mando y que continuaban en funciones. Entre los nombres de los 24 efectivos que, según Camps, “participaron en la investigación”, figura el director de la Brigada de Investigaciones Miguel Etchecolatz, hombre clave en el desarrollo del sistema de represión clandestina. A ellos les agradecía la colaboración en el libro y lo “actuado en aquel entonces”.^[23] Los agradecimientos a los miembros de la policía permiten inferir que Camps continuaba haciendo uso del aparato represivo bonaerense y que el material que venía utilizando desde el año anterior había surgido de allí, especialmente de los destacamentos y direcciones de inteligencia y asuntos judiciales.

Luego de un prólogo –donde afirmaba que la guerra había traído aparejada una nueva metodología que cambió la escala de valores, en la cual lo primordial era dominar al hombre y luego la materia– y de un epílogo –donde identificaba al escrito como el punto final de las intervenciones comenzadas el año anterior–, el libro se encuentra dividido en tres capítulos. El primero, vuelve sobre la relación de Timerman con Graiver, justifica la participación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dado que fue “un caso de subversión”, y se adentra en contradecir distintos aspectos que menciona Preso sin nombre, celda sin número: la detención, las celdas sin identificación, los campos de concentración, las torturas, la Argentina nazi, los botines de guerra y la razón por la que su autor salió en libertad. La fórmula elegida por Camps fue nuevamente la de oponer “en espejo” cada uno de esos tópicos. Por ejemplo, si en su libro Timerman hacía alusión a que permaneció detenido en una dependencia no oficial y en condiciones inhumanas, el general argumentaba que había estado en el Departamento de la Jefatura de Policía y que su habitación había sido un dormitorio de suboficiales, con ventilación, puerta, luz y baño.

Para probar esas afirmaciones Camps volvía a citar al capellán Christian Von Wernich y a otros dos testigos: aquel detenido mencionado en la “rueda de prensa” y que ahora sacaba del anonimato –José Bercovich–;^[24] y un médico de la policía –Osvaldo Hugo Raffo–, quien certificaba que, en una revisión durante la detención, no había encontrado rastros de torturas. El aporte de los tres presuntos testigos presenciales de las condiciones de cautiverio de Timerman figura en el anexo del libro junto a otros documentos. Se trata de cartas que cada uno habría escrito a Camps de manera “espontánea” al enterarse de las denuncias. La correspondencia llamativamente tiene un formato similar, con lo que podría pensarse que fue elaborada para ser incluida en el libro. Por otro lado, como en la conferencia de julio de 1981, el ex jefe de la bonaerense volvía a sostener que el hermano del acusado había dicho que nunca fue torturado. Para legitimar esa afirmación, que como se señaló había sido rectificada por el propio José Timerman, Camps recurría a Máximo Gainza, a quien supuestamente se lo había confesado. Gainza una vez más era presentado como un hombre de categoría moral e intelectual y de prestigio, lo que debía ser fundamento suficiente para la desestimación.

El segundo capítulo publica las transcripciones “completas” de los interrogatorios y las confrontaciones de los detenidos de abril de 1977 –presentados en esta ocasión como “reuniones conjuntas”–. A las voces ya conocidas de Timerman, Lidia Papaleo de Graiver, Enrique Jara de Pagani y Ramiro Casasbellas, el libro suma las de Carlos Ocaña, Osvaldo Guillermo Porteiro, Jacinto Schuger y Oscar Evangelista Abelardo Marastoni, la mayoría de ellos también mantenidos en cautiverio en esos días y torturados en los interrogatorios. La intención de colocar las transcripciones sin mediación debió ser, nuevamente, la de generar en el lector un efecto de objetividad y realismo.

Por último, el tercer capítulo, titulado “Una responsabilidad que no debe olvidarse”, presenta 44 fragmentos de notas del diario La Opinión publicadas entre el miércoles 12 de enero de 1972 y el viernes 11 de junio de 1976. La apelación a las citas textuales tenía como función mostrar que La Opinión se había convertido “en la empresa de disolución cultural más nociva con que cuenta el marxismo en nuestro país” y “había alojado a colaboradores con antecedentes terroristas”. Como ocurría con David Graiver, también con respecto a los “colaboradores” (Juan Gelman, Miguel Bonasso, Francisco Urondo, etc.), el general daba por sobreentendidos sus “antecedentes terroristas”, sin presentar pruebas que certificaran esas afirmaciones. Sobre el final, a modo de conclusión del capítulo, Camps volvía sobre el daño que Timerman había hecho al país y, buscando un golpe de efecto, destacaba que había tenido un destino mejor que aquellos que perdieron a sus seres queridos “por defender a la república del grave daño y las profundas consecuencias que él ocasionó con su prédica” (Camps, 1982, p. 227).

A partir de lo expuesto hasta aquí, entonces, se ha podido observar la dimensión adquirida por la denuncia de Timerman en el exterior y los intentos de contrarrestarla, tanto por parte de la dictadura como por sectores “oficiosos”. Se ha visto que en estas operaciones el general Ramón Camps cumplió un papel clave. La voz del ex jefe de policía fue validada y legitimada por amplios sectores del establishment local e internacional. La presentación de pruebas materiales –las cintas de los interrogatorios, los recortes de las publicaciones y los testimonios de testigos de su detención–, permitieron construir sentidos que sirvieron para poner en duda la idea de antisemitismo y de las violaciones a los derechos humanos en el país, situar a Timerman como parte de la campaña antiargentina y negar su condición de víctima.

En esas operaciones algunas de las empresas de medios –y periodistas– más importantes del país volvieron a cumplir un rol protagónico, al dar lugar no solo a las supuestas “revelaciones” presentadas por Camps, sino también a las voces locales e internacionales que ratificaban los sentidos mencionados. Esta colaboración tuvo otro momento de impacto hacia fines de octubre de 1981, cuando una universidad de Estados Unidos decidió condecorar a Timerman con un premio por su trayectoria periodística. Este hecho resulta interesante para el análisis, porque permite enfatizar la amplia trama de actores que accionó –con distintas motivaciones– en la campaña, por lo que será tratado a continuación.

El 25 de octubre de 1981 la Universidad de Columbia comunicó que otorgaría el premio Moors Cabot a los periodistas Jacobo Timerman, Karen Deyoung y Marlise Simons por sus “distinguidas contribuciones a un mayor entendimiento interamericano”. El galardón, que era uno de los más antiguos en el campo del periodismo, consistía en una medalla de oro, un diploma y mil dólares, pero sobre todo representaba prestigio. El comunicado en el que se anunciaba la premiación contenía una reseña biográfica y, en el caso de Timerman, describía su rol en el desarrollo de la profesión en Argentina y el juego de presiones que debió padecer por parte de las últimas dos dictaduras. Timerman era presentado como un periodista crítico y fuente de información para los argentinos. Además, el comunicado hacía mención al reciente libro y las repercusiones que había tenido en distintos países del mundo occidental.

La noticia fue puesta en tapa de los principales medios nacionales lo que expresaba la relevancia del hecho, sin embargo, la centralidad de la comunicación no estuvo en la premiación, sino en el estupor, el repudio y las airadas protestas que generó en un grupo de argentinos distinguidos con el galardón en ediciones anteriores.^[25] Se trataba de dueños, directores, subdirectores, editorialistas y hasta un caricaturista de los periódicos más reconocidos del país: Vicente Massot y Diana Julio de Massot (La Nueva Provincia), Bartolomé Mitre y Elena Mangieri de Valmaggia (La Nación), Máximo Gainza, María Constanza Huergo y Juan Carlos Colombres –Landrú– (La Prensa), José Santos y Elizabeth Gollán –hijos del primer laureado– (La Prensa), María Luisa Cambolive Michel de Cornejo Costas –hija de María Luisa Michel Torino de Cambolive, expropietaria de El Intransigente–, Jorge Remonda Ruibal (La Voz del Interior), Enrique Nores Martínez (Los Principios),^[26] Antonia Suñol y Raúl Kraiselburd (El día), Carlos Ovidio Lagos (La Capital), Ernestina Herrera de Noble (Clarín), Annuar Jorge (El Pregón) y familiares de Rodolfo Luque (La Prensa).^[27]

Las protestas publicadas durante esas jornadas tenían un formato común. Se trataba de telegramas o cartas dirigidas al decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Osborne Elliot, en las que cada una de las personas galardonadas o familiares de estas, expresaban las sensibilidades provocadas por el otorgamiento del premio al fundador de La Opinión. La primera serie de cartas fue escrita antes del pronunciamiento oficial de la universidad, lo que permite pensar que el formato de la correspondencia y de la primera publicación, que se conoció en el país el 26 de octubre, había sido premeditado con antelación por los empresarios. De hecho, esta hipótesis tiene sentido con las palabras de Vicente Massot recogidas por la Agencia United Press International el día 25: “Según entiendo, todos los argentinos que anteriormente recibieron el premio han repudiado o repudiarán su otorgamiento a Timerman” (traducción propia).^[28]

Una vez producida la condecoración, siguiendo esta línea, el resto de la correspondencia enviada a Nueva York y replicada en los diarios mantuvo el mismo estilo. “Estupor”, “asombro”, “dolor”, “pena”, “desagrado”, “desolación” y “traición”, fueron algunos de los adjetivos con los que los periodistas y empresarios expresaron su disgusto. A estas palabras adherían que el comité estaba mal informado sobre quién era realmente Timerman y que debían haber consultado a ellos antes de cometer semejante error, que además de dañar a la institución otorgante, dañaba a la Argentina. El fundador de La Opinión era calificado con las mismas nociones presentes en las acciones mediáticas de Camps: ni era un judío perseguido ni un probo periodista, sino que se lo había detenido por sus tratos con la guerrilla subversiva, por sus ganancias financieras no explicadas y por su conexión con David Graiver, de quien nuevamente se daba por probado el vínculo con la “subversión”.^[29]

Además de estos conceptos, los directores recurrían al tópico de la “campaña antiargentina”. Según Bartolomé Mitre, Timerman estaba:

no sólo ideológicamente vinculado con el ámbito intelectual del terrorismo que asoló a la nación, sino que está empeñado –luego de haber obtenido su libertad merced a un fallo asentado en la independencia de la justicia en mi país– en una campaña artera en la cual la calumnia incluye a la comunidad judeo-argentina.^[30]

Subiendo la apuesta, el propietario de La Nación hacía suya la teoría sobre la participación de agentes internacionales en la campaña: “En mi opinión, la noble casa de estudios a la cual usted pertenece ha sido en este caso sorprendida por los agentes de una operación internacional en la que el señor Timerman juega un papel central”.^[31]

Finalmente, los telegramas cerraban diciendo al decano –y a los lectores– que quitarían los galardones de los espacios de exhibición de los diarios. Como dijo, Ernestina Herrera de Noble: “he tomado la decisión de retirar del lugar donde se exhibe el premio María Moors Cabot, que en su momento llenara de orgullo a mi esposo y fundador de Clarín, Roberto Noble”.^[32] El premio, que ponía en las mismas condiciones a Timerman con los otros galardonados, era representado como un agravio por los dueños de medios, por lo que la actitud de estos, sobreactuando una reacción espontáneamente defensiva, consistió en retirar de manera simbólica toda asociación pública con aquel.

A las cartas, los diarios sumaron entrevistas y comunicados de instituciones y personalidades políticas que adherían al repudio: la Asociación Casa Argentina en Israel Tierra Santa; el embajador argentino en Estados Unidos Jorge Takacs, quien acababa de presentar sus credenciales ante el presidente Ronald Reagan; la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora, entre ellos el almirante Isaac Rojas –figura clave del golpe de Estado que derrocó a Juan Perón en 1955–; referentes de partidos políticos, algunos con funciones en el gobierno militar, como Enrique Vanoli (secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical), Osvaldo Cornide (Movimiento de Integración y Desarrollo), Alberto Benegas Lynch (Alianza Republicana), la junta ejecutiva del Partido Demócrata Progresista; la mesa ejecutiva de los 32 Gremios Democráticos –de tendencia antiperonista–; el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires; el Centro de Cultura Cívica; y dueños o directores de medios de otros países de América latina, como Manuel Francisco do Nascimento Brito (Jornal do Brasil) y El Diario de Uruguay.^[33] La prensa local mostraba el amplio apoyo de distintas “fuerzas vivas”, muchas de estas, parte del gobierno militar –o de los anteriores gobiernos de facto– y una cohesión discursiva en torno al caso Timerman. Durante cuatro días esta voz coral se replicó con las mismas características, dejando entrever la amplia trama de poder de la que formaban parte los dueños de medios, miembros de la colectividad judía, referentes de partidos políticos liberales y conservadores, gremialistas y militares.

El artículo propuso mostrar el rol que el general Ramón Camps cumplió en la campaña que, entre junio de 1981 y marzo de 1982, tuvo como objetivo contrarrestar la denuncia de Jacobo Timerman. La puesta en diálogo de las distintas intervenciones del ex jefe de policía, en el contexto de una convocatoria del gobierno de facto, permitió fundamentar la hipótesis de su inclusión en el campo de las operaciones de “acción psicológica”. La campaña tuvo origen en el Ministerio del Interior, contó con el aval de los comandos del Ejército y del PEN, con fondos reservados, y con asistencia de personal militar y policial, especialmente de las áreas de inteligencia. En este sentido, si bien el general se expuso en la escena pública actuando de manera autónoma, se pudo observar el trasfondo institucional de la operación.

En cuanto a las intervenciones, por un lado, se señalaron diferentes tópicos que resultaron recurrentes. Estas nociones fueron presentadas “en espejo” a los temas que producían mayor impacto de la denuncia de Timerman –y de otros organismos que visibilizaban las violaciones a los derechos humanos en el ámbito transnacional–. Así, la campaña oficial buscó contrarrestar la idea de que en Argentina había torturas, prisioneros políticos, campos de concentración, nazismo y antisemitismo. En estas escenas la “acción psicológica” estuvo orientada a construir una “verdad policial”, que en términos simbólicos debía producir efectos semejantes a los de un juicio. La presentación de “pruebas” y de la voz de la autoridad militar, que como “experto” traducía esa materialidad, generaron un contrapunto, por momentos efectivo, en el terreno en que ganaba legitimidad la voz de la víctima: la denuncia fáctica y realista de la experiencia. En este sentido, uno de los elementos sustantivos fue un dispositivo propio de la represión: la grabación de los interrogatorios. Como en otras operaciones de comunicación de la dictadura, la faceta clandestina aportó el sustrato para incidir en la escena pública. Las condiciones de escucha de ese momento posibilitaron la reproducción, sin demasiados cuestionamientos, salvo excepciones, de un material que debía haber incriminado a Camps y no a Timerman, ya que situaba al primero comandando los interrogatorios de víctimas, que en su mayoría se encontraban desaparecidas.

Las escenas mediáticas apelaron a la figura de un militar que todavía gozaba de legitimidad y a sentidos que eran compartidos por vastos sectores sociales. Se resaltó la amplia trama de relaciones y actores que formaron parte, en mayor o menor grado, de la elaboración y/o reproducción de esas nociones. Empresarios, periodistas, políticos, miembros de la Iglesia católica, referentes de la colectividad judía, sindicalistas, militares y policías, varios de estos con responsabilidades en la etapa más intensa de la represión –en acciones represivas y “productivas”–, participaron de manera activa en el cuestionamiento del periodista y de los principales fundamentos de su narrativa.

Estas coordenadas comenzaron a cambiar durante 1983, cuando ante la crisis de la dictadura y el “destape de información”, el “problema de los desaparecidos” ganó lugar en la agenda pública de las principales urbes del país. Si bien varios empresarios de medios y periodistas siguieron respaldando al general, como a otros militares que continuaban reivindicando lo actuado en la “lucha contra la subversión” (Feld y Salvi, 2019), otros tomaron una postura distante, cuando no crítica. Por ejemplo, hacia mediados de ese año, luego de una entrevista para el diario Pueblo de Madrid en la que el ex jefe de la fuerza bonaerense cifró los muertos en la represión y reivindicó los “métodos excepcionales”, Camps querelló a Francisco Manrique, candidato en las elecciones por la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), hasta entonces considerado “amigo”. Manrique había sido mencionado en El Poder en la Sombra. El Affaire Graiver (Camps, 1983) por su vínculo con David Graiver y esa aseveración, en el marco de deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas, llevó al político liberal a insultar al ex jefe de la policía en una entrevista radial. También en esos meses, cuando unos pocos militares comenzaron a ser citados ante la justicia, algunos ex detenidos acusaron pública y penalmente al general por torturas, como Juan Destéfano, ex secretario de gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Alfredo Bravo, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta dinámica cobró mayor fuerza en la inmediata posdictadura, con cientos de víctimas, entre ellos Timerman, que se hicieron presentes en juzgados militares y federales, ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, para denunciar sus experiencias de cautiverio en el circuito represivo bajo las órdenes de Camps.

[1] El concepto “acción psicológica” surgió como una herramienta para la guerra “contrarrevolucionaria”, la cual entendía que el enemigo estaba mimetizado con la población. En 1968 el Ejército reglamentó su uso y la definió como operaciones para “disminuir la moral y eficacia enemigas; apoyar los planes de velo y engaños tácticos;… sostener la moral de las propias tropas y población; contrarrestar la propaganda y subversión enemigas; y motivar la colaboración de neutrales o indiferentes” (Risler, 2018, p. 42).

[2] A medida que crecía la presión internacional por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre 1977 y 1978, los militares apelaron a la idea de la existencia de una campaña antiargentina. La estrategia defensiva estaba dirigida hacia el exterior, pero sobre todo hacia adentro del país, con la intención de reconstruir la legitimidad en el Proceso de Reorganización Nacional (Franco, 2002).

[3] Expulsaron a Timerman y le quitaron la ciudadanía (26 de septiembre de 1979). Clarín, p. 2. Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[4] Menéndez se presentó a Viola y depuso su actitud (1 de octubre de 1979). Clarín, p. 2.

[5] Comentarios sobre J. Timerman (22 de junio de 1981). La Nación; p. 8; Comenta el caso Timerman una revista de EE.UU. (2 de julio de 1981). BNMM. La Prensa, p. 6. BNMM. Lewis, A. (14 de junio de 1981). Abroad at Home; The Timerman Affair, New York Times (NYT), p. 14. https://www.nytimes.com/1981/06/14/opinion/abroad-at-home-the-timerman-affair.html; Safire, W. (22 de junio de 1981). Essay; The real Timerman Issue, NYT, p. 17. https://www.nytimes.com/1981/06/22/opinion/essay-the-real-timerman-issue.html.

[6] Una polémica sobre Timerman en los Estados Unidos (24 de junio de 1981). La Nación, p. 8. Una postura similar venía desarrollando Israel en el marco del conflicto árabe-israelí (Rein y Davidi, 2011).

[7] Condénase una campaña contra nuestro país (27 de junio de 1981). La Nación, p. 1 y p. 5; Timerman y Derian. El embajador de EE.UU. desea tratar el tema con el canciller (2 de julio de 1981). La Prensa, p. 3. Argentina complains on Timerman Debate (29 de junio de 1981). NYT, p. 10. https://www.nytimes.com/1981/06/29/world/argentina-complains-on-timerman-debate.html.

[8] Chávez Paz, H. (25 de junio de 1981). Liberals, conservatives trade insults, United Press International (UPI). https://www.upi.com/Archives/1981/06/25/Liberals-conservatives-trade-insults/5948362289600/.

[9] Estas calificaciones eran compartidas por sectores conservadores en los Estados Unidos. Por ejemplo, el corresponsal del NYT, Harry Z. Bau, decía que el fenómeno Timerman estaba orquestado por el Institute for Policy Studies de Washington –y filiales de Europa–, al que recientemente se había reincorporado Patricia Derián, “un tanque de cerebros de izquierda”. Acusación contra Jacobo Timerman (5 de julio de 1981). La Nación, p. 15.

[10] Camps, J. R. (1984). Expediente instruido por Decreto 280/84. Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, fs. 25. Archivo General de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[11] La situación de desaparición implicó para las y los detenidos la inserción en sitios fuera de la ley (Calveiro, 1998). En estos espacios, donde la amenaza sobre la vida era la norma, los interrogatorios adquirieron diversas formas, en su mayoría bajo modalidades de tormentos.

[12] Los documentos inéditos del caso Timerman (2 de julio de 1981). Gente, p. 9.

[13] Desmentida de un hermano de J. Timerman (9 de julio de 1981). La Nación, p. 6.

[14] Timerman y Camps (10 de julio de 1981). Nueva Presencia, p. 7. BNMM.

[15] El Gral. Camps refutó las acusaciones de Timerman (6 de julio de 1981). La Nación, p. 10.

[16] Desestimó el general Ramón Camps aseveraciones de Jacobo Timerman, (6 de julio de 1981). La Prensa, p. 5.

[17] El Gral. Camps refutó las acusaciones de Timerman (6 de julio de 1981). La Nación, p. 10.

[18] Schumacher, E. (4 de julio de 1981). Recordings Raise questions about Timerman’s account, NYT, p. 4. https://www.nytimes.com/1981/07/04/world/recordings-raise-questions-about-timerman-s-account.html; Campbell, C. (5 de julio de 1981). Timerman challenging reports on prison tapes, NYT, p. 8. https://www.nytimes.com/1981/07/05/world/timerman-challenging-reports-on-prison-tapes.html.

[19] Critican en Francia a Jacobo Timerman (10 de julio de 1981). La Nación, p. 7.

[20] Trata New York Times la situación argentina (4 de julio de 1981). La Prensa, p. 4; Camps habló de cintas grabadas por Timerman (10 de julio de 1981). La Nación, p. 5; Repercusión positiva por el caso Timerman (17 de julio de 1981). La Nación, p. 5; Interrogantes y planteos por el caso Timerman (21 de julio de 1981). La Nación, p. 8; Repercusión en los Estados Unidos de grabaciones sobre Timerman (31 de julio de 1981). La Nación, p. 7.

[21] Timerman y Camps (18 de septiembre de 1981). Nueva Presencia, p. 7.

[22] La operación montada en 60 minutos tiene muchas aristas –las nociones que presentaron, los aspectos escénicos, los fallidos, los silencios, los actores citados para legitimar el discurso del represor–, que merecen un análisis profundo y que, por cuestión de espacio, no serán abordadas.

[23] Muchos de estos militares y policías fueron procesados, juzgados y condenados en el juicio oral de 1986 (Rama, 2023) y en los posteriores a 2006.

[24] Según lo afirmado por Camps en el libro, Bercovich se hallaba “demorado” por el “caso Graiver”.

[25] Otorgaron a Timerman el premio María Moors Cabot. Protestas de argentinos galardonados anteriormente (26 de octubre de 1981). La Nación, p. 1 y p. 3; Causó estupor un premio que se dio a Timerman en EE.UU (27 de octubre de 1981). La Prensa, p. 1 y p. 4.

[26] Indignación por un agravio al periodismo argentino (26 de octubre de 1981). La Voz del Interior, p. 5. BNMM.

[27] Otras protestas por la distinción a Timerman (27 de octubre de 1981). La Nación.

[30] Otorgaron a Timerman el premio María Moors Cabot. Protestas de argentinos galardonados anteriormente (26 de octubre de 1981), La Nación, p. 3.

[31] Otorgaron a Timerman el premio María Moors Cabot. Protestas de argentinos galardonados anteriormente (26 de octubre de 1981), La Nación, p. 3.

[33] Nuevas protestas por la distinción otorgada (28 de octubre de 1981). La Nación, p. 4; Entregaron a Timerman el premio Moors Cabot (28 de octubre de 1981). La Prensa, p. 4; Repruébase el premio a Timerman (29 de octubre de 1981). La Nación, p. 5; Más críticas por el premio a Timerman (20 de octubre de 1981). La Nación, p. 5; Nuevas expresiones de rechazo ante la distinción conferida a Timerman (30 de octubre de 1981). La Prensa, p. 5; Un premio a la indignidad (31 de octubre de 1981). La Prensa, p. 14.