La Asociación Nacional de Aborígenes (1920-1932). La primera organización supracomunitaria indígena tras la conquista militar de la Patagonia

The National Aboriginal Association (1920-1932). The first supra-communitarian indigenous organization after the military conquest of Patagonia.

A Associação Nacional de Aborígenes (1920-1932). Primeira organização supra-comunitária indígena após a conquista militar da Patagónia

Desde el sometimiento de las campañas militares de 1878-1885, la población originaria (mapuche-tehuelche) del norte de la Patagonia sufrió la reubicación forzosa, la desestructuración de las unidades sociopolíticas y familiares, el borramiento de la identidad de cientos de menores y la declamación de la extinción del mundo cultural y social indígena. A partir de este proceso genocida, la agencia de individuos y colectivos indígenas fue condicionada en el marco de la construcción de una nueva sociedad que se definía “sin indios”. En adelante, esto se constituyó en un condicionante de sus posibilidades de acceder a la tierra, como así también en un principio de estigmatización y diferenciación social. En este artículo se aborda una instancia particular de la agencia de esta población: la Asociación Nacional de Aborígenes. Esta organización se destacó por su autoreconocimiento como aborigen y por su estructura supracomunitaria, transterritorial y nacional. La Asociación militó en un período clave durante el cual definió una estrategia política que defendía al productor indígena, alentó procesos de comunalización y de articulación de la agencia de los pueblos originarios con otros actores políticos, tanto en el norte de la Patagonia como en el contexto nacional.

After the subjugation operated by the military campaigns of 1878-1885, the native population of northern Patagonia (Mapuche-tehuelche) suffered forced relocation, the breakdown of socio-political and family units, the erasure of the identity of hundreds of minors and the declamation of the extinction of the indigenous cultural and social world. From this genocidal process, the agency of indigenous individuals and collectives was conditioned within the framework of the construction of a new society that was defined as “without Indians”. From then on, this became a condition for their possibilities of accessing land, as well as a principle of stigmatization and social differentiation. This paper focuses in addressing a particular instance of the agency of this population: the National Aboriginal Association. This organization stood out for its self-recognition as aboriginal and for its supra-community, trans-territorial and national structure. The ANA was active in a key period defining a political strategy that defended the indigenous producer, encouraged processes of communalization and articulation of the agency of the original peoples with other political actors, both in northern Patagonia and in the national context.

Após a subjugação das campanhas militares de 1878-1885, a população original (Mapuche-Tehuelche) da Patagónia setentrional sofreu deslocações forçadas, a desestruturação das unidades sociopolíticas e familiares, o apagamento da identidade de centenas de menores e a declamação da extinção do mundo cultural e social indígena. Como resultado desse processo genocida, a agência dos indivíduos e coletivos indígenas foi condicionada no âmbito da construção de uma nova sociedade que se definia como "sem índios". A partir de então, este fato tornou-se um fator determinante nas suas possibilidades de acesso à terra, bem como um princípio de estigmatização e de diferenciação social. Este artigo analisa um caso particular de agência aborígene: a Asociación Nacional de Aborígenes (Associação Nacional de Aborígenes). Esta organização destacou-se pelo seu auto-reconhecimento como indígena e pela sua estrutura supracomunitária, transterritorial e nacional. A Associação esteve ativa num período chave durante o qual definiu uma estratégia política que defendeu o produtor indígena, encorajou processos de comunalização e a articulação da agência dos povos indígenas com outros actores políticos, tanto no norte da Patagónia como no contexto nacional.

La primera organización supracomunitaria indígena tras la conquista militar de la Patagonia

En 1917 una delegación de “caciques” mapuche-tehuelche viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el recientemente asumido presidente Hipólito Yrigoyen y gestionar la ocupación de tierras fiscales. El 4 de julio de 1917, en el salón de actos del diario La Argentina se constituyó la “Comisión Profomento de las Colonias Aborígenes en los Territorios Nacionales”. Presidió esa reunión Cayetano Mellao, de 98 años, y actuaron como secretarios Manuel Cotaro y José Colón. Otros integrantes de la Comisión fueron Pedro González, Julio Cotaro, José Mellao, José Luis Millaqueo, José y Mariano Limonau. En esa ocasión hubo representación de los territorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.^[1] Al finalizar el acto público, los miembros de dicha Comisión solicitaron y obtuvieron una audiencia con el presidente Yrigoyen:

El presidente de la República recibió ayer en audiencia a la delegación de caciques venidos del Sur, de la región inmediata a la cordillera en que viven, solicitan el título definitivo de las tierras que ocupan desde muchos años, y que ellos consideran más necesario ahora que el gobierno practica una investigación… Respondió el presidente a la delegación que el Gobierno se ocupará del asunto, dando a los indios todo lo que en justicia les correspondiera a fin de que pudieran continuar llevando la vida tranquila a que están entregados, labrando el porvenir del suelo patrio. Al retirarse el señor Irigoyen apoyó cariñosamente su mano derecha sobre el hombro del cacique más viejo, un robusto octogenario y el indio retribuyó la atención con toda ingenuidad de la misma manera.^[2]

La delegación indígena buscaba anunciarse en respuesta a la promocionada Inspección General de Tierras (IGT). De esta forma, el objetivo era aportar a la política gestada por la administración del primer presidente electo bajo la Ley 8871, para investigar y registrar cuál era la ocupación indígena efectiva de la tierra en la Patagonia. La IGT fue parte de la campaña electoral de Hipólito Yrigoyen, tenía el objetivo de relevar la situación dominial y de uso de las tierras patagónicas. Esta fue ejecutada por la Armada argentina a partir de 1919. Desde la perspectiva indígena, la IGT era, al mismo tiempo, una oportunidad y una amenaza a sus ocupaciones precarias de la posconquista, pues la gran mayoría no había recibido tierras ni de forma legal ni provisoria. ¿Cómo surge este proyecto político y cómo se desenvuelve en el tiempo? ¿Quiénes eran estos referentes indígenas de los territorios del sur? ¿Sobre qué bases políticas y trayectorias históricas sostuvieron la primera organización supra-comunitaria que se encuentra registrada en el Puelmapu ^[3] luego de la “Conquista del desierto”?

A menudo se ha tomado la inexistencia de un corpus legal definido y coherente en relación con el destino y las posibilidades de incorporación de los pueblos originarios luego de su sometimiento como prueba de la imposibilidad de hablar de una política de Estado hacia estos grupos, una vez concluidas las campañas militares de conquista. Aún más, se ha llegado a sostener que dicha ausencia fue consecuencia del despoblamiento y la desaparición de los pueblos indígenas por su limitado número, emigración y mestizaje con la población criolla.

Este artículo se construye en función de analizar un “archivo estallado” (Pérez, 2016). Esto es, la recopilación de un corpus que nos permita comprender la política indígena del período, atendiendo a su posición relacional de asimetría con las burocracias territorializadoras del Estado y a su competencia con los sectores mejor ponderados para negociar el ingreso y la permanencia en los territorios. De la búsqueda a contrapelo de las lógicas impuestas por la burocracia —que imprimen etiquetas, pero al mismo tiempo registran la persistencia indígena (Nacuzzi, 1998)— a través de los fondos documentales de tierras, policía y justicia, así como de la prensa, emerge la acción de la Asociación Nacional de Aborígenes (ANA). A partir de la reunión de sus diferentes actuaciones,^[4] proponemos caracterizarla, periodizarla e identificar sus luchas concretas y sus referentes políticos en defensa de la población indígena.

En las últimas décadas se han descripto historiográficamente trayectorias políticas y sociológicas que dieron cuerpo a la conformación del espacio social en norpatagonia. Estas expresan procesos complejos en los cuales se articularon, complementaron y superpusieron tanto medidas represivas como de incorporación del "otro" interno indígena. Siguiendo a Allen Feldman (1991), identificamos un espacio de contradicción en el cual el Estado construyó a los indígenas. Por un lado, como sector peligroso, como “foco infeccioso” sobre el cual se desplegó violencia —su aniquilación definitiva fue anunciada en reiteradas oportunidades— para garantizar el bien de la sociedad en general. Pero, por otro lado, intervino sobre la base de valores abstractos, enraizados en las concepciones de comunidad nacional y argentinización de los territorios, que lo legitimaban para ejercer su poder soberano. Por lo tanto, fue también este espacio de contradicción el que condicionó las formas de organización —ya sean familiares o políticas— y las prácticas de comunalización indígenas. El caso de la ANA ilustra estos procesos.

La incorporación forzada tras la llamada “Conquista del desierto” inscribió una nueva forma de relación en la cual los mapuches y tehuelches fueron sometidos como otros internos (Briones y Delrio, 2002). A partir de esta etapa, los indígenas fueron contemplados bajo un estatus particular de excepcionalidad respecto del resto de la población argentina, incluso de los habitantes de los por entonces denominados territorios nacionales. En este sentido, el Estado soberano se erigió como responsable de la contención de un sector identificado como intrínsecamente peligroso, aunque, al mismo tiempo, se encontraba obligado a “traer a la civilización” (según el mandato constitucional o, en el caso de la Patagonia, por la Ley 1532 de Territorios Nacionales).

Esto se materializó en distintas prácticas que conformaron un espacio social de contradicción en el cual fue posible la coexistencia de: “misiones religiosas”, “misiones estatales”, “colonias”, “reservas”, “propietarios”, “restos de tribus”, “tribus dispersas” y “focos infecciosos”. Así se manifestaba también la tensión entre el espacio de relaciones planteadas a nivel del Estado nacional, de los territorios nacionales (Navarro Floria, 2009), y de sus respectivas agencias (como lo fueron la Dirección de Territorios Nacionales, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y el Departamento de Trabajo del Ministerio del Interior; la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura; y la Jefatura de Policía del gobierno de cada territorio nacional).

A su vez, la Patagonia fue proyectada como un “desierto” a colonizar con una nueva sociedad, esto dio lugar a la conformación de una estructura profunda de “sociedad de colonos” (Moses, 2008) en la cual los nuevos ocupantes —blancos, inmigrantes europeos— contaron con beneficios y políticas de seguridad que los respaldaron (Pérez, 2016). Producto de esta ponderación social, los indígenas fueron relegados, discriminados y estigmatizados. Esto tuvo efectos concretos de largo plazo sobre la ocupación de las tierras, el acceso al mercado para comercializar bienes, la proletarización forzada y la precarización en la tenencia, ocupación y usos del territorio.

Desde el contexto genocida de la década de 1880 podemos identificar distintos tipos de representación política indígena de familias, pobladores de paraje y comunidades que se entrelazan, dialogan y tensionan con el proceso de surgimiento de la nueva forma de organización supracomunitaria que devino en la ANA. En esta construcción, encontramos históricamente dos tipos de procesos. Por un lado, las modalidades de reconocimiento desde arriba hacia abajo. Esto es, desde las autoridades estatales que, como práctica previa al sometimiento, venían atribuyendo jerarquías diferenciadas a quienes identificaban como caciques principales y secundarios (de Jong, 2016). Con el desarrollo de las campañas de conquista también se establecieron diferentes estatus entre caciques presentados y sometidos. Luego de la concentración, división y distribución de familias y grupos, se continuaron estableciendo distinciones y clasificaciones desde los diferentes agentes del Estado.

Se identificaba por entonces a “caciques principales” como Sayhueque y Namuncurá, que habían liderado la última resistencia, a la vez que se diferenciaba a otros como Nahuelpán o Curruhuinca por distintos motivos. En especial, el reconocimiento de argentinidad de estos dos fue un elemento clave para establecer antecedentes de soberanía nacional en los territorios del sur. Esto condujo en ambos casos a tratos diferenciales en la entrega de tierras (Delrio, 2005). Al mismo tiempo, estas posiciones sociales eran reconocidas por otras agencias, como la salesiana, que superponía los atributos jerárquicos, de civilidad y ciudadanía considerados por el Estado con los propios, por ejemplo, en cuanto a la pertenencia o no a la feligresía.

Por otra parte, se identifican las modalidades de construcción de la representación desde abajo hacia arriba, como la elección del lonko, representante, cabecilla de camaruco o la identificación de ciertas personas como ulmenche. En cada uno de estos casos las personas eran potencialmente identificables desde fuera del colectivo en términos de “caciques” (incluso “cacica”) y, en consecuencia, se contemplaba a sus grupos como “tribu” o “restos de tribu” (Delrio, 2005).

Esta génesis doble de la representación complejiza los diferentes tipos de casos en los cuales una persona determinada podía ser señalada como referente de un grupo. Estos procesos no terminaron con el contexto de la conquista militar, sino que, a través de su desarrollo, fueron adoptando nuevas características y continuaron su redefinición en las décadas posteriores.

Paralelamente, esto también es revelador sobre los modos en que los colectivos indígenas podían ser visualizados. En el contexto posconquista, principalmente, las tramitaciones por el reclamo de tierras para ser ocupadas familiar y comunitariamente estuvieron en el centro de estos procesos de delegación de la representación colectiva. Asimismo, estos representantes articularon entre sí diversas formas para impulsar o coordinar proyectos propios o estatales hacia las comunidades u otros colectivos indígenas.

También existieron simultáneamente diferentes tipos de mediadores no indígenas a quienes se les delegó poder de representación. Algunos fueron misioneros salesianos, científicos o empleados estatales —como sucedió, por ejemplo, con el naturalista y arqueólogo Clemente Onelli— u organizaciones políticas, como la Liga Patriótica Argentina (Pérez, 2021). Los primeros casos se dieron sobre todo después del sometimiento, y durante la década de 1920 se desplegaría un nuevo auge de esta estrategia a través, precisamente, del uso de dicha modalidad por parte de la ANA.

El proceso de radicación indígena luego de la concentración, deportación y redistribución de la conquista conllevó diferentes tipos de trayectorias grupales y de estatus jurídico-políticos en relación con el acceso a la tierra. Este proceso condicionó los distintos modos de construcción de la representación y los posibles tipos de organización sociopolítica que se conformaron luego del sometimiento.

Por un lado, ciertas familias accedieron de forma individual a la tierra en virtud de su participación como fuerzas auxiliares del ejército expedicionario. Algunos de los llamados “caciques principales” y sus familias lo hicieron a través de leyes especiales del Congreso, en reconocimiento a su subordinación o por haberse declarado como “argentinos” frente al conflicto por los límites binacionales (Briones y Delrio, 2002). Solo en pocas ocasiones se otorgaron tierras fiscales reservadas para establecer colonias. Las trayectorias de reconstrucción de cada grupo fueron disímiles (Salomón Tarquini, 2010). Por otro lado, la mayor parte de la población originaria quedó por fuera de estos tipos de reconocimiento, y pasaron a ser configurados como intrusos o pobladores con tenencia precaria de tierras fiscales, o fiscaleros.

En el primer caso, es frecuente que los colectivos permanecieran reconocidos a lo largo del tiempo como “tribu”, “restos de tribu” o “gente de” determinado cacique, o que adquirieran la denominación de “colonia” o “reserva”. En el segundo, dichos colectivos fueron frecuentemente desconocidos o directamente negados como tales, especialmente en relación con cómo se desarrollaron las formas de organización y presentación de demandas comunitarias (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2015)

En muchos casos, la población —tanto de los espacios definidos oficialmente como colonias o reservas y también de parajes fiscales— coordinó procesos de toma de decisión y llevó adelante acciones de reclamo. Los “caciques” como Ñancuche Nahuelquir, Nahuelpán, Saihueque o Antemil (entre otros) reconocidos por el Estado como cabezas de colonias o de reservas, a menudo convocaban o recibían solicitudes de ayuda de personas, familias y colectivos más allá de las propias comunidades en las que se reagrupaban. Estas, si bien eran frecuentes en la inmediata posconquista, no constituyeron prácticas continuas a lo largo del tiempo.

Luego de aquel acto en La Argentina, previo al encuentro con el presidente Yrigoyen, en el cual se presentó al cacique de mayor edad, Cayetano Mellao, como su presidente, observamos que en lo sucesivo esta línea organizacional fue conducida por otros referentes, ya no denominados como caciques. Un rol fundamental le correspondió a José Colón, quien en septiembre de 1918 aparecía como presidente. Colón se disponía a viajar al sur junto a dos ayudantes con el fin de confeccionar y remitir los censos (de familias, mejoras y capital), anticipándose a la mencionada iniciativa gubernamental de la IGT. Así lo comunicaba al Ministerio del Interior:

A pesar de los múltiples inconvenientes con que he tropezado como ser la falta de personal, de recursos y movilidades indispensables que requiere esta clase de trabajos en tan extensos Territorios como son los del Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, el resultado hasta la fecha es satisfactorio y espero lo será más para el mes de Diciembre próximo, fecha en que tendré el honor de elevar a VE un informe total de la situación individual moral y material de cada uno de los componentes que se hallan adheridos á la precitada Comisión, como también un estudio de un criterio general, basado en historia de la raza aborigen, desde su época remota hasta la fecha.^[5]

Como uno de los resultados de este trabajo encontramos una nómina parcial de indígenas “que patrocina el cacique Calixto Tapalquen”. En ella se nombraba a los jefes de cada familia (hombres en general y una mujer identificada como viuda), edad, nacionalidad (todos figuraban como argentinos), cantidad de hijos, puestos y animales (el tipo de ganado se diferenciaba entre mayor y menor, y sumaba unas 38 mil cabezas en total). En la planilla figuraba José Colón como representante general y Domingo Coñuel como secretario. En esa misma nota destacaban el objetivo de fondo del censo: “En esta forma podrá apreciar Excmo. Señor, que todo cuanto se ha dicho del agotamiento de mi raza, su estado parasitario, la insolvencia y falta de moral, es una viva mistificación, tal vez vertidas por personas interesadas”. ^[6]

El censo demostraba una importante riqueza del colectivo indígena, además de contradecir la “mistificación” sobre él. Esta presentación generó la reacción de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI), porque entendía que soslayaba su autoridad y reclamaba llevar adelante su tutela, al considerar que era el único órgano estatal competente en asuntos indígenas. No obstante, dicha Comisión no contaba con fondos ni representantes en la Patagonia. Así lo expresaba su presidente en diciembre de 1918:

no puede ni debe reconocer en el recurrente, gestor de interés pro-aborígenes desde que solo á ella [la CHRI] está encomendada la protección y civilización del indígena, misión que desempeña cumplidamente sin serle posible admitir extraños á su seno, pues ello seria absolutamente contrario a los considerandos del decreto institucional de la misma de fecha 21 de septiembre de 1916.… Esta comisión cree que VE debe desautorizar las gestiones del mismo, por cuanto no es admisible una dualidad mal practicada en pro del indígena cuya tutela es privativa de esta Comisión.^[7]

La CHRI agregaba que tenía malas referencias de José Colón, sin mencionar ninguna fuente. Su intervención generó un efecto —reiterado en las burocracias territorializadoras—, que fue la orden de archivar el expediente. Sin embargo, estasprimeras negativas no detuvieron el trabajo de la Comisión, que en julio de 1919 envió un telegrama al gobernador de Chubut con una salutación con motivo de la fiesta patria y para anticipar que se celebraría una asamblea de aborígenes en la Colonia 16 de Octubre:

Reunidos en asamblea general los aborígenes componentes de estas comarcas con representación de diversos territorios en este día de regocijo para nuestra Patria reciba VS cordiales salutaciones haciendo votos por el éxito de su gobierno y ventura personal saludamos a VS. José Colón. Representante General. José Ricardes comisionado.^[8]

La intención de organizarse y darse a conocer frente a las autoridades, comenzaba a tomar forma para visibilizar la organización indígena, su presencia y su plataforma. Se procuraba contener múltiples conflictos territoriales, y establecer relaciones y diálogo con instituciones estatales como la policía y los jueces de paz.

Como señalaba aquel telegrama, en julio de 1919, en la Colonia 16 de Octubre (Chubut) se realizó una reunión general de delegados por cada zona y se fundó la llamada Sociedad Indígena. Años más tarde, señalarían ese encuentro como el momento fundacional de la que luego sería llamada Asociación Nacional de Aborígenes. Pocos días después de esta asamblea, Eduardo Prane (reconocido lonko de la región) en su carácter de presidente y Félix Suárez como su secretario, enviaron también una salutación al gobernador: “En nombre asamblea extraordinaria realizada en esta con representación de diversos territorios motivo fundación Sociedad indígena reciba ud. y por su intermedio Sr. Gobernador Cordial Saludos. Saluda a ud. consideración más distinguida”.^[9]

Sin embargo, la actuación de la primera comisión, lejos de pasar desapercibida por las agencias estatales, fue considerada, analizada y vigilada. Así como el Ministerio del Interior, por medio de la CHRI, objetaba las nuevas formas de organización, también las autoridades gubernamentales de los territorios nacionales persiguieron y desautorizaron sus movimientos. La gobernación de Río Negro, en nota reservada, pasó en agosto de 1919 las instrucciones a su nuevo jefe de policía. Entre ellas se le solicitaba:

Informarse detalladamente qué gestiones son las que realizan en Ñorquinco, los señores José Colon y José M. Ricardes, titulándose representantes generales de la “Comisión pro-fomento de las colonias Aborígenes de los Territorios”, y hacer saber a las policías que el Gobierno Nacional no reconoce como legal a la Comisión que dicen representar dichos señores. Hacer conocer esta circunstancia de la policía y juzgados de Paz ante quienes no podrán hacer gestión alguna en tal carácter.^[10]

La organización indígena era inesperada y sospechada. Este tipo de iniciativas fueron investigadas por las policías de los territorios en busca de antecedentes de los indígenas firmantes, en una coyuntura fuertemente politizada, dado los rumores y temores existentes respecto al avance anarquista en la Patagonia. Sin embargo, ni Colón ni Ricardes formaban parte de la lucha anarquista. José Colón era un indígena que vivía y trabajaba en una parroquia en el barrio porteño de Villa Crespo. Mientras que José Ricardes era escribano, miembro de la comisión directiva del Tiro Federal de Zapala y un referente político de esa localidad neuquina.

Con todo, el primer objetivo de la Comisión se había alcanzado. Darse a conocer le permitió evitar que los indígenas fuesen excluidos de los relevamientos de la Inspección General de Tierras, o bien, que solo hubiesen sido incluidas las unidades reconocidas por el Estado en la figura de los caciques. Por otro lado, se consiguió que los pobladores fiscaleros fueran inspeccionados en tanto indígenas, pero, disputando los presupuestos del atavismo y el atraso indígena. Así, la maquinaria estatal territorializadora y diferenciadora generaba como efecto un proceso de agenciamiento, en el cual —con diferentes mediaciones— los mapuches y tehuelches buscaban diversas estrategias para constituirse en interlocutores frente al Estado y sus políticas particulares sobre las tierras patagónicas. En este sentido, la Comisión ejercitó diversas performances y discursos que conjugaban viejas y nuevas prácticas para visibilizar conflictos indígenas.

Más allá del desaire de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, de las sospechas generadas en las distintas oficinas estatales y de la persecución policial llevada a cabo sobre los representantes y delegados indígenas (y sus aliados), el proceso de organización continuó fortaleciéndose. En julio de 1920 se realizó en la ciudad de Buenos Aires un congreso de 22 delegados indígenas de la Patagonia que, según se anunciaba, representaban a “siete mil indígenas del sur”, presidido por José Colón. Entre los delegados, los salesianos que apoyaron el encuentro identificaron a:

Emilio Choaiman (delegado de la Colonia San Martín, Chubut), Mariano Ayalef (delegado de la misma colonia, el mismo tiene noventa años, recorrió en la nevada de a caballo más de mil kilómetros e hizo treinta y siete horas de viaje en tren para llegar al Congreso), Manuel Gonzales (de Ñorquinco, Río Negro), Francisco Cañumil (de Chenquenyeu), Felipe Collhuin (de Ñorquincó), Emilio Cañumil (de Chenquenyeu), José M. Padilla (da Anecon Chico, Río Negro), Juan Filipin (de Chacaicó), Pedro Cheuquel (de Mallín de los Caballos-Neuquén, de noventa años), Lorenzo Huentecol (de Tres Lagunas-Zapala), Justo Colón (de Chubut), Tomas Payalef (da Sañicó-Neuquén), Martín Morales (trompetista de la caravana de Saizicó), Segundo Epuilan (de Sanicó-Neuquén), Francisco Quipildor (de Abrapampa Jujuy), Juan Méndez, Juan de Dios Martín (da Anecon Chico), Luis Millan y José Colon.^[11]

Según la descripción del Bolettino Salesiano, los delegados habían llegado a la capital tras recorrer miles de kilómetros a caballo hasta Zapala, y otros tantos en tren para la última parte del trayecto.

Fuente: Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 13.

Nota: 1-José Colón. 2-Pedro Agustín Chenquel. 3-José María Ricardes jefe de zona y escribano. Fotografía tomada en Zapala.

Del 9 al 22 de julio los indígenas, ya en la capital, hicieron manifestaciones y defendieron sus derechos “acompañados por una multitud”. Fueron recibidos en audiencia por el ministro de Agricultura y por el presidente Yrigoyen. El 13 de julio, bajo una tormenta de nieve en Buenos Aires, se votó en el congreso la declaración del “Día del Aborigen”.

A continuación de este evento, que repercutió en la prensa y la sociedad porteña, en agosto de 1920 se fundó la Asociación Nacional del Aborigen. Su director general fue el mencionado José Colón. La ANA fue una organización mixta formada por indígenas y no indígenas —particularmente en los primeros años—, con sede central en la Capital Federal, y con base territorial en los territorios nacionales de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

Existen discrepancias en torno a cuál es el momento y el acto fundador de la ANA. En efecto, la duda queda planteada por la editorial de la revista El aborigen^[12] que una década más tarde referiría a sus orígenes incluyendo tanto al proceso de conformación de la Comisión Profomento como a aquella asamblea realizada en la Colonia 16 de Octubre en julio de 1919 (que dio origen a la llamada entonces “Sociedad Indígena”). En todo caso, el aspecto que reafirmaba el relato de El aborigen es una voluntad por vincular estos eventos y procesos dentro de un hilo común que habría llevado a la conformación de la ANA.

Desde su inicio, una de las estrategias básicas de la ANA consistía en presentarse como interlocutora con los gobiernos de los territorios. De esta forma se dirigieron, por ejemplo, al gobernador del Chubut Orestes Franzoni con el fin de solicitarle audiencia para sus comisionados y presentar su organización territorial:

esta Asociación, cuenta actualmente con tres zonas organizadas en el Territorio del Chubut, y son: Colonia Gral. San Martín, a cargo del Jefe de la zona, Segundo Ayelef; Zona de Laniyeu, Jefe Emilio S. Cheaiman, zona boquete de Nahuelpán, Martín Cañumil Nahuelpán en cuyas zonas suman más de trecientos socios, donde hallarán los Funcionarios Públicos, la mejor acogida que les fuera posible.^[13]

La ANA tuvo una intensa actividad: visibilizó denuncias, organizó reclamos e interpeló a las autoridades durante toda la década de 1920; aunque estas intentaron en varias ocasiones desconocer su autoridad y representatividad. Casi anualmente enviaba salutaciones, presentaba a sus miembros o dirigía algún tipo de carta de cordialidad hacia las autoridades de las gobernaciones.

Un ejemplo de esto fue el intercambio producido en 1925 entre la Dirección General de Tierras de Chubut, a cargo de Adolfo Raffo, y el gobernador Manuel Costa. El pedido concreto era respecto de la personería jurídica de la ANA y sobre la que pudiera tener José Colón para representar aborígenes. La respuesta, como era habitual, fue que no se tenía conocimiento oficial de este organismo.^[14]

Como estrategia discursiva, la ANA invocaba un lenguaje nacionalizador y épico cuando se presentaba ante las autoridades y exponía públicamente su lucha. Un instrumento clave fue la publicación de El aborigen, “Revista literaria, agrícola, comercial, ganadera e industrial. Defensora de los intereses de la Asociación Nacional de Aborígenes”. La revista estaba dirigida por José Colón y su primer número se editó en abril de 1927 en Buenos Aires. Desde esta publicación se presentaba una línea argumentativa central que reivindicaba una autoadscripción indígena, a la vez que inscribía su pertenencia en la historia nacional argentina:

la Asociación Nacional del Aborigen cuyos componentes son los restos de la raza primitiva de este gran suelo Patrio… Nuestra entidad tiene por lema “Civilización y Progreso” para la raza autóctona aquellos que también contribuyeron con sus grano de arena en la emancipación nacional sirviendo de quien en la cruzada de los Andes donde más tarde las armas libertadoras se cubrieron de gloria en los campos de Maipú y Chacabuco bajo la espada legendaria del Capitán de América José de San Martín y por eso estará siempre al lado de los hombres de pensamiento y de acción.^[15]

Este discurso sería utilizado también por los referentes de las comunidades. Así, en el caso de los Antemil, quienes recibieron tierras en la segunda presidencia de Julio A. Roca tras el laudo arbitral que dirimió el conflicto internacional con Chile, y que siempre se presentaban como la “tribu del cacique Antemil” (o del excacique, tras su fallecimiento). Sin embargo, con la incorporación de la comunidad dentro de la ANA notamos un cambio en la estrategia discursiva utilizada por Manuel Cotaro, referente de la gente de este grupo (de la zona sur del río Limay, en Arroyo Blanco) y miembro fundador de la ANA.

Manuel se presentaba por entonces como representante de una comunidad. Ya no se hacía referencia al cacique o la tribu excepto cuando se mencionaba específicamente al fallecido Antemil. Además, distinguía la pertenencia inmemorial a las tierras argentinas y su capacidad para la defensa de estas:

Sin embargo no se duda en esta si se estudia una narración directa de los aborígenes quienes tienen a disposición sus vidas en defensa de nuestra Patria, la prueba principal que jamas abandonaremos nuestras tierras, nunca fuimos estranjeros. Solo esperando de un instante al otro, la voz de alerta de SS Ministro de Guerra proponiendo urjencia de Guerra.^[16]

Manuel Cotaro destacaba en esta nota su pertenencia “aborigen”, la defensa a la patria y que nunca fueron extranjeros.^[17] Más allá de la estrategia discursiva de inclusión y pertenencia a un colectivo que los excluía y estigmatizaba, la ANA era invocada por los indígenas frente a los inspectores para darle entidad a algunos grupos de familias que no necesariamente estaban vinculados a la figura de un cacique. En 1926, el por entonces inspector, Emilio Frey,^[18] se trasladó hasta Chacayhuarruca en Río Negro para explorar la zona en donde existían conflictos entre vecinos. Las tierras en cuestión eran solicitadas por José Reuque y miembros de su familia; sin embargo, señalaba:

Además, existen dentro de las mismas fracciones que gestiona en arrendamiento Don José Reuque los pobladores que a continuación se mencionan y que no están comprendidos en la solicitud del Señor Reuque, la mayoría de ellos patrocinado por la Sociedad de Aborígenes: Felipe Collihuin, Agustin Domingo, Romualdo Quiñenao, Felipe Quiñenao, Avelino Ñanco, Carlos Melillanca, Goroso Gimenez, Nicasio Gómez y Olegario Painepil.^[19]

Uno de los objetivos de la IGT (1919-1922) fue normalizar el pago de impuestos de los ocupantes de las tierras patagónicas. Esto imprimía una presión adicional sobre los ocupantes considerados como “intrusos”, quienes raramente contaban con dinero. Además, había conflictos por las tierras entre los propios indígenas que apuntaban al reconocimiento oficial de sus ocupaciones.

En este contexto, la ANA comenzó una campaña relacionada con la excepción del pago de pastaje para los indígenas que mitigaba las diferencias entre ellos y los reunía en una causa común. En ese mismo momento, el inspector Frey consignaba:

Pastaje: La mayoría de los pobladores radicados en Chacayhuarruca han satisfecho el servicio de pastaje hasta el año 1920, no habiendo pagado más adelante por estar pendiente de una Resolución de la Dirección General, las gestiones iniciadas por los mismos en los expedientes números 95-c-1925 y 8026-R-1926 que elevo por separado. De querer cobrarse ahora el servicio de pastaje por los años atrasados, estos pobladores se verían imposibilitados de poder arrendar en la forma aconsejada.^[20]

Frey planteaba ante la Inspección General de Tierras un problema muy común para los pobladores más pobres, que era la obligación del pago retroactivo de los pastajes anuales. Existía una contradicción para los “intrusos”, porque, si no solicitaban las tierras, no tenían derechos sobre ellas. Sin embargo, al peticionarlas se veían compelidos al pago del pastaje de manera retroactiva. Esta situación generaba, por un lado, el endeudamiento y la imposibilidad de que muchos pobladores indígenas pudieran solicitar las tierras, ya que al hacerlo, se sumaban los años desde su primera ocupación.

En este caso, Frey recomendaba que se accediera a la excepción del pastaje por esos años, argumentó los malos momentos económicos y las pérdidas sufridas por las crisis climáticas de inviernos nevadores, que habían matado muchos animales—. Pero, esta medida no era una facilidad que ofrecieran los inspectores cuyo fin era recaudar o desestimar pobladores “no aptos para contratar con el estado”.^[21] En este sentido, la excepción del pago de pastaje se convertía en un eje fundamental para aquellos que habían solicitado o solicitaban las tierras por primera vez, a pesar de estar trabajándolas desde décadas atrás. Por esto, la ANA llevó adelante una importante movilización en favor de la excepción del pago del canon de pastaje, que se registró en diferentes lugares de los territorios (Argeri, 2005).

No obstante, la ANA no era la única organización que se postulaba en representación o para acompañar demandas de pobladores fiscales en esta situación. En 1920, la emblemática revista Caras y Caretas registraba el surgimiento de una segunda organización indígena: La Liga de Mapu-che, que reunía a los “descendientes de los caciques de la raza araucana” y tenía por objeto amparar a “todos los aborígenes de los territorios nacionales” (véase Imagen 3).^[22]

Fuente: Representación Aborigen (4 de septiembre de 1920). Caras y Caretas, n.° 1144, p. 14.

El desempeño de esta segunda organización nos resulta aún esquivo en los archivos consultados. Por lo pronto, encontramos en otro expediente del Ministerio de Agricultura una demanda de 1928 por la excepción del pago de pastajes para pobladores del paraje Neneu-Ruca de Río Negro auspiciado por la Liga Mapu-Che.^[23] Este caso también llegaría finalmente a las manos de Emilio Frey y no obtendría respuestas inmediatas hasta que el marco legal no fuese modificado por decreto del 18 de febrero de 1936.

La Liga Mapu-Che estaba presidida por Santiago Nahuelfilo Maldes, acompañado por Antonio Coliqueo como secretario. Contaba con papeles membretados con el nombre de la entidad y como perteneciente a la Federación Nacional de Aborígenes, Junta Central de Buenos Aires. En otro documento del 22 de junio de 1922, no obstante, los roles de Nahuelfilo y Coliqueo figuran invertidos. Se trata de una nota con la que ambos acompañan el obsequio de un "poncho pampa" a Juan Domínguez,^[24] quien había inaugurado una sección de objetos etnográficos en el Instituto de Botánica y Farmacología. En 1932, Domínguez asumiría como presidente de la CHRI, en un cambio estratégico de dicha Comisión. Hasta el momento no tenemos registrada otra documentación referida a las tareas y representación de pobladores de esta Liga, que contaba con una sede en la calle Serrano 2135 de la ciudad de Buenos Aires.

La ANA se constituía no solo como supracomunitaria o patagónica, sino como una organización que representaba a los pueblos indígenas del territorio argentino en su conjunto. Su origen era relatado en su propia revista como la consecuencia o “reacción de un estado anormal porque pasan muchos pueblos y colectividades”. Se afirmaba que “había llegado un momento en que a los nativos no se les consideraba como seres humanos, colocándolos al margen de tal desprestigio que eran hasta antropófagos!”^[25]

No bastaron los efectos de la llamada “Conquista de las 15 mil leguas” o sea la famosa expedición al desierto!!... el despojo, la expoliación y las tropelías de todo género. Por otra parte, la mansalva de asesinatos de familias enteras en el Chaco y para peor hechos cometidos por las tropas de nuestro ejército, por orden del Capitán Avalo y para deshonra del mismo ejército. A individuo responsable de tantas almas tan sólo se le castigó con… “darlo de baja” de las filas!!^[26]

Este era el motivo aducido que habría conducido a la creación de la ANA como una “institución puramente nativa, defensora de los intereses del indígena y que hoy representa una autoridad en la materia”, la que se autoidentificaba como “el genuino baluarte de una raza que se va, pero que levanta aún su estandarte de redención en nombre de la justicia y la civilización.”^[27]

La exposición pública, con su repercusión en la prensa, el protocolo de saludos y reconocimientos a las autoridades del territorio, el giro discursivo que los inscribía como raza indígena en un proceso de civilización y progreso —evitando la diferenciación habitual que se hacía con los indígenas en términos de inferioridad— y, finalmente, la confluencia en un objetivo común, delineaban la forma de hacer política de la ANA. En este sentido, esta Asociación nucleó a sectores indígenas invisibilizados por las políticas estatales y constituyó una nueva forma de representación indígena que abrió un espacio político y social en relación con las prácticas estatales de marcación de una excepcionalidad normalizante. Si bien el Estado desde la Conquista del desierto en adelante incorporó a los indígenas en tanto excepción dentro de un estado de derecho (Pérez, 2013), esta excepcionalidad es una construcción intrínsecamente histórica y, como tal, disputada desde la agencia indígena.

Cabe destacar que, en gran medida, la ANA reunió una mayoría de aborígenes —neutralizando autoadscripciones— que no pertenecían a una reserva o colonia, por ende, estos no eran reconocidos como parte o resto de una ‘tribu” en tanto formas de organización reconocibles para el Estado. La Asociación congregaba principalmente indígenas identificados con sus parajes de pertenencia de forma individual, familiar o colectiva. También a aquellos que entendían que la pertenencia a “una tribu” —como la gente de Antemil— no era garantía suficiente para permanecer en las tierras. Así, constituyó un modo de obtener algún tipo de reconocimiento colectivo más allá de la mirada estatal, que históricamente había intentado circunscribir y normalizar los pueblos indígenas en términos de la díada cacique-tribu (Delrio, 2005).

Si bien la ANA se proponía como representante de todas las razas indígenas —sin pormenorizar identificaciones— su alcance fue mayormente en la región patagónica y cordillerana. También, se hicieron gestiones para tramitar reclamos y exponer la situación de comunidades y de indígenas del norte del país.

La prensa era una de las formas de disputar construcciones sobre los territorios, hacer política y establecer lazos, tanto hacia adentro del territorio como en relación con el poder centralizado en Buenos Aires (Prislei, 2001). La publicación de El aborigen fue un instrumento clave para definir la propuesta y el estilo político de la ANA. La revista apareció por primera vez cuando la Asociación ya contaba con nueve años de existencia. Se dirigía “al pueblo en general y en particular a los directos descendientes de la raza”. Ofrecía sus páginas “a todos los habitantes de la República que quieran contribuir” aportando datos fidedignos de la “vida evolutiva de los lejanos y pintorescos confines del país en los que hay factores principales de nuestra riqueza nacional que han permanecido hasta hoy, si se quiere, desconocidos a la inmensa mayoría de los habitantes”. En su presentación se mencionaba que era el órgano de difusión y visibilización de la ANA, “entidad defensora de un buen contingente de asociados diseminados en el lejano sur de la Patagonia” y que “ha pasado desapercibida para una parte del público”. Por lo tanto, se dirigía al pueblo en su conjunto como así también a los “componentes de todas las razas, dignos contrincantes ayer y excelentes y buenos amigos hoy”.^[28]

Las estrategias políticas de la ANA no iban por fuera o en contra de las prácticas territorializadoras del Estado, por lo menos no explícitamente. No reclamaba posesiones colectivas, ni formas particulares de organización de la tierra. Por el contrario, en las páginas de El aborigen se apuntaba a constituir a los indígenas en tanto pequeños productores, y solían aparecer fotos o referencias favorables a la colonización, por ejemplo, del caso de Santa Fe.^[29] Se procuraba equiparar a los indígenas con el resto de los colonos que poblaban la Patagonia y el resto del país. Ya que, se argumentaba, eran a quienes se había dirigido el espíritu de las leyes de colonización. La propuesta apuntó a revertir la línea imaginaria que desde la llamada Conquista del desierto había establecido un umbral de pertenencia entre el colono “deseado” y el indio como amenaza. Por lo tanto, la ANA cuestionaba ese umbral desde estrategias que no necesariamente se oponían al Estado.

En este mismo sentido, la adjetivación de lo nacional al interior de la Asociación respondía a una construcción identitaria de lo aborigen en el contexto de la Argentina. La identidad indígena aparecía en el marco de la identidad nacional, tanto en las manifestaciones de la ANA como de sus asociados —según lo remarcaba Manuel Cotaro—.

El reconocimiento al poblador indígena era un elemento fundamental. Al punto que, desde El aborigen, se enfrentaba públicamente a otros medios de prensa que hablaban de “los indígenas como criollos y desconociendo su diversidad y la de sus costumbres”.^[30] Al tiempo que se sostenía la diferenciación entre indígenas y criollos, se señalaba que debían contrarrestarse los estereotipos construidos sobre los indígenas. La revista llevaba adelante esta tarea identificando cada manifestación pública que operaba en esa dirección en el conjunto social.

Así, se denunció a comerciantes sin escrúpulos que lucraban con la ignorancia de la sociedad en general respecto a las culturas indígenas, vendiendo cualquier yuyo —como “yerba de la madre”, “te del tehuelche”, “café araucano” o “barba de tribu”— con supuestas propiedades curativas. En el artículo titulado “Herboristería indiana”, se aseveraba:

Desde hace muchos años la buena fe del público, especialmente del público que padece alguna enfermedad, viene siendo sorprendida por titulados aborígenes que se dedican, con éxito, a la venta de ciertos yuyos, cuyas virtudes terapéuticas dejan lugar a dudas… No entramos a discutir regímenes curativos de ninguna clase, todos son buenos cuando curan; lo que discutimos es el origen de tanto pasto que se anda vendiendo en paquetes atribuyéndosele procedencia aborigen… se han infiltrado naturalistas de ocasión e indios de juguetería que confunden las hortalizas del Mercado Abasto con las yerbas curativas que tienen nuestros ricos territorios”^[31]

Al mismo tiempo, reafirmaba la riqueza de las yerbas curativas que existían en los territorios y que llegaban a la gran ciudad distorsionadas por los intereses lucrativos. En otro artículo, titulado “Indios de Carnaval”, se criticaba la vieja y fea costumbre de ridiculizar al nativo: “el hecho de ‘disfrazarse’ de ‘indio’ es una aberración como aquella de ciertos extranjeros que se ‘equipan’ de paisanos criollos, sin haber viajado hasta Lomas de Zamora siquiera”. En efecto, la ridiculización de los indígenas aparecía de forma reiterada como un problema al que la revista confrontaba. Se afirmaba:

Nos vamos a ver en la necesidad de pedir auxilio a la fuerza pública para llamar a sosiego a ciertos comerciantes que, en el afán de sacar el mayor lucro a la ignorancia del pueblo respecto a costumbres aborígenes, inventan amuletos, presentan tipos de indios con la cabeza rodeada de plumas de loro o cuando no la efigie de un nativo de nuestras regiones, pero… peinado con gomina.^[32]

Pero también se incluía en la crítica a los sectores docentes y al sistema educativo en su conjunto, que no mostraba ninguna preocupación por transmitir conocimiento, sino solo supuestos discriminadores y falsedades sobre la historia y los pueblos indígenas:

Nuestros educadores, al parecer, dedican poco interés a su función didáctica concretándose a inculcar al colegial aquello que el texto de la lectura índica sin preocuparse mayormente de la verdad histórica de los hechos. Tal acontece en lo que respecta a nuestros primitivos pobladores. Y los estudiantes terminan concluyendo que los indígenas son reacios al buen vivir, hasta antropófagos.^[33]

La crítica social se observa en el artículo “Indio Bravo. De vuelta a las tolderías” escrito por J. G. de la Peña, en el cual se afirmaba que muchos jóvenes que llegan a la ciudad volvían al campo desilusionados ya que confirmaban allí que “la civilización es el más refinado y bárbaro salvajismo”.^[34] De formas sutiles, la ANA deslizaba críticas hacia la sociedad moderna que constreñía sus modos de vida. De esta manera, desarmaba los espacios de contradicción contra los que se recortaba el estereotipo del indio y el desierto.

Parte importante de la estrategia política de la ANA fue la articulación con diferentes actores y sectores de la sociedad. En este sentido, se destacaron las figuras de los miembros honorarios que se presentaba en las páginas de El aborigen. Entre ellos encontramos a Mauricio Braun, a quien se lo destacaba por formar “parte de esa falange de hombres de labor e iniciativa, que hicieron propia la tierra nativa y bregaron por su progreso”.^[35] Este era miembro honorario de la “Asociación Nacional de Aborígenes” a cuya existencia contribuye eficaz y patrióticamente”. Asimismo, se mencionaron a otros colaboradores como: Antonio Sagarna —ministro de Justicia e Instrucción Pública a quien se lo presentaba como brillante intelectual y colaborador—,^[36] Eduardo Holmberg, Alfredo Palacios, Félix Outes, Carlos Molina Massey, Martiniano Leguizamón, Salvador Debenedetti, Juan Carlos Amadeo y Claudio Molina.

Algunos de estos colaboradores eran grandes referentes del mundo académico, como Félix Outes, Juan B. Ambrosetti —quien publicó en la revista cuatro pictografías de la región Calchaquí—^[37] y del etnógrafo alemán Roberto Lehmann-Nitsche. Por su parte, Carlos Molina Massey publicó La cultura aborigen, en la nota comparó a las culturas indígenas de América con las europeas y destacó su supervivencia cultural milenaria.

Entre los personajes renombrados a los que se hacía mención, figuraba el difunto exgobernador del Chubut y presidente de la Sociedad Rural de dicho territorio, Manuel Costa. Se publicaron fotos en las cuales se lo veía junto a José Colón. También señalaron que había actuado con eficacia y decisión en las campañas nacionalistas realizadas por la Liga Patriótica Argentina.^[38]

La revista además informaba acerca de las actividades de los miembros de la ANA. Tal es el caso de la reunión de José Colón, como representante de la Asociación, con el recientemente asumido embajador de México y con el de Brasil. A este último, José de Paula Rodríguez Alvez, lo visitó en calidad de presidente de la “Asociación Nacional de Aborígenes”, acompañado de las hijas de los “célebres caciques de la Pampa, Coliqueo, Piseñ y algunos nietos de éstos”.^[39]

Por último, la transversalidad también aplicaba a los vínculos que la revista establecía con periódicos como La Prensa, La Argentina, El Telégrafo, La Gaceta Árabe, Argentinisches Tageblatt y Courrier del Plata. Por una parte, las publicidades de la revista correspondían a empresas importantes y muy variadas, entre ellas encontramos: Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia; casa comercial Lahusen, Banco de la Nación Argentina, Banco Germánico de América del Sud, Banco Español del Río de la Plata, Banco Alemán Transatlántico, Compañía Ganadera Industrial y Financiera de Bartolomé Ginocchio e hijos y Ferrocarril del Sud. Algunas de estas firmas colaboraban directamente con la ANA, tal fue el caso de Fernando Guerrico, presidente del directorio local del Ferrocarril del Sud, quien habría colaborado con pasajes gratuitos para sus integrantes. Por otra parte, sabemos que algunas de estas empresas sostenían apropiaciones de tierras que afectaban directamente a los intereses indígenas, como los Lahusen contra los Saihueque (Pérez, 2021).

La revista también informaba respecto a la situación de los pueblos indígenas en otros países. De esta manera, difundía debates contemporáneos que en Argentina no eran habituales. Entre ellos, se recuperaba la experiencia canadiense del Patronato de Indios y del Departamento de Indian Affairs:

Insertamos en este número un importante estudio sobre la organización del “Indian Affairs” del estado de Canadá, enviado por nuestro activo corresponsal. Este estudio por su minuciosidad y la importancia del tema que trata, deseamos darlo a conocer a nuestros lectores, por tratarse de uno de los problemas más fundamentales a que se abocará nuestro órgano, que es por la reivindicación moral, material e intelectual de la raza nativa de los continentes y por otra parte sería un ejemplo de que esas organizaciones exteriores, pudieran ser una utilidad para nuestros aborígenes. Beneficiados de esa manera las numerosas familias que constituyen los restos de los primitivos habitantes del país, entrarían de una manera eficaz al concierto de la nacionalidad.^[40]

El aborigen exponía las formas en que otros países pensaban el vínculo entre pueblos preexistentes y la definición de la nacionalidad. En cierta forma, participaban de una mentada asimilación, pero resguardaban los intereses específicos de los aborígenes. Una pregunta aún por explorar está ligada a las relaciones establecidas con el movimiento social mapuche en Chile y sus organizaciones supracomunitarias, como la Sociedad Caupolicán formada en 1910 y la Federación Araucana creada en 1916.^[41] Son notorias las similitudes de sus propuestas y modalidades de organización.^[42]

En relación con la primera, se compartía un enfrentamiento a las formas de violencia que la población indígena atravesaba en un contexto de despojo, así como la búsqueda de una relación con el Estado y los medios de comunicación mediante el uso de los instrumentos de la sociedad hegemónica. No obstante, la dirigencia de la ANA no se presentaba como continuidad de una línea de descendencia de los lonkos del siglo XIX, como hacía la Sociedad Caupolican en Chile y también parecería hacerlo la Liga Mapu-Che en Argentina. Tampoco rechazaba su autoridad y significancia, sino que proponía una nueva forma de representación y de liderazgo, en la cual mantendría protocolos mapuches para sostener espacios de autonomía. Por esto, una hipótesis la colocaría en la línea de La Federación Araucana. Es precisamente por esto último que confrontaría con la CHRI y con otros actores políticos que no estaban dispuestos a abandonar la tutela de los indígenas, y que negaban u operaban en contra de las nuevas formas de la organización supracomunitaria indígena.

Desde las páginas de El aborigen, la ANA desplegaba y redefinía su estrategia de construcción de la representación desde abajo y procuraba la interlocución con los gobiernos y otros sectores de poder. No se reclamaba la continuidad de un reconocimiento estatal al liderazgo tradicional, sino a los valores ancestrales de las culturas indígenas que la Asociación proclamaba defender, desde el aporte que estas hacían a los principios de la civilización y el progreso. Un elemento central fue la redefinición del rol de los mediadores no-indígenas convertidos en miembros honorarios reconocidos en su revista. Se trataba de un grupo selecto de personalidades influyentes de la sociedad nacional, en el cual se destacaron empresarios, políticos y científicos renombrados. El aporte de estas personas, incluso en la redacción de sus artículos, procuraba sustentar la pelea llevada desde la ANA para redefinir lo indígena dentro de la sociedad nacional y distinguir una forma particular de hacer política entre los indígenas.

La crisis internacional de la década de 1930 afectó notablemente a los territorios nacionales del sur. La depreciación de la lana llevó al agotamiento del crédito. La cosecha de 1931 no se pudo vender ni al 80% de su costo de producción. La garantía de la prenda agraria había llegado al punto de saturación porque casi la totalidad del stock de hacienda se encontraba gravado (Fisch, 1932). Estos elementos señalan las dimensiones de la crisis tanto para los pequeños productores como para los acreedores, vinculados en un tipo de relación que venía marcando la progresiva expropiación de las tierras de los primeros.

El debate a nivel nacional cruzaba denuncias entre los latifundistas, como los Braun Menéndez, quienes sostenían que la razón principal de la crisis era producida por el Estado al controlar y repartir arbitrariamente las tierras. Mientras que, para mediados de los años treinta, se fortalecía una denuncia nacionalista contra el monopolio y la concentración de las tierras patagónicas. Dentro de este debate, la cuestión indígena también era evocada para explicar las dificultades de la modernización de la Patagonia. Una vez más, y convenientemente, los indígenas serían interpretados como el factor de retraso. Desde el gobierno se postularon en consecuencia viejas ideas de tutela de los indígenas a través de colonias, como lo había planteado la CHRI:

El país se hubiera evitado así el espectáculo ingrato que aun ofrecen esas delegaciones de indígenas que, en representación de los grupos dispersos de hombres de su misma raza, peregrinan y recurren de tiempo en tiempo en demanda de amparo de los poderes nacionales. (Sarobe, 1935, p. 384)

Dentro de este contexto de crisis, el espacio de contradicción se tensionó aún más. Por un lado, hacia 1930 se desplegaron razias policiales en distintos parajes, identificando como “focos infecciosos” o posibles malones a la ocupación ambulante y precaria del territorio. Estas redadas se dieron en respuesta a las denuncias de los “vecinos”: estancieros, comerciantes y gerentes de las compañías de tierras. Se plantearon entonces intervenciones violentas, sorpresivas y rápidas que produjeran el disciplinamiento bajo la forma de trabajo forzado en estancias o el destierro.

Por su parte, en 1932 el cambio de gobierno renovó la gestión dentro de la CHRI. Tras la “renuncia” de todos sus miembros y el nombramiento de Juan Domínguez como presidente, buscaba imprimir una línea diferente a la de sus comisiones predecesoras. Hasta ese momento, la CHRI no tuvo intervención en los territorios nacionales del sur, aunque sí injerencias puntuales, tales como: solicitar información a diferentes dependencias de gobierno para dar respuesta a diversos tipos de reclamos, y colaborar con los viajes de distintos caciques y delegaciones que se trasladaban a Buenos Aires a presentar sus problemas e inquietudes.

Ese año, la CHRI señalaba el vacío de información oficial respecto a la población indígena de la Patagonia —considerada como ganadera y trabajadora—, en relación con aquella disponible para los territorios nacionales del norte argentino —a la que se recluía para su civilización e incorporación como fuerza de trabajo—. Con el objeto de "conocer con exactitud el estado actual de las tribus indígenas que habitaban los territorios del sur", se enviaron dos comisiones integradas por "indígenas puros” —denominados así en ese entonces—. Estas personas debían recorrer todas las comunidades rurales para informar la cantidad y las condiciones que presentaban, llevando como principal objetivo "inculcarles que las autoridades nacionales tienen el propósito de protegerlos y colocarlos en condiciones de no ser perjudicados por nadie”.^[43] El propósito de las comisiones era establecer una relación directa entre los aborígenes y el gobierno nacional, y difundir las políticas gubernamentales destinadas a las comunidades de la Patagonia. Los “indios puros” comisionados fueron Ignacio Toro, Alejandro Paillalef, José Colón y Juanico Cumilaf, todos se definían “aborígenes mapuches”.

Según la reconstrucción que desarrollamos hasta el presente, tanto los integrantes de estas comisiones como una cantidad considerable de referentes que debían ser visitados en los recorridos establecidos para el relevamiento, eran miembros de la ANA (véase el mapa). Estratégicamente, las rutas trazadas para el relevamiento de 1932 eran, en gran medida, la base territorial de la ANA.

Al año siguiente, en las memorias del Ministerio, la CHRI publicó los resultados de las comisiones. De esta forma sabemos que:

Una comisión, Ignacio Toro y Alejandro Payllalef, inspeccionó el centro y sud del Neuquén, constatando la existencia de 560 familias con un total de 3.997 habitantes. De estas familias había 119 sin recursos de vida, a las que se les remitió: 15.000 kilos de trigo; 17.000 kilos de harina y 2.500 kilos de yerba.

La otra comisión, José Colón y Juanico Cumilaf, recorrió la zona central de Río Negro, censando 398 familias con un total de 1954 habitantes. Familias sin recursos 317, se les mandó: 21.000 kilos de trigo; 24.500 kilos de harina; y 3.500 kilos de yerba. Siendo el total de víveres remitidos para 436 familias: 36.000 kilos de trigo; 41.500 kilos de harina y 6.000 kilos de yerba cuyo importe fue de $ 6.210 m/n, que agregado a lo gastado por las comisiones y reparto de víveres pesos 2.250 m/n., forman un total invertido de $ 8.460 moneda nacional.^[45]

El recorrido de los delegados y de los referentes que figuraban mencionados para cada punto, estaba vinculado entre sí a través de la figura de José Colón. El primer referente al cual se condujo a los delegados en Neuquén fue precisamente José Ricardes, histórico colaborador de la ANA, con quien en 1918 Colón presentó el relevamiento del cacique Calixto Tapalquen (ver supra). Los referentes, “caciques” y otros “representantes” que aparecían en el recorrido o en los parajes mencionados, coincidían en su mayoría con aquellos que fueron delegados en la movilización de 1920, evento que condujo oportunamente a la fundación de la ANA.

Los delegados debían canalizar hacia arriba demandas y reivindicaciones indígenas, también ser artífices en la implementación de políticas paternalistas de acompañamiento de las necesidades inmediatas de los indígenas. En este sentido, eran mediadores del asistencialismo estatal (en plena expansión desde 1932) que reafirmaba numerosos supuestos del Estado, principalmente la asociación indio-pobre. Así, en la zona de nuestro trabajo de campo, en la región precordillerana de Río Negro se recuerda:

Paulino Prafil, era delegado, bah, siempre de ahí, de la tribu Prafil, los llamaron a todos los de apellido mapuche para retirar maíz que daban allá [en Clemente Onelli], mi papá ató el carro y se fue… No sé qué gobierno era, yo sabía qué gobierno era... pero me olvidé. Que mandaba maíz para la paisanada [se ríe], ¡querían que comiéramos maíz! [risas].^[46]

No obstante, tanto los delegados como los representantes de los parajes no limitaron su accionar solo a reproducir estas actividades asistencialistas. Veamos el caso de otro de los comisionados de 1932, Juanico Cumilaf. Este fue nombrado como delegado de la CHRI en la zona sur del territorio de Río Negro, con asiento en la localidad de Sierra Colorada, “para poder atender y proteger en lo posible a esta población aborigen”.^[47] Aun así, posteriormente sería identificado como promotor de demandas desde la comunidad Ancalao y de los pobladores de Los Menucos y Sierra Colorada.^[48] Tanto Paulino Prafil como Juanico Cumilaf fueron delegados por más de 20 años. Sus salarios emanaban de las ganancias que la CHRI obtenía a partir del trabajo indígena forzado de la reducción de Napalpí en Chaco.^[49] Ambos eran referentes de sus comunidades de origen, pero construían su autoridad en ese vínculo con otros, con diferentes formas de organización familiar y social, defendían a mujeres tejedoras y a pequeños productores indígenas, denunciando atropellos policiales, asociaciones criminales entre comerciantes o bolicheros y funcionarios estatales.

José Colón, referente de la ANA y también delegado de la comisión de 1932 de la CHRI, se presentó a lo largo de toda la década ante las autoridades de tierras y del Ministerio como representante legal en las tramitaciones que hacían pobladores indígenas, como fue el caso de diferentes personas en Ñorquinco.^[50] Por entonces, aunque constituyó domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, Colón nunca dejó de denunciar los procesos de expropiación de tierras indígenas que se dieron en las últimas décadas en Río Negro, que solo eran posibles gracias a la complicidad de comerciantes, inspectores de tierras, juzgados de paz y policía.

Además del recorrido de las comisiones y la figura de los delegados dentro de los territorios, la CHRI propuso un proyecto de ley para "garantizar la vida y su desenvolvimiento normal de la numerosa población aborigen existente en el país, cuya cantidad pasa las 100.000 almas". Iniciativa que volvía sobre la necesidad de tutelar al indígena para su conversión en fuerza de trabajo. Con el objetivo de mejorar su situación por "medio del trabajo ordenado, tranquilo y dirigido" y para "reglar sus hábitos y enseñanza dentro de la moral", se proponía crear colonias agrícolas-ganaderas para aborígenes en “todos los territorios nacionales donde se hallan radicados indígenas argentinos y en el número suficiente a la población existente". Estas quedarían bajo tutela de la CHRI, la cual procedería a "reunir a los indígenas en las Colonias por zonas". Para las colonias de los territorios del sur se preveía como industria principal la cría de ovejas y de guanacos. Se estimaba para el territorio de Río Negro, con unas 2.000 familias, destinar 90 leguas cuadradas donde se concentrarían unas 12.000 personas. El proyecto establecía que las tierras que por entonces estaban reservadas con destino a indígenas y que no se encontraran ocupadas "quedarán de hecho levantadas".^[51]

El proyecto no parecía viable para la época, por la disponibilidad de tierras que presuponía, por lo tanto, no se sustanció y la CHRI se redujo a administrar las colonias que hasta ese momento mantenía en Chaco. Fundamentalmente, la misma idea de crear núcleos concentrados, representaba para muchos una amenaza y, eventualmente, una incompatibilidad con la posibilidad de obtener fuerza de trabajo a disposición. Recordemos que en 1937, cuando se decidió la expropiación de las familias radicadas en el llamado Boquete Nahuelpán (técnicamente conformada por los pobladores del área reservada para el ensanche de la Colonia 16 de Octubre), se procuró explícitamente distribuirlas en diferentes lugares, a fin de evitar que permanecieran juntas las familias deportadas, para prevenir la posible resistencia que podrían plantear por entonces y a futuro (Sourrouille, 2017).^[52]

Como ocurrió luego de la Conquista, se recurrió al argumento de la disolución de los grupos y a la existencia de solo algunas tribus. Esto parecía responder a los intereses de las redes locales de poder y a sus propias demandas de fuerza de trabajo y de tierras. Estas identificaron rápidamente a los delegados de la CHRI como una amenaza sobre la cual no tardaron en actuar. Al mismo tiempo, se opusieron a la CHRI y su propuesta de fomentar nuevas colonias indígenas.

El trabajo político de los delegados y de los representantes de la ANA al momento de su inserción y relación desde el Estado, daría resultados positivos. En la nueva coyuntura, la cuestión del pago de pastaje estuvo en el centro de los discursos, tanto de sectores liberales y nacionalistas como de la misma agencia de los representantes indígenas. En 1935 se estableció una rebaja del pago de arrendamientos, por la crisis y la caída de la producción y del comercio de lana.^[53]

Así, el espacio de contradicción se trasladó al interior de la CHRI. Finalmente, en 1937 los “indios argentinos” fueron exceptuados del pago de pastaje. Esta medida difícilmente se podría pensar como resultado de la imposición de una única agenda. Planteada desde fuera de las comunidades, impediría la entrega de más tierra a los indígenas, mantendría a disposición un ejército de fuerza de trabajo y estarían dispersos y controlados los posibles “focos infecciosos”. Pensada desde la agencia de los antiguos militantes de la ANA o de los nuevos delegados —del gobierno o de las comunidades, no queda siempre en claro—, la medida formaba parte del reclamo fundamental: evitar los desalojos y las expropiaciones de tierras, y garantizar la permanencia en el territorio como pequeños productores.^[54]

El discurso y la interpelación desde el lugar de los “indios argentinos”, propuestos desde la ANA, coronaban un logro concreto y largamente deseado. Se alteraba, en términos de Rancière (1996), la política desde la policía. A través de la reapropiación de discursos y de acompasar la maquinaria territorializadora del Estado, se abrieron espacios que habilitaron la perduración de los indígenas en el territorio disputando sentidos y sus derechos, tensionando las lecturas que disociaban lo humanitario de las necesidades materiales. Además, generaron un paraguas político de representación para un sector silenciado.

La lucha de la ANA a lo largo de la década del veinte, recién logró cristalizarse en la década del treinta, cuando esta organización operó desde el Estado con la participación de delegados en la misma CHRI —al modificar y contradecir supuestos y máximas civilizatorias y de progreso afianzadas desde la Conquista—. Para 1936, la CHRI logró que el Poder Ejecutivo a cargo de Agustín P. Justo aprobase la excepción del pago de pastaje para los indígenas argentinos insolventes. Asimismo, los delegados indígenas que fueron nombrados en adelante y hasta el fin del segundo gobierno de Juan D. Perón desde las oficinas estatales, serían indígenas de la zona (Mases y Galucci, 2007; Pérez y Delrio, 2013). La acción de estos, sumada al decreto de excepción, posibilitó que muchos indígenas pudiesen permanecer en la tierra en carácter de pequeños productores. Ello contradecía la tendencia hegemónica de la década, que proponía orientarlos hacia el trabajo asalariado.

Las nuevas formas de organización indígena, como hemos señalado a través del caso de la ANA, se constituyeron y fortalecieron a través de la representación de familias de distintos parajes, geográficamente dispersas y que no participaban mayoritariamente de los colectivos reconocidos por el Estado como “tribus”. A su vez, lo hicieron en condiciones asimétricas, tras un proceso genocida y en espacios de contradicción. Los militantes de esta causa, como José Colón, venían construyendo estos espacios desde la primera década del siglo XX con diferentes resultados y apoyados coyunturalmente por otros mediadores no-indígenas.

La principal propuesta elevada desde la ANA, la excepción del pago de pastaje, no fue recogida por las autoridades nacionales mientras esta entidad estuvo activa, sí lo hizo cuando sus delegados operaron desde la CHRI. Los casos particulares que siguieron, tuvieron dispar atención y resolución. Al mismo tiempo, la Asociación como tal no obtuvo el reconocimiento como interlocutora entre los pobladores y las autoridades nacionales y de los territorios. Por el contrario, sus iniciativas generaron diferentes procesos de investigación por parte de las policías locales, centrados en sus miembros y en advertencias entre funcionarios con respecto a hacerles lugar. Sin embargo, la ANA fue una experiencia política movilizadora, de la cual emergieron algunos dirigentes que continuaron la demanda de derechos para los indígenas de los territorios del sur.

Si bien la ANA puede considerarse limitada en sus objetivos, ya que no peleaba por formas “indígenas” de ocupación de la tierra ni pretendía modificar el discurso histórico nacional, no obstante, lo primero que debemos sopesar son los logros de esta estrategia política. No solo en cuanto a visibilizar y resguardar indígenas que estaban prontos a ser desalojados; sino también al alentar reuniones, juntas y parlamentos, tanto dentro como fuera del territorio. Asimismo, definió una vía política para defender el arraigo de los productores indígenas, tanto como su capacidad —por fuera de toda estigmatización— de generar riqueza y sostener a sus familias; instaló en el Estado funcionarios indígenas (primero ad honorem y luego con sueldo) y propuso un discurso crítico respecto a la ignorancia y la homogeneización del otro indígena. Además, la ANA conllevó una disputa menos explícita y, aun así más profunda, contra la figura del indígena como trabajador, defendiendo siempre el lugar del productor.

Sin embargo, el silencio del relato historiográfico impuso tantos olvidos —por ejemplo, respecto de esta organización— como un estallido de las fuentes para su reconstrucción. Esto permitió que los discursos hegemónicos reiteraran y sedimentaran supuestos sobre las taras ancestrales indígenas, incluso entre los propios indígenas. En primer lugar, porque el silencio respecto a estrategias políticas con posterioridad a la Conquista supuso que las prácticas de organización fueron, con suerte, parte de la historia del siglo XIX y, así, se deslegitimaron las propuestas que surgieron en el contexto de incorporación forzada a lo estatal. En segundo lugar, porque la presencia indígena en el Estado ha sido sospechada de ilegitimidad, tanto desde el Estado como desde las bases. En ese punto cabe señalar que esas interpretaciones se han activado, en distintos contextos, a partir de supuestos tales como que los indígenas deberían encontrarse en oposición al Estado que los sometió. La trayectoria de una multiplicidad de políticas indígenas previas y con posterioridad a la Conquista, conduce a analizar históricamente los lugares construidos para la política y reponer esas diferentes formas de gestión, de lucha y organización. Además, el “indio contra el estado”, ha sido el lugar político que el propio Estado les ha designado en su relato fundante de incorporación de la Patagonia.

Por último, consideramos que debemos contar con más experiencias de la política indígena, para que nos permitan dimensionar un proceso más complejo, diverso y disputado de lo que usualmente suponemos acerca de la relación entre indígenas, Estado, otros migrantes, trabajadores y sectores privados en la disputa por el territorio patagónico. La reconstrucción de un “archivo estallado” nos posibilita devolver densidad histórica a la política indígena, sin desatender el contexto hegemónico de acción y la estructura profunda de la sociedad de colonos, así como otras organizaciones mapuches del período.

[1] De acuerdo con el relato publicado en la revista El aborigen, órgano de prensa oficial de la Asociación Nacional de Aborígenes en 1927. Editorial (abril 1927). El aborigen, 1, p. 1. Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

[2] Expediente Antemil, n.° 105743, p. 56, 1917. Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro (AHPRN), Viedma, Argentina.

[3] Territorios al este de la cordillera de los Andes de acuerdo al ordenamiento espacial mapuche.

[4] Los repositorios consultados para este fin incluyen: Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación DAI-AGN), Biblioteca del AGN, Archivo del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Hemeroteca Virtual de la Orden Salesiana, Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” (BN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Archivo Histórico Provincial de Chubut (AHPC), Rawson y AHPRN.

[5] Colón, José. Expediente n.° 12378, 1918. Expedientes generales, legajo 45. DAI-AGN.

[7] Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI). Expediente n.° 12378.

[8] Colón José y Ricardes. Expediente exterritorio n.° 367, 1919. AHPC.

[9] Eduardo Prane. Expediente exterritorio n.° 2196, 1919. AHPC.

[10] Carlos Evrat. Copiador de notas reservadas (1917-1931), p. 158. AHPRN.

[11] Congreso de indígenas de la Patagonia en Buenos Aires en el mes de julio (noviembre 1920). Bolettino Salesiano, s.p. BN.

[17]Julio Cotaro, quien también figura dentro de los primeros delegados de la ANA, fue asesinado en circunstancias no esclarecidas. Tanto la memoria social como los inspectores de tierras contemporáneos a los hechos dan cuenta de que las razones de fondo estaban vinculadas a las tierras.

[18] Emilio Frey era por entonces encargado de la Oficina de Tierras en el Territorio de Río Negro. Fue una destacada figura de la política barilochense, como primer intendente de la ciudad y de Parques Nacionales.

[19] Emilio Frey. Inspección zona VIII, 1926-1929, foja 320. AHPRN.

[21] En el mismo período, el inspector Bouvel, quien recorrió la zona V cercana al arroyo Chacay, sugería desalojar a todos los “intrusos” –a pesar de estar hablando de numerosas familias indígenas– porque ninguno se encontraba en “condición de contratar con el estado, siendo un elemento indeseable”. Inspección zona V, 1926-1929, foja 179. AHPRN. El desalojo fue de una zona de 20 mil hectáreas que finalmente se cedieron a Napoleón Beveragi.

[22] Representación Aborigen, (4 de septiembre de 1920).Caras y Caretas, n.° 1144, p.14. BN.

[23] Liga Mapu-Che, Federación Nacional de Aborígenes. Expediente n.° 06811, 1928. Ministerio de Agricultura, Ciudad de Buenos Aires. Iniciador: Liga Mapu-Che, Federación Nacional de Aborígenes. Ext: Carta de los aborígenes de Neneu-Ruca, Río Negro, sobre derogación pago derechos de pastaje. Firman: Anastacio Antiqueo, Celestino Cañumil, Alberto Cañumil, Luis Llanquimil, Ceferino Cañumil, Juan Antiqueo, Bartolo Huenchaqueo y Domingo Llanquimil.

[24] Domínguez investigaba sobre la medicina indígena y los usos y beneficios de las plantas medicinales, e incluía en sus trabajos información de fuentes históricas de la época de la conquista de América, crónicas de sus viajes y datos recogidos referidos al tema. El Poder Ejecutivo Nacional lo nombró en 1918 presidente de la Comisión para el Estudio de la Flora Argentina, integrada por Eduardo Holmberg, Ángel Gallardo, Cristóbal Hicken y Ángel Lillo (Pegoraro, 2009, p. 337)

[25] Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 13.

[26] Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 13

[27] Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 13

[28] Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 13

[29] Sin título (abril 1927). El aborigen, 1, p. 25. En la página citada se incluye una foto de colonos en Santa Fe de 1888.

[30] Al margen de un artículo criollo (abril 1927). El aborigen, 1, p. 12. Se hace referencia a un artículo publicado por Contreras en Mundo Argentino.

[31] Herboristería indiana (abril 1927). El aborigen, 1, p. 22.

[32] Indios con gomina y plumas de loro (abril 1927). El aborigen, 1, p. 30.

[34] Indio Bravo. De vuelta a las tolderías (abril 1927). El aborigen, 1, p. 23.

[35] Mauricio Braun fue sumariado a fines del siglo XIX por los vejámenes contra los selk’nam en Punta Arenas, por aquella reconocida oferta de una libra por cabeza de indígena. Desde entonces, sostuvo que sus empresas hacían lo posible por darles supervivencia. Quizás su apoyo a la ANA radicara en esta búsqueda por contrarrestar las denuncias en su contra provenientes de diferentes agencias, las cuales desacreditó malamente en sus memorias publicadas por Armando Braun Menéndez (Braun Menéndez, 1985).

[36] Miembros honorarios de la Asociación Nacional de Aborígenes (abril 1927). El aborigen, 1, p. 12.

[38] Homenaje al exgobernador de Chubut, don Manuel Costa (abril 1927). El aborigen, 1, pp. 11-12.

[39] Una visita al Dr. José de Paula Rodríguez Alvez (abril 1927). El aborigen, 1, p. 19.

[40] Informaciones del Canadé (abril 1927). El aborigen, 1, p. 18.

[41] Véase Foerster y Montecinos (1988); Menard y Pavez (2005); Caniuqueo (2006).

[42] En este sentido, André Menard (2012) encuentra una analogía entre las prácticas políticas de la Federación Araucana y la ANA, especialmente en lo que refiere a la creación de un archivo mapuche.

[43] Juan Domínguez. Comisión Honoraria de Reducciones de los Indios Argentinos. Reseña de actividades correspondientes a 1932, pp. 18-19. Expediente n.° 10278, legajo 8, 1933. Ministerio del Interior, AGN.

[44] El mapa se confeccionó a partir de la información existente en el Expediente n.° 10278, legajo 8, 1933; y en el Bolettino Salesiano de noviembre de 1920, en función de los lugares visitados por los delegados en 1932. Estos datos también están cruzados con distintas ediciones del Bolettino Salesiano.

[45] CHRI. Memorias del Ministerio del Interior (MMI), 01/05 al 30/04 de 1934, pp. 539. Biblioteca del AGN.

[46] Manuel Inalaf. Entrevista realizada por Pilar Pérez en 2012 en Laguna Blanca, Río Negro.

[48] Expediente n.° 84731933, legajo 7. Ministerio del Interior, AGN.

[49] Comunicación personal con Marcelo Musante, 18 de abril 2014.

[50] Expediente n.° 85795, fojas 471 a 474, 1935, de la Inspección General de la Dirección de Tierras, Río Negro. AHPRN.

[51] Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. Proyecto de ley de amparo al indio argentino. Colección folletos, u.f. S2BG321108Q. BN.

[52] De hecho, como paso previo a la expropiación, se recorrieron Colonia Cushamen, la zona de Gualjaina y Lago Rosario para encontrar lugares no ocupados donde trasladar a los futuros deportados (Delrio, 2005).

[53] Decreto Ley del 4 de abril de 1934. Ministerio de Agricultura y Poder Ejecutivo Nacional. Biblioteca del AGN.

[54] Téngase en cuenta que el reconocimiento de algunos en el territorio también permitió estrategias de solidaridad y reciprocidad entre familias y comunidades mapuche (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2015).