La precarización de los cuidados comunitarios como política pública en Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

Este ensayo analiza el trabajo de cuidados comunitarios realizado principalmente por mujeres en organizaciones sociales. Este asume una forma precarizada vía los programas de empleo, bajo la modalidad de contraprestación laboral, a través del cual se sustituye la oferta estatal en servicios de cuidado. Se examina, de manera particular, el Programa Potenciar Trabajo, implementado entre 2020 y 2024, política que impulsó tareas de cuidado y servicios sociocomunitarios enmarcándolos dentro de la economía popular.

Palabras clave: trabajos de cuidados; precarización laboral; programas de empleo; organizaciones sociales

This essay analyses community care work carried out mainly by women in social organizations. Such work is structured in a precarious manner through employment programs that operate under a labour work requirement modality that replace care public services. The analysis focuses particularly on the Potenciar Trabajo Programme, implemented between 2020 and 2024 which promoted care-related tasks and socio-community services, situating them within the framework of the popular economy.

Keywords: community care; labor precarization; employment programs; social organizations

El presente ensayo problematiza el carácter que asume el trabajo de cuidados comunitarios realizado, mayoritariamente, por mujeres en organizaciones sociales. Esta labor se encuentra altamente precarizada e incluso fue incorporada como contraprestación laboral de programas de empleo. Se examina, de manera particular, el Programa Potenciar Trabajo implementado entre 2020 y 2024.

En un primer momento, se discuten para el análisis categorías teóricas claves como la función de los cuidados en el capitalismo y su relación con la familia, la asunción de responsabilidades por parte del Estado resultado de las luchas de la clase obrera pero también de las necesidades del capital; las políticas de internalización de cuidados a través de la provisión estatal y de externalización hacia las familias y comunidades.

En un segundo momento, se examina el devenir de los cuidados comunitarios en Argentina a partir del último tercio del siglo XX. En este período, las organizaciones sociales y comunitarias adquirieron gran protagonismo, conformándose como una oferta pública no estatal. Se trata de espacios altamente feminizados donde las mujeres trabajan de forma precarizada. El propio Estado ha consolidado esta dinámica al incorporar las tareas de cuidado como contraprestación laboral de los programas de transferencias de ingresos condicionadas.

Se analiza, por último, la inscripción de las cuidadoras comunitarias en la economía popular a través del Programa Potenciar Trabajo, considerando tanto las medidas adoptadas por el Estado como las demandas de las organizaciones sociales y políticas que reivindicaron esta orientación. Los derechos reconocidos mediante este proceso tuvieron, sin embargo, un carácter limitado y contradictorio.

El ensayo se guía por los siguientes interrogantes: ¿de qué manera impactó la inclusión del cuidado comunitario como contraprestación de programas de empleo en las condiciones laborales de las trabajadoras? Asimismo, ¿qué cambios se produjeron con el encuadre de las cuidadoras comunitarias en la economía popular?

El cuidado es definido como todas aquellas actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015). En las sociedades capitalistas, está concentrado en las familias y, dentro de estas, en las mujeres.

Esta organización familiarista y feminizada de los cuidados responde a la necesidad del capital de sostener la reproducción de las personas de forma privada con la mediación de lazos de dependencia personal. La capacidad de comportarse como sujetos libres es un atributo histórico que debe ser producido y solo puede hacerse de manera privada y, por ello, la familia sigue siendo la célula de la sociedad (Starosta y Caligaris, 2017; Seiffer, 2023).

Sobre las mujeres, a partir de su capacidad de gestar y de asegurar la reproducción biológica, se montaron una serie de atributos productivos vinculados a las tareas de cuidado (Seiffer, 2023). La separación del trabajo de reproducción social del trabajo de reproducción económica, en las sociedades capitalistas, creó una base institucional para formas nuevas y modernas de subordinación (Fraser, 2016).

sino la expresión ideológica que toma la contradicción entre la necesidad de que las mujeres se conviertan en vendedoras plenas de fuerza de trabajo, que la gestación siga siendo un proceso natural portado principalmente en las mujeres y que la producción de individuos libres portadores de fuerza de trabajo se realice en la familia. (Seiffer, 2023, p. 54)

La asunción de funciones de cuidado por parte del Estado fue resultado de las luchas de la clase obrera pero también de las necesidades del capital. El avance de la escolarización y su posterior obligatoriedad, la prohibición del trabajo infantil, las medidas sanitarias, la regulación sobre los tratos parentales en las familias estuvieron orientadas a preparar una fuerza de trabajo con mayores atributos (Seiffer, 2023). Estos procesos dieron lugar a la incorporación de las mujeres a trabajos en instituciones educativas —maestras y profesoras— y sociosanitarias —enfermeras, parteras y visitadoras sociales—, y al acceso a estudios (Biernat y Queirolo, 2018).

Nancy Fraser (2016) sostiene que el orden capitalista internalizó los cuidados a través de la provisión estatal luego de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial:

La inversión pública en atención sanitaria, enseñanza, guarderías y pensiones de jubilación, complementada por las aportaciones empresariales, se consideraron una necesidad en una época en la que las relaciones capitalistas habían penetrado en la vida social hasta tal extremo que las clases trabajadoras ya no disponían de medios para reproducirse por sí solas. (p. 122)

Con la crisis del llamado Estado de Bienestar, o crisis del capitalismo gestionado por el Estado —en términos de Fraser—, y en la instauración del régimen neoliberal y globalizador, los cuidados se externalizaron a las familias y comunidades. Se redujo, al mismo tiempo, la capacidad de estas para encargarse de ellos en tanto el propio sistema empujó a las mujeres a incorporarse al mercado de trabajo.

Estos cambios dieron lugar, según la autora, a una organización nueva y dualizada de la reproducción social: mercantilizada para las familias que pueden pagarla y privatizada para las que no. En esta configuración, las mujeres pertenecientes a las familias de la segunda categoría son quienes, mayormente, proporcionan cuidados a las de la primera a cambio de salarios bajos.

En América Latina y Argentina, las organizaciones sociales y comunitarias se constituyeron en prestadoras de cuidados y soporte fundamental para la reproducción social de las familias peor posicionadas en la estructura social. Estas se sostienen, mayoritariamente, sobre el trabajo precarizado de las mujeres.

La externalización de los cuidados en las comunidades, que se produce con las transformaciones del capitalismo a partir del último tercio del siglo XX, dio lugar a un mapa muy heterogéneo de prácticas comunitarias —autogestionadas, políticas, confesionales— que cubren necesidades de alimentación, educación y de cuidado infantil (Zibecchi, 2022).

Las organizaciones sociales y comunitarias conforman una oferta pública no estatal y se posicionan como actores centrales en la provisión de cuidados, principalmente infantiles, en virtud de su trayectoria histórica vinculada a las problemáticas sociales. Estas cumplen un rol compensatorio frente a la falta de políticas públicas en diversos territorios y contextos, actuando como soporte frente a las dificultades de amplios sectores de la población para insertarse en el mercado de trabajo formal (Campana, 2022).

Se trata de espacios altamente feminizados donde las mujeres enfrentan elevados niveles de desprotección social y carecen de un vínculo laboral asalariado. En este contexto, diversos programas de transferencias condicionadas de ingresos —como políticas de abordaje de la pobreza en Latinoamérica y Argentina— promovieron desde 2002 hasta 2024 tareas de cuidado comunitario como contraprestación laboral, favoreciendo dicha precarización. Entre ellos se destacan los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el de Capacitación y Empleo; y los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Salario Social Complementario y Potenciar Trabajo.^[1]

Al respecto, algunas autoras proponen el concepto de triple jornada de trabajo para visibilizar los trabajos de cuidado comunitario que realizan las mujeres en los barrios populares (Pautassi y Zibecchi, 2013; Cena, 2019). A las tareas no remuneradas en el ámbito doméstico y a las ocupaciones remuneradas —cuando existen—, se suman las actividades en organizaciones sociales realizadas como contraprestación de los programas estatales. Eleonor Faur (2018), sostiene que “se reproduce un modelo que tiende a institucionalizar las desigualdades sociales y de género y se perfila la construcción de un nuevo sujeto social: las mujeres malabaristas” (p. 2).

Un sector de los movimientos sociales de base territorial, que en Argentina provee una parte sustancial del cuidado comunitario, reclamó el reconocimiento de esta labor. La inscribieron dentro de la economía popular, es decir, como parte de las actividades laborales de subsistencia. En este sentido, plantearon la retribución económica desde la perspectiva de la sostenibilidad de los espacios desarrollados por las organizaciones.^[2]

Demandaron, para ello, la transferencia de recursos del Estado nacional para asegurar los ingresos de las trabajadoras, incluyendo cobertura de seguridad social, asignaciones familiares y riesgos del trabajo (Hopp y Maldovan Bonelli, 2025).^[3] En sus reclamos, no incorporan la estatización de los centros de cuidado ni el pase a planta de las trabajadoras.

Los movimientos sociales, tuvieron dicho posicionamiento en tanto destacaron la positividad de una cultura emergente que se define en oposición a la dominante y que reivindicó formas alternativas de trabajo para consolidar derechos colectivos (Chena, 2018). José Luis Coraggio (1995) destaca la acción política de las organizaciones que representan al sector de trabajadores de la economía popular en tanto combinan la lucha institucional y la lucha por la reproducción material. Disputan, con ello, el sentido de las políticas estatales y de los mismos actos económicos que están constituyendo la experiencia generalizada de los sectores populares.

No obstante, Mariana Frega (2020) advierte que la economía popular persiste de manera funcional y en permanente conexión con los circuitos económicos formales, pero desde una posición subordinada, cuya articulación permite el abaratamiento de costos para el capital: la tercerización en talleres clandestinos, las actividades de recupero de residuos y materiales para la industria, la comercialización y venta de productos y bienes a través de ferias, entre otros.

El encuadramiento del cuidado comunitario y de las cuidadoras en la economía popular no cuestiona la externalización del cuidado en las familias y comunidades promovida por las transformaciones del capitalismo en el último tercio del siglo XX. Así, las estrategias desarrolladas por las mujeres de sectores populares para resolver necesidades, a través de respuestas colectivas frente la escasez o ausencia de oferta estatal de servicios de cuidados, son institucionalizadas e integradas a la reproducción del capital.

Las cuidadoras comunitarias a partir del Potenciar Trabajo y la integración a la economía popular

Carla Zibecchi (2014) sostiene que la contraprestación laboral exigida por los programas de transferencias condicionadas de ingresos ha contribuido a la reconfiguración del ámbito comunitario como un espacio de cuidado y a la proliferación de nuevos dispositivos. Estas tareas se realizan en un marco de escasez de recursos y espacios físicos precarios, muchas veces sin acceso a redes de gas o mecanismos de desagües, sin mantenimiento de los equipamientos, etc. (Faur y Brovelli, 2020; del Castillo et al., 2022). En consecuencia, la demanda creciente de cuidado es atendida por las estrategias de cuidado que llevan adelante las mujeres con un alto costo para ellas.

En el derrotero de este tipo de políticas, como ya se mencionó, se inscribe el Programa Potenciar Trabajo implementado a comienzos de 2020 y vigente hasta febrero de 2024.^[4] Este tenía como objetivo

contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica. (Resolución 121 / 2020)^[5]

Entre las corresponsabilidades de quienes perciben el programa, estaba la integración a grupos de trabajo para realizar actividades económicas, con una carga promedio de cuatro horas diarias. Las tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios se incluyeron entre las posibles prestaciones —además de la construcción, agricultura familiar y producción de alimentos; producción de indumentaria y otras manufacturas; comercio popular—. A cambio, recibían una transferencia monetaria equivalente al 50 % del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por mes de trabajo.^[6]

La normativa del programa planteaba la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), ante el cual debían inscribirse los titulares y los grupos de trabajo con el objeto de promover acciones que permitieran su progresiva regularización. La creación formal de este organismo se concretó con la Resolución 408/2020.^[7]

Con anterioridad, la Ley de Emergencia Social n.° 27.345, de diciembre de 2016, había dispuesto la creación, en la órbita estatal, del Consejo de la Economía Popular, la realización de un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y la creación del Salario Social Complementario. Este último consistía en un monto mensual correspondiente al 50 % del salario mínimo, vital y móvil, a los fines de complementar los ingresos de los trabajadores populares (informales). Previamente, en diciembre de 2015, se le había otorgado la personería social a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular —CTEP—, dándole así entidad de actor sindical.

Juan Hudson (2022) caracterizó este proceso como de avance de los “derechos informales”, destacando el reconocimiento por ley de la figura del trabajador de la economía popular y el surgimiento del Salario Social Complementario. El autor refiere que tal reconocimiento por parte del Estado fue una medida más simbólica que real, dado que consistía en pagos mensuales no remunerativos equivalentes al 50 % del SMVM.

Otra política de formalización de la economía popular, dispuesta en octubre de 2010, fue su inclusión en el régimen de monotributo social. El objetivo era garantizar el acceso a las prestaciones de las obras sociales del sistema nacional de salud, el ingreso al sistema previsional y la posibilidad de actuar como proveedores del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social realizaba los pagos correspondientes al cien por ciento de este aporte.

Laura Vales (2023) identifica al monotributo social como un modelo que no derrama, es decir, que no permite el acceso de mujeres y jóvenes de sectores populares a empleos de calidad.^[8] El Estado se convierte, de esta manera, en un ente regulador de condiciones laborales que, en la teoría, son atribuidas e identificadas con los mercados informales-no regulados de trabajo (Olmedo, 2005).

Las condiciones de precariedad laboral en la economía popular tienen, además, un marcado sesgo de género. Según datos del RENATEP de agosto de 2021, las mujeres representaban el 58 % del total de las personas inscriptas, lo cual contrasta con la marcada masculinización del mercado laboral asalariado privado. En algunas actividades, como las de cuidado sociocomunitario, ocho —o más— de cada diez eran mujeres. Esta rama ocupaba el segundo lugar en importancia y totalizaba casi un tercio de las inscripciones del registro, con predominio de comedores y merenderos comunitarios. Por el contrario, en ocupaciones vinculadas a la construcción, el transporte y la reparación, el 90 % de las personas inscriptas eran varones.^[9]

Un estudio sobre el Estado de situación de los espacios comunitarios y el trabajo de cuidado en los Barrios Populares del Área Metropolitana de Buenos Aires —AMBA—,^[10] realizado en mayo de 2023, arrojó que el 80 % de las/os trabajadores accedían a una remuneración como titulares del programa Potenciar Trabajo. En más de la mitad de los espacios relevados, la mayoría no poseía obra social, y el 14 % no conocía este dato. El 50 % de las personas consultadas afirmó que no realizaba aportes jubilatorios, y el 26 % lo desconocía. Dedicaban, en promedio, 21 horas semanales al trabajo, es decir, cerca de 4 horas diarias.

Frega (2020) sostiene la centralidad de las mujeres en el engranaje y funcionamiento de la economía popular y el carácter funcional a las necesidades del capital.

Esto es porque el trabajo de las mujeres, en su acepción más amplia, permite abaratar los costos que conlleva la reproducción de la fuerza de trabajo, pero, además, a través de la precarización de sus condiciones laborales garantiza nuevas modalidades de extracción de ganancias para el capital, aun en los márgenes de la economía informal. La imbricación entre el sistema capitalista y patriarcal como una poderosa maquinaria que opera sobre los cuerpos feminizados de las clases populares implica deterioro de sus condiciones de vida y de los hogares y territorios donde intentan desplegar estrategias posibles para la reproducción cotidiana. (Frega, 2020, p. 4)

Retomando las preguntas orientadoras, y la discusión teórica sobre la función de los cuidados en el capitalismo —atendiendo al papel de la familia y los procesos de internalización y externalización por parte del Estado—, es posible seguir la pista de la precarización de los cuidados comunitarios como política pública en Argentina.

Las políticas neoliberales afectaron la capacidad de las familias para resolver la reproducción social y los cuidados, por la creciente pauperización y la necesidad de volcar más integrantes al mercado de trabajo, especialmente a las mujeres. La retracción del Estado en la prestación de servicios públicos y sociales acentuó el problema.

En este contexto, las organizaciones sociales y comunitarias se constituyeron en un soporte para la resolver la atención de los cuidados y las necesidades básicas, como la alimentación. El Estado, capitalizando estos espacios, tercerizó ciertas políticas sociales a través de ellas y las transformó en ámbitos de contraprestación laboral de los programas de empleo.

En este sentido, es preciso distinguir las acciones políticas y organizativas que las mujeres desarrollan de manera autónoma para resolver necesidades ante los procesos de pauperización, de la integración de esas mismas estrategias en políticas sociales que terminan por institucionalizar nuevas formas de precarización laboral y de resolución de las necesidades de cuidado. De esta manera, el Estado garantiza distintos aspectos de la reproducción de la fuerza de trabajo a bajo costo.

Bajo esta orientación, el trabajo de cuidados se incluyó en la contraprestación de los programas de transferencias condicionadas de ingresos. Las políticas sociales se apoyaron en estas actividades insuficientemente remuneradas para atender necesidades básicas; por ello, distintos estudios caracterizan la labor de las trabajadoras comunitarias como una forma de subsidio de "abajo hacia arriba" (Fournier, 2017).

Con la implementación del Potenciar Trabajo, las cuidadoras accedieron al monotributo social y, con este, a una obra social y aportes jubilatorios. No obstante, al hacerlo bajo el carácter de cuentapropistas, el Estado diluyó su responsabilidad sobre el vínculo laboral al mismo tiempo que reconoció ingresos de subsistencia y derechos informales.

Si bien el encuadramiento en la economía popular permitió a las trabajadoras agruparse, visibilizar su labor y plantear demandas al Estado, este proceso encontró su límite en la precarización descripta. En este sentido, la institucionalización de los cuidados comunitarios a través de la economía popular fue la expresión que tomó el proceso de externalización de la asistencia en las comunidades en este período histórico.

Asimismo, la precarización al ser validada por el propio Estado tiende a reforzar la desvaloración social y económica del trabajo de cuidados y actúa como un marco de referencia para el sector privado. El trabajo en casas particulares y de atención de infancias y adultos mayores continúan siendo las ocupaciones más afectadas por la informalidad, la precariedad y los bajos salarios.

A modo de cierre, la discusión sobre el carácter de los cuidados comunitarios, la situación laboral de las trabajadoras y la relación con las políticas públicas reviste especial interés, dada la centralidad que estos tienen para la reproducción social de los sectores populares. Sin un análisis crítico, se corre el riesgo de naturalizar tanto la organización familiarista y feminizada de los cuidados como la institucionalización de la precarización dentro del Estado y de las organizaciones sociales y comunitarias.

Estas cuestiones cobran una vigencia aún mayor en el escenario actual, en el cual se asiste al desmantelamiento de los espacios de cuidado comunitario. El gobierno de Javier Milei interrumpió la entrega de alimentos y de fondos para su funcionamiento al tiempo que dio de baja al Programa Potenciar Trabajo. Si bien sus titulares fueron transferidos a los programas "Volver al Trabajo" o "Acompañamiento Social" —según su edad o carga familiar—, la contraprestación dejó de ser laboral para orientarse a la capacitación y las transferencias monetarias se redujeron significativamente con relación al costo de vida. Como resultado, las cuidadoras comunitarias enfrentan hoy no solo un retroceso en sus condiciones laborales, sino el desconocimiento por parte del Estado de su trabajo y su función social esencial.

Aldazabal, A., Mayoral, L. y Mallardi, M. (2019). Tensión economía popular/economía social en la gestión de la política pública de la argentina reciente. En S. Errecalde (Comp.), La economía popular ante la crisis: por la defensa de los derechos y hacia una economía social y ambientalmente sustentable (pp. 10-20). https://observatorioess.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/EJE-1-Organizacion-de-trabajos-3_10-20.pdf

Biernat, C. y Queirolo, G. (2018). Mujeres, profesiones y procesos de profesionalización en la Argentina y Brasil. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 18 (1), 1-6. https://doi.org/10.24215/2314257Xe060

Campana, J. (2022). Trabajo y cuidados en la economía popular: desigualdad, estrategias colectivas y disputas políticas en torno a lo común. Argumentos, (26), 155-185. http://hdl.handle.net/11336/206834

Coraggio, J. L. (1992, 26-29 de febrero). Del sector informal a la economía popular: un paso estratégico para el planteamiento de alternativas populares de desarrollo social [ponencia]. Seminario-Taller “Integración y desarrollo alternativo en América Latina”. Encuentro de Partidos y Movimientos Políticos del Foro de Sao Paulo, Lima, Perú. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20121009022914/informalidad.pdf

Faur, E. (2018). Género, diversidad sexual y conciliación familia-trabajo. Contrapuntos entre el derecho de familia y el derecho laboral. Derecho y Ciencias Sociales, (19), 45-62. https://doi.org/10.24215/18522971e038

Frega, M. (2020). Días de mucho, vísperas de nada: Mujeres y trabajos en la economía popular. Descentrada, 4(1), 1-17. https://doi.org/10.24215/25457284e106

Fournier, M. (2017). La labor de las trabajadoras comunitarias de cuidado infantil en el conurbano bonaerense ¿Una forma de subsidio deabajo hacia arriba”? Trabajo y Sociedad, (28), 83-108. https://www.redalyc.org/pdf/3873/387349334005.pdf

Hopp, M. V. y Maldovan Bonelli, J. (2025). Cuidados comunitarios y agenda sindical en la economía popular. Un análisis de las propuestas legislativas para su regulación en Argentina. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 9(19), 1-27. https://ojs.ceil-conicet.gov.ar/index.php/lat/article/view/1405

Hudson, J. (2022). Historia de los planes sociales en la Argentina 2002-2022: el mito del eterno retorno asalariado. Revista Conflicto Social, 15(27), 163-198. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/202442

Olmedo, C. (2005). El rol del Estado en la informalización-precarización e hibridación del trabajo en Argentina. Una aproximación etnográfica a programas como el “Jefes de Hogar” (JH) en la ciudad de Chilecito, provincia de la Rioja 2002-2005. Un estudio de caso [ponencia]. 7° Congreso Nacional de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina. https://aset.org.ar/congresos-anteriores/7/pdf/02003.pdf

Pautassi, L. y Zibecchi, C. (2013). Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura. Biblos.

Rodríguez Enríquez, C. y Marzonetto, G. (2015). Organización social del cuidado y desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 4(8), 103-134. https://doi.org/10.18294/rppp.2015.949

Seiffer, T. (2023). Capital, transformaciones de la clase obrera y olas del feminismo. Prólogos, 16, 31-70. www.prologos.unlu.edu.ar/?q=node/33

Starosta, G. y Caligaris, G. (2017). Trabajo, valor y capital. De la crítica marxiana de la economía política al capitalismo contemporáneo. Universidad Nacional de Quilmes.

Zibecchi, C. (2014). Mujeres cuidadoras en contextos de pobreza: el caso de los Programas de Transferencias Condicionados en Argentina. Estudios Feministas, 22(1), 91-113. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000100006

Zibecchi, C. (2022). ¿Nuevas formas de sociabilidad y politicidad en torno a los cuidados? Los movimientos sociales desde la perspectiva de los cuidados. La ventana, 6(55), 370-400. https://doi.org/10.32870/lv.v6i55.7410

[1] Cada uno de estos programas fue reemplazando al otro.

[2] Esta corriente teórica y política tiene su contexto de origen en las transformaciones del capitalismo contemporáneo, la expulsión de amplias porciones de los trabajadores de las relaciones salariales y el largo proceso de lucha y organización que estos se darán para garantizar su reproducción social (Aldazabal et al., 2019).

[3] Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado (2022). Proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/06/sinca0008-pe-2022.pdf

[4] Fue reemplazado por los programas Volver al Trabajo (para beneficiarios de 18 a 49 años) y Acompañamiento Social (para mayores de 50 años o mujeres con cuatro o más hijos).

[5] Ministerio de Desarrollo Social (18 de marzo de 2020). Resolución 121. Programa Nacional de Inclusión socio-productiva y desarrollo local Potenciar Trabajo. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-121-2020-335790/texto

[6] También contempla otorgamiento de subsidios o créditos no bancarios a las Unidades de Gestión (UG), con el fin de garantizar y promover el desarrollo de los proyectos que se ejecuten en el marco del programa. Las UG pueden estar conformadas por gobiernos provinciales y municipales, o bien por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), o universidades y organizaciones de la sociedad civil.

[7] Ministerio de Desarrollo Social (16 de junio de 2020). Resolución 408. Creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-408-2020-346738/texto

[8] Vales, L. (16 de marzo de 2023). Monotributo Social: un modelo que no derrama. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/532088-monotributo-social-un-modelo-que-no-derrama

[9] Bruschini, V., Camisassa, J. y Muñoz, B. (marzo de 2024). Entre las cifras y los cuidados: la realidad laboral de las mujeres en Argentina. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. https://www.cippec.org/textual/entre-las-cifras-y-los-cuidados-la-realidad-laboral-de-las-mujeres-en-argentina/

[10] Se relevaron 523 espacios comunitarios de cuidados distribuidos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, La Plata y 34 distritos del conurbano bonaerense.