Concepción de ciudadanía en estudiantes chilenos de trabajo social que inician su formación . Artículo de Cristian Orellana Fonseca, Rodrigo Salazar Jiménez, Juan José Salinas Valdés, Bruno Bivort Urrutia.  Praxis educativa, Vol. 30, N°3 septiembre – diciembre 2026. E-ISSN 2313-934X. pp.1-23.

https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2026-300320

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ARTÍCULOS

Concepción de ciudadanía en estudiantes chilenos de trabajo social que inician su formación 

Conception of citizenship in Chilean social work students beginning their training

Conceção de cidadania em estudantes chilenos de serviço social que iniciam sua formação

Cristian Orellana Fonseca 

Universidad del Bío-Bío, Chile

corellana@ubiobio.cl

ORCID 0000-0001-8614-8011

Rodrigo Salazar Jiménez

Universidad del Bío-Bío, Chile

rsalazar@ubiobio.cl

ORCID 0000-0001-5444-0624

Juan José Salinas Valdés

Universidad de Los Lagos, Chile

juan.salinas@ulagos.cl

ORCID 0000-0003-3999-6231

Bruno Bivort Urrutia

Universidad del Bío-Bío, Chile

bbivort@ubiobio.cl 

ORCID 0000-0003-3319-7308

Recibido: 2025-10-14 | Revisado: 2026-03-19 | Aceptado: 2026-04-10

Resumen

El trabajo social puede desempeñar un rol fundamental en promover una ciudadanía activa, por lo que su formación debe incorporar el desarrollo de competencias ciudadanas. El artículo presenta la concepción de ciudadanía de estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile. El enfoque es cualitativo, la técnica de producción de datos es el cuestionario autoaplicado a estudiantes que recién inician su primer semestre académico, en el marco de una asignatura del área de formación general, la matriz analítica es el análisis estructural. Los resultados muestran una comprensión de la ciudadanía entendida como pertenencia local basada en la residencia, con derechos y deberes abstractos. Además, destacan la centralidad de los derechos políticos de participación como principal rol del Estado, aunque limitados a una visión institucional que no se percibe como transformadora. Finalmente, se identifica una débil adscripción identitaria, asociada a entidades políticas menores.

Palabras clave: ciudadanía, educación ciudadana, formación ciudadana, formación universitaria, trabajo social.

Abstract

Social work can play a fundamental role in promoting active citizenship, so its training must incorporate the development of civic competencies. This article presents the conceptions of citizenship among students beginning their social work training at a state university in southern Chile. The approach is qualitative; the data generation technique is a self-administered questionnaire administered to students who are just starting their first academic semester, within the framework of a general education course; the analytical matrix is ​​structural analysis. The results show an understanding of citizenship as local belonging based on residence, with abstract rights and duties. Furthermore, they highlight the centrality of political participation rights as the primary role of the State, although limited to an institutional vision that is not perceived as transformative. Finally, a weak identity affiliation is identified, associated with smaller political entities.

Keywords: citizenship, civic education, civic training, university education, social work.

Resumo

O serviço social pode desempenhar um papel fundamental na promoção da cidadania ativa, pelo que a sua formação deve incorporar o desenvolvimento de competências de cidadania. Este artigo apresenta a conceção de cidadania de estudantes que iniciam sua formação em serviço social em uma universidade estadual do sul do Chile. A abordagem é qualitativa, a técnica de produção de dados é o questionário autoaplicado aos alunos que acabam de iniciar o seu primeiro semestre letivo, no âmbito de uma disciplina na área da formação geral, a matriz analítica é a análise estrutural. Os resultados mostram uma compreensão da cidadania entendida como pertencimento local a partir da residência, com direitos e deveres abstratos. Além disso, destacam a centralidade dos direitos políticos de participação como papel principal do Estado, ainda que limitados a uma visão institucional que não é percebida como transformadora. Finalmente, identifica-se uma fraca atribuição identitária, associada a entidades políticas menores.

Palavras-chave: cidadania, educação cívica, formação cívica, educação universitária, serviço social.

Introducción

La educación ciudadana es un proceso continuo que requiere la participación de diversos actores con el propósito de formar ciudadanos comprometidos, interesados en los asuntos públicos y con una conducta política responsable (Disi y Mardones, 2021; Graziella y Rivera, 2018). Estudios que identifican tensiones y desafíos en la inclusión de la educación ciudadana en Chile permiten sustentar que no se han conseguido los efectos buscados (Escobar, 2018; Godoy et al., 2022; López et al., 2024; PNUD, 2018; Quintana, 2022; Zúñiga et al., 2020).

La educación ciudadana es un componente esencial de la socialización política. Sin embargo, pese a su incorporación en el currículo escolar chileno, su implementación no ha tenido el éxito esperado, debido a que la complejidad del proceso trasciende lo que el ámbito escolar puede abordar (Disi y Mardones, 2021).

En 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD-Chile) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) publicaron un informe titulado 12 claves para fortalecer la educación ciudadana en Chile (PNUD, 2021), donde se subraya la relevancia de la educación ciudadana para la convivencia democrática, el desarrollo de una cultura cívica y una política participativa. Sostienen que, así, el Sistema de las Naciones Unidas enfrenta la educación ciudadana desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde un abordaje multidimensional, en que todos los objetivos aluden a ciudadanía activa y participativa, y a hacer a la ciudadanía parte de la toma de decisiones.

En las últimas dos décadas, América Latina y Chile en particular han enfrentado tensiones significativas vinculadas a la aspiración de mejorar la calidad de su sistema democrático, según Vásquez et al. (2023). Agregan que, desde 2018, Chile ha experimentado importantes protestas ciudadanas que evidenciaron la magnitud de la desigualdad y la falta de equidad, mostrando la importancia de abordar los desafíos en formación de la ciudadanía.

En un reporte de investigación sobre la realidad nacional, Soto y Peña (2020) afirman que la creciente complejidad de los desafíos democráticos, como la desconexión entre la ciudadanía y la política, la desconfianza en instituciones y la baja participación electoral juvenil, ha generado un renovado interés en la educación y formación ciudadana, debido a su rol fundamental en la preparación de los ciudadanos y en la comprensión de una democracia más inclusiva.

En este contexto, la Ley N° 20.911 de 2016 (Biblioteca del Congreso Nacional [BCN], 2016) incorporó la asignatura de Educación Ciudadana en el currículo nacional, cuya enseñanza está regulada por el programa establecido por el Ministerio de Educación publicado en marzo de 2020. Sin embargo, Soto y Peña (2020) muestran que no basta con incluir la educación ciudadana en el currículo. Sus hallazgos evidencian tanto la valoración positiva del profesorado al respecto como sus reparos al plan del Ministerio de Educación y sus déficits formativos en la materia.

En Chile, es esencial robustecer la educación cívica escolar incluyendo la ciudadanía global, para así preparar al estudiantado para un mundo interconectado, según Godoy et al. (2022). Proponen un currículo que promueva una participación ciudadana continua, superando la democracia representativa y que permita vivenciar la democracia. Agregan que las bases curriculares ofrecen oportunidades, pero esto demanda una preparación docente permanente y crítica, fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos con la justicia global.

En otros contextos latinoamericanos, la literatura también ha examinado los alcances y limitaciones de la educación ciudadana. En Ecuador, un reciente informe de Álvarez et al. (2023) reveló una relación negativa significativa entre la educación cívica y las actitudes sexistas en estudiantes secundarios, lo que sugiere que quienes presentan un mayor nivel de educación cívica tienen una menor propensión a dichas actitudes. En Colombia, la investigación de Álvarez et al. (2017) muestra que, aunque la educación superior debe aportar al desarrollo de competencias ciudadanas, estas se abordan de forma instructiva, con poca articulación y escasa aplicabilidad. Asimismo, señalan la existencia de competencias ausentes o aisladas en el currículo y la falta de asignaturas orientadas a desarrollarlas. Además, identifican fricciones entre profesorado y estudiantado en su aplicación práctica y advierten que las normativas existentes no aseguran su ejercicio efectivo.

También sobre el contexto universitario colombiano, Astaíza-Martínez et al. (2020) señalan que se han impulsado iniciativas orientadas al desarrollo de competencias ciudadanas para favorecer la resolución pacífica de conflictos, la inclusión social, la participación ciudadana y la convivencia. Sin embargo, advierten que no existe una preocupación particular por la formación ciudadana en la universidad y que esta ha tendido a reproducir estrategias propias de niveles educativos anteriores, sin suficiente respaldo de propuestas académicas sólidas. Agregan que, pese a que las universidades están mayormente enfocadas en atender los requerimientos del mercado laboral y los cambios tecnológicos, desde la educación superior se puede estimular una ciudadanía más crítica y activa.

Respecto de la educación universitaria en Chile, Colombia y México, Cantón (2024) sostiene que se busca preparar profesionales competentes, lo que involucra ineludiblemente desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores para la ciudadanía democrática y, así, formar un estudiantado consciente y activo en sus comunidades. Sin embargo, la investigación muestra la necesidad de robustecer esas competencias para beneficiar el bienestar social, sentido de pertenencia e inserción laboral, reafirmando, así, el rol de la universidad en la formación integral y el desarrollo social.

En Chile, la Ley N° 21.094 de 2018 (BCN, 2018) busca que las universidades estatales preparen profesionales comprometidos con el desarrollo nacional y la democracia. Por ello, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) implementó un proyecto de formación ciudadana para integrarla desde dos ejes: destacar la importancia de la formación ciudadana en sus universidades y adaptar los modelos educativos y perfiles de egreso.

La investigación de Muñoz (2018) examina cómo las y los trabajadores sociales en Chile entienden y promueven la ciudadanía. Retomando los planteamientos de Carballeda (2012, como se citó en Muñoz, 2018) y Montaño (2004, como se citó en Muñoz Arce, 2018), sitúa, tras el retorno a la democracia en América Latina, la ciudadanía como un horizonte ético-político del trabajo social. Este énfasis se refleja también en los lineamientos de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS, 2012) y en el Código de ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Chile (2014).

En un contexto de debilidad del Estado de bienestar, concentración del poder e incremento de las desigualdades, Muñoz (2018) sostiene que la negación de la ciudadanía constituye una causa estructural de la pobreza y la exclusión social. Sus resultados revelan que la noción de ciudadanía ha sido capturada por el relato neoliberal sin evidenciar resistencia a esta lógica. Argumenta que, si las y los trabajadores sociales no ejercen activamente su ciudadanía, es difícil promoverla; por ello, es crucial que el trabajo social se defina en función de este propósito, lo que implica cambios en los programas educativos orientados también a la formación ciudadana del estudiantado.

Por su parte, Ramírez et al. (2023), fruto del proceso de reflexión en el programa de Trabajo Social de Unimonserrate en Colombia, sostienen que la ciudadanía implica la vivencia activa de valores como la solidaridad, igualdad, justicia, libertad responsable y respeto. Acentúan la relevancia de una educación democrática que forme ciudadanos reflexivos, críticos y transformadores. Entienden la ciudadanía como un proceso institucionalizado que posibilita el acceso a los recursos públicos y la intervención en la toma de decisiones. Subrayan la articulación entre una visión transformadora de la educación y prácticas curriculares que preparen para cambiar las estructuras de desigualdad e injusticia.

La investigación con estudiantado de licenciatura en Trabajo Social de Juárez et al. (2024) concluye que la educación superior cumple un rol fundamental en la preparación de buenos ciudadanos, que se debe robustecer su formación como ciudadanos críticos y comprometidos con el bien común y que el profesorado requiere de una formación profesional y pedagógica adecuada, ya que cumple un rol decisivo.

Elementos teórico-conceptuales: ciudadanía y formación ciudadana

El Diccionario de Ciencia Política de Picazo et al. (2016) analiza el concepto de ciudadanía desde tres dimensiones principales: la primera, el estatus jurídico de pertenencia, remite al fundamento legal de la ciudadanía e implica pertenecer a una comunidad política, generalmente nacional. La pertenencia involucra acceso a derechos y obligaciones, no exclusivamente unida a la nacionalidad, también puede resultar de la residencia, principalmente en contextos de migración. Integra elementos civiles, políticos y sociales, descritos por Marshall (1997): el componente civil refiere a los derechos fundamentales para proteger las libertades personales; el político, el derecho a participar en el manejo del poder; y el social, la posibilidad de aportar al desarrollo económico de la sociedad y acceder a la seguridad social de manera equitativa.

La segunda dimensión corresponde al fundamento de la práctica democrática, que considera la ciudadanía como un estatuto que regula la intervención política en la democracia, reparte las responsabilidades políticas entre quienes gobiernan y los ciudadanos y la alternancia en el poder, como elementos característicos de la democracia representativa. A su vez, en este modelo político, se distinguen dos enfoques predominantes, uno elitista, que pretende resguardar la democracia de una participación ciudadana desmedida, y otro participativo, que fomenta una implicación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos.

La tercera —y última— dimensión, el alcance identitario, otorga a los individuos una identidad ciudadana separada de otras pertenencias sociales o culturales. Esta perspectiva destaca la separación entre la ciudadanía y las formas primarias de pertenencia, reconoce que el Estado Nación no es la única fuente de identificación y subraya la relevancia de otros lazos sociales y culturales en su construcción.

Astaíza-Martínez et al. (2020), al recuperar la concepción liberal de ciudadanía descrita por Horrach (2009, como se citó en Astaíza-Martínez et al., 2020), analizan la evolución del concepto y destacan su énfasis en el individuo y los derechos individuales, lo que puede fomentar la pasividad ciudadana. Asimismo, recuperan el aporte de Marshall (1997) al conceptualizar la ciudadanía como representación de la pertenencia a una comunidad política desde tres pilares: civil, político y social. A partir de su revisión, distinguen también una perspectiva descriptiva o jurídico-política y otra prescriptiva o ético-política, esta última vinculada al ejercicio de la ciudadanía.

Al realizar un recorrido histórico sobre los paradigmas y perspectivas tradicionales y contemporáneas respecto a la ciudadanía, con el propósito de clarificar su origen, evolución, significado y actualidad, Giraldo-Zuluaga (2015) concluye que el concepto de ciudadanía ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, mostrando la evolución en la dinámica entre las personas y el poder, expandiéndose y adquiriendo nuevas dimensiones y matices en su comprensión. Señala que la tradición occidental ha visto nacer dos ideas preponderantes sobre la ciudadanía: una enfocada en la participación activa y otra en el estatus legal; la primera, concebida como actividad, afincada en la filosofía política, entiende la ciudadanía como un modo de vida en el que la participación política activa en cuestiones públicas es fundamental e incluye la responsabilidad con el bien común; la segunda, como condición, emanada del pensamiento liberal, concibe la ciudadanía como estatus legal de pertenencia, vinculado al reconocimiento de derechos. Agrega que existe una definición más actual de ciudadanía que considera a toda la sociedad, donde el Estado representa su expresión política y la ciudadanía implica la posesión completa de derechos; en resumen, esta ciudadanía actual demanda no solo la declaración legal de los derechos, sino su concreción. Giraldo-Zuluaga (2015) describe una evolución hacia concepciones contemporáneas de ciudadanía que no se limitan al reconocimiento formal de derechos, sino que incorporan su ejercicio efectivo. En este marco, adquieren relevancia tanto el reconocimiento como la adhesión a la ciudadanía (Cortina, 1998, como se citó en Giraldo-Zuluaga, 2015). Asimismo, cuando los derechos se poseen, pero sus beneficios no se experimentan en la práctica, se configura un déficit de ciudadanía (Moreno, 2003, como se citó en Giraldo-Zuluaga, 2015).

Giraldo-Zuluaga (2015) sostiene que los modelos modernos de ciudadanía que han configurado la historia sociopolítica y que han dado lugar a la noción moderna de ciudadanía son el liberal, el republicano y el comunitarista. Explica Giraldo-Zuluaga que el liberal acentúa los derechos civiles del individuo por encima del bien común, el republicano resalta la participación activa en la toma de decisiones públicas y, finalmente, el comunitarista da prioridad a la comunidad por sobre el individuo, enfatizando la importancia de los lazos grupales y del bien común por sobre el pluralismo. Agrega que, durante las últimas décadas, se ha producido un análisis exhaustivo del concepto de ciudadanía con el propósito de promover que los ciudadanos no sean simplemente beneficiarios de derechos, sino que desempeñen un papel activo y comprometido en la vida comunitaria; la globalización y las migraciones han cambiado la noción de ciudadanía, ahora se considera a los individuos como ciudadanos globales. En esta línea, la ciudadanía multilateral ofrece alternativas centradas en la diversidad cultural y el pluralismo; la nación se ha concebido como una comunidad ligada por lazos étnicos, históricos y culturales, pero se reconoce que la identidad política es flexible y construida, la integración política no requiere homogeneidad cultural, sino participación en procesos políticos. Nacen, de esta forma, nuevas formas de ciudadanía, como la cosmopolita y la posnacional, que superan las fronteras nacionales y fomentan la mayor inclusión; se enfatiza la relevancia en una ciudadanía multicultural de reconocer la diversidad y sortear una visión de igualdad que termina por excluir a algunos grupos.

Respecto de la relación entre ciudadanía y democracia, Giraldo-Zuluaga (2015) recoge la distinción de Saltor y Espíndola (2008, como se citó en Giraldo-Zuluaga, 2015), quienes vinculan, por una parte, la democracia directa con la ciudadanía antigua, en la que la participación tiene carácter obligatorio y es valorada ética y educativamente, y, por otra, la democracia representativa con la ciudadanía moderna, en que la participación individual es entendida como un medio para satisfacer necesidades privadas más que como un valor en sí mismo. Esta distinción permite observar tensiones entre una ciudadanía activa y una ciudadanía pasiva.

Asimismo, Giraldo-Zuluaga (2015) sostiene que el debate actual sobre la democracia en América Latina se caracteriza por la coexistencia entre la expansión de la democracia electoral y una insatisfacción generalizada con sus resultados en términos de justicia social, eficacia gubernamental e inclusión política. En este contexto, el neoliberalismo y las políticas neoconservadoras favorecen una democracia restringida y una ciudadanía pasiva, configurando una visión limitada de la democracia y, con ello, un concepto estrecho de ciudadanía.

Para abordar la forma en que se enseña-aprende la ciudadanía, varios trabajos refieren a los enfoques minimalista y maximalista descritos por David Kerr (Dingili y Lidundu, 2025; Godoy et al., 2022; Orellana y Muñoz, 2019; Salinas et al., 2016). La distinción entre aproximaciones minimalistas y maximalistas, propuesta originalmente por McLaughlin (1992, como se citó en Kerr, 1999), es desarrollada por Kerr (1999) para situar la ciudadanía y la formación ciudadana en un continuo entre ambos polos, los cuales definen tanto la concepción de ciudadanía como las estrategias de enseñanza-aprendizaje asociadas.

En el minimalista, las interpretaciones restringidas de ciudadanía se concentran en favorecer intereses de particulares, confiriendo ciudadanía solo a algunos grupos. Esto se convierte en enfoques acotados y formales, en educación cívica, asentados especialmente en la transmisión de conocimientos sobre la historia, la geografía, el gobierno y la constitución del país; guías que se concentran en la transmisión de información mediante métodos didácticos conducidos por el profesor, con escasa interacción y poca iniciativa estudiantil; resultados que se evalúan especialmente por medio de exámenes escritos, limitando las posibilidades de éxito en la adquisición de los conocimientos y su comprensión.

En contraste, el enfoque maximalista promueve una interpretación amplia e inclusiva de la ciudadanía, que incorpora a todos los grupos y sus intereses y fomenta la participación activa. Este enfoque se traduce en propuestas formales e informales de educación para la ciudadanía. Estas integran conocimientos básicos propios de la educación cívica, pero privilegian la investigación, la interpretación activa y el desarrollo de herramientas para la participación. Para ello se emplean diversos métodos de enseñanza dentro y fuera del aula, como la discusión, el trabajo en proyectos y las experiencias participativas. Sus resultados abarcan conocimientos, valores, actitudes y habilidades, cuya evaluación resulta más compleja.

En síntesis, el primer enfoque, la educación cívica, prioriza la transmisión de contenidos, con una visión restringida de la ciudadanía, mientras que el segundo adopta una visión ampliada de esta, promoviendo el desarrollo de habilidades que posibiliten una participación política activa.

Aguirre y Schugurensky (2017), recogiendo el pensamiento de Freire, sostienen que la educación puede formar personas más democráticas que contribuirán a crear sociedades más democráticas. Identifican dos principales formas de fomentar el aprendizaje de la participación en las escuelas y, así, aportar a la educación ciudadana del estudiantado: la curricular y la organizativa.

La vía curricular incluye metodologías y contenidos que promueven la participación del estudiantado a través de procesos deliberativos en el aula, centrados en la reflexión, el pensamiento crítico, la argumentación, el debate público y la escucha. Asimismo, se puede permitir a las y los estudiantes tomar algunas decisiones sobre su aprendizaje. La vía organizativa se relaciona con la democratización de la gestión escolar y permite la participación del estudiantado en la toma de decisiones institucionales. La curricular es la vía más habitual, ya que las experiencias en el aula requieren menos intervención externa aparte del docente. Para que la segunda vía prospere, se necesitan tiempo, temple y la decisión política, ya que el sistema escolar, sin impugnar los proyectos de educación para la participación, suele limitar su potencial educativo, debido a la desconfianza en las capacidades de las y los estudiantes para decidir, a la incompatibilidad con un sistema organizado en asignaturas y a la dificultad para evaluar estos programas.

En consecuencia, señalan los autores, las escuelas que promueven las prácticas democráticas solo surgen como resultado de los esfuerzos manifiestos de los educadores para crear posibilidades para que se ejerza la democracia. En este marco, el presente trabajo buscó analizar la concepción de ciudadanía de estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile.

Estrategia metodológica

Este estudio exploratorio se realizó en una universidad estatal del sur de Chile, enmarcado en una asignatura del área general de un programa de formación en trabajo social, que se dicta en el primer semestre del primer año del plan de estudio. La investigación se efectuó al inicio del semestre académico.

Debido a su capacidad para abordar el objeto de estudio de esta investigación, el enfoque adoptado fue el cualitativo (Dorio et al., 2016). Los datos fueron producidos por medio de un cuestionario autoaplicado, el que contenía tres preguntas abiertas. La primera fue “¿qué entiende por ciudadanía?”; la segunda, “¿qué entiende por formación ciudadana?”; y la tercera, “¿cómo ha sido su experiencia formativa al respecto?”.

De un total de 51 estudiantes que cursaban la asignatura, el cuestionario fue respondido por 47, la mayor parte mujeres (80 %). Las y los participantes fueron invitados e informados sobre los objetivos del estudio y su rol en él, así como el carácter voluntario de su participación y la posibilidad de no contestar o dejar en blanco aquello que no quisieran responder. Además, se les garantizó el anonimato de sus respuestas.

Se realizó un análisis estructural de discurso, orientado por la propuesta de Martinic (1992, 2006), como herramienta para organizar las estructuras de sentido expresadas en los relatos. Este enfoque permite comprender cómo la cultura influye en las prácticas de los sujetos y, a la vez, analizar su lógica autónoma en contextos sociales (Martinic, 1992). Aunque esta técnica se desarrolló inicialmente para identificar representaciones sociales, en este estudio, se utilizó para caracterizar las oposiciones semánticas, las valoraciones y las configuraciones discursivas vinculadas a la ciudadanía. En consecuencia, el propósito no fue reconstruir teóricamente dichas representaciones, sino realizar una lectura estructural de los discursos. Para ello, se aplicaron procedimientos de codificación, cuadros de oposiciones y protocolos analíticos. En esta oportunidad, no se utilizaron otros procedimientos asociados al análisis estructural de discurso, por ejemplo, la construcción de cruces axiales.

Se elaboró un cuadro de oposiciones por cada dimensión de la ciudadanía, el cual se empleó para sintetizar el sentido atribuido por las personas informantes y explicitar las oposiciones. Se construyeron códigos calificativos (Cc1-CcX) que expresan las valoraciones asociadas a los indicadores de cada dimensión; dichos códigos se agruparon en totalidades calificativas (Tc1-TcX). En cada cuadro, se identificaron los códigos de base (A/B) que representan dos realidades opuestas en torno al tipo de ciudadanía que emerge de los relatos. El código A remite a una realidad que se interpreta como latente. El código B, en cambio, corresponde a una realidad manifiesta. En conjunto, los cuadros de oposiciones sintetizan el resultado del proceso de codificación y de las relaciones analíticas entre los códigos de base y calificativos. Finalmente, se elaboró un cuadro de oposiciones específico para la concepción de ciudadanía.

La unidad hermenéutica se conformó con las transcripciones de los cuestionarios. El proceso inicial de codificación abierta y de reducción se realizó con ayuda del software Atlas.ti 24, que se utilizó únicamente para ese fin. En la exposición narrativa de los resultados, para facilitar la identificación de los códigos calificativos, se les denomina Cc (Cc1 a CcX). También con este propósito, al final de cada apartado, se incluye una tabla con el respectivo cuadro de oposiciones de la dimensión de la ciudadanía abordada (tablas 1 a 3). En el último apartado de resultados, se incluye, además, una tabla que contiene el cuadro de oposiciones final (Tabla 4).

Los resultados que se exponen en el siguiente apartado se focalizan en la concepción de ciudadanía de las y los informantes. Estos resultados deben considerarse en función del número y las características de las personas participantes y no pueden generalizarse más allá del caso estudiado.

Resultados

Se exponen los resultados sobre la concepción de ciudadanía en tres secciones: pertenencia a una comunidad política, participación política democrática e identidad ciudadana.

Pertenencia a una comunidad política

Se presentan los resultados que dan cuenta de la concepción de ciudadanía en su dimensión pertenencia a una comunidad política, organizados en torno a sus ocho totalidades calificativas: envergadura de la entidad política de pertenencia, origen del vínculo de pertenencia, rol de la ciudadanía respecto de la diversidad ciudadana, rol de la ciudadanía respecto de los derechos y deberes, relación entre derechos y deberes entregados por la ciudadanía, horizonte de la pertenencia, derechos asociados a la ciudadanía y rol del Estado respecto de la ciudadanía. En este apartado, la Tabla 1 recoge el cuadro de oposiciones construido y resume lo planteado sobre esta dimensión. Para su elaboración, se construyeron ocho códigos calificativos (Cc1 a Cc8) que expresan las valoraciones realizadas.

Envergadura de la entidad política de pertenencia

Los datos muestran la asociación de la ciudadanía con la pertenencia a una entidad política local, tal como “un lugar determinado” (informante 10), una “misma localidad” (informante 5), una “sociedad en específico” (informante 25), “una comunidad” (informante 1) o “algún lugar o país” (informante 31), y donde no se aprecia, por parte de las y los informantes, ninguna mención respecto de adscripción a una entidad mayor al país. Derivado de lo anterior, se puede sostener que la ciudadanía es entendida, en parte, como pertenencia a una entidad política de tipo local, lo que es consignado por el Cc1.

Origen del vínculo de pertenencia

Al respecto, los datos muestran la vinculación de ciudadanía con la residencia de las personas, en una entidad política de tipo local (Cc1). En la voz de las y los informantes: “Yo creo que somos las personas que habitamos un lugar” (informante 5), “Gente que vive en un sector” (informante 12). Es interesante apreciar que la vinculación de ciudadanía con nacionalidad es acotada. De esta forma, se puede establecer que la ciudadanía es entendida, en parte, desde la residencia que tienen las personas, lo que ha sido consignado por el Cc2.

Rol de la ciudadanía respecto de la diversidad ciudadana

En el terreno del Cc3, se aprecia la vinculación de ciudadanía con personas de características diversas: “de diferente sexo, nacionalidad, religión, etc.” (informante 4), “personas que cumplen con diferentes roles” (informante 35). Es la ciudadanía vinculada a la residencia (Cc2) en una entidad política de tipo local (Cc1) por las y los informantes, también asociada a que esta diversidad de personas cuente con los mismos derechos y deberes, ya que, como sostienen las personas informantes, la ciudadanía: “Son personas de distintas características pero que comparten derechos y deberes a la hora de convivir en sociedad” (informante 1). Por lo tanto, es la ciudadanía entendida en tanto residencia en la entidad de tipo local la que otorga los mismos derechos y deberes a personas diversas. Esto permite sostener que la ciudadanía es entendida, también en parte, cumpliendo el rol de otorgar los mismos derechos y deberes a personas diversas, sin distinción entre ellas, lo que queda consignado en el Cc3.

Rol de la ciudadanía respecto de los derechos y deberes

Las menciones a derechos y deberes compartidos son muy generales: “los ciudadanos tienen derechos y también deberes” (informante 6). Los derechos y deberes aparecen como algo que las personas tienen de partida, es decir, se asume su existencia, otorgados a personas diversas (Cc3), por la ya señalada residencia (Cc2) en la entidad política de tipo local (Cc1). Sin embargo, muy pocas menciones aterrizan en derechos o deberes particulares y concretos y que den cuenta de ellos como algo que se ejerce. Uno de estos acotados casos lo expresa de la siguiente manera: “Cuando una persona ya se considera de esa nacionalidad ejerce sus derechos en la comunidad respetando leyes, respetándose sus demandas como individuo y cumpliendo sus responsabilidades como tal” (informante 34). Con base en esto, se puede sostener que se está frente a una comprensión del estatus del ciudadano como un portador de derechos y deberes, derivados de la ciudadanía, más bien abstractos; por tanto, también, de una ciudadanía que entrega a los ciudadanos derechos y deberes con esa característica. Esto da cuenta de que la ciudadanía es entendida, en parte, como una que entrega derechos y deberes más bien abstractos, lo que es representado por el Cc4.

Relación entre derechos y deberes entregados por la ciudadanía

Al considerar el rol atribuido a la ciudadanía —la entrega de derechos y deberes más bien abstractos (Cc4) a personas diversas (Cc3), derivados de la residencia (Cc2) en una entidad de tipo local (Cc1)—, se observa que la relación entre derechos y deberes aparece desequilibrada. Son recurrentes las referencias exclusivas a los derechos, disociados de los deberes: “Todos contando con los mismos derechos” (informante 4), mientras que las alusiones a responsabilidades, como “que comparten responsabilidad dentro de la misma” (informante 8), son acotadas. Se configura, así, una concepción del ciudadano principalmente como portador de derechos, lo que permite sostener que la ciudadanía es entendida, en parte, con énfasis en los derechos y no de manera equilibrada, aspecto consignado en el Cc5.

Horizonte de la pertenencia a la comunidad política

Como ya se ha planteado, se ha arribado a la configuración de la ciudadanía como una que entrega derechos y deberes más bien abstractos (Cc4), dado que solo menciones muy acotadas dan cuenta de la ciudadanía como una condición que posibilita el ejercicio de derechos y deberes. En esta línea, solo algunas personas informantes contemplan un horizonte que se podría entender como búsqueda activa del bien común: “También se le podría definir como un ejemplo de buenos actos con su entorno de forma que todos puedan tener una civilización más formal y civilizada” (informante 38); “Se entiende por ciudadanía como un pueblo, un grupo de personas, una multitud de miembros que hacen la ‘ciudadanía’ y que logran un desempeño para la comunidad” (informante 39).

Es posible, por tanto, establecer que, desde el horizonte de la pertenencia a la comunidad política, se da cuenta de una ciudadanía que contempla ciudadanos que detentan de manera pasiva derechos y deberes. Esta ciudadanía entendida, en parte, como una que tiene como horizonte la detentación pasiva de derechos y deberes por parte de las y los ciudadanos es consignada por el Cc6.

Derechos asociados a la ciudadanía

En lo referido a los derechos asociados a la ciudadanía, los resultados deben comprenderse en relación con los hallazgos anteriores: pertenencia a una comunidad política de orden local (Cc1), vinculada a la residencia (Cc2); reconocimiento de los mismos derechos y deberes para personas diversas (Cc3); atribución de derechos y deberes más bien abstractos (Cc4); énfasis en los derechos por sobre los deberes (Cc5); y un horizonte caracterizado por la detentación pasiva de derechos y deberes (Cc6).

Como las personas informantes hacen muy escasa referencia a derechos civiles y sociales, y dan cuenta principalmente de derechos vinculados a la participación política, que en la voz de las y los informantes dicen relación con: “tener derecho a un voto” (informante 42), con el derecho de “elegir algo o alguien” (informante 23), se estima que se está frente a una comprensión de la ciudadanía que no contempla, por un lado, los derechos civiles y sociales, y, por el otro, los deberes o responsabilidades políticas. En definitiva, esta ciudadanía es entendida, en parte, fundamentalmente asociada a derechos políticos de participación, lo que ha sido consignado por el Cc7.

Rol del Estado respecto de la ciudadanía

En el terreno del Cc8, es interesante que la mayor parte de las menciones no dan cuenta de manera explícita del rol del Estado respecto de la ciudadanía. Solo algunas referencias lo hacen: “La ciudadanía es un conjunto de personas que conforman una sociedad en sí establecida por el Estado” (informante 24). Algunas de estas referencias vinculan la ciudadanía con “la capacidad de participar en los asuntos políticos del Estado, como votar o ser elegido para cargos públicos” (informante 40). Esto es, en definitiva, que se identifica la política y la participación política como elementos definitorios del rol del Estado respecto de la ciudadanía.

En esta línea, es posible inferir que, detrás de las recurrentes menciones respecto de los derechos políticos (Cc7), como los que se hallan asociados a la ciudadanía, se encuentra el rol del Estado identificado por las y los informantes. Esto es coherente con la comprensión del rol de la ciudadanía respecto de los derechos y deberes, expresada en la entrega de derechos y deberes más bien abstractos (Cc4), que se poseen, pero no necesariamente se ejercen; con una relación entre derechos y deberes caracterizada por el énfasis en los derechos (Cc5); y con un horizonte de la pertenencia definido por la detentación pasiva de derechos y deberes (Cc6).

Así, se estima, se configura la ciudadanía que no contempla los derechos civiles y sociales ni los deberes o responsabilidades políticas y que se encuentra, fundamentalmente, asociada a derechos políticos de participación, como ya se ha constatado (Cc7); derechos políticos que son vistos como la materia que mejor define el rol que desempeña el Estado. Es posible, entonces, establecer una comprensión de la ciudadanía en la que el rol del Estado se encuentra básicamente vinculado a los derechos políticos. En definitiva, la ciudadanía es entendida desde el rol que tiene el Estado respecto de ella, fundamentalmente vinculado a los derechos políticos, lo que ha sido consignado por el Cc8.

En conjunto, estos resultados configuran una concepción de ciudadanía caracterizada por una pertenencia incompleta a la comunidad política, cuya estructura se sintetiza en la Tabla 1.

Tabla 1

Cuadro de oposiciones sobre la dimensión de la ciudadanía “pertenencia a una comunidad política” en estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile

Participación política democrática

En este apartado, se presentan los resultados sobre la concepción de ciudadanía respecto de su dimensión participación política democrática, organizados en torno a sus dos totalidades calificativas: forma que adoptan los derechos políticos y el papel de los derechos políticos. La Tabla 2 recoge el cuadro de oposiciones construido y resume lo planteado por las personas informantes sobre esta dimensión. Para su elaboración, se construyeron dos códigos calificativos (Cc1 a Cc2), que reflejan las valoraciones realizadas.

Forma de participación que adoptan los derechos políticos

Como ya se ha podido vislumbrar respecto de la presencia de derechos asociados a la ciudadanía, los resultados dan cuenta de una ciudadanía entendida como asociada principalmente a derechos políticos (Cc7), y donde los derechos políticos son vistos como la materia que mejor define el rol que desempeña el Estado (Cc8) respecto de dicha ciudadanía. En la misma dirección, los datos muestran que la participación política adopta predominantemente una forma representativa e institucional: son “el gobierno o quien esté a cargo” (informante 33) quienes resuelven en nombre de la ciudadanía, mientras que la participación ciudadana se canaliza mediante mecanismos institucionales como las “votaciones” (informante 33). En definitiva, la ciudadanía es entendida, en parte, asociada a la participación política institucional, lo que ha sido consignado por el Cc1.

Papel de los derechos políticos

Los resultados muestran que los derechos políticos adoptan principalmente una forma institucional de participación (Cc1). Asimismo, como se evidenció en el apartado anterior, la ciudadanía es entendida fundamentalmente en términos de derechos más que deberes, lo que incluye los derechos políticos. En general, los datos ofrecen escasas referencias explícitas al papel que desempeñan los derechos políticos o a su posible vinculación con los derechos civiles y sociales. Sin embargo, algunas menciones atribuyen a los derechos políticos una función de mejora mediante mecanismos institucionales: “nosotros podemos tener derecho a un voto para poder tener un mejor país” (informante 42); de modo semejante, otra persona informante señala que estos podrían conducir a “la sociedad a algún nivel más alto, o sea que la evolucione de algún modo” (informante 23). Estas referencias son acotadas en el conjunto de los datos, por lo que el potencial transformador de los derechos políticos no constituye un rasgo predominante. En consecuencia, la ciudadanía es entendida, en parte, a partir de derechos políticos asociados a mecanismos institucionales que no son concebidos, de manera predominante, en términos de transformación, lo que es representado por el Cc2.

En resumen, respecto de la dimensión de la ciudadanía participación política democrática, en tanto la forma de participación que adoptan los derechos políticos, la ciudadanía es entendida como participación política institucional (Cc1), donde el papel de los derechos políticos no es visto en tanto potencial de transformación (Cc2). Lo expuesto permite sostener que se configura una concepción de ciudadanía que puede ser entendida, en parte, como participación política democrática incompleta.

Tabla 2

Cuadro de oposiciones sobre la dimensión de la ciudadanía “participación política democrática” en estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile

Identidad ciudadana

En este apartado, se presentan los resultados sobre la concepción de ciudadanía respecto de su dimensión identidad ciudadana, organizados en torno a sus dos totalidades calificativas: intensidad de la adscripción identitaria y envergadura de la entidad política de la adscripción identitaria. La Tabla 3 recoge el cuadro de oposiciones construido y resume lo planteado sobre esta dimensión. Para su elaboración, se construyeron dos códigos calificativos (Cc1 a Cc2) que manifiestan las valoraciones realizadas.

Intensidad de la adscripción identitaria

Como se ha podido apreciar en el primer apartado de exposición de resultados (Pertenencia a una comunidad política), la ciudadanía es entendida como la pertenencia a una comunidad política de tipo local (Cc1), derivada de la residencia en ella (Cc2). Se constata que algunas personas informantes entienden la ciudadanía como ser “parte de” (informante 6), “formar parte de” (informante 30) o incluso “conformar” (informante 1) una unidad política. Más excepcionales son las referencias a sentirse parte de ella, como se aprecia en la voz de una persona informante: “Una persona o un conjunto de personas que se sienten parte de una ciudad/pueblo” (informante 11). Con base en lo expuesto, es posible deducir que la adscripción identitaria no es algo de relevancia al momento de conceptualizar la ciudadanía. Se estima que podría configurarse una débil adscripción identitaria. Esto podría reflejar una ciudadanía caracterizada por una baja intensidad de identificación entre las y los ciudadanos, lo que es representado por el Cc1.

Envergadura de la entidad política de la adscripción identitaria

En el marco de esta débil adscripción identitaria (Cc1), cuando las personas informantes aluden al sentimiento de pertenencia a una unidad política, lo hacen en relación con entidades políticas menores, como «una ciudad/pueblo» (informante 11). En consecuencia, la mayor identificación política, social y cultural se vincula con entidades políticas menores, probablemente percibidas como más cercanas a las y los ciudadanos. Esto sugiere que, cuando la adscripción identitaria adquiere mayor intensidad, se asocia a entidades políticas menores, lo que es consignado por el Cc2.

En síntesis, respecto de la dimensión identidad ciudadana, los resultados muestran una débil adscripción identitaria (Cc1), asociada mayormente a entidades políticas menores (Cc2). En conjunto, se configura una concepción de ciudadanía que, en esta dimensión, puede caracterizarse como identidad incompleta.

Tabla 3

Cuadro de oposiciones sobre la dimensión de la ciudadanía “identidad ciudadana” en estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile

En conjunto, los resultados muestran que la concepción de ciudadanía se configura como pertenencia incompleta a una comunidad política (Cc1), participación política democrática incompleta (Cc2) e identidad incompleta (Cc3). La articulación de estas tres dimensiones permite caracterizar la concepción predominante como una ciudadanía incompleta. La Tabla 4 sintetiza esta configuración.

Tabla 4

Cuadro de oposiciones sobre la “concepción de ciudadanía” en estudiantes que comienzan su formación en trabajo social en una universidad estatal del sur de Chile

Discusión

Concepto de ciudadanía

Los resultados muestran una concepción de ciudadanía estructurada en torno a las tres dimensiones principales identificadas por Picazo et al. (2016): estatus jurídico de pertenencia, fundamento de la práctica democrática y alcance identitario.

En relación con la primera, se evidencia una concepción de ciudadanía entendida como pertenencia a una comunidad política de tipo local, en tanto no supera lo nacional, y asociada a la sola residencia, situaciones contempladas por Picazo et al. (2016), asociándose esta última a procesos migratorios. Se observa una comprensión de la ciudadanía en tanto mecanismo para otorgar los mismos derechos y deberes a ciudadanías diversas, como lo plantea Marshall (1997); respecto de los tres componentes de esta dimensión, identificados por Picazo et al. (2016) como parte de la conceptualización aportada por Marshall, ha sido posible encontrar en los datos referencias solo a derechos políticos y no a los otros dos tipos de derechos, los civiles y sociales.

Sobre la segunda dimensión, los resultados muestran que se entiende la ciudadanía vinculada a derechos políticos, circunscritos principalmente a los mecanismos institucionales de participación. Esto concuerda con el enfoque elitista de ciudadanía, identificado por Picazo et al. (2016) como aquel que no promueve la participación activa.

En cuanto a la tercera, los resultados muestran que la ciudadanía es entendida con débil intensidad de adscripción, y la adscripción se encuentra asociada mayormente a entidades políticas menores a la nacional, lo que evidencia que, como ha sido contemplado por Picazo et al. (2016), el Estado nación no es la única fuente de identidad y otros lazos desempeñan un papel más importante en la configuración de la identidad ciudadana.

Además, los resultados de la primera dimensión dan cuenta de una concepción de ciudadanía donde esta otorga derechos y deberes más bien abstractos, que se tienen, pero no necesariamente son ejercidos; se aprecia el énfasis en los derechos por sobre los deberes; y el horizonte de la pertenencia muestra que se concibe a la persona ciudadana como detentadora pasiva de derechos y deberes. Se trata de una ciudadanía entendida fundamentalmente en asociación con derechos políticos de participación, los que son vistos como la materia que mejor define el rol desempeñado por el Estado respecto de la ciudadanía. Estos resultados, en definitiva, muestran una concepción de ciudadanía que puede ser entendida como pertenencia incompleta a una comunidad política.

Asimismo, los resultados respecto de la segunda dimensión, en la que la participación política adopta principalmente formas institucionales y los derechos políticos no son concebidos en términos de potencial transformador, evidencian también una concepción de ciudadanía que puede ser entendida como participación política democrática incompleta. Por otra parte, los resultados sobre la tercera dimensión muestran una ciudadanía entendida con una débil intensidad de adscripción a la comunidad política y en la que la adscripción se encuentra mayormente asociada a entidades políticas menores a la nacional, lo que denota también una concepción de ciudadanía que puede ser comprendida como una identidad incompleta.

En síntesis, los resultados evidencian una concepción de ciudadanía entendida como pertenencia incompleta a una comunidad política, como participación política democrática incompleta, y como identidad incompleta, lo que muestra una concepción de ciudadanía que puede ser también entendida como ciudadanía incompleta.

Esta ciudadanía incompleta podría interpretarse a partir de la concepción liberal de ciudadanía descrita por Horrach (2009, como se citó en Astaíza-Martínez et al., 2020), que prioriza el beneficio particular y puede conducir a la pasividad ciudadana. A su vez, esta visión se aproxima a la concepción de ciudadanía como condición descrita por Giraldo-Zuluaga (2015), centrada en su dimensión legal. Esta forma de entender la ciudadanía como incompleta lleva a pensar que el otro enfoque, también descrito por Giraldo-Zuluaga (2015), la ciudadanía como una actividad, como estilo de vida, ha resultado desplazado en la disputa por la configuración de la concepción de ciudadanía, por lo menos en la identificada desde la presente investigación.

Giraldo-Zuluaga (2015) describe una evolución hacia concepciones de ciudadanía que no se limitan a la declaración legal de derechos, sino que incorporan su concreción y el acceso a recursos básicos para ejercerlos. En esta perspectiva, cuando los derechos se poseen formalmente, pero sus beneficios no se experimentan en la práctica, se configura un déficit de ciudadanía (Moreno, 2003, como se citó en Giraldo-Zuluaga, 2015). Frente a esta comprensión contemporánea, los resultados de este estudio muestran una concepción de ciudadanía incompleta que se distancia de ella. Asimismo, la asociación de la pertenencia a una comunidad política de tipo local, que no supera el ámbito nacional, evidencia que nociones como la ciudadanía global descrita por Giraldo-Zuluaga (2015) se encuentran aún alejadas de la concepción predominante entre las y los informantes.

Finalmente, Giraldo-Zuluaga (2015) vincula la ciudadanía moderna con la democracia representativa y advierte que, en el contexto latinoamericano, la expansión de la democracia electoral ha coexistido con una importante insatisfacción respecto de sus resultados en términos de justicia social, eficacia gubernamental e inclusión política. En este escenario, el neoliberalismo y las políticas neoconservadoras contribuyen a configurar una democracia restringida y una ciudadanía pasiva, favoreciendo una concepción estrecha de ciudadanía. Este marco permite comprender la configuración identificada en las y los informantes, que se ha denominado ciudadanía incompleta.

Formación ciudadana

El predominio de una concepción de ciudadanía incompleta en estudiantado que recién sale de la escuela puede ser entendido con base en la constatación que hacen Godoy et al. (2022) sobre la situación de la formación ciudadana en el contexto escolar. También da cuenta de la magnitud de la tarea por realizar y obliga a intensificar los esfuerzos que, en el marco de la Ley de Universidades Estatales N° 21.094 (BCN, 2018), se han desplegado desde el CUECH. En este marco, y retomando los planteamientos de Godoy et al. (2022), estos esfuerzos deben orientarse a fomentar en las universidades estatales una participación continua que supere los límites de la democracia representativa y propicie la vivencia de la democracia, integre diferentes perspectivas y enfoques de ciudadanía, incluida la ciudadanía global, y otorgue especial atención a la formación del profesorado.

Esto resulta fundamental, ya que diversas experiencias en el contexto universitario latinoamericano y chileno, como las expuestas por Álvarez et al. (2017), Astaíza-Martínez et al. (2020) y Cantón (2024), muestran que, pese a los esfuerzos realizados para implementar la formación ciudadana, persisten una serie de desafíos.

Como advierten Astaíza-Martínez et al. (2020), en el nivel universitario no se puede asumir que exista una preocupación particular por la formación ciudadana, pese a su potencial aporte al desarrollo de una ciudadanía más activa y juiciosa. Este potencial permite considerar la formación ciudadana como una vía para enfrentar la concepción de ciudadanía incompleta identificada en la presente investigación. Así, sería posible, como señala Cantón (2024), mejorar las habilidades ciudadanas del estudiantado universitario y contribuir al cumplimiento de la misión de la universidad moderna: impulsar el desarrollo social y preparar profesionales para construir un mundo mejor.

Formación ciudadana en trabajo social

Enfrentar la concepción de ciudadanía incompleta de la que dan cuenta los resultados de la presente investigación es un desafío ineludible en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Esto se sostiene en tanto, como evidenció Muñoz (2018), la noción de ciudadanía de las y los trabajadores sociales ha sido cooptada por el discurso neoliberal, sin resistencias, y, como advierte, si las y los trabajadores sociales no ejercen activamente su ciudadanía, será difícil que puedan promoverla. Por ello es que, como sostiene la autora, resulta fundamental que el trabajo social redefina su rol profesional en función de promover la ciudadanía activa e implemente transformaciones curriculares que fortalezcan no solo la formación profesional del estudiantado, sino también el ejercicio de una ciudadanía comprometida con la justicia social y el bien común.

Este constituye un desafío pendiente que debe ser abordado por la formación universitaria de trabajadoras y trabajadores sociales. En esta dirección, Ramírez et al. (2023) proponen una educación democrática que prepare ciudadanos reflexivos, analíticos y críticos, con actitudes y valores conducentes al cambio y la construcción social. Asimismo, plantean la necesidad de adecuar las prácticas para promover valores y habilidades pertinentes al contexto y de articular una visión transformadora de la educación con prácticas curriculares que favorezcan un pensamiento que no se limite a adaptarse a la injusticia y la desigualdad, sino que contribuya activamente a su transformación.

Formación ciudadana desde el enfoque maximalista y las dimensiones de la formación ciudadana

Para superar la concepción incompleta de ciudadanía, la formación universitaria debería incorporar el enfoque maximalista descrito por Kerr (1999), ampliamente referido por la literatura (Dingili y Lidundu, 2025; Godoy et al., 2022; Orellana y Muñoz, 2019; Salinas et al., 2016), puesto que este adopta una visión amplia, promoviendo el desarrollo de habilidades que posibilitan una participación política activa y transformadora. Asimismo, se debe considerar que, como han planteado Aguirre y Schugurensky (2017) para el contexto escolar, la participación es un elemento clave de la educación democrática y, así, de la educación ciudadana, por lo que también en el contexto universitario la formación ciudadana debería contemplar su dimensión curricular y organizacional, como describen los autores.

Finalmente, es fundamental considerar que, para hacer frente a las complejidades que demanda el desafío de formar trabajadoras y trabajadores sociales para el ejercicio de una ciudadanía activa, como sostienen Juárez et al. (2024), el profesorado desempeña un papel crucial y necesita una preparación profesional y pedagógica adecuada, tal como ha sido enfatizado por Godoy et al. (2022) en relación con el contexto escolar.

Conclusiones

La concepción de ciudadanía predominante entre el estudiantado se configura desde tres dimensiones, el estatus jurídico de pertenencia, el fundamento de la práctica democrática y el alcance identitario. Se trata de una concepción que no es completa, ya que solo involucra pertenencia parcial, participación política acotada e identidad débil o fragmentada.

Esta manera de comprender la ciudadanía se distancia de las concepciones contemporáneas, que involucran no solo la titularidad formal de derechos, sino también su ejercicio efectivo y el acceso a recursos que lo posibiliten. En este sentido, la concepción identificada presenta rasgos próximos a una visión deficitaria de la ciudadanía, centrada más en la titularidad formal de derechos que en su ejercicio efectivo.

La ciudadanía identificada en los discursos estudiantiles puede interpretarse a partir de una concepción liberal de ciudadanía, en tanto pone el beneficio particular por sobre el bien común. En ella se despliega principalmente la dimensión legal de la ciudadanía, lo que puede favorecer la pasividad ciudadana, desplazar la participación activa y reducir el compromiso ciudadano con lo colectivo.

Desarrollar una comprensión de la ciudadanía más completa requiere una formación ciudadana crítica e inclusiva, que trascienda los límites de la democracia representativa, mediante la promoción de la participación activa y permanente. Para ello, es necesario integrar las diferentes y nuevas perspectivas de ciudadanía en la preparación del estudiantado, incluida la ciudadanía global, desde una mirada situada en los desafíos del contexto actual.

Formar adecuadamente a quienes serán profesionales del trabajo social involucra ampliar la concepción de ciudadanía sostenida por el relato neoliberal. Para esto, la formación universitaria debe abrir el espacio necesario para promover en el estudiantado una ciudadanía reflexiva, crítica y comprometida con el bien común, la justicia social y el cambio estructural.

Esto requiere acoger el enfoque maximalista como medio para la configuración de una comprensión amplia de la ciudadanía y de habilidades que posibiliten una participación activa. Asimismo, es indispensable abordar tanto la dimensión curricular como la organizacional de la formación ciudadana, incorporando la participación del estudiantado en la toma de decisiones como un elemento central del proceso formativo.

La preparación profesional y pedagógica del profesorado universitario es fundamental para hacer frente a las dificultades que involucra formar una ciudadanía activa y comprometida con el bienestar común y la justicia social. La formación y actualización en temas de ciudadanía son vitales para evitar la reproducción de enfoques reduccionistas y para impulsar procesos educativos que contribuyan a la construcción de una ciudadanía crítica, inclusiva y transformadora.

ST, tintas y acuarelas. Ana María Martín

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