http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2023-v13n2a04

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Cómo citar este artículo: Policastro, B. y Martin Lorenzatti, M.D. (2023). Organizaciones sociocomunitarias y acceso a la justicia en la perspectiva de una mujer que sufrió violencia por motivos de género. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 13, N° 2 (julio-diciembre). Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; pp. 65-83. ISSN 2250-4087, e-ISSN 2445-8566.

ARTÍCULOS

El rol de las organizaciones sociocomunitarias en el acceso a la justicia. La perspectiva de una mujer que sufrió violencia por motivos de género[1]

Socio-Community organizations and access to justice in the perspective of a woman who suffered gender-based violence

Organizações sociocomunitárias e acesso à justiça na perspectiva de uma mulher vítima de violência de género

Betsabé Policastro

Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas,
Centro de Investigación Ciencias Jurídicas, Santa Rosa, Argentina.
betsabepolicastro@gmail.com

Mirian Daniela Martin Lorenzatti

Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas,
Centro de Investigación Ciencias Jurídicas, Santa Rosa, Argentina.
mmartinlorenzatti@humanas.unlpam.edu.ar

Resumen: Este artículo explora el papel que juegan las organizaciones sociocomunitarias en el acceso a la justicia, según la perspectiva de una mujer que sufrió violencia por razones de género. Aunque se relaciona con un proyecto más amplio que indaga los obstáculos y condicionantes en el acceso a la justicia a partir de testimonios de una diversidad de agentes, optamos por presentar este caso biográfico por su relevancia. En efecto, el análisis en extenso del relato de la denunciante, obtenido en el contexto de una entrevista y de un grupo focal, permite concluir que el acercamiento a la organización operó como parteaguas en su trayectoria personal y en su recorrido por el sistema de administración de justicia. Parafraseando a la entrevistada, podemos afirmar que, al posibilitarle el reconocimiento que la violencia sufrida es un problema social, político y jurídico, la organización le abrió una “puerta gigante”. Paralelamente, amplió la eficacia de sus acciones judiciales al promover un saber-hacer jurídico e inscribir el pedido de justicia y reparación de los derechos vulnerados en la esfera pública.

Palabras claves: organizaciones sociocomunitarias; acceso a la justicia; violencia por motivos de género; caso biográfico.

Abstract: This article explores the role of socio-community organizations in access to justice, according to the perspective of a woman who suffered gender-based violence. Although it is related to a broader project that investigates the obstacles and determinants in access to justice based on the testimony of a variety of agents, we chose to present this biographical case because of its relevance. Indeed, the extensive analysis of the complainant’s account, obtained in the context of an interview and a focus group, allows us to conclude that the rapprochement with the organization operated as a turning point in his personal trajectory and in his journey through the Justice delivery system. We argue that the organization opened for her, paraphrasing the interviewee, a “giant door” by allowing her to recognize the violence suffered as a social, political and legal problem. At the same time, it increased the effectiveness of its judicial proceedings by promoting legal know-how and registering the request for justice and reparation for the rights infringed in the public sphere.

Keywords: socio-community organizations; access to justice; gender-based violence; biographical case.

Resumo: Este artigo explora o papel desempenhado pelas organizações sociocomunitárias no acesso à justiça, segundo a perspetiva de uma mulher que sofreu violência de género. Embora esteja relacionado com um projecto mais vasto que investiga os obstáculos e condicionantes no acesso à justiça a partir do testemunho de uma diversidade de actores, optámos por apresentar este caso biográfico pela sua relevância. Com efeito, a análise exaustiva do relato da queixosa, obtida em contexto de entrevista e de focus group, permite-nos concluir que a sua aproximação à organização funcionou como um divisor de águas na sua trajectória pessoal e no seu percurso no sistema de administração da justiça. Defendemos que a organização, parafraseando a entrevistada, lhe abriu uma «porta gigante» ao permitir-lhe reconhecer a violência de que era vítima como um problema social, político e jurídico. Ao mesmo tempo, aumentou a eficácia das suas acções jurídicas, promovendo o saber jurídico e inscrevendo na esfera pública a exigência de justiça e de reparação dos direitos violados.

Palavras-chave: organizações sociocomunitárias; acesso à justiça; violência de género; caso biográfico.

Fecha de recepción: 28/12/2022 – Fecha de aceptación: 03/02/2023

1. Introducción

Este artículo representa un avance de lo indagado en el marco de un proyecto de investigación que busca caracterizar y comprender las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ que han atravesado situaciones de violencia por motivos de género y/u orientación sexual en la provincia de La Pampa. Nos interesa especialmente dar cuenta de su recorrido hacia la búsqueda de justicia y reparación de los derechos, y de la respuesta otorgada por el sistema de administración de justicia. Para ello apelamos a una diversidad de técnicas de relevamiento de información que combinan la revisión documental y la aplicación de cuestionarios cerrados, entrevistas en profundidad y grupos focales.[2]

El proyecto busca, entre otros objetivos, reconocer y analizar las expectativas y representaciones de las personas que atraviesan o atravesaron situaciones de violencia respecto a una diversidad de agentes y sujetos jurídicos. Entre los primeros hallazgos del trabajo, encontramos que las organizaciones sociales locales constituyen un sujeto jurídico relevante, conforme a los testimonios de varias de las personas que entrevistamos. El acompañamiento por parte de tales organizaciones comprende un repertorio amplísimo de acciones de apoyo y sostén dentro y fuera de la instancia judicial, por lo que su rol no puede entenderse en un sentido unívoco.[3] Es decir, las acciones implementadas cuentan con una impronta difícilmente cuantificable pero que hace del acompañamiento sociocomunitario una experiencia significativa y altamente valorada por muchas de las personas entrevistadas. En palabras de Luisa Femenías (2018), las organizaciones buscan dar alivio al hecho de que el sistema carga “a las mujeres con la obligación de denunciar y de sostener las pruebas de la agresión sufrida, tareas que se tornan psicológicamente titánicas, cuando no imposibles” (p. 31).
Con esa intención examinamos el papel que jugó la organización social Corriente Clasista y Combativa (en adelante, CCC) en la trayectoria personal y en el recorrido por el sistema de administración de justicia realizado por una denunciante a quien llamaremos Elena.
[4]

Si bien no es el único, el caso seleccionado permite dimensionar la contribución que pueden hacer las organizaciones sociocomunitarias en el sinuoso camino que supone el acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia por motivos de género. Como sus historias personales, asociadas al difícil proceso de sobreponerse a los múltiples efectos de las violencias, este constituye un ejemplo paradigmático que permite ampliar nuestro conocimiento sobre la relevancia que adquieren las organizaciones para las denunciantes en la búsqueda de justicia y reparación de derechos, así como aproximarnos al análisis del impacto subjetivo y político que suponen para las denunciantes, al permitirles dimensionar en nuevos términos la experiencia vivida y producir estrategias y acciones colectivas más eficaces para sobreponerse a las violencias y a las marcas que estas dejan. La metáfora sobre las puertas gigantes que se abrieron con la llegada de la organización a la vida de Elena desnuda lo complejo que puede resultar para las mujeres el acceso a la justicia, al tiempo que suscita una serie de interrogantes: ¿por qué y de qué modo se abren con las organizaciones (y no antes) esas puertas de acceso a la justicia? ¿Qué estrategias y dimensiones se ponen en juego para alcanzar justicia y reparación de los derechos? ¿Qué acciones son las que impiden que esas puertas efectivamente abran paso a los derechos y no se vuelvan giratorias, como las que las denunciantes suelen encontrar a menudo en sus recorridos por el sistema de administración de justicia?

2. Sobre el enfoque adoptado: ¿cuál es la relevancia de abordar un caso?

No atribuimos al análisis de un caso características de muestreo representativo; por el contrario, esperamos que desde este enfoque se produzcan generalizaciones en términos de producción conceptual y de elaboración de problemas teóricos. Como señala Arfuch (2008): “una biografía bien elegida, plena de detalles significantes, es susceptible de funcionar como caso emblemático e iluminar por sí misma un vasto territorio de la trama social" (p. 188). En tal sentido, se toma un único caso como objeto de análisis sin pretender con ello la saturación teórica necesaria para la validez de conclusiones (Bertaux, 1999), pero sabiendo que, por su carácter destacado, estos relatos pueden dar cuenta de una parte significativa de la estructura social. Asimismo, coincidimos con Jacques Revel (1996) cuando advierte que la dimensión micro no goza de ningún privilegio particular y que lo que cuenta es el principio de la variación de escalas, más que la elección de una escala particular. En efecto, el relato de la denunciante permite transitar por una escala personal, centrada en su experiencia íntima a otra local, que examina el impacto de las organizaciones sociocomunitarias en las agencias estatales. Luego, lo que devela su relato acerca de los alcances y obstáculos en la administración de justicia provincial constituye otra escala que, por haber obtenido una medida de reparación inédita en nuestro país, puede iluminar los pendientes en materia de derechos a escala nacional. En un sentido solidario, afirma Ruth Sautú (2019) que “la biografía de los actores y de las relaciones sociales en las que participan constituye al engranaje que conecta niveles macro, meso y microsociales" (p. 333). En el nivel microsocial, explica la autora, los actores operan en la estructura y los procesos sociales, incorporándolos selectivamente a sus comportamientos, orientaciones y relaciones sociales. Al mismo tiempo, en nuestro estudio ubicamos a las organizaciones sociocomunitarias de nuestro interés en el nivel mesosocial, que media entre las acciones individuales e interacción, y el nivel macrosocial histórico. Este último, según Sautú, corresponde a los procesos históricos, la estructura social y los valores, normas y modelos que conforman la cultura. Por otra parte, la idea de que las biografías individuales deben estudiarse a la luz de sus grupos de pertenencia es clave para entender el concepto de género, pues esa categoría tiene gran capacidad explicativa, ya que permiten entender la desventaja social de las mujeres como colectivo (Cobo Bedía, 2005).

3. Aproximación biográfica a la denunciante y descripción de cómo la organización se acercó a su vida

Elena tiene 35 años, se identifica como mujer cis y fue víctima de violencia doméstica por parte de dos exparejas varones. En ambas oportunidades, denunció los hechos. El primer agresor fue su cónyuge y padre de sus hijo e hija mayores. El segundo es el padre de su hija menor aunque –aclara– nunca convivió con él. Si bien Elena remite a ambas experiencias y las compara en virtud de la magnitud de las violencias, su extensión en el tiempo y el alcance que tuvo el proceso judicial, su relato se centra fundamentalmente en lo vivido con el segundo agresor.

Explica que quedó embarazada cuando el agresor y ella apenas se estaban conociendo; según sus palabras, “[formaron] pareja por ese embarazo”. Sin embargo, la relación se vio dificultada cuando al poco tiempo acontece lo que ella identifica como “el primer episodio de violencia estando embarazada de cinco meses”. Con el nacimiento de la niña llegaría la primera denuncia formal, motivo por el cual el agresor no tuvo relación con la hija de ambos. La entrevistada insiste en que no tuvo una relación amorosa con él: al hacerlo pareciera querer remarcar el carácter excepcional de su historia y lo paradojal que todavía le resulta la violencia extrema que sufrió por parte de alguien con quien ella nunca tuvo una relación afectiva. En tal sentido expresa: “no tenía nada con él, él solamente venía a mi casa, se violentaba y se iba, no tenía más noticias, lo hacía cada tres meses, cada un mes, cada un año, no sé...”.[5]

Para organizar su exposición acerca de los aproximadamente siete años en los que estuvo sometida a la violencia, la entrevistada decide empezar el relato por el episodio que le permitió llevar a juicio a su agresor, por contar con testigos:

... después de tantos años, hubo un hecho que sí lo llevó a juicio, que fueron similares a los otros, pero justo esta vez tenía dos testigos (...) después de un año entero que yo no sabía nada de él, que él no caía, que no tenía denuncias, no tenía ni noticias de él, después de un año que yo un poquito me relajé, que dije “bueno, esto puede ser que terminó acá”. Sin embargo, aparece sorpresivamente a cambiarme todo el esquema, así que viene con un cuchillo, amenaza a mis compañeros (...) en ese momento él me toma del brazo, ¿no?, cuando yo les pido… yo me interpuse entre los chicos para que no les haga nada y me tomó del brazo y me puso el cuchillo en el cuello, viste, y si… yo ahí sentí: “Ya está, hasta acá llegué”, ¿viste cuando decís que se te viene la vida en un segundo? nada… pensás en los chicos y querés que se solucione todo ya, entonces que me mate y bueno.

La violencia cometida contra Elena era fundamentalmente física y psicológica. Luego del primer episodio, a partir del cual advierte que estaba viviendo en situación de violencia, los hechos comenzaron a sucederse cada vez más seguido en el tiempo. Durante los siete años que padeció violencia, realizó un elevado número de denuncias. Sin embargo, fue recién en el año 2018 cuando pudo llevar a juicio a su agresor, resultando este condenado a dos años de prisión efectiva.

Las situaciones que describe la entrevistada tuvieron un fuerte impacto físico y psicológico en su vida, impidiéndole trabajar o llevar una rutina “normal”. Al respecto, se describe como una persona que tenía muchísimo miedo, lo que le dificultaba “caminar por la vida como una persona normal”. Explica que vivía encerrada y que, cada vez que salía, tenía el estómago dado vuelta con presentimientos, con que me iba a pasar algo (...) no podía llevar una vida normal, trabajar, tener una rutina, los chicos faltaban a la escuela todo el tiempo, les daba miedo tomar un colectivo, fue un desastre”. Fue en este contexto caracterizado por la vulnerabilidad económica, emocional y física, que la entrevistada se acercó a la organización CCC por recomendación de otra persona.

Aquel momento de acercamiento a la organización es presentado como significativo para la entrevistada, por diversas razones. En primer lugar, porque allí encontró la oportunidad de participar de proyectos sociocomunitarios y percibir una contraprestación económica por ello. De algún modo esto le posibilitó recobrar algo de la “normalidad” (y de la autonomía) que su agresor le había arrebatado. En segundo lugar, porque acceder a ese espacio de militancia social hizo que reconociera e interviniera frente a otras situaciones de vulnerabilidad. Afirma Elena que fue a partir de ese hacer que pudo “salirse del eje”, distanciarse de su situación particular –de algún modo, descentrarse de la condición de víctima– y recobrar la agencia perdida en el contexto de violencia. Por último, ese encuentro fue profundamente revelador porque la habilitó a redimensionar su situación en nuevos términos, al reconocer que “había sido ignorante sobre cosas suyas, sus derechos” pero también en las “formas y manejos” fundamentalmente vinculados con el acceso a la justicia. Así lo narra ella:

... yo entré, en realidad, por boca de una persona que me dijo: “andá que te ayudan bastante cuando estás en una situación vulnerable, te dan ayuda, te ofrecen”: Entonces, como estaba yo en estado muy vulnerable, estaba muy mal, fui, insistí y ellos me generaron un proyecto para que empiece a trabajar (...) ahí empecé a hacer trabajos sociales, a participar en merenderos, organizamos un montón de cosas para los chicos, la verdad que eso me sacó un poco de eje de lo que estaba viviendo, y bueno, te daban una ayuda económica por mes y vos hacías como un trabajo ahí todos los días: ibas, cumplías una hora, hacías actividades, buscabas donaciones, todo un trabajo social re lindo y eso me enganchó mucho. Bueno, y de ahí empecé a conocer a las chicas, ahí sentí yo que había sido ignorante toda mi vida, sinceramente, porque yo desconocía un montón de cosas mías, derechos, un montón de formas, de manejos.

La CCC es una organización política y social promovida por el Partido Comunista Revolucionario. Se formó oficialmente tras la Marcha Federal de 1994, cuando organizaciones sindicales y populares de todo el país se opusieron al modelo económico del gobierno de Carlos Menem. Está compuesta por tres corrientes o afluentes: ocupados, desocupados y jubilados.[6] Además, nuclea organizaciones de pueblos originarios, excombatientes en Malvinas, jóvenes y mujeres. Las promotoras en prevención de violencia de género de la CCC se conformaron a nivel federal en el año 2017 con el objetivo de organizarse y capacitarse para acompañar a mujeres y niños/as en situaciones de violencia.[7] En La Pampa, este espacio está integrado por siete promotoras en la ciudad de Santa Rosa y por diez más, repartidas en localidades donde tiene presencia la CCC. No cuentan con sede o edificio propio, ni reciben ningún tipo de financiamiento público o privado. Se reúnen en la Biblioteca Popular Rodolfo de Diego, ubicada en la ciudad de Santa Rosa. A las mujeres que sufren violencia por motivos de género les proveen información sobre acceso a servicios sociales; contención ante situaciones de violencia y/o discriminación; acompañamiento en el proceso legal; asesoría legal; alimentos y recursos básicos; ayuda escolar; capacitación laboral y capacitación en problemáticas asociadas al acceso a la justicia. Además, facilitan el acceso de las personas que asisten a servicios de atención médica y psicológica y vivienda provisoria, haciendo las gestiones y tendiendo los puentes necesarios para que la víctima los obtenga. Las redes de trabajo de la CCC llegan a todos los poderes del Estado y las promotoras trabajan articuladamente con autoridades municipales y provinciales que tengan incumbencia en la resolución de las problemáticas de las denunciantes.

El acercamiento a la organización, así como su participación activa como militante social, se presenta en el relato de Elena como un momento casi fundacional en su trayectoria personal y en el arduo proceso de buscar justicia y reparación de sus derechos. Según ella, al sumarse a la organización y conocer a las chicas de la CCC, sintió que se abrió una puerta gigante. Se divisan en su narrativa permanentes marcas temporales que definen a ese momento como parteaguas de su historia. Al respecto, contrasta cómo era y cómo se sentía ella antes y cómo fue su vida después de acercarse a la organización. La imagen metafórica de las puertas gigantes que se abrieron remite tanto a las diversas oportunidades que tuvo a partir de entonces, así como a la convicción de que, a partir de allí, “lucharon juntas con las chicas de la CCC y no se sintió más sola”. En efecto, identifica dos etapas o momentos en su historia: “la primera etapa cuando me sentía muy sola pero estaba con mi familia, y la segunda etapa [en la] que ya me empapé un poco más en el tema y me empoderé un poco más, y con el conocimiento que ellas tienen y que me fueron transmitiendo, empecé a luchar de otra forma”. Como se observa, esas dos etapas se definen a partir de los cambios subjetivos que experimenta, pero también en relación a las estrategias y modalidades que encuentra para acceder a la justicia y salir de la situación de violencia. Indudablemente, ese desplazamiento de una etapa a la otra viene dado por la compañía y contención de otras chicas que detentan un posicionamiento político marcado por la perspectiva de género y un saber hacer ante el sistema de administración judicial. En tal sentido, Elena considera que vivía en “una cajita y desconocía”, pero que, al sumarse a la organización, “se me empezaron a abrir puertas (...) sentí que lo enfrenté de otra forma, así que ahí empecé a participar de las organizaciones sociales”. Dada la trascendencia que le otorga a ese pasaje operado con la llegada de “las chicas”, Elena no duda en recomendar a otras mujeres que estén sufriendo violencia que se acerquen a esta o cualquier otra organización. Hacerlo equivale a “no estar más solas” y, fundamentalmente, a obtener algo de justicia:

Me escribieron varias mujeres, bastantes, y lo que les he dicho primeramente es que no estén solas, que busquen una amiga, una persona como yo hice con estas mujeres que yo les dije, las mujeres de las organizaciones que le ponen el pecho a eso y están para la causa, para erradicar la violencia y luchan día a día y se capacitan, entonces les digo, unite a esas mujeres que son las que te van a hacer saber tus derechos, las que te van a preparar para saber cómo presentarte ante la justicia.

(...)

No hay que ir solas, hay que ir acompañadas de las mujeres de las organizaciones. Es inexplicable el amor que sienten hacia nosotras y hacia nuestra historia. Yo cuando veo a estas mujeres, las miro y veo en sus ojos mi dolor y, si siento alegría, veo en sus ojos un brillo de alegría.

Actualmente, Elena se desempeña como empleada en la Municipalidad de Santa Rosa; es por esto por lo que no depende económicamente de nadie y obtiene todos los beneficios del empleo registrado. Accedió a ese trabajo como medida de reparación económica y simbólica por la violencia sufrida. El puesto pertenecía a su agresor, quien fue exonerado tras recibir la condena firme por ejercer violencia de género contra Elena. Se trata de una medida inédita en nuestro país, razón por la cual tuvo gran repercusión en los medios locales y nacionales. La medida se fue gestando a partir de la iniciativa de quien era en ese momento Directora de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad. Esta persona conocía al agresor de Elena y había atendido, en su rol de médica, a otra mujer violentada por él. Sensibilizada por este hecho, explica Elena, que la funcionaria:

... por todos estos daños que todos estos años yo había vivido y había sufrido no solo económicamente, por todo lo que pasé, ella le propone al Intendente si quedaba firme la condena esa que ya le habían dado de dos años, que ese espacio que quedaba porque él perdía su trabajo si me lo podían otorgar a mi (...) entra la nueva gestión que cuando entra justo en enero se trata la Ley Micaela en el Consejo (...) se presenta un artículo dentro de esa ley que habla de esto, de si por exoneración de algún agente o cesantía de algún agente municipal por violencia de género puede otorgar su lugar a la víctima, entonces claro, y ahí lo aprobaron, todo el Consejo lo aprobó.

En este punto conviene aclarar que la lucha conjunta de las promotoras en prevención de violencia de la CCC, la Secretaría de Género de la CTA-A La Pampa y el Departamento de género de ATE La Pampa, fue vital en la resolución judicial del caso de Elena así como para la obtención de aquella medida reparadora inédita: la ordenanza que la vinculó como trabajadora del Municipio de Santa Rosa en reemplazo de su agresor.

4. Del “memorial de agravios” a la “vindicación”: algunas hipótesis para comprender la relevancia de las organizaciones en el acceso a la justicia

Rosa Cobo Bedía (2005) señala que para entender al feminismo en su complejidad no podemos olvidar que la histórica opresión de las mujeres ha sido justificada con el argumento de su carácter natural. Hasta los tiempos de la Ilustración, explica la autora, se conceptualizó a las mujeres o bien como inferiores o bien como de excelencia respecto de los varones. El discurso de la inferioridad reposa sobre la idea de que existe una ontología diferente para cada sexo, en la que la diferencia sexual es definida en clave de inferioridad femenina y de superioridad masculina. Por su parte, el discurso de la excelencia moral de las mujeres respecto de los varones descansa, según Cobo Bedía (2005), en “una normatividad que ha sido el resultado de la jerarquía genérica patriarcal y que se resume en el ejercicio de las tareas de cuidados y en la capacidad de tener sentimientos afectivos y empáticos por parte de las mujeres hacia los otros seres humanos” (p. 251). Es decir, es un argumento que repliega a las mujeres al ámbito doméstico y las excluye del ámbito público y político. Ahora bien, junto a estos discursos aparece otro que Celia Amorós (en Cobos Bedía, 2005) denomina “memorial de agravios”. Se trata de “un género antiguo y recurrente a lo largo de la historia del patriarcado: periódicamente, las mujeres exponen sus quejas ante los abusos de poder de que dan muestra ciertos varones, denostándolas verbalmente en la literatura misógina o maltratándolas hasta físicamente” (p. 251). En este contexto, Amorós advierte sobre la necesidad de no inscribir este género en el discurso feminista, puesto que “no es lo mismo la queja que la vindicación” (p. 252). Mientras la queja descansa sobre el malestar que producen los excesos de violencia física y psíquica hacia las mujeres, la vindicación promueve la deslegitimación del sistema de dominio de los varones sobre las mujeres en sus múltiples dimensiones. En este sentido, el objetivo de Amorós es mostrar que solo desde el género de la “vindicación” se ha articulado históricamente el feminismo, es decir, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Más aún cuando la desigualdad de género y sus modos de reproducción se modifican en función de la capacidad de las mujeres para articularse como un sujeto colectivo que persuade a la sociedad de la justicia de sus vindicaciones políticas.

Sostenemos como principal hipótesis que la intervención y acompañamiento de las organizaciones comunitarias son relevantes para las víctimas (y también para el propio colectivo de mujeres), en tanto les permiten desplazarse de la queja a la vindicación en los términos señalados por Amorós (1997). En el caso de Elena, este pasaje a la vindicación fue vivido y significado en términos de unas “puertas gigantes que se abrieron”. Entendemos que esto fue posible, en primer lugar, porque la organización le posibilitó reconocer que la violencia sufrida se inscribe en el orden social patriarcal así como también dimensionar su carácter histórico, político y estructural. En segundo lugar, porque estas premisas permitieron resignificar y reforzar su demanda de justicia, tanto mediante el proceso de alfabetización jurídica –que incluyó el acompañamiento de la organización– así como también como consecuencia del cuestionamiento político del propio sistema judicial. Por último, y en relación con lo anterior, consideramos que la organización también posibilitó ese desplazamiento hacia el género de la vindicación al inscribir su discurso en la esfera pública. Esto se traduce en la oportunidad de visibilizar tanto la violencia sufrida como la falta de respuesta judicial en los medios de comunicación o en los “escraches” en las redes sociales y vía pública.

4.1. “Acompañada, pero poco comprendida”: la organización como oportunidad para reconocer la dimensión histórica, social y política de la violencia de género

En la “primera etapa” de su historia como mujer en situación de violencia, Elena afirma haberse sentido muy acompañada, pero poco comprendida. Esto puede explicarse por el tipo de acompañamiento recibido por parte de su familia y distintas personas de su entorno, que oscilaba entre acciones de tutelaje y una mirada culpabilizante de la víctima. Según la entrevistada:

Me veían vulnerable, indefensa, algo así, entonces como que querían manejar mi vida, me veían incapaz de poder resolver toda mi vida, entonces como que te ayudan, pero te dicen: “No, porque vos fijate que estás haciendo mal esto o aquello otro”, entonces como que te tiraban más culpa a vos. O sea, yo lo estoy contando: “A ver, mamá, papá, me está pasando esto”, y la respuesta era: “No, hija pero vos tenes también esto, que lo otro” (...) Querían tomar decisiones por mí que yo no compartía, yo quería otra solución (...) me iba muy angustiada de la casa de ellos a veces, porque no me sentía comprendida, no tomaban dimensión de la gravedad de lo que les estaba diciendo (...) Ellos decían que tenía que tomar decisiones, ponele, a ver… ¿Para qué salís? No salgas… si vos sabes que está el tipo este loco, no tenés que…” Entonces me encerraban más...

En el relato se observan desajustes entre las expectativas de la mujer y las estrategias de contención y cuidado implementadas por su entorno, tendientes más al repliegue de la víctima al espacio doméstico que a la condena del agresor y a la transformación de la situación. De hecho, esas estrategias, lejos de cuestionar o denunciar el orden social patriarcal, muchas veces refuerzan los roles y estereotipos de género que producen la opresión. En relación con esto, cuenta Elena que en su afán de hacer una “vida normal” se inscribió a una clase de baile árabe. Según ella, “deseaba, anhelaba un mundo organizado, una rutina, un hobby, un montón de cosas”. Sin embargo,

... mi papá cuando se enteró de eso le cayó sumamente mal la idea, me llamó diciéndome de todo, encima me lo decía de una forma fea (...) era: “No, pero como vas a hacer una cosa así, si vos sabes que no podés ni salir… que sos loca, que ya sos una señora grande, sos mamá de tus hijos, tenes que quedarte con tus hijos ahí” (...) me hacía sentir mucho más mal, yo sabía que si le pedía ayuda a ellos me iban a solucionarlo urgente, pero me iba a sentir mucho más mal, era algo que tenía que sacrificarme...

De este modo, las representaciones sobre el agresor como “loco” se combinaban con las exigencias que recaen sobre el comportamiento femenino, en tanto “señora grande” y “madre”, que no debía exponerse al peligro ni tampoco dar motivos al agresor para violentarla. En ese registro, Elena asume que la asistencia inmediata de su familia tenía como contrapartida la aceptación del tutelaje y el repliegue al ámbito doméstico. De este modo, las medidas de protección ofrecidas por la familia, si bien le daban soluciones urgentes, a la vez sacrificaban su autonomía así como las posibilidades de denunciar y oponerse a la violencia en los términos que señala Amorós. Esta operación suponía para la mujer quedar responsabilizada por su propia integridad y la de sus familiares, porque incluso le decían que “les iba a ocasionar un infarto si seguía así, ya que estaban asustados por ella, lo que la hacía sentir culpable de aquello que podía llegar a pasarles.

Como se observa, existe una brecha entre poseer un problema e identificar su índole jurídica y reclamar su resolución en el sistema de administración de justicia. Bourdieu (2000) señala al respecto que “la sensibilidad hacia la injusticia o la capacidad de percibir una experiencia como injusta no están uniformemente repartidas y depende estrechamente de la posición que se ocupa en el espacio social” (p. 189). De este modo, para el autor, descubrir una injusticia se asienta en el reconocimiento de tener derechos. Aquí podemos agregar que, para el caso de la figura paterna, ese reconocimiento reposa también en la posibilidad de asumir los propios privilegios que se tiene en tanto que varón. Por estas razones, sostenemos que las acciones y discursos familiares que acompañaron a Elena se acercan más al “memorial de agravios” que a la vindicación definida por Amorós, puesto que no se orientan a deslegitimar el sistema de dominio de los varones sobre las mujeres en sus múltiples dimensiones.

Paralelamente, la precariedad de las medidas de protección desplegadas por la familia no contribuyó a que estas tuvieran continuidad en el tiempo. A modo de ejemplo: en una ocasión, ante los tantos episodios de violencia, la familia vio conveniente que Elena se mude a la casa paterna. Esto supuso una gran incomodidad para ella y, sin dudas, también una degradación, puesto que debía dormir con su hijo e hijas en un colchón de dos plazas ubicado en el comedor de la vivienda. De esa manera, el uso del tiempo y de los espacios quedaba supeditado a las rutinas y costumbres de quienes habitaban la casa originalmente. Es así que ella prefirió volver a su casa y “correr el riesgo” de recibir nuevamente amenazas o ataques de su agresor antes de permanecer en esa situación. Se impone en este contexto una comprensión interseccional de la violencia y de las estrategias de acompañamiento implementadas por el entorno y la familia. Luego, llevado al terreno del acceso a la justicia, esa interseccionalidad se cristaliza en las formas de discriminación que enfrentan las mujeres por su condición de género y de clase. En efecto, la discriminación aumenta en muchos casos las probabilidades de ser excluidas de las instituciones y de los resultados judiciales. Se genera, entonces, un patrón cíclico de marginación que obstaculiza la posibilidad de acceder de manera efectiva a la justicia.

En contraste con las intervenciones familiares, en el contexto de la organización, Elena encontró interlocutoras (aunque también interlocutores) que, según ella, le permitieron “empoderarse”, “conocer sus derechos” y llevar a cabo su “lucha con otras”. En esta segunda etapa, se reconoce volcada a la organización y “con las chicas que me ayudaron”. Aunque aparecen nombres propios o referentes, la alocución central remite a “las chicas de la CCC”. En sus palabras, las chicas son las de las organizaciones de la CCC: “Andrea, una acompañante fiel número uno; Patricia que es del grupo de género de ATE, y todas mis compañeras de ahí que fueron las que me acompañaron en todo”. En su encuentro con “las chicas”, así como en el curso de sus acciones frente a la justicia, Elena atraviesa transformaciones personales sustanciales; de ello da cuenta cuando narra el acercamiento a la organización como parteaguas en su forma de comprender su situación y en el modo de buscar soluciones:

... yo desconocía muchísimas cosas y seguía teniendo fe en la justicia, creía que era lo único que me podía dar una solución porque era lo único que tenía en ese momento...Cuando conocí a las chicas ellas mismas me empoderaron y con ellas mismas me animé a sentarme más de una vez en una conferencia y decir: “Me están vulnerando tal derecho, me está pasando esto”.

(...)

A muchos les molesta la mujer feminista y las organizaciones, pero son las únicas que van y se enfrentan y que ellos bien o mal temen un poco a eso y saben que tienen conocimiento porque así como la gente piensa que son ignorantes, vagos... ¡No! ellas se capacitan y realmente pueden pararse adelante de un juez o de quien sea a cuestionarle ¿me entendés?

En la perspectiva de Elena, la organización le permitió operar un develamiento respecto del funcionamiento del sistema de administración de justicia. Esa operación no se traduce en dejar de demandar a dicho sistema o en producir acciones y estrategias reparadoras por fuera de este. Por el contrario, consiste en el reconocimiento de sus mecanismos y limitaciones; en la advertencia sobre la necesidad de actuar colectivamente y de denunciar públicamente el funcionamiento del sistema de justicia; y, a la vez, en el acceso a un “saber hacer” jurídico que acorte brechas entre públicos expertos y legos. Un develamiento que, en definitiva, interrumpa de algún modo la reproducción de la vulnerabilidad de las mujeres pobres que sufren violencias.

4.2. “La justicia lo primero que hace cuando hay un caso de violencia de género es cerrarlo”: alfabetización jurídica y denuncia pública al sistema de administración de justicia

El acceso a la justicia encuentra reconocimiento como derecho fundamental en distintas normas internacionales que, junto con las nacionales, imponen a los Estados la obligación de garantizar su aplicación efectiva y reconocimiento legal y constitucional.[8]Generalmente, esas normas contienen obligaciones positivas que exigen la realización de acciones concretas, entre ellas la revisión y remoción de los obstáculos para asegurar el acceso a la justicia. Sin embargo, el acceso a la justicia es una problemática actual, con múltiples aristas, y que debe ser estudiado a fines de potenciar la situación de igualdad y no discriminación de grupos o sectores vulnerables, como el de las mujeres. Birgin y Kohen (2006) destacan que el acceso a la justicia en un sistema democrático tiene por objeto garantizar los derechos a toda la ciudadanía por igual, por ello resulta pertinente indagar y analizar en qué condiciones las mujeres acceden a los derechos y cómo inciden distintas barreras u obstáculos en la consecución de ese fin.

Durante los siete años que sufrió violencia por parte del segundo agresor, Elena realizó un elevado número de denuncias. En su relatos sobre esos años, va estableciendo algunas diferencias y continuidades. Refiere que en un primer momento, entre los años 2013 y 2014, denunció en una comisaría no especializada en género. En un momento posterior, cada vez que denunció, lo hizo directamente a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Santa Rosa. Destaca de sus comienzos como denunciante la frialdad de quienes les tomaban la denuncia y el tono estigmatizante de las preguntas, la falta de acompañamiento profesional especializado y, fundamentalmente, el hecho de que se le impusiera estar sola en el momento en que le tomaban la denuncia. Cuestiona, a su vez, que la policía acudía a su hogar cuando era llamada, pero que, para denunciar, ella se veía obligada a asistir a la seccional. Esto lo observa como un contrasentido, dado el riesgo que suponía para ella salir de su casa. En estos relatos acerca de los tiempos iniciales de sus denuncias cobra relevancia su desconocimiento acerca de los documentos que firmaba. Por ejemplo, en la entrevista narra con amargura que, con el tiempo, comprendió que ello la había conducido a consentir con su firma –y sin saberlo– el sobreseimiento de su agresor.

En el devenir de las sucesivas denuncias entran en escena “las chicas de la CCC”, que marcan un quiebre en su trayectoria como denunciante. Según Elena, son ellas quienes empiezan a acompañarla, enseñarle y asesorarla. En tal sentido, es relevante para ella enterarse por “las chicas” que podía ingresar con otras personas al momento en el que le tomaban la denuncia. Insiste varias veces en este hecho por el carácter revictimizante que tenía esa instancia policial, a la que respondía bajo condiciones emocionales muy vulnerables o, como dice ella, “en estado de shock”. Son escenas recurrentes la incapacidad de reconstruir los hechos que se denuncian o de poder contestar adecuadamente a preguntas que no comprendía o que simplemente le parecían descabelladas, dada la magnitud de lo denunciado. Así lo explicaba Elena:

... una va con mucho miedo a hacer las denuncias, de hecho que ellos te atienden con tanta frialdad al tomarte una denuncia, y te hacen preguntas a veces tan… que yo creo que en el en el que una mujer hace una denuncia tiene que haber al lado del mismo comisario que te toma la denuncia, un equipo técnico, ahí inspeccionando y dando su evaluación sobre cómo te encontrás vos al momento de ir a hacer la denuncia, ya sea con miedo, angustiada, en un estado muy… ¿no? (...) encima te dicen que tenés que entrar sola, incluso es lo primero que te aclaran: que tenes que entrar sola. Yo siempre creí que era así, iba sola, pero cuando fui con las chicas, las chicas dicen: “No, yo voy a entrar con ella, ella no va a entrar sola”, y no le dicen nada, entonces yo digo: “Pucha, ¿cómo que antes?” (...) y encima te hacían preguntas, como diciendo que si yo conocía el hecho puntual de cual… de por qué el actuar del hombre masculino hacia mí, o cosas así, que vos decís: “¿cómo tendría que ser?”. Es feo ir y hacer una denuncia de esa forma, ¿no?, pero aun así de igual manera siempre denuncié igual.

(...)

No recuerdo mucho que me hubieran dicho algo inapropiado en las primeras denuncias. Las otras obviamente no porque tenía compañeras de fierro (...) ellas cuestionaban a los comisarios, a los que toman la denuncia, diciendo: “No, a ver… eso no va, o esto sí, o… a ver aclárame por favor que esta persona hizo esto, esto y esto”, así se lo demandaban.

Elena contrasta, asimismo, el acompañamiento brindado por “las chicas” y el de  sus abogados o de la Fiscalía –que, según ella, ni siquiera le advertían sobre las consecuencias que tenía firmar los documentos que firmaba–. El valor asignado al apoyo de este colectivo puede clasificarse en dos dimensiones: una más técnica o pragmática, vinculada con la alfabetización jurídica; la otra, una dimensión más política, que tanto supone comprender el funcionamiento de la justicia (sus tiempos, pero también su carácter patriarcal) como su correlato:
la necesidad de demandar activamente para obtener respuestas. En sintonía con esto último, Robles (2011) conceptualiza al acceso a la justicia como el “acceso a las condiciones –sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas– que posibiliten el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos por parte de los ciudadanos, ya sea dentro de las organizaciones jurídicas formales como alternativas de acuerdo al interés de quien procura acceder” (p. 75). En esa dirección, el autor acentúa la importancia de reconocer el derecho que se detenta como primer paso para ejercerlo, y a la vez la relevancia de hacerlo valer frente a los otros. Al respecto, Elena relataba:

... revisaba un poco [antes de la entrevista] los papeles que me habían hecho firmar, hasta acuerdos de los cuales yo ignoraba totalmente los sobreseimientos de él, de cada restricción que terminaba, de cada cosa… y yo no sabía qué estaba firmando. Porque yo entendía que estaba confiando en una fiscala o en una fiscalía que me defendía a mí, en un abogado que en conjunto iban a decir: “Mirá…”, al conocer la situación: “Te van a hacer firmar esto pero vos tenes que fijarte que si lo firmas después pasa esto, o si no lo firmas después…”, o sea… nadie te orienta en esas cosas, las tenes que adquirir sola como las adquirí yo con mi caso, de cuántos años, de tantos años, y más después cuando me sumé con las chicas o ellas se sumaron a mí en esta lucha, de tener el conocimiento de ellas, de capacitarse. Porque se capacitan ellas para después decir: “Bueno, no, no hagas esto, hacé aquello, hacé lo otro”, y ahí empezás a conocer cómo la justicia lo primero que hace cuando hay un caso de violencia de género es cerrarlo (...) Nadie quiere tocar a fondo, quieren cerrarlo y archivarlo, lo primero que quieren hacer es que vos firmes y cierres y archives, ya está.

Conforme pasa el tiempo, el recorrido por las distintas instancias policiales y judiciales supone para las denunciantes el aprendizaje de un “saber hacer jurídico”. No obstante, la entrevistada aclara que ese conocimiento, en su caso, se potenció con el asesoramiento de “las chicas”, de quienes no solo destaca la predisposición y compañía, sino también la permanente formación y capacitación en estos temas. En coincidencia con lo antes expuesto, Elena muestra el pasaje de un tiempo anterior en la que ella deposita su confianza en la justicia “porque era lo único que tenía” a otro momento, donde se produce el entendimiento de que la justicia no opera en favor de las mujeres que sufren violencia, a menos que estas presionen (colectivamente) para que así sea. Birgin y Gerardhi (2006) señalan que acceder a la justicia implica la posibilidad de convertir una circunstancia que puede o no ser percibida inicialmente como un problema, en un cuestionamiento jurídico. Para las autoras es imprescindible, en primer lugar, reconocer la existencia de un problema e identificar su naturaleza jurídica. Asimismo, para acceder a la justicia es preciso identificar a la persona (pública o privada) responsable de causar el problema, así como de incumplir en su obligación de resolverlo. Puede decirse, entonces, que la organización contribuye, en primer lugar, a que el problema sea identificado como uno de naturaleza cultural, histórica, política, pero también jurídica (como mostramos en el apartado anterior). En segundo lugar, permite, en cierto modo, responsabilizar al sistema de administración de justicia por la falta de soluciones frente a tales problemas.

Cuando empecé a militar, a conocer… a nivel nacional, mundial si querés decirlo, el nivel de violencia que hay hacia la mujer y me empecé a empapar más del tema y a ver cómo… ahí empecé a encontrar la forma de luchar.

(...)

Hoy en día conozco hasta el tiempo que tienen ellos para enviarle esa denuncia a fiscalía, y que la fiscalía de turno la puede tomar, y todo eso lo conozco ahora, pero en ese momento no, entonces… tomaban la denuncia, y vos lo que esperabas encima, porque ni siquiera sabías que hacer… a ver, ¿cuánto tiempo iban a tardar en hacer algo o no?

Birgin y Cohen (2006) consideran que el acceso a la justicia supone diferentes aspectos, aunque complementarios. Por un lado, el grado de conocimiento que las personas poseen de sus derechos en tanto ciudadanas y, por el otro, de los medios disponibles para poder ejercerlos. Desde ya, la conciencia del acceso a la justicia como un derecho debe ser acompañada por la obligación del Estado de proveerlo, y a la vez, promoverlo. Cabe destacar en este punto que existe un reconocimiento de que algunos agentes del sistema cuentan con perspectiva de géneros, sobre todo hacia el tramo final de su recorrido en la exigencia de justicia.

En 2018 quien agarra la causa es el fiscal X, que es fiscal de género, bueno que él tiene más perspectiva de género y lo hace con más conocimiento hacia la temática, hacia la problemática esta de género. Él estaba trabajando en género antes y entonces él pide al juez que se me otorgue el botón antipánico, también pidió… después en su momento pidió hasta que su sentencia quedara firme, después del juicio pidió la pulsera y se la dieron, o sea me la dieron (...) después si estuvo como más activa la justicia en el último paso, pero ya había testigos, ya había todo… ya se podía armar un juicio con todas las pruebas (...) en el último tiempo, en 2018, el último episodio yo todo lo que le pedía a mi fiscal o a mi abogado lo presentaban ante un juez, no como los anteriores que por ahí lo que hacían era, como ya te digo, archivar la causa, no darte… no abrirte el abanico de posibilidades y herramientas que tenes vos para acudir.

Del testimonio de la entrevistada se desprende que las respuestas que se obtengan de la justicia dependen, en gran medida, de las voluntades individuales de algunos actores, más que de la eficiencia e interés del sistema en su conjunto de ofrecer justicia y reparar derechos vulnerados a mujeres que sufren violencias por motivos de género. La contracara de estos cuestionamientos a la justicia se produce en la certeza de que esta “sí funciona” para los agresores, en tanto se les ofrece y garantiza todas las instancias del proceso, al punto de dejar desamparadas a las víctimas. En palabras de Elena:

... porque el violento usa todos los códigos habidos y por haber, todos los derechos que tiene y todo para poder salvarse, ¿no?, apelar… todo… en cambio una no tiene ese conocimiento y no te lo brindan (...) “Cómo este tipo tiene para pedir esto, tiene aquello, pide lo otro y yo que estoy en esta situación no tengo nada?”, entonces nada, después con el fiscal [que tenía perspectiva de género] sí conocí un poco más lo que yo podía tener, ¿no?, lo que yo podía presentar… con el abogado querellante, porque yo antes tampoco sabía que podía solicitar ser querellante de mi causa y solicitar un abogado ahí, entonces con las chicas que supieron ese dato me lo brindaron… sabes que hicimos fuerzas, un montón y ellos mismos me brindan el conocimiento a mí …

Conforme su experiencia, la entrevistada considera que la eficacia y oportunidad de la justicia conjuga una serie de factores. Además del papel que, en su caso, jugó el acompañamiento de la organización CCC, reconoce la importancia de encontrar, en el proceso, agentes judiciales que cuenten con perspectiva de género y “voluntad” de ayudar a la mujer que atraviesa situaciones de violencia. Pero cuando los agentes no expresan tal voluntad ni tal perspectiva aparece otro factor, que es la visibilización pública del caso (o la amenaza de esto). De este modo lo sintetizaba Elena:

Entrevistadora: Pareciera, en tu relato, que hay una primera etapa en el que la justicia no registra la gravedad de tu caso y otra en la que ya todos los mecanismos se ponen en funcionamiento para protegerte.

Elena: Pero… ¿Cómo se logra eso? Vamos a decirlo así… ¿cuál era el camino que te dije?, los escraches, los escraches, hacerlo público, nombrar a cada uno de los que… a ver, yo antes era un papel y no sabía quién era quién, ahora llega un oficio, una cédula, algo, y ya miro quién es el juez, todo (...) las soluciones, todo, fueron dándose a raíz de que… a ver, encuadro todo, hubo un fiscal con perspectiva de género, hubo un acompañamiento [de las chicas de la CCC] como tuve yo que iban conmigo, ellos [los agentes judiciales] sabían que nunca iba a ir sola, a ver a quien sea iba a ir acompañada y con gente que le iba a preguntar de todo, entonces todo eso hizo que empezaran a tomar las cosas de otra forma, con más seriedad, con más respuesta y bueno, se fue dando así.

A lo largo de su testimonio, Elena cuenta que, entre las estrategias impulsadas por “las chicas,” se encontraba hacer público, exponer la falta de respuesta por parte del sistema de administración de justicia, ya sea en los medios locales o en las redes sociales. Debe entenderse que esa posibilidad de “hacer pública” la ausencia de soluciones apunta ya no solo a la justicia como sistema sino a un conjunto de agentes específicos, y se sostiene en las acciones colectivas y en la resonancia que tienen las organizaciones. Podría decirse, entonces, que se produce un doble movimiento. Al hacer público el caso, se da a conocer la identidad y el accionar del agresor y de los agentes judiciales (muchos de ellos, varones), quienes no dan respuesta a las mujeres que sufren la violencia. En ese hacer, la denunciante cobra la visibilidad negada al interior del sistema judicial y “deja de ser un papel”. Elena resume la combinación de todos estos factores en la resolución favorable a su situación, luego de haber vivido  un “calvario” durante siete años –así lo describe–.

5. Consideraciones finales

En el marco de nuestro proyecto de investigación, examinamos desde la perspectiva de mujeres que sufrieron violencia por motivos de género el papel que juegan las organizaciones sociales, tanto en sus trayectorias personales como en el acceso a la justicia. Dado que desarrollamos este trabajo a partir de la narrativa de una sola mujer, justificamos la conveniencia de abordar en profundidad un caso biográfico al apelar a su carácter emblemático. Paralelamente, sostuvimos su validez en la medida en que lo biográfico permite conectar los niveles micro, macro y mesosociales del problema en cuestión.

En el relato de Elena, el acercamiento a la organización CCC es significado como un momento en el que “se abrió una puerta gigante”. Consideramos que la “puerta abierta” simboliza el acceso a la justicia y sitúa el acercamiento a la organización como un parteaguas en su trayectoria personal. Por tales razones, esa metáfora reclama explicaciones sobre las modalidades del acompañamiento de este particular sujeto jurídico, así como acerca de sus efectos, tanto en las vidas de las mujeres como en sus demandas de justicia y de reparación. Desde esa premisa, mostramos, en primer lugar, que la organización le permitió a la denunciante desplazarse desde la queja a la vindicación en los términos expuestos por Amorós (1997). Esto es posible en la medida en que las demandas y denuncias empiezan a inscribirse en un registro que promueve la deslegitimación del sistema de dominio de los varones sobre las mujeres en sus múltiples dimensiones. Paralelamente, en el caso analizado, la organización le permitió a la denunciante consolidar un “saber hacer jurídico” que impactó directamente sobre la eficacia de las acciones y estrategias implementadas a lo largo del sistema de administración de justicia; una eficacia que se vio ampliada por el hecho de que la organización contribuyó a inscribir el pedido de justicia y reparación de los derechos vulnerados en la esfera pública, por medio de estrategias de denuncia pública e incluso de “escrache”, sin perder de vista que estas interpretaciones exigen una lectura interseccional acerca del acceso a la justicia y a los derechos en general.

A partir de aquí surgen nuevos aspectos para seguir indagando, a saber: cómo se configuran las organizaciones del medio local, cuáles son sus lógicas de funcionamiento, tensiones y desafíos. Con ello esperamos contribuir a la comprensión sobre los modos en que las organizaciones pueden potenciarse en tanto sujetos jurídicos capaces de imponer transformaciones estructurales. Es decir, para que sus acciones y efectos en materia de acceso a la justicia no queden relegados a casos particulares o se comporten bajo la lógica de un “parasistema”.

6. Referencias

Amorós, C. (1997). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Cátedra, col. Feminismos.

Arfuch, L. (2006). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura Económica.

Asamblea General. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas.

Asamblea General. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Naciones Unidas.

Bertaux, D. (1999). El enfoque biográfico, su validez y sus potencialidades. Revista Cahiers lnternationaux de Sociologie, LXIX (traducción TCU 0113020 de la Universidad de Costa Rica).

Birgin, H. y Kohen, B. (Comps.) (2006). Acceso a la justicia como garantía de igualdad: Instituciones, actores y experiencias comparadas. Biblós.

Bourdieu, P. (2000). La Fuerza del Derecho. Editorial Uniandes.

Cobo Bedía, R. (2005). El género en las ciencias sociales. En Cuadernos de Trabajo Social, 18, pp. 249-258. DOI: 10.5209/CORTES.8441

Conferencia Internacional Americana (1948). Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Colombia.

Femenías, M. L. (2018). Violencia contra las mujeres: obstáculos para enfrentarla. En Femenías, M. L. y Novoa, S. M. (Coord) Mujeres en el laberinto de la justicia. Prohistoria ediciones.

Revel, J. (1996). Microanálisis y construcción de lo social. Entrepasados, 10, pp. 41-160,

Robles, D. (2011). El acceso a la justicia: aspectos teóricos, implicancias prácticas. En O. Salanueva y M. G. González  (Comps.), Los pobres y el acceso a la justicia. Edulp.

Sautu, R.; Damiani, S.; González, D.; López, A. y Rossi, C. (2019). La interpretación subjetiva de la historia. Las perspectivas macro, meso y microsociales en la investigación biográfica. En E. Meccia (Dir.), Biografía y sociedad. Métodos y perspectivas. Ediciones UNL, Facultad de Humanidades y Ciencias/Eudeba.


Notas

[1] Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Violencia por motivos de género y/u orientación sexual en la provincia de La Pampa. Obstáculos y condicionantes en el acceso a la justicia”, aprobado y financiado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (Res. Nº 058/21).

[2] En la primera etapa de la investigación se entrevistaron 15 personas (11 mujeres cis y 4 personas del colectivo LGBTQI+ víctimas de violencia de género y/o policial). Esas entrevistas se complementaron con la realización de grupos focales a una diversidad de agentes vinculados con el sistema judicial, entre quienes se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género.

[3] Las organizaciones de mujeres ofrecen contención y escucha a las víctimas en casos de emergencia: les proveen información sobre posibles cursos de acción y lugares a dónde recurrir y les facilitan el acceso a derechos sirviendo de articulación con las agencias estatales. Asimismo, en una enumeración no exhaustiva, identificamos que las organizaciones informan a las víctimas acerca de programas sociales y las ayudan a inscribirse en ellos y a recibir útiles escolares, bolsas de alimentos u otros programas provistos por el Estado nacional, Anses, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la Secretaría de Desarrollo Social de Santa Rosa. También sirven como articuladoras para el acceso a servicios de salud en establecimientos sanitarios, en casos de obstaculización de derechos reproductivos y no reproductivos (ILE, IVE) o de incumplimiento de tratamientos para pacientes con HIV o personas en procesos de hormonización. Aunque ninguna de las organizaciones relevadas ofrece servicios de patrocinio jurídico, realizan enlaces informales con abogados particulares, abogados de los sindicatos y defensores públicos para que las víctimas puedan contar con asesoría jurídica y acompañamiento letrado en el proceso legal. Solo dos de las organizaciones LGTBIQ+ y de mujeres relevadas tienen abogadas/os entre sus integrantes, que prestan de manera informal y gratuita servicios de orientación jurídica a quienes lo soliciten.

[4] A los fines de preservar su identidad, hemos cambiado el nombre de nuestra entrevistada y de otras personas citadas en el presente artículo. Es posible, no obstante, que sea fácilmente identificable por tratarse el suyo de un caso paradigmático a nivel local como nacional, así como por el hecho de que ella hizo pública su situación en entrevistas periodísticas y en publicaciones en redes sociales, entre otras. Consideramos que esto no exime a las/os investigadores sociales del respeto y anonimización de las personas entrevistadas, más aún cuando el análisis remite a otras personas del entorno de la entrevistada.

[5] Todas les remisiones textuales a las palabras de Elena a lo largo del presente artículo corresponden a la entrevista que, bajo modalidad virtual, le realizaron las autoras en Santa Rosa (La Pampa), el 1 de mayo de 2021.

[6] Ver cccnacional.com/blog/26-anos-de-nuestra-corriente-clasista-y-combativa/

[7] Ver facebook.com/PromotorasPrev.V.G.LaPampa/

[8] Se pueden ver los arts. 8° y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los arts. 2°, 3° y 14 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras.