Conflictos socioterritoriales: minería en territorios comunitarios en la Puna jujeña, durante la primera década del siglo XXI

Socioterritorial conflicts: mining in community territories in the Puna of Jujuy, during the first decade of the 21st century

Conflitos socioterritoriais: mineração em territórios comunitários na Puna de Jujuy, na primeira década do século XXI

Resumen: El artículo se centra en la problemática de los conflictos socioterritoriales indígenas relacionados con la megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina a principios del siglo XXI. El análisis emerge de una investigación doctoral de índole cualitativa, con un enfoque antropológico, donde se abordó el estudio de caso en un territorio campesino-indígena ubicado en la localidad Cangrejillos (departamento Yavi - Jujuy), en la región de la Puna, durante la primera década del siglo XXI. Esta comunidad indígena posee una larga trayectoria en la defensa y reconocimiento de su territorio comunitario en diferentes contextos históricos. Desde su origen hasta la actualidad, la lucha por la tierra se complejizó a medida que los intereses en la zona fueron variando y las posibilidades de defensa desde la vía jurídica permitieron visibilizar y habilitar otras dimensiones y niveles de la problemática. Hacia principios del siglo XXI, la megaminería metalífera a cielo abierto comenzó su avance en toda la región, situación que alertó a la comunidad y la dimensión socioambiental se incorporó a la histórica lucha por la obtención de los títulos comunitarios. La demanda realizada por la comunidad se intensificó en función de la transformación de la noción de tierra comunitaria en territorio.

Abstract: The article focuses on the problem of indigenous socio-territorial conflicts related to open-pit metal mining in Argentina at the beginning of the 21st century. The analysis emerges from a qualitative doctoral research, with an anthropological approach, where the case study was addressed in a peasant-indigenous territory located in the Cangrejillos locality (Yavi - Jujuy department), in the Puna region, during the first decade of the 21st century. This indigenous community has a long history of defending and recognizing its community territory in different historical contexts. From its origin to the present, the fight for land became more complex as interests in the area changed and the possibilities of defense through legal means made it possible to make other dimensions and levels of the problem visible and enabled. Towards the beginning of the 21st century, open-pit metal mining began to advance throughout the region, a situation that alerted the community and the socio-environmental dimension was incorporated into the historic struggle to obtain community titles. The demand made by the community intensified based on the transformation of the notion of community land into territory.

Resumo: O artigo foca no problema dos conflitos socioterritoriais indígenas relacionados à mineração de metais a céu aberto, na Argentina, no início do século XXI. A análise emerge de uma pesquisa qualitativa de doutorado, com abordagem antropológica, onde o estudo de caso foi abordado em um território camponês-indígena localizado na localidade de Cangrejillos (departamento de Yavi - Jujuy), na região de Puna, durante a primeira década do século XXI. Esta comunidade indígena tem uma longa história de defesa e reconhecimento do seu território comunitário em diferentes contextos históricos. Desde a sua origem até os dias de hoje, a luta pela terra tornou-se mais complexa à medida que os interesses na zona mudaram e as possibilidades de defesa através de meios legais permitiram tornar visíveis e viabilizadas outras dimensões e níveis do problema. No início do século XXI, a mineração de metais a céu aberto começou a avançar em toda a região, situação que alertou à comunidade e a dimensão socioambiental foi incorporada à luta histórica pela obtenção de títulos comunitários. A demanda da comunidade intensificou-se a partir da transformação da noção de terra comunitária em território.

Palavras chave: Conflito socioterritorial; Megamineração; Comunidade indígena.

El presente artículo aborda la problemática vinculada con los conflictos socioterritoriales indígenas relacionados con la megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina, durante la primera década del siglo XXI. El análisis que nutre este trabajo se realizó a partir de un estudio de caso en un territorio campesino-indígena ubicado en la puna jujeña. La localidad de Cangrejillos (departamento Yavi - Jujuy) está habitada por familias pertenecientes al pueblo kolla, que están formalmente organizadas como Comunidad Aborigen Cangrejillos desde el año 2003. Esta comunidad se dedica mayormente a la cría de camélidos americanos y ovinos con pasturas naturales y al cultivo de pequeños “potreros” o “rastrojos” con riego. Al igual que en la mayoría de las comunidades campesinas-indígenas de la región, el territorio es valorado no sólo por su dimensión económica, sino como un espacio de reproducción social y cultural de su modo de vida.

La defensa y reafirmación de los territorios comunitarios indígenas en las Tierras Altas jujeñas^[2] comenzó en el período colonial y mantuvo vigencia prácticamente de forma continua hasta el presente. En todo este proceso, el foco estuvo centrado principalmente en el reconocimiento y la titulación de los territorios comunitarios. Los miembros de las comunidades indígenas se referían al mismo como tierras comunitarias y la disputa de sentido estaba enfocada principalmente en el tema de la propiedad comunitaria, inexistente en el Código Civil Argentino.

Hacia fines del siglo XX, a partir del desarrollo de la política indígena a nivel internacional y su institucionalización en Argentina, en la provincia de Jujuy se implementó un conjunto de políticas públicas que implicaron un tratamiento diferenciado para la cuestión de la tierra/territorio de estas poblaciones, principalmente para el caso de las tierras fiscales^[3]. En esta etapa, las negociaciones con el Estado tuvieron un importante avance en relación con el reconocimiento de las comunidades y sus territorios, entre otros aspectos que hacen a la cuestión indígena. Sin embargo, estos avances no fueron parejos para todas las comunidades y tampoco implicaron en todos los casos la obtención de títulos comunitarios.

Durante este largo proceso, en los diferentes contextos sociales y políticos que fueron acompañando las transformaciones locales, regionales y globales, la territorialidad indígena se evidenció una y otra vez, a partir de la defensa y reafirmación de sus territorios. Desde el contexto de origen del territorio de la Comunidad Aborigen Cangrejillos hasta la actualidad, la defensa desplegada se complejizó a medida que los intereses en la zona fueron variando y las posibilidades de defensa desde la vía jurídica permitieron visibilizar y habilitar otras dimensiones y niveles de la problemática.

En este escenario, hacia principios del siglo XXI la megaminería metalífera a cielo abierto comenzó un intenso avance en toda la región, con la aparición de nuevos actores sociales en el espacio geográfico. Esta situación alertó a las comunidades de Puna y Quebrada de Humahuaca, quienes a partir del rechazo a la implementación de proyectos megamineros en sus territorios, sumaron la dimensión socioambiental a los reclamos por los títulos de propiedad comunitaria de las tierras. El caso emblemático en este sentido es la acción judicial realizada en el año 2003 por el Consejo de Participación Indígena (CPI) como representante de las comunidades indígenas de Puna y Quebrada de Humahuaca, en referencia a la titulación comunitaria de los territorios. En esta Acción de Amparo Colectivo contra el Estado Provincial también denunciaron el incumplimiento de los organismos del Estado para garantizar la participación, consulta y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, así como la aprobación de proyectos de exploración y explotación minera en los territorios indígenas. En este sentido, en muchos casos la defensa integral de los territorios campesinos-indígenas formó parte de la lucha por los títulos de tierras comunitarias. En estos procesos fueron emergiendo nuevos sentires, sentidos y significados, mientras que la noción de territorio adquirió centralidad.

Este artículo focaliza particularmente en el conflicto minero dentro del conflicto socioterritorial que vive la Comunidad Aborigen Cangrejillos. En primer lugar, se realiza un recorrido sobre los aspectos más relevantes de la historia de la actividad minera en Argentina y la provincia de Jujuy, para luego abordar en profundidad el estudio de caso, describiendo y analizando el proceso de defensa desarrollado por los miembros de la comunidad durante la primera década del siglo XXI. Se concluye con un análisis del conflicto socioterritorial en función del concepto de territorio y la clasificación en tipos de territorios materiales, así como de los procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización (TDR), desarrollados por Bernardo Mançano Fernandes (2008).

El contenido de este artículo forma parte de una investigación doctoral, donde se analizan los conflictos socioterritoriales campesinos-indígenas en dos zonas agroecológicas diferentes de la provincia de Jujuy (Puna y el Umbral al Chaco), a principios del siglo XXI.

Esta investigación utiliza una metodología cualitativa centrada principalmente en el método etnográfico, basado en trabajo de campo, con entrevistas en profundidad y semi estructuradas y permanencia en el territorio conviviendo con las comunidades y recorriendo el espacio geográfico^[4].

El objetivo de esta elección fue comprender las subjetividades vinculadas con las formas de vida de estas familias campesinas-indígenas en sus territorios y la implicancia que tiene la aparición y presencia de nuevos actores sociales, cuyas territorialidades amenazan la continuidad de sus territorios en diferentes dimensiones. Al mismo tiempo, también se utiliza el abordaje histórico de los procesos sociales y políticos emergentes como constitutivos de los territorios, ya que permite la compresión de diversos aspectos que forman parte de las realidades actuales de estos grupos sociales. Muchos de los conflictos presentes hoy en las comunidades, se comprenden en mayor profundidad con una mirada centrada también en el proceso histórico de los contextos sociales y políticos de la zona y la región.

La información empírica vertida en este artículo forma parte de este extenso y profundo proceso de investigación, que involucró el recorrido y permanencia en el territorio comunitario de Cangrejillos y alrededores, la realización de entrevistas y acompañamiento a miembros de la comunidad en muchas de las situaciones vinculadas con el objetivo del estudio, así como a otros actores sociales involucrados, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, se realizó una investigación exhaustiva en diferentes fuentes de información (históricas, periodísticas, legales y administrativas), para abordar otras dimensiones de los conflictos.

El concepto de territorio como aproximación a los conflictos socioterritoriales

La expansión de frentes económicos, que incluso puede implicar la expansión de diferentes tipos de fronteras (fronteras del territorio estatal y de diferentes tipos de
apropiaciones del espacio geográfico como las agropecuarias o mineras, etc.), conlleva como característica consustancial la conflictualidad (Mançano Fernandes, 2008). Esto se debe a que en muchas ocasiones se realiza en detrimento de territorialidades preexistentes. En estos casos, la expansión de frentes económicos implica necesariamente una disputa entre agentes sociales por la apropiación/dominación de los espacios geográficos, reconfigurándose las relaciones de poder que operan en los territorios (Haesbaert, 2004).

En este sentido, el conflicto socioterritorial tiene al territorio en el centro de la disputa. “El territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder” (Mançano Fernandes, 2005, p. 11). El territorio tiene límites, fronteras, y es al mismo tiempo una convención y una confrontación, un espacio de conflictualidades. Estos conflictos emergen en territorios múltiples, es decir, en territorios conformados por agentes sociales que coexisten con distintas territorialidades. Estos conflictos se manifiestan cuando las diferentes intencionalidades vinculadas con los objetivos movilizados por estas territorialidades entran en disputa y la territorialización de un grupo implica la desterritorialización de otro. En estos contextos, las diferentes territorialidades significan apropiaciones-reapropiaciones del espacio geográfico, mientras que los procesos que modelan la estructura social están dominados por relaciones de poder hegemónicas que priorizan la lógica del capital en la apropiación/dominación de los espacios geográficos. La configuración de estos territorios múltiples está asociada directamente con las relaciones de poder que dan forma a los procesos de dominación que operan en esos espacios geográficos (Haesbaert, 2004; 2013).

Para comprender con mayor profundidad los movimientos y las relaciones entre las clases sociales en la producción de diversos territorios, Bernardo Mançano Fernandes (2017, p.3) define a los territorios en relación a su orden: “espacios de gobernanza como primer territorio; propiedades como segundo territorio; y espacios relacionales como tercer territorio”. En este sentido, el primer territorio como territorio del Estado (nacional, provincial y/o municipal) contiene a los múltiples territorios producidos por los grupos sociales en el marco de la apropiación/dominación que realizan de los espacios geográficos. Estos procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización de los diferentes grupos sociales conforman el segundo territorio, donde se constituyen las propiedades, capitalistas o no. El acontecer de las relaciones de poder que ocurren en el segundo territorio y que disputan el primer territorio, conforman el tercer territorio.

En el caso de estudio abordado en este artículo, la disputa se produce entre los procesos de territorialización de la megaminería metalífera a cielo abierto (territorios del capital) como forma de apropiación/dominación legitimada por el Estado (territorio del Estado) y las territorializaciones preexistentes (territorios campesinos-indígenas) como espacios apropiados/dominados por grupos sociales, que resisten y disputan también su legitimidad en el Estado (territorio del Estado).

Configuración de la actividad minería: procesos de (des)territorialización en Tierras Altas jujeñas

A pesar de que la actividad minera en el territorio argentino puede rastrearse de forma discontinua desde los orígenes precolombinos, nunca fue de gran envergadura ni predominante. Sin embargo, en diferentes regiones tuvo un desarrollo basado en períodos discontinuos, donde se alternaban las inversiones privadas y el control estatal. A partir de la conformación del Estado Nación argentino, al igual que en muchos países del mundo, la propiedad de la tierra o suelo se consideró independiente de la propiedad minera, que generalmente se localiza en el subsuelo. La propiedad de la tierra, o propiedad superficiaria, es regulada por el Código Civil, mientras que la propiedad de los minerales y minas es regulada por el Código de Minería, ambos constituidos y sancionados en las últimas décadas del siglo XIX. El derecho minero establece que “las minas son bienes privados del dominio originario del Estado y éste las concede a particulares para aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, de acuerdo a las prescripciones del mismo ordenamiento legal” (Lavandaio, 2010, p.12).

En la historia del Estado Nacional, un primer momento de la actividad minera consistió en el establecimiento de algunos emprendimientos con inversión privada, muchos de los cuales terminaron abandonados por la baja rentabilidad que significaron para los inversores. En este sentido, la Mina El Aguilar (departamento Humahuaca – Jujuy) resultó ser una excepción en lo que es la minería metalífera del siglo XX, ya que mantuvo la actividad de forma continua durante 75 años y siempre con inversión privada (Wagner, 2010).

El segundo momento fue entre las décadas de 1940 y 1960, cuando la falta de interés privado en el desarrollo de la minería argentina, así como la necesidad de resolver el desabastecimiento de materias primas minerales provocada por la segunda guerra mundial, llevó a la planificación estatal de esta actividad a través de organismos específicos como la Dirección de Minas y Geología, el Banco de Crédito Industrial Argentino y la Dirección General de Fabricaciones Militares (Méndez, 1999, p.13). Durante esta etapa se planteó la movilización industrial del país y se lanzó la exploración de materias primas minerales. Durante 18 años se evaluaron e investigaron los depósitos de minerales existentes a lo largo de todo el país, creando un inventario de 600 prospectos. En la provincia de Jujuy se inventariaron los pedimentos mineros: plomo, plata y zinc - Pumahuasi, Bélgica, Pulpera, Pan de Azúcar, Rachaite, Pircas, Chinchillas; cobre - Chorrillos; estaño - Pirquitas y hierro - 9 de octubre y Unchime.

La principal conclusión de estos estudios fue que los distritos mineros vetiformes de depósitos medianos a pequeños no llegaban a abastecer de insumos industriales necesarios para los procesos que estaban en curso. Esto implicaba que no se podría desarrollar la actividad, ni siquiera sosteniendo una política estatal que favoreciera a la inversión privada, hasta tanto se descubrieran depósitos con reservas de gran magnitud, principalmente diseminados, polimetálicos y explotables a cielo abierto, que hicieran rentable la actividad. Por lo tanto, las políticas de ese momento se basaron en la prospección y exploración sistemática y regional (Méndez, 1999, p.13).

A partir de allí comenzó un tercer momento dentro de la minería argentina, donde se desarrollaron planes regionales de prospección, cateo y exploración sistemática de extensas áreas y la selección de “blancos” discriminados a través de disciplinas como la fotogeología, geología minera, geoquímica, geofísica y perforaciones, que evidenciaron el emplazamiento de grandes volúmenes de rocas portadores de menas de baja ley en varias regiones del orógeno andino. El Plan NOA I Geológico Minero fue un proyecto sectorial que formó parte de un amplio programa de desarrollo que inició en 1969 y finalizó en 1975. Abarcó las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, cubriendo una superficie de 254.000 km2 y estuvo basado en un acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Dirección de General de Fabricaciones Militares (DGFM) y la Subsecretaría de Minería. En la provincia de Jujuy se seleccionaron las 17 áreas de reservas mineras, una de ellas Pumahuasi, en el departamento Yavi. Paralelamente a estos relevamientos, se comenzó a modificar la legislación que regula la actividad minera, perdiéndose la hegemonía soberana sobre los hidrocarburos nacionales y comenzando la investigación y exploración para el desarrollo de la minería a gran escala.

Hacia la década de 1990 existía un importante inventario de áreas de reservas mineras en el país. Hasta esos años los recursos naturales no renovables estaban considerados por el Código Nacional de Minería como un reaseguro de la soberanía nacional. Sin embargo, a partir de ese momento esta actividad extractiva recibió un importante impulso por parte del Estado. Las reservas se dispusieron para la concesión de inversores privados, principalmente corporaciones trasnacionales, y se sancionaron un conjunto de leyes que modificaron y ampliaron el Código de Minería para fomentar la inversión a través de beneficios impositivos y estabilidad fiscal (Wagner, 2010).

En este sentido, la “reforma Política Económica Nacional tuvo su influencia en la formulación de la Política Minera” (Lavandaio, 2010, p.9). Esta nueva política minera se basó en la idea de que debía surgir consenso entre las provincias^[5] para asegurar la estabilidad en el tiempo necesaria que posibilite la llegada de los inversores dedicados a esta actividad. De esta forma, según Eddy Lavandaio (2010), el consenso alcanzado y su implementación por ley, permitieron que la política minera se mantuviera vigente a pesar de los cambios políticos posteriores.

En este contexto, se sancionaron leyes nacionales destinadas a fomentar y favorecer la megaminería metalífera a cielo abierto trasnacional^[6] y se complementaron con los cuerpos legislativos provinciales^[7], permitiendo la desregulación de la minería. Así se instauró un “nuevo modelo de valorización y apropiación de los recursos minerales” a escala nacional, donde la explotación de los recursos naturales no renovables, que estaba casi exclusivamente en manos del Estado por ser considerados estratégicos, ahora se transfería a las grandes corporaciones mineras transnacionales (Wagner, 2010, p.143).

Esta nueva etapa implicó el avance de la minería en territorios de poblaciones campesinas-indígenas en diferentes regiones del país. En las zonas agroecológicas de Puna y Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy se localizan numerosos pedimentos mineros donde se proyectan emprendimientos megamineros metalíferos a cielo abierto, sumados a los ya existentes y en marcha. Algunos de éstos se ubican en zonas donde la minería dejó “marcas” en el territorio, en los cuerpos de personas y seres vivos y en las memorias familiares y colectivas, formando parte de la historia y del presente del lugar. Este conocimiento y la construcción de una conciencia territorial, dinamizaron y movilizaron el rechazo ante esta actividad extractiva por parte de las familias de algunas comunidades que habitan y producen en los espacios geográficos que se verían directamente afectados. Esta es la situación de la Comunidad Aborigen Cangrejillos.

La megaminería metalífera a cielo abierto es rechazada por muchas poblaciones que viven en las inmediaciones de los emprendimientos, por un conjunto de características que se vinculan principalmente con la escala y los métodos de explotación. Este tipo de minería es una actividad de gran escala, no sólo en relación al capital económico invertido para su desarrollo, tamaño de la explotación y volumen del mineral extraído, sino también por los impactos socioambientales negativos que produce en la región donde se desarrolla. Estos impactos se vinculan directamente con la modificación de amplias extensiones y volúmenes de suelos y subsuelos, tanto en minas subterráneas como a cielo abierto, muchas veces en zonas geográficas con ecosistemas frágiles o que albergan una gran biodiversidad. La contaminación del aire, suelo y agua se produce no sólo durante el proceso extractivo, con las lluvias ácidas y las nubes de polvo que transportan metales en sus partículas, sino también después del cese de la actividad, ya que generan grandes cantidades de pasivos ambientales visibles en las escombreras y diques de cola. Esta actividad también implica la utilización de grandes volúmenes de agua dulce y energía en regiones donde esos recursos son escasos y muy valorados por las comunidades. El agua dulce suele ser mezclada con sustancias químicas de gran toxicidad como el cianuro de sodio, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, todas ellas acumulativas, persistentes y muy nocivas para todos los seres vivos (Svampa, Bottaro y Álvarez, 2009).

En el caso particular de estudio, la ecorregión puneña posibilitó el desarrollo continuo de un modo de vida campesino-indígena, donde la dimensión económica se entrelaza a las otras dimensiones que hacen a la vida y territorialización de los grupos humanos. En Tierras Altas, el agua siempre fue un recurso natural escaso considerado un bien colectivo sagrado, muy valorado y cuidado, al igual que los suelos y las pasturas. La localidad de Cangrejillos se encuentra en la porción nororiental de la Puna jujeña, forma parte de la cuenca del Río Colorado y es una de las zonas más húmedas dentro de la región, que se destaca por ser árida. El pueblo se encuentra emplazado en el fondo un amplio valle, al lado de un manantial llamado Ojo de Agua y a los alrededores existen varias lagunas transitorias y vegas. El vínculo de respeto que establecen las poblaciones locales con el “entorno natural” o “naturaleza” no sólo se debe a que los recursos son fundamentales para el desarrollo de las producciones domésticas, sino porque implican el mantenimiento de una relación de reciprocidad con la Pachamama. Esta no es simplemente el “entorno natural” o “naturaleza”, sino que forma parte integral del mundo de la vida y la cultura andina.

Todos los procesos y relaciones importantes del modo de vida campesino-indígena de estas poblaciones se basan en el respeto, agradecimiento y ofrenda a la Pachamama, porque permite la continuidad de la vida y también dispone la muerte. En este sentido, para muchas personas las prácticas sociales que no la respetan son vividas como ofensivas y visualizadas con desconfianza, porque al romper esta relación de reciprocidad y equilibrio se originan consecuencias negativas para la vida que se desarrolla en el lugar.

En algunas zonas de Puna y Quebrada de Humahuaca, la explotación minera, sea por emprendimientos antiguos y abandonados como por los que funcionan actualmente, implicó para muchos miembros de las comunidades un aprendizaje difícil e indignante sobre las consecuencias que tiene esta actividad en las escalas local y regional. Existen varios casos de minas abandonadas, donde socavones, diques de cola y escombreras quedaron abiertos y expuestos al contacto con el aire, lluvia, viento, así como de fácil acceso para los animales y personas que viven en esos lugares. Específicamente en relación con la minería de plomo, existen zonas con importantes niveles de contaminación ambiental, que dañaron y dañan severamente la salud de la población residente en las regiones vecinas y el ecosistema en general.

Una de las situaciones emblemáticas y dramáticas que movilizó la conciencia ambiental y territorial en la región fue el caso de contaminación con plomo de la población de la ciudad de Abra Pampa, departamento Cochinoca. Tras el cierre de la empresa fundidora Metal Huasi en la década de 1990, quedaron abandonadas por más de 25 años en el medio de la ciudad, las instalaciones de la fábrica y una montaña de escoria de 30.000 toneladas de plomo. Esta situación afectó severamente la salud de una gran cantidad de población infantil y adulta de la localidad con plombemia, enfermedad producida por la intoxicación con plomo^[8].

También existen situaciones de contaminación con metales pesados de los pozos de agua y vertientes que abastecen a la población y a escuelas primarias cercanas a minas abandonadas o que están actualmente en actividad. En la localidad de Cangrejillos y alrededores, hacia las primeras décadas del siglo XX funcionaron varias minas de plomo correspondientes al distrito minero Pumahuasi-La Pulpera-Cangrejillos. Tras el cierre paulatino de esta actividad, entre los años 1940-1970, las minas, socavones y minerales quedaron abandonados, ocasionando un gran impacto socioambiental a nivel local, a pesar de ser minería en pequeña escala y de socavón. Estos pasivos ambientales mineros se encuentran dentro del territorio de la comunidad de Cangrejillos, así como de las comunidades colindantes. Las consecuencias en la salud de la población, las evidencias en los territorios y en la historia colectiva funcionaron como “marcas” y motores de la lucha ambiental.

En este contexto, en el año 2006 la presencia de personas extrañas a la comunidad (personal perteneciente a esta empresa minera) y excavaciones realizadas en la zona donde se localizan las antiguas minas de socavón abandonadas en el territorio comunitario, alertaron a las familias sobre el avance de proyectos mineros de gran envergadura en la zona.

Hacia principios del siglo XXI, se encontraban 4 pedidos de exploración y cateo minero y 2 pedidos de minas, todos sobre minerales de primera y segunda categoría, realizados por la Compañía Minera Aguilar S. A. ante la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energético de Jujuy (DPMyRE), en el territorio comunitario de Cangrejillos. Este megaproyecto de extracción minera a cielo abierto abarcaba prácticamente la totalidad del territorio comunitario, involucrando también territorios comunitarios de otras 5 comunidades aborígenes vecinas y aledañas, mientras que uno de estos pedidos de mina se localizaba a sólo 3 km del pueblo de Cangrejillos, en una zona de pastoreo de animales de familias de la comunidad.

Desde entonces, la comunidad desarrolló diferentes tipos de acciones concatenadas y simultáneas, tanto para acceder e interpretar la información sobre los proyectos mineros como para manifestar la posición deliberada en asamblea y asumida por la comunidad y visibilizar el conflicto. Comenzó así una nueva etapa en el proceso de reconocimiento y defensa del territorio comunitario. A continuación, siguiendo la clasificación realizada por Chris Van Dam (2008, p.28), estas estrategias colectivas se organizan en tres categorías según las vías por las que se encausan: vía administrativa, vía política y vía judicial.

En este sentido, las acciones colectivas que se encaminan por la “vía administrativa” están vinculadas con los mecanismos procedimentales de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de gestión dentro de la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos (DPMyRE) y el Juzgado Administrativo de Minas (JAM). Los miembros de la comunidad de Cangrejillos participaron de dos reuniones en la Unidad de Gestión Ambiental de Minería Provincial (UGAMP)^[9], donde manifestaron la decisión tomada en la asamblea de rechazar la actividad minera en el territorio. A partir del análisis de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) proveniente de uno de los expedientes al que habían tenido acceso en el año 2006, la comunidad cuestionó la ambigüedad de la información presentada y expresó preocupación sobre la contaminación ambiental y la utilización, cuidado y volumen del agua previsto por la empresa para su funcionamiento^[10].

Sin embargo, a pesar de las negativas de los integrantes de la Comunidad Aborigen Cangrejillos y las observaciones realizadas por los miembros de la Comunidad Aborigen La Pulpera, el IIA se aprobó en otra reunión de la UGAMP sin aclarar las dudas ni responder las preguntas de la comunidad local^[11]. En el año 2007, los miembros de la Comunidad Aborigen Cangrejillos volvieron a participar en una reunión de la UGAMP, pero ya no como representantes de la comunidad, sino directamente como asamblea. Es decir, en esta reunión participaron varios integrantes de la comunidad, transmitiendo la decisión de la asamblea de oponerse a los IIA que tienen relación con sus territorios comunitarios^[12].

En el año 2008, los miembros de la Comunidad Aborigen presentaron notas ante la DPMyRE y el JAM, donde manifestaron el rechazo categórico a la aprobación del IIA para la etapa de exploración y cateo de los emprendimientos mineros aprobado por la UGAMP. Los integrantes de la comunidad trabajaron en conjunto con miembros de la Comisión Municipal de Cangrejillos en la elaboración de una Ordenanza Municipal para prohibir la instalación de proyectos con esas características y el trasporte de sustancias químicas contaminantes en la localidad, siguiendo los pasos realizados por la cuidad vecina de Tilcara^[13], en la Quebrada de Humahuaca.

Las acciones colectivas encausadas por la “vía política” dan a conocer públicamente la reivindicación, presionan e interpelan al Estado y están atravesadas por la vinculación y el trabajo en red con otras comunidades indígenas y organizaciones sociales de la provincia, así como de espacios nacionales e internacionales. Implican acciones tales como las movilizaciones, cortes de ruta y acciones en el territorio.

A partir del año 2006, con la primera experiencia en la UGAMP, los miembros de la comunidad de Cangrejillos fortalecieron las relaciones con las comunidades de Tierras Altas que tenían mayor experiencia en el tema de la contaminación ambiental minera, así como con organizaciones indigenistas. Al mismo tiempo, se sumaron a las luchas ambientalistas de otras zonas de la provincia y a apoyaron demandas de reconocimientos de derechos más amplios, donde se incluían otros sectores de la provincia. En este contexto, comenzaron a trabajar el tema ambiental y proyectar una estrategia colectiva de visibilización del conflicto y de apoyo a la defensa del territorio más amplia y en términos políticos.

En este sentido, hacia adentro de la comunidad trabajaron cuestiones vinculadas con: la identidad kolla; los impactos en el entorno “ambiental-social-cultural” de la megaminería metalífera a cielo abierto; los derechos consagrados internacional y nacionalmente; el concepto de desarrollo previsto desde otros actores sociales para la región; y la valoración del territorio, que excede ampliamente la cuestión superficiaria. Recorrieron las minas y desechos mineros abandonados, recordaron historias locales, cerraron el paso de los empleados mineros a la zona en conflicto y colocaron carteles en diferentes puntos del pueblo y en el Ojo de Agua, manifestando el rechazo colectivo a esa actividad. De esta manera, “marcaron” el territorio comunitario y defendieron la posesión del mismo.

El ambiente comenzó a pensarse y entenderse desde la visión indígena, la cual también se estaba reafirmando, donde se resignificaron valores y prácticas vinculadas con los modos de vida indígena y campesino del pasado y del presente, poniendo en relieve a la producción familiar como portadora del sentido profundo de la comunidad. Se fue construyendo así un concepto complejo que entrelaza lo indígena, la producción familiar, el territorio y lo sagrado. Las prácticas agropecuarias tradicionales se visualizaron como respetuosas y congruentes con la vida y cultura andina. La Pachamama, representada también como la Madre Tierra, comenzó a asociarse con la idea de territorio, más integral que la noción de tierra. De esta forma, el reclamo por la tenencia de las tierras comunitarias comenzó a cuestionar los sentidos fundamentales de la constitución del Estado moderno y a repensar, resignificar y recrear la ideología y visión del mundo andina. En este proceso los integrantes de la comunidad aborigen interpelaron al Estado.

En relación con las acciones colectivas en coordinación y/o con apoyo de otras comunidades y organizaciones de la provincia, el día 7 de mayo del año 2009, día nacional de la minería, realizaron un corte parcial e informativo sobre la Ruta Nacional N°9, para visibilizar el conflicto. En el año 2010, participaron de las actividades y acciones de lucha organizadas en el marco de la semana anti-minera por organizaciones sociales provinciales. En ese contexto, con apoyo de una gran movilización se dirigieron al Juzgado Contencioso Administrativo (JCA) para pedir que se acelere el proceso burocrático de la Acción de Amparo de la Comunidad Aborigen Cangrejillos presentada en el año 2009. Luego se dirigieron hacia la Legislatura Provincial, donde solicitaron conocer el proyecto de decreto de regulación ambiental de la actividad minera que estaba por ser aprobado y no lo daban a conocer públicamente. Allí solicitaron la formalización de la participación de las comunidades aborígenes y la ciudadanía en la evaluación de los proyectos^[14]. Al igual que el año anterior, el día 7 de mayo realizaron un corte parcial e informativo de la ruta nacional N°9. Los días elegidos para realizar los cortes parciales de ruta fueron los simbólicos días nacionales de la minería, donde el Estado Nacional y Provincial hace propaganda sobre los beneficios de que tiene esta actividad. Los cortes de ruta parciales tuvieron el objetivo de difundir las dimensiones e impactos de las actividades extractivas en gran escala que no suelen ser comunicadas por las empresas ni los diferentes organismos del Estado.

Las acciones colectivas desarrolladas por la “vía judicial” implican la demanda con un abogado ante un juez y comenzaron en el año 2007, cuando denunciaron los pasivos ambientales mineros que existían en la región^[15]. Los representantes de varias comunidades aborígenes, incluida Cangrejillos, se reunieron en la ciudad de San Miguel de Tucumán con el fiscal general federal, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) en el NOA, para denunciar diferentes delitos penales vinculados con daños ambientales que generaron profundos impactos negativos en la zona^[16]. En el año 2009, los miembros de la Comunidad Aborigen Cangrejillos seguían sin obtener respuestas de las notas presentadas ante la DPMyRE y el JAM el año anterior, por lo que decidieron presentar un Amparo Ambiental con una Medida Cautelar contra el Estado Provincial, argumentando que no fueron consultados en audiencia pública sobre los proyectos mineros y que no están informados de lo que se quiere hacer en su territorio. No consiguieron instancias de diálogo donde se fueran efectivamente escuchados y donde sus derechos fuesen respetados, mientras que los expedientes administrativos de los proyectos mineros avanzaron y se multiplicaron.

La Medida Cautelar aún no fue resuelta, mientras que la causa judicial avanza lentamente para los integrantes de la comunidad y no logró frenar los trámites administrativos realizados por la empresa Cia. Minera El Aguilar S.A. A pesar de este hecho, con las acciones legales desplegadas lograron demorar los plazos el mayor tiempo posible, manifestando desacuerdo y resistencia^[17].

El caso de estudio presentado permite analizar en profundidad la complejidad y conflictualidad inherente a los procesos de territorialización del capital en el contexto del avance de frentes económicos extractivistas sobre territorios preexistentes. Desde el punto de vista del concepto de territorio, el conflicto socioterritorial expresa la multiterritorialidad en el espacio geográfico. Es decir, representa al tercer territorio, donde las disputas se producen en relación con la apropiación/dominación del espacio geográfico (segundo territorio), y en la legitimidad de las mismas (primer territorio). “El tercer territorio se compone de las multiterritorialidades del segundo en el primero” (Fernandes, 2017, p.4).

El espacio apropiado/dominado por la Comunidad Aborigen Cangrejillos (territorio comunitario) puede comprenderse como un territorio en resistencia, tanto en su dimensión material como inmaterial. La resistencia y expresión de su territorialidad está dada por sus sistemas de prácticas e imaginarios sociales que hacen a su modo de vida en el espacio geográfico. Se expresan en las acciones concretas realizadas en el territorio, “marcando” material y simbólicamente la apropiación/dominación de ese espacio, así como en los sentidos y valoraciones que posee el espacio geográfico y como proyectan el desarrollo y el cuidado ambiental del mismo.

Al mismo tiempo, este territorio en resistencia también disputa su reconocimiento dentro del Estado como forma legítima de existencia y previa a la conformación del Estado Nación. En esta disputa, se interpela al Estado dentro de los mecanismos legales propios de las diferentes institucionalidades. Las acciones colectivas realizadas por vías administrativas y judiciales se apoyan en instrumentos legales vinculados con derechos indígenas y ambientales, expresados en legislación de diferente jerarquía (internacional, nacional, provincial y municipal). En este conflicto se evidencia también al territorio del Estado como un espacio de disputa, relacional y contradictorio, donde las diferentes estructuras de poder político-económico-territorial imprimen sus lógicas de dominación y apropiación.

Los sentidos e imaginarios sociales movilizados en la defensa del territorio comunitario expresan la importancia central que tiene el cuidado ambiental y la apropiación comunitaria para la continuidad de su modo de vida campesino-indígena. En estos conflictos, la desigualdad inherente entre los grupos sociales en disputa es manifiesta. En la mayoría de los casos, los procesos de territorialización de agentes sociales vinculados con grandes capitales transnacionales implican procesos de desterritorialización y reterritorialización de los grupos sociales preexistentes.

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[1] Rocío Cecilia Núñez, Licenciada en Antropología (UNLP) y Doctora en Ciencias Sociales Orientación en Geografía (UNT). Este artículo forma parte de una investigación realizada en la zona en el marco de diferentes proyectos de instigación y en el desarrollo de una tesis doctoral.

[2] Dentro de la denominación de Tierras Altas jujeñas se incluyen los departamentos que conforman la Puna (Yavi, Cochinoca, Santa Catalina, Rinconada y Susques) y la Quebrada de Humahuaca (Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y Valle Grande).

[3] En el año 1997 se creó el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de Jujuy (PRATPAJ) para tierras fiscales provinciales por convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Jujuy. Por convenio entre el INAI y la Provincia de Jujuy se crearon 2 programas. En 2008 el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (PRIPCI) como continuación del PRATPAJ y en 2007 el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) para implementar la Ley Nacional N°26.160 de “Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras” del año 2006.

[4] La dimensión epistemológica y metodológica de los enfoques cualitativos se trabajó a partir de los trabajos de Vascilachis de Gialdino, 1993; Wainerman y Sautu, 1997; Guber, 2001, 2004; Sautu et al, 2005; Neiman y Quaranta, 2006 y Yuni y Urbano, 2006.

[6] Entre los años 1993 y 1999 se sancionaron más de 15 leyes nacionales importantes vinculadas con el desarrollo de esta actividad y en la primera década del siglo XX se lanzaron 2 planes nacionales (“Plan Minero Nacional”-2004 y “Plan de Reactivación de la Actividad Nuclear Argentina” -2006) y se ratificó la Política Minera Nacional 2009).

[8] Para más información consultar los informes realizados en los años 2009 y 2011 por la Clínica de Derechos Humanos, de la Facultad de Derechos, de la Universidad de Texas, Austin, E.E. U.U., citados en la bibliografía de este artículo.

[9] La provincia de Jujuy definió como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N°24.585 y las Normas Complementarias a la misma, a la Dirección Provincial de Minería y Recursos Energéticos y creó la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP) con el objetivo de asesorar a la autoridad de aplicación sobre la aprobación, rechazo o ampliación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por los titulares de los emprendimientos mineros.

[10] Los miembros de la Comunidad Aborigen Cangrejillos que asistieron a las reuniones recuerdan que el Informe de Impacto Ambiental incluía una parte en inglés y cuando preguntaron por qué estaba en otro idioma, les contestaron que era para guardar la fidelidad de la información. Este hecho, entre otros, fue interpretado por estas personas como falta de voluntad para facilitar información e intención de oscurecer los procesos. El IIA se corresponde con el Expediente N°340-B-2005 que involucra los territorios comunitarios de Cangrejillos y La Pulpera.

[13] En el año 2008, el avance de los emprendimientos mineros en la región tuvo un gran impulso y se proyectaba comenzar con exploraciones de uranio en la zona de Tilcara. Esto produjo en esa localidad una gran movilización social en rechazo y la elaboración de una ordenanza municipal contraria con esa actividad. Este conflicto, junto a otros que emergieron en la región, permitió visibilizar las problemáticas socioambientales en toda la provincia.

[14] A pesar de esta movilización y todas las acciones colectivas desplegadas por la ciudadanía para obtener participación genuina en el proceso, el gobierno sancionó unos meses después el Decreto N°5.772-P-10, que reglamenta el artículo 160 2°Parrafo de la Ley General de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy, sin dar lugar a la participación de los miembros de las comunidades indígenas ni de los ciudadanos en general. En este decreto se reglamentó el funcionamiento de la UGAMP, donde finalmente no se incorporó la participación de la población en general en las reuniones para evaluar los proyectos, vulnerando el derecho a un ambiente sano. Al mismo tiempo, sólo permitió la participación de un representante de las comunidades indígenas existentes en la zona del proyecto minero, sin contemplar que muchas veces se localizan en territorios de varias comunidades. Además de que, el representante de las comunidades se encuentra cuantitativa y cualitativamente desfavorecido, hecho que había sido puesto de manifiesto por su carga de violencia simbólica.

[15] Los casos denunciados por pobladores y estudios técnicos son: la Escuela N°292 de Mina Bélgica, localizada al lado de la antigua Mina Bélgica, en el depto. Yavi; la Escuela N°316 de Casa Grande, depto. Humahuaca, afectada por el funcionamiento actual de Mina El Aguilar; y la Escuela N°245 en Carahuasi, en el depto. Rinconada, afectada por la Mina Kawsay Pacha o Pan de Azúcar que fue abandonada.

[16] En el territorio de la comunidad de Cangrejillos se encuentran minas, socavones y escoria de plomo abandonados, mientras en el territorio comunitario vecino de La Pulpera se encuentra la antigua Mina Bélgica, (ubicada a menos de 200 metros de la Escuela N°292), que fue abandonada con un importante volumen de escoria de plomo sin remediación ambiental. Estos casos, sumados a otros de igual o mayor relevancia, fueron denunciados por miembros de las comunidades ante la UFIMA en el año 2007. Estas denuncias dieron curso a las investigaciones preliminares pertinentes, cuyos resultados ameritaron dar inicio a investigaciones más profundas en el marco de causas penales por el alto impacto de los pasivos ambientales encontrados. Sin embargo, los Fiscales Federales de los Juzgados N°1 y N°2 de Jujuy no dieron curso a las mismas. En el año 2008, las organizaciones sociales y comunidades indígenas realizan un pedido por nota al Procurador General de la Nación para que ordene a las fiscalías provinciales de que inicien las causas, pero no obtienen respuestas. Posteriormente, en el año 2012, el fiscal general federal titular de la UFIMA NOA fue desplazado por el Procurador General de la Nación fuera de las jurisdicciones de Salta y Jujuy.