ARTÍCULOS
Florencia Gutiérrez1
Resumen: Durante la primera década peronista los trabajadores interpelaron la casi omnipresente autoridad de la patronal en las fábricas e impulsaron una transferencia de poder que cuestionó la facultad de los industriales sobre decisiones hasta ese momento consideradas como excluyentes: la administración y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos. En el caso de los ingenios azucareros tucumanos, las huelgas declaradas para exigir el despido de ciertos referentes de la jerarquía fabril y la institucionalización del escalafón se convirtieron en dos aspectos clave de esta redistribución del poder. Estas instancias vinculadas con la contratación, la promoción y el despido del personal interpelaron a los empresarios, quienes intentaron resistir el avance de los trabajadores, pero también confrontaron al gobierno peronista con el límite de lo aceptable, impulsándolo a controlar la magnitud del poder obrero.
Palabras clave: Sindicalismo azucarero; Poder obrero; Industriales; Peronismo; Tucumán.
The emergence of workers’ power in sugar mills: advances, limitations and questions. Tucumán, 1944-1949
Abstract: During the first decade of Peronism workers interpellated the almost omnipresent authority of the employers in factories and boosted a transfer of power that challenged the power of industrialists on decisions so far considered exclusive: the administration and organization of the workforce and the control of production processes. In the case of sugar mills from Tucuman, strikes to demand the dismissal of certain referents of the factory hierarchy and institutionalization of seniority became two key aspects of this redistribution of power. These instances -related to recruitment, promotion and dismissal of staff- interpellated businessmen who tried to resist the advance of workers, but they also confronted the Peronist government with its limit of acceptability, prompting it to control the amount of workers’ power.
Key words: Sugar unionism; Workers’ power; Industrial businessmen; Peronism; Tucumán.
La irrupción del poder obrero en los ingenios azucareros: avances, límites y cuestionamientos. Tucumán, 1944-1949
Durante la primera década peronista los trabajadores interpelaron la casi
omnipresente autoridad de la patronal en las fábricas e impulsaron una
transferencia de poder que cuestionó la facultad de los industriales sobre decisiones
hasta ese momento consideradas como excluyentes: la administración
y organización de la fuerza laboral y el control de los procesos productivos.
La agroindustria azucarera no fue ajena al avance del poder obrero. A
partir de la irrupción de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera
(FOTIA), en junio de 1944, la declaración de huelgas destinadas a lograr
el despido o reubicación de administradores, capataces, jefes de fabricación y
cultivo y mayordomos se convirtió en una constante de la protesta laboral. En
su primer petitorio la FOTIA denunció el “trato desconsiderado” de los representantes
de los industriales a los obreros, los “diarios vejámenes” que cercenaban
sus derechos y hacían imposible “vivir con tranquilidad y a cubierto de
atropellos” (Schleh, 1947, p. 291). La protesta desbordó a la Federación y a la
Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión (DRSTyP), que no
pudieron canalizar formalmente este tipo de demandas. En efecto, muchas de
las huelgas declaradas por los sindicatos de ingenio para exigir el despido o
reubicación del personal fueron desautorizadas o tildadas de ilegales por las
autoridades de las agencias estatales.
Otra instancia que socavó las prerrogativas de los industriales fue el escalafón
azucarero. Desde sus primeros petitorios, la Federación bregó por el
reconocimiento de “escalas” o “categorías” laborales que suponían la clasificación
y organización de los trabajadores y disminuían la facultad de la patronal
en términos de contratación, despido o ascenso del personal. Este recurso de
negociación, promovido por las autoridades de la FOTIA a través de petitorios,
se concretó en decretos presidenciales que regularon la actividad azucarera.
Ahora bien, más allá de los canales institucionales privilegiados por la Federación,
los sindicatos de base capitalizaron las posibilidades abiertas por el
escalafón para intervenir en la administración de la fuerza de trabajo, así como
en la organización de los procesos laborales.
Con sentido transgresor, estas instancias de poder pusieron en tensión
supuestos concernientes a la relación capital-trabajo, modificaron los límites
de aquello que los obreros podían discutir con la patronal y alteraron los acuerdos,
en gran medida tácitos, sobre el “sentido de los límites” y lo que podía o
no expresarse legítimamente (James, 2006, p. 46). En este contexto de preocupaciones,
analizaremos la forma en que los obreros azucareros percibieron y
capitalizaron el poder ganado en las fábricas, la manera en que los industriales
intentaron resistir esa interpelación que recortaba sus prerrogativas y cómo el
propio Estado intentó contener el impulso obrero que él mismo había alentado.
La decisión de abordar el complejo azucarero se vincula con la importancia
sustancial de la agroindustria en la dinámica social y económica de
Tucumán. A mediados de la década de 1940, esta rama productiva estaba integrada
por 27 ingenios de mediana capacidad productiva y alta dependencia
de productores de materia prima, por lo general propietarios minifundistas. Este
grupo estaba conformado 12.000 plantadores, quienes aportaban el 53% de
la caña molida durante la zafra. Desde fines del siglo XIX, la puja distributiva
entre cañeros e industriales por el precio de la materia prima fue un común
denominador. El universo obrero era numeroso y complejo, para 1946 contabilizaba
20.000 trabajadores de fábrica (entre temporales y permanentes) y
110.181 braceros dedicados al cultivo y cosecha de la caña (71.782 temporales
y 38.399 permanentes). El golpe de Estado de 1943 alentó la organización
obrera y el diseño de una nueva política articulada en torno al tutelaje estatal.
El ingreso del sindicalismo como factor de poder potenció la complejidad de
la cuestión azucarera e incrementó la conflictividad intersectorial. El Estado
implementó un sistema de subsidios y compensaciones a industriales y cañeros
(en razón de los mayores costos productivos y los derivados de la política social)
que lo ubicó como administrador y regulador de las demandas sectoriales,
intensificadas por el poder de presión de la FOTIA.
Por último, cabe precisar que el recorte temporal propuesto se extiende
desde 1944, con la fundación de la Federación obrera, hasta 1949, fecha en
que el sindicato fue intervenido en razón de la negativa a poner fin a una medida
de fuerza. Esta decisión, que se prolongó hasta 1955, supuso el avance
de un proceso centralizador destinado a recortar las prerrogativas de los sindicatos
de ingenio, entre ellas la potestad de declarar huelgas parciales. De esta
forma, la dinámica de la protesta fue sustancialmente modificada. Entre 1950
y 1955, el descenso de la conflictividad laboral se conjugó con la resistencia
articulada por las bases para no perder los márgenes de autonomía con que
habían nacido en 1944. Se espera recuperar las implicancias de este problema
en futuras investigaciones.2
A fines del siglo XIX, la intensificación del cultivo e industrialización
de la caña de azúcar promovió la configuración de un heterogéneo universo
obrero diferenciado en función del lugar de trabajo (fábrica o cañaveral) y la
relación contractual establecida con los industriales y cañeros (permanente o
transitoria). La estacionalidad de las labores productivas, signadas por el ritmo
de la zafra, se convirtió en una arista medular del proceso productivo. Entre
mayo y octubre las tareas de cosecha promovían la llegada de trabajadores
temporales, oriundos –principalmente– de Santiago del Estero y Catamarca. La
abrumadora presencia y precaria supervivencia de este mayoritario segmento
contrastaba con las condiciones socio-laborales de los obreros permanentes de
fábrica, particularmente de los más calificados, como los maestros de azúcar
y los mecánicos. Este variopinto mundo laboral detentaba una organización
centralizada y jerárquica comandada por la figura del administrador, quien contaba
con la colaboración de técnicos y empleados encargados de supervisar los
procesos laborales y pautar los ritmos productivos.
La configuración privada y paternalista de las relaciones entre el capital
y el trabajo, propia de los ingenios, se proyectó en la fragilidad de la legislación
azucarera y, por ende, en la vulnerabilidad y arbitrariedad de las condiciones
de trabajo. La resistencia de los empresarios a convertir en derechos los beneficios
sociales otorgados a sus obreros y el débil rol del Estado en estos espacios
productivos fue una constante. En este contexto, las instancias de organización
sindical, así como las formas de protesta y las estrategias de resistencia, fueron
débiles e intermitentes. En 1904 tuvo lugar la primera huelga azucarera; la segunda
coyuntura de protesta abierta y generalizada debió esperar hasta 1923.
En los albores del siglo XX, la dificultad para articular paros generales se combinó con huelgas parciales, rápidamente sofocadas por la patronal.
A mediados de la década de 1930, la llegada del radicalismo al poder
provincial implicó un giro en la concepción de la política laboral, produciéndose
“una intensificación de la inspección y control de las normativas vigentes”
(Ullivarri, 2011, p. 122). En este contexto, en 1935 tuvo lugar la experiencia
asociativa azucarera de mayor alcance previa a la irrupción de la FOTIA: la
Unión General de Trabajadores de la Industria Azucarera (UGTIA) que, vinculada
al socialismo, pervivió hasta 1942. Sin embargo, la primigenia idea de
constituir una organización de segundo grado que articulara los sindicatos de
fábrica no pudo concretarse. La imposibilidad de multiplicar instancias de base
horadó el fin último de la Unión General. Esta situación se imbricó con un
posicionamiento institucional “reticente a declarar huelgas o realizar acciones
directas”, que impidió el desborde de los reclamos particulares (Ullivarri, 2011,
p. 125). Como contrapunto, en 1942 en el ingenio San Pablo (Obanta) se fundó
un sindicato que adhirió a la Federación Obrera de la Alimentación (FOA), de
orientación comunista. A diferencia de la UGTIA, tenía “una actuación limitada
a la esfera del ingenio y una patronal visible a quien enfrentar,” situación que
generó tensiones y represalias de los industriales (Ullivarri, 2011, p. 130).
Esta configuración sindical mereció variadas interpretaciones historiográficas,
cuyos énfasis son clave para explicar la expansión fotiana. María
Ullivarri (2011) señala el año 1935, con la fundación de la Unión General,
como un punto de inflexión en la organización azucarera. Califica la sindicalización
como un proceso lento y dificultoso, con magros resultados desde
la perspectiva del conflicto huelguístico pero exitoso en términos de disputas
simbólicas. Por su parte, Esteban Piliponsky (2012) argumenta que las organizaciones
azucareras, sus conflictos con los industriales, sus divisiones internas, así como la interlocución con las centrales obreras, muestran que antes del golpe
de Estado de 1943 “existía un importante grado de organización entre los trabajadores
azucareros, con análogo grado de autonomía y límites de acción que el
resto del movimiento gremial provincial” (pp. 321-322). Este posicionamiento
acentúa la presencia y heterogeneidad ideológica de la dirigencia sindical previo
a la irrupción peronista, y refuerza el postulado de la cooptación y coerción
ejercida por el gobierno militar y el peronismo sobre estos actores.
Sin desmerecer los intentos organizativos anteriores a la irrupción de
la FOTIA y valorando los esfuerzos por complejizar el mapa asociativo previo
al peronismo, considero que la dinámica de la protesta, la precariedad y discrecionalidad
de las condiciones laborales agroindustriales, el recurrente incumplimiento
de las conquistas adquiridas y el circunscripto radio de acción
sindical, revelan, más que la fortaleza, la intermitencia y debilidad de la organización
azucarera.3
En tal sentido, este conjunto obrero rezagado en sus reivindicaciones,
sujeto a la discrecionalidad de la “política del buen patrón”, con débil recorrido
en instancias de negociación sectorial, y jalonado por intentos de organización
y estrategias de resistencia que pocas veces superaron los reclamos
particulares, capitalizó el estímulo sindical estatal. Desde el Departamento
Provincial de Trabajo y luego desde la DRSTyP, Carlos Aguilar alentó la postergada
creación de un sindicato por ingenio, células que en junio de 1944
convergieron en la fundación de la FOTIA. La Federación asumió una estructura
descentralizada, caracterizada por el amplio margen de autonomía de los
sindicatos de base que, entre otras atribuciones, detentaban la potestad de declarar
paros parciales. Esta fisonomía condicionó la dinámica de la protesta
hasta fines de 1949, cuando la negativa de la FOTIA a poner fin a la huelga
de octubre de ese año concluyó con su intervención, proceso que se prolongó
hasta 1955 (Schleh, 1947, p. 195).4
En lo que atañe a la agroindustria, el avance de la sindicalización y la
“coyuntura de oportunidades políticas” abierta por el golpe de Estado de 1943
modificaron las condiciones en que los trabajadores irrumpieron en la puja
distributiva por el ingreso azucarero.5 En tal sentido, la forma en que fueron
redefinidas las expectativas de éxito de las medidas de fuerza y la profundización
de los niveles de organización laboral alentaron la declaración de huelgas
e introdujeron una inédita causa de paralización de las actividades: el trato
“desmedido” o “desconsiderado” que los administradores y personal jerárquico
dispensaban a los obreros y, por ende, el reclamo para exigir el despido de
estos “estrechos colaboradores” de los industriales.
El 13 de noviembre de 1945, el sindicato de obreros de La Trinidad
se declaró en huelga para pedir la reincorporación de Simón Salguero y la
separación o traslado del administrador, Luis Gallardo. Los primeros días de
diciembre, once sindicatos del sur de la provincia se plegaron a la medida
de fuerza para manifestar su solidaridad con esta demanda. Ese mismo año
obreros del ingenio San José exigieron la “exoneración” del jefe de fabricación
y de cultivo, a quien acusaron de actuar de forma contraria a los intereses
gremiales.6 El sindicato del ingenio Amalia solicitó en 1946 el alejamiento del
jefe mecánico Antonio Stoopman por su “trato desconsiderado, violento en sus
contestaciones, procaz en sus reprensiones” y por atacar en forma “sistemática
a los dirigentes del sindicato obrero”.7 Igual reclamo hizo en 1947 el sindicato
del San Juan, que solicitó la “separación” de Segundo Gómez, mayordomo de
la finca Lizárraga.8 En 1948 el sindicato de Mercedes recordaba que en 1945
había solicitado el despido del administrador, Rodolfo Moisá, y del contador,
Lino Escobar, “por la manera brutal, desconsiderada e inhumana con que trataban
a los obreros y empleados”. En esa coyuntura solo lograron el despido de
Moisá y, para sorpresa de los trabajadores, Escobar fue ascendido a administrador,
motivo por el que tres años después volvían a bregar por su retiro.9
Las exigencias obreras destinadas al despido o reubicación del personal
jerárquico, es decir, de aquellos sujetos encargados de supervisar las tareas laborales
y marcar los ritmos productivos en las fábricas y colonias azucareras,
expresaron la pretensión de los sindicatos de intervenir en una esfera de competencias
hasta ese momento estrictamente patronal. Frente al avance del poder
obrero, los industriales remarcaban que no era admisible ni tolerable que “la
permanencia en sus puestos de los empleados en quienes los Ingenios han depositado
su confianza, esté supeditada a la voluntad de los Sindicatos que se creen
facultados para pedir su retiro, si la actuación de ellos no les satisface”.10 En este
sentido, frente al conflicto desatado en La Trinidad en noviembre de 1945, que
exigía la separación o traslado del administrador, el Centro Azucarero Regional
(CAR), corporación que nucleaba a los industriales, envió un telegrama al ministro
del Interior para expresar su preocupación por el avance obrero:
“La causa originaria de este conflicto no puede ser más improcedente. V. E. podrá apreciar que ya no se trata de exigencias de los sindicatos por encima de las leyes, decretos, reglamentaciones y convenios…Se pretende ahora, nada menos, que tomar ingerencia [sic] en la administración de la fábrica y en tan inaudito propósito el sindicato obrero se cree autorizado para sustituir la dirección del directorio de la compañía, y disponer, en consecuencia, con respecto al administrador del ingenio.”11
Los empresarios no dejaron de subrayar la vinculación del avance obrero,
encarnado en este tipo de huelgas, con la caída de la productividad. En
septiembre de 1946, el CAR enumeraba las causas que entorpecían el desarrollo
de la cosecha y que, por ende, determinaban “sensibles mermas en la producción”.
Denunciaron las “caprichosas o arbitrarias” interpretaciones que los
sindicatos hacían de los decretos y conducían a las huelgas, y las cada vez más
frecuentes demandas vinculadas a la eliminación “del personal de empleados
con funciones de responsabilidad, que son los encargados de velar por el cumplimiento
y el respeto de las disposiciones legales” (Schleh, 1947, p. 536).
Recuperando la voz de los industriales, el diario La Nación se hizo eco
de la situación azucarera. En un editorial entrelazó las tres cuestiones que subyacían
en estas “inadmisibles pretensiones”: la pérdida del poder de la patronal
para designar al personal, removerlo o trasladarlo; la imposibilidad de garantizar
la disciplina obrera y su consecuencia directa, es decir, la caída de la productividad.12 Como lo señaló Marcos Schiavi, “lo que en realidad se discutía
cuando se hablaba de productividad era la cuestión del poder en los lugares de
trabajo” (2011, p. 177).
El avance sindical impugnó la autoridad empresarial en los ingenios
pero también interpeló al gobierno peronista, que se vio obligado a contener
los desbordes de la ofensiva obrera y precisar los “sentidos de los límites” que él mismo había coadyuvado a subvertir. De esta forma, se articuló un juego de
tensiones y mutuos condicionamientos. El respaldo que el Estado brindó a los
reclamos obreros se conjugó con llamados a la disciplina y la productividad y
con la declaración de ilegalidad de medidas de fuerza, particularmente las vinculadas
con las exigencias de despidos del personal jerárquico y administrativo
de las fábricas. La declaración de “rebeldía improcedente” con la que en 1946
la DRSTyP calificó la huelga del ingenio Florida para oponerse al traslado del
mayordomo, constituye una evidencia en este sentido.13
La magnitud del descontento obrero y la multiplicación de paros parciales
destinados a remover empleados fabriles, encontró su punto álgido en
septiembre de 1946, fecha en que Manuel Parés presentó su renuncia como
delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión.14 Alegó no poder desempeñar sus funciones de conciliación en medio de la indisciplina obrera
y, como contrapunto, sugirió que los conflictos en los ingenios debían canalizarse
a través del secretariado de la FOTIA “para que después de agotarse la
tramitación legal dispuesta…se planteen con carácter definitivo”. En este orden
de preocupaciones, aludió a la posibilidad de perder el apoyo del gobierno
central y abogó por la concreción de una tarea gremial “orgánica y en base a
una elemental disciplina con la que se evitarán las críticas de los adversarios y
se podrá efectuar una obra constructiva” (Schleh, 1947, p. 538).15
A fin de mediar en esta tensa situación, el día 5 de septiembre llegaron
a Tucumán el comandante de la Gendarmería Nacional y el subinsepctor general
de Delegaciones Regionales de la STyP. En una de las visitas realizadas a
los ingenios, el comandante Solveira Casarez llamó a los obreros a agotar los
extremos legales antes de usar el derecho a huelga y subrayó que la prioridad
era aumentar la producción, lo que suponía evitar conflictos que perturbaran
la cosecha:
“Antes de ir a las huelgas, dijo, los obreros deben establecer la justicia que les asiste, medir los casos, formalizar reclamaciones…y pensar que cuando se paralizan las actividades a cada instante, sin causa justificada, se perjudica al Estado y se promueve la inquietud general que afecta a los hogares obreros… añadiendo que para defender a los obreros está el gobierno, pero que éste para obrar necesita que ellos no se precipiten ni reclamen lo que no puede razonablemente dárseles”.16
La recomendación de no precipitarse hacia aquello que “razonablemente” no podía concedérseles remite al avance del poder obrero y a la dificultad
que tuvo la dirigencia fotiana y el gobierno peronista para fijar los límites de
las demandas laborales. “El peronismo era la causa y la consecuencia de esta
transformación. La limitó y fue limitado por ella” (Schiavi, 2011, p. 189).17
La declaración de huelga para reclamar la cesantía del personal jerárquico
o, como veremos más adelante, pretender incidir en la organización
de los procesos laborales iba acompañada de un conjunto de repertorios de
confrontación que revelan la dinámica de la protesta y evidencian otra arista del poder obrero. El telegrama que la Compañía Azucarera Tucumana envió en
1945 al interventor federal informándole de los sucesos en el ingenio La Trinidad
sintetiza la “coreografía” del descontento. Los blancos de la violencia, las
estrategias de disconformidad y la prescindencia policial conforman una trama
de acciones y sentidos a desentrañar:
“Anoche a las veintitrés…un grupo de personas formados por obreros huelguistas cortó el agua y la luz para la población del ingenio “La Trinidad”. Cortó además las líneas telefónicas, dejando aislado el establecimiento. Inmediatamente, y ante la impotencia policial, cometieron toda clase de desmanes, como ser disparos de armas de fuego y piedras contra las casas del ingenio, especialmente contra el domicilio del contador, cuyas puertas pretendieron forzar” (Schleh, 1947, p. 457).
La irrupción de los huelguistas en la usina eléctrica del ingenio, común
denominador de las protestas desatadas en el periodo en estudio, implicaba no
solo paralizar las actividades industriales, sino privar de luz al pueblo azucarero.
Cabe precisar que en la década de 1930 el asalto a la usina fue un mecanismo
resistido por los habitantes de los pueblos “que temían por la falta de luz,
agua y servicio médico”. En 1932, frente a una medida de fuerza de los obreros
del ingenio Santa Ana, “los vecinos se juntaron en asamblea y aprobaron un
paro parcial, respetando la usina, el hospital y la farmacia” (Ullivarri, 2008,
p. 6). En este sentido, el carácter disruptivo habilitado por el golpe de Estado
de 1943 y reafirmado por el peronismo habilitó estrategias que, engarzadas al
avance del poder obrero, empujaron los límites de la protesta.18
Las huelgas iniciadas por los sindicatos de base, muchas de las cuales
fueron desautorizadas y declaradas ilegales por la DRSTyP, se caracterizaron
por la articulación de ciertas prácticas. El asalto a la usina combinado con el
control de los portones de acceso al pueblo azucarero, la presencia intimidante
de los huelguistas frente a los escritorios del personal administrativo y el
apedreo a las viviendas del personal jerárquico fueron parte sustantiva de los
repertorios de la protesta. En pocas ocasiones los blancos de violencia recayeron
sobre los empleados de forma directa. Así relataba el director del ingenio Concepción al interventor de la provincia los sucesos que tenían lugar en su
fábrica:
“Pongo en conocimiento de V. E. que en este momento es asaltado el ingenio Concepción por turbas concentradas desde horas de la mañana, cometiendo toda clase de desmanes en edificios administrativos, casas de familia, rotura de portones, cercas y otros daños…que aún no es posible precisar pues las puertas de entrada del establecimiento están en poder de los huelguistas, sin que la policía haya adoptado medida alguna a pesar de haber transcurrido más de hora y media desde la iniciación de los sucesos”.19
Las formas de descontento revelan el avance de la protesta y la habilitación
de repertorios de confrontación que condujeron al control temporario de
la fábrica y los pueblos azucareros. Estas situaciones constituyeron un foco de
conflictos con la patronal pero también con las autoridades de la FOTIA y la
DRSTyP, que intentaron poner coto al avance obrero mediante la declaración
de ilegalidad de paros que escapaban a su control y prescindían de su intermediación.
En efecto, la dinámica de la conflictividad, anclada en la estructura
descentralizada de la Federación, permite repensar cómo las “instancias de
representación de base permitían generar y sostener conflictos desde la base,
superando a las dirigencias” (Basualdo, 2010, p. 88). Situación que, como en
el caso azucarero, generó tensiones intrasindicales y con las agencias estatales.
En este orden de preocupaciones, siguiendo la propuesta de Victoria
Basualdo, cabe reflexionar sobre el ambiguo papel que pudieron desempeñar
las representaciones sindicales de base. Por un lado, su fuerza para promover
la organización obrera, articular reivindicaciones frente a la patronal y presionar
a la dirigencia laboral provincial y nacional. Por otro, en razón de su
inserción en la estructura del sindicalismo, su actuación podía convertirse en
una instancia promotora del control y encuadramiento obrero (2010, p. 90).
En lo que atañe a la esfera productiva azucarera, este papel bifronte sugiere, a
manera de hipótesis, que el poder de movilización y conflictividad articulado
por la dirigencia de base desbordó a los líderes fotianos y actuó como uno de
los disparadores de la intervención de la Federación. Esta capacidad de confrontación
no exime del desafío de analizar empíricamente la injerencia de los
referentes fotianos en las células de base (expulsiones, intervenciones sindicales,
renuncias de afiliados y comisiones directivas), a fin de evaluar los intentos
de control y subordinación de los sindicatos de fábrica y surco.
Otro tópico recuperado por los dueños de los ingenios frente a las coyunturas de protesta fue “la pasividad de la policía”, a quien se denunciaba
por no “adoptar ninguna medida de represión con los ejecutores de tan repugnantes
procedimientos”.20 La prescindencia policial permite pensar en la
forma en que se relajaron los mecanismos de coacción oficial sobre los trabajadores,
situación impulsada por el vínculo forjado entre el gobierno peronista
y el sindicalismo. En efecto, una de las variables de la nueva coyuntura fue,
justamente, la disminución de los costos de la protesta, particularmente por
la “confianza en que desde el poder estatal no se recurrirá a la represión”
(Mackinnon, 1996, p. 99).
Las coordenadas políticas también impactaron en la dinámica de las acciones.
Las tensiones generadas al interior del peronismo tucumano entre el ala
sindical y la vertiente “política” gravitaron en las cuestiones azucareras. La intención
de FOTIA de arrogarse la representación del partido se proyectó en diversas
situaciones pero encontró su punto álgido en las coyunturas electorales,
cuando se definían las listas de candidatos a diputados, senadores, incluso las
fórmulas gubernativas (Mackinnon, 2003, pp. 102-103).21 El reclamo de exclusivismo,
sustentado en su nacimiento al impulso de la “Revolución de junio” de 1943 y su participación en la formación del partido laborista, alcanzó particular
virulencia durante la gobernación de Carlos Domínguez (1946-1950),
quien fuera cuestionado por la Federación por su condición de “porteño” y su
desconocimiento de los problemas de la agroindustria.
Las tensiones entre los legisladores de matriz obrera y los “políticos”,
con posiciones más cercanas a Domínguez, incidieron en la dinámica azucarera
de múltiples formas.22 A fines de 1946 la designación del jefe de policía
fue resistida por los senadores, gran parte de ellos designados por la FOTIA,
quienes amenazaron con renunciar si el funcionario no era reemplazado. En
respuesta, el gobernador exoneró al presidente del Consejo General de Educación,
Luis René Villacorta, figura representativa del sindicalismo azucarero. La
protesta obrera también fue atravesada por estas divergencias. En tal sentido, el
cuestionamiento que los diputados hicieron de las huelgas contrastaba con el
respaldo brindado por los senadores vinculados a la Federación.
Un ejemplo que grafica esta tensión fueron los acontecimientos vividos en 1947 en el ingenio Santa Ana (administrado por el Banco de la Nación),
cuando el sindicato obrero impugnó la separación del administrador, Gabriel
Fuentes, promovida por la Federación de Empleados de la Industria Azucarera,
porque le “atribuía una acción antigremial en perjuicio de los empleados
de ingenio”.23 La agudización de los conflictos condujo a las autoridades del
Banco Central a intervenir el ingenio, decisión resistida por los obreros, quienes
paralizaron las actividades. La oposición del sindicato a la medida oficial
decidió al interventor a abandonar sus funciones, interponer “una acusación
criminal en el Juzgado Federal contra el señor Gabriel Fuentes” y solicitar la
cooperación de la policía para recuperar el control de la fábrica. En una coyuntura
signada por el antagonismo entre los “políticos” y el bloque sindical,
el gobernador interino Domingo Bruno, de raigambre obrera, se negó a enviar
la fuerza pública. Consideraba que:
“como Gobernador he cumplido con mi deber al poner las fuerzas policiales a las órdenes del interventor…pero como hombre del pueblo que soy, como legislador surgido precisamente del Santa Ana, considero un deber de conciencia presentar mi renuncia antes que dirigir las tropas contra los obreros”.24
En síntesis, con un profundo sentido transgresor, los pedidos obreros
vinculados al despido o reubicación del personal fabril coadyuvaron a la redistribución
del poder fabril socavando tradicionales competencias patronales.25 Si bien este tipo de protestas parciales, animadas por los sindicatos de base,
fueron cuestionadas por la DRSTyP y la propia Federación, la intención de incidir
en el mercado laboral azucarero fue un tópico que la dirigencia de FOTIA
también recuperó de manera formal a través de petitorios.
En 1948 el sindicato reclamó la obligatoriedad de la patronal de dar
trabajo a los hijos de los obreros permanentes desde los catorce años, para
quienes también exigió el reconocimiento de esa condición.26 Este pedido no solo pretendía garantizar la continuidad laboral, sino que le permitía al núcleo
familiar extender el usufructo de la vivienda que, por lo general, los propietarios
del ingenio otorgaban a los obreros permanentes. Asimismo, solicitó que
en caso de “tomar nuevo personal y confeccionar listas de obreros” la patronal
debía contar con el acuerdo del “sindicato que representa a los obreros
agremiados, los cuales tendrán preferencia” (Schleh, 1948, p. 75). Al intentar
privilegiar el ingreso de sus agremiados, la Federación pretendía profundizar su
control sobre la contratación del personal azucarero. Por su parte, los industriales
denunciaron las presiones de los dirigentes obreros, quienes reclamaban la
incorporación o el despido de ciertos trabajadores sujetando sus reclamos a la
pertenencia o desvinculación de estos actores con la Federación.
El reclamo de la FOTIA de transferir la condición obrera de padres a
hijos fue finalmente incluido en el convenio colectivo de 1954. Esta normativa
estableció que, en caso de vacantes obreras, la patronal “procure” dar preferencia,
“en igualdad de condiciones, a los hijos de los obreros permanentes,
fallecidos, jubilados o incapacitados”.27 Sin embargo, el inminente cierre de la
primera década peronista, concretado con el golpe de Estado de 1955, redimensionó
las relaciones entre el capital y el trabajo y neutralizó esta instancia
de presión sindical.
Ahora bien, la intención del sindicalismo azucarero de incidir en la contratación,
reubicación o despido del personal encontró otro canal de expresión:
el escalafón. Como veremos a continuación, sus implicancias también
actuaron en detrimento de la patronal.
En los 15 meses posteriores a mayo de 1944 la Secretaría de Trabajo y
Previsión impulsó la firma de alrededor de 700 contratos laborales, cifra que
contrastaba con los 400 que fueron rubricados entre 1941 y 1943. La intervención
del Estado y el sindicalismo en nichos obreros hasta ese momento
dominados por “un sistema de relaciones extremadamente arcaico” implicó la “redefinición de las relaciones de autoridad en las empresas, al establecer
una instancia por encima de los patrones, a la que los trabajadores podían
apelar” (Torre, 1990, pp. 89-90). Con el correr de los años, esos convenios
se instituyeron como verdaderos cuerpos legales que ampliaron y profundizaron
la legislación social impulsada por el gobierno peronista y restringieron la
casi omnipresente autoridad de la patronal sobre los obreros. Los convenios colectivos crearon “un orden legal en un entorno que alguna vez fue arbitrario,
entronizando un código de derechos laborales” (Doyon, 2006, pp. 288-289).
Los convenios estipularon importantes beneficios sociales: vacaciones
pagas anuales, licencia por matrimonio, aguinaldo, pago de suplemento por
antigüedad y reconocimiento del salario familiar, entre otros. Pero quizás una
de las novedades más disruptivas fue el “escalafón”, es decir, la intrincada
gama de categorías socio-ocupacionales que nombraba, clasificaba, ordenaba
y organizaba a los trabajadores.28 Este desglose se convirtió en un recurso clave
para menoscabar la facultad de los industriales en términos de contratación,
despido o promoción del personal.
En el caso de la agroindustria, a dos meses de su fundación, la FOTIA
elevó al delegado regional de la STyP su primer petitorio, en el que solicitaba el
reconocimiento del escalafón “para las distintas calificaciones de obreros que
colaboran en la industria azucarera y tareas de su extensión”, es decir, para los
trabajadores de fábrica y surco (Schleh, 1947, p. 266). La Federación denunciaba
que las escalas vigentes no solo eran mínimas, sino que eran mantenidas
en su “estricto valor inferior” y solamente mediante requerimientos forzosos se
lograban ascensos que, a su vez, generaban una “retribución desacorde para
actividades semejantes”. En este contexto de demandas anexaron al petitorio
una planilla que diferenciaba 101 “escalas” laborales (54 de fábrica y 47 de
cultivo).
En enero de 1945, la repuesta del gobierno emanado de la “Revolución
de junio” de 1943 a ésta y otras demandas sectoriales se plasmó en el Decreto
678.29 Esta normativa recuperó las reivindicaciones obreras vinculadas
con el escalafón al reconocer 112 categorías (62 de fábrica y 50 de surco).
La fisonomía descentralizada adoptaba por la FOTIA modeló la aplicación de
esta novedad laboral e impulsó un proceso de acuerdos sectoriales negociados
ingenio por ingenio. Empresarios y dirigentes sindicales de base gestionaban la
ubicación del personal de fábrica, el reconocimiento de los oficios y la realización
de las tareas agrícolas que debían desarrollarse en las colonias, tratativas
realizadas bajo la supervisión de la FOTIA y la DRSTyP.
La complejidad y precisión con que fueron definidos los oficios y las tareas
azucareras fue capitalizada por los dirigentes sindicales, quienes exigieron
el cumplimiento del mayor número de “escalas” con el propósito de incrementar
los niveles salariales y de empleo. En este contexto de aspiraciones obreras, los sindicatos bregaron por la constante revisión y observancia del escalafón
azucarero. De esta forma, irrumpieron una serie de reclamos que pretendían
incidir en la organización de los procesos laborales y en la contratación o
reubicación del personal, consideradas hasta ese momento como incuestionables
prerrogativas patronales.
En el espacio fabril el sindicalismo procuró intervenir en las reubicaciones
y ascensos laborales. El sindicato del ingenio Los Ralos solicitó para el
obrero Juan Vargas la adjudicación de la categoría de medio oficial, en tanto “en época de reparaciones de maquinarias trabaja como ayudante práctico y
manifiesta que esta categoría no le corresponde por los conocimientos que
posee”.30 El sindicato del Manantial firmó un convenio con la patronal que
reconocía una nueva clasificación para el obrero Víctor Fernández, quien ascendió a la categoría de medio oficial cobrero.31 Lo mismo sucedió en el ingenio
San José con los obreros Víctor Pulido y Segundo Pérez, reubicados como
medios oficiales mecánicos.32 En La Providencia, la FOTIA y la DRSTyP intercedieron
para la clasificación de varios obreros como medio oficiales albañiles y
ayudantes prácticos de albañilería.33 Por su parte, el sindicato del ingenio Lastenia
solicitó el reconocimiento de las tareas desempeñadas por el capataz del
salón de azúcar y los estibadores, así como el aumento del personal de hornos.
La clasificación de oficios y tareas suscitó interpretaciones contradictorias
que enfrentaron a obreros e industriales e implicaron la constante reformulación
del escalafón. Los decretos presidenciales que regularon la actividad
agroindustrial expresan la puja sectorial y el progresivo avance del sindicalismo
azucarero. En tal sentido, los 112 oficios y tareas dispuestos en enero de 1945
se rediscutieron en 1946, dando lugar a un decreto que precisó el régimen salarial
a partir de una nueva reforma del escalafón, que estableció 285 categorías
(154 de fábrica y 131 de surco). En 1947 la clasificación volvió a rediscutirse
para fijar un total de 444 categorías (224 de fábrica y 220 de surco), cualificación
que sirvió de base para los aumentos salariales estipulados en el decreto
de febrero de 1949. Un análisis comparativo de los decretos permite evidenciar
dos tendencias: la creación de nuevas categorías ocupacionales, antes incluidas
en una escala,34 y el aumento de la gradación jerárquica asociada a los oficios que habilitaban la condición de permanencia.35 La discriminación y desglose
de ocupaciones evitaba la multifuncionalidad de tareas desempeñadas
por un obrero; por su parte, el rango jerárquico contribuía a fijar una pauta
predecible de ascenso laboral.
La etapa más controvertida para la aplicación y cumplimiento del escalafón
se extendió entre 1945, año de su reconocimiento legal, y 1949, cuando
un nuevo decreto presidencial precisó que la calificación de oficios y tareas era
únicamente “enunciativa”. A lo largo de este periodo, el problema del escalafón
se convirtió en un instrumento de negociación sindical que menoscabó
tradicionales prerrogativas patronales e impidió a los industriales “administrar
la fuerza de trabajo como una masa relativamente indiferenciada”. Este quiebre
imposibilitó a los empresarios seguir utilizando su casi ilimitado poder como
una medida disciplinaria tendiente a controlar a los “agitadores sindicales”.
Asimismo, el escalafón otorgaba una “pauta predecible de ascenso” que cercenaba
la libertad patronal frente a una eventual vacante, en tanto la obligaba a
privilegiar el ascenso del trabajador que ocupaba la categoría inmediatamente
inferior. Por su parte, el obrero que era asignado en una categoría superior, a
fin de cubrir una vacante, tenía derecho a percibir el salario de esa calificación
y debía ser reasignado en un plazo no mayor de dos meses; si la transferencia
era a un nivel inferior el salario no podía disminuirse (Doyon, 2006, p. 287).
Las demandas vinculadas con la esfera agraria se orientaron a extender
el cumplimiento de la mayor cantidad de actividades de cultivo y cosecha precisadas
en los decretos. En noviembre de 1945, los obreros de los ingenios San
José y Amalia se declararon en huelga para expresar su desacuerdo con la organización
de los trabajos de cultivo. Denunciaron la negativa de los empresarios
a realizar tareas de desaporque a determinados tipos de caña. Igual reclamo
realizó el sindicato de La Trinidad al solicitar que se modificara la forma en
que se realizaba el cultivo de la caña, en tanto la reducción de ciertas tareas
perjudicaba “la economía de numerosas familias” (Schleh, 1947, p. 458).36 Por
su parte, el sindicato de obreros de surco de La Arcadia denunció a los cañeros, quienes se habían “olvidado” que para desaporcar la caña de azúcar primero
había que “centrear”, tarea que no habían realizado.37
La puja por el cumplimiento de las actividades agrícolas estipuladas
en los decretos generó una serie de reclamos y desavenencias sectoriales que
impulsaron al CAR a señalar que la planilla de tareas y su correlato salarial no
suponían que la patronal debiera realizar “todos los trabajos allí enumerados”,
sino los que considerara “necesarios”. Entendían que lo contrario significaba
sacar de manos de los dueños la dirección del proceso productivo y transferir
dicha potestad a quienes solo tenían que ejecutar el trabajo encomendado.38
En lo que atañe al escalafón, los empresarios señalaron que complicaba
la definición de las actividades productivas, en tanto perturbaba la “equitativa
ubicación del trabajador por la dificultad muchas veces del adecuado deslinde” y hacía “desaparecer el peón común, con el consiguiente aumento del
salario” y de los costos productivos (Schleh, 1947, 163). También denunciaron
que la maraña de oficios y actividades discriminadas en las planillas era capitalizada
por los sindicatos para avanzar sobre sus excluyentes facultades de
contratación, despido o promoción de la mano de obra.
Las demandas se agudizaban en época de reparaciones, cuando los reclamos
se orientaban a asegurar la continuidad laboral del mayor número de
obreros. En noviembre de 1945, el sindicato del ingenio Concepción solicitó que fueran “ocupados los obreros de colonias que se hallan sin trabajo desde
hace bastante tiempo”. En respuesta, los industriales se comprometieron a garantizar
20 días de trabajo mensual a los obreros de fábrica a quienes el ingenio
considerara necesarios a “su exclusivo leal saber y entender”, es decir, en razón
de las necesidades del periodo interzafra.39
Asimismo, los empresarios cuestionaron la permanente disconformidad
de los sindicatos, que una vez firmados los convenios los impugnaban con el
propósito de avanzar en sus reivindicaciones. A modo de ejemplo, en agosto
de 1946 el CAR denunció la huelga declarada en el ingenio San Juan, motivada
por la exigencia sindical de “modificar por su sola determinación, la clasificación
hecha para las tareas del personal que trabaja en la fábrica, clasificación
que fue realizada con las formalidades de la práctica”. La complejidad de
esta situación recrudecía cuando afloraban las rivalidades entre sindicatos, en tanto, la puja de las organizaciones por fijar quién planteaba “a favor de sus
asociados mayor número de exigencias” agudizaba la efervescencia obrera.40
La transferencia del poder en las fábricas y las complejas tensiones sectoriales
desatadas por el escalafón encontraron su límite en el propio poder del
Estado que las había alimentado. El punto de inflexión se alcanzó en febrero de
1949 con la promulgación del Decreto 2895. La nueva normativa declaró que
era facultad privativa de la administración de los ingenios “la organización del
trabajo y la designación de su personal”. En tal sentido, remarcó que la planilla
de calificación era “enunciativa y al solo efecto de establecer los salarios que
corresponden a cada categoría”. Esta misma precisión “enunciativa” se hizo
extensiva a los trabajos de cultivo y cosecha. Con la promulgación de este decreto
las arduas negociaciones sindicales en favor de la institucionalización y
aplicación del escalafón encontraron su límite, en tanto el carácter “indicativo” de la planilla cercenó la capacidad de negociación obrera. Así, se desdibujó una herramienta sindical que sirvió para impulsar la movilidad salarial, ampliar
los niveles de empleo y contribuir a las promociones y ascensos obreros.
Las implicancias de este nuevo decreto se imbricaron con la intervención
de la FOTIA, luego de la huelga de octubre de 1949. Esta situación sumió
a la dirigencia de base en nuevas instancias de deliberación vinculadas con la
defensa de la autonomía de los sindicatos de base (manejo de la caja social,
atribuciones disciplinarias, derecho a declarar huelgas, reforma de los estatutos,
etc.). Estas prerrogativas fueron cuestionadas por el avance centralizador
de la intervención que, acatando directivas de la Confederación General del
Trabajo (CGT), procuró revertir el carácter federativo y descentralizador de la
FOTIA. La cualidad “enunciativa”, el nuevo derrotero sindical azucarero y la
desfavorable coyuntura económica presente desde 1949 imprimieron renovados
significados a la protesta, cuya efervescencia fue drásticamente disminuida.
El quiebre definitivo de la impronta del escalafón sobrevino con el convenio
colectivo azucarero de 1954, que cerró la primera década peronista. Esta
nueva normativa no sujetó los incrementos salariales a las escalas laborales,
sino a las distintas relaciones contractuales, es decir, según se tratase de obreros
a destajo, a jornal o mensualizados.41 De esta forma, la FOTIA asistió al desvanecimiento
de una estrategia de negociación sustentada en la cualificación,
que ya había mermado su capacidad de injerencia con el decreto de 1949.
En síntesis, el escalafón cuestionó las atribuciones de la patronal y
modificó las fronteras de los reclamos obreros. El progresivo deslinde de las calificaciones laborales interpeló las formas de autoridad y prerrogativas de
los empresarios y alteró ese muro de contención, muchas veces implícito, que
definía lo que los trabajadores podían discutir con los industriales. Por ende,
su implementación gravitó no solo en la dinámica laboral y la negociación
sindical, sino que afectó los sentidos de la deferencia y los acuerdos que tradicionalmente
limitaban el avance obrero.
Fue el Estado peronista el que a partir de 1949 intentó poner coto a este “desafío herético” que él mismo había impulsado (James, 2005, p. 58). El escalafón
puso en tensión los límites de aquello que el gobierno estaba dispuesto
a secundar y lo obligó a volver sobre sus pasos para controlar ese instrumento
de poder sindical que acicateaba la lucha de clases y atentaba contra el ideal
de armonía social. La implementación y avance de esta compleja gradación de
categorías socio-ocupacionales remiten a esa tensión inherente al peronismo:
su carácter de “movimiento social” profundamente herético y sus necesidades
como “forma de poder estatal”. En lo que respecta a la agroindustria azucarera,
fue el año 1949 el que marcó la necesidad de controlar esa primigenia actitud
desafiante en procura de asimilarla a “una nueva ortodoxia patrocinada desde
el Estado” (James, 2005, p. 51).
La sindicalización de los obreros azucareros, alentada por la “Revolución
de junio” de 1943 y profundizada con la llegada del peronismo al poder,
se articuló en un espacio social jalonado por intermitentes y débiles intentos de
organización laboral. Una de las aristas inherentes a este proceso fue la redistribución
del poder fabril en favor de los obreros. Esta transferencia empujó los límites
de los reclamos de los trabajadores y quebró la autoridad patronal subvirtiendo
los códigos de deferencia y las tácitas fronteras que delimitaban aquello
que los “de abajo” podían expresar, demandar o discutir con los industriales.
En el caso azucarero, la estructura descentralizada de la FOTIA resulta
clave para explicar la dinámica que alcanzó el trastrocamiento de las relaciones
laborales. Los ingenios se convirtieron en espacios dinamizados por
el poder ganado por los trabajadores, quienes capitalizaron la fisonomía organizativa
de la Federación y, valiéndose de la autonomía de los sindicatos
de base, declararon huelgas para exigir el despido o reubicación del personal
jerárquico, incidir en la contratación y promoción de los obreros e intervenir
en la organización de los procesos laborales. Estos paros parciales, muchos de
ellos desautorizados por la dirigencia sindical y la DRSTyP, se conjugaron con
el reconocimiento del escalafón, demanda que la Federación articuló de forma institucional a través de petitorios.
El escalafón se convirtió en una estrategia de negociación y poder sindical
que trastrocó las tradicionales atribuciones de la patronal en lo referente a
la organización y administración del personal. Sin embargo, la institucionalización
de estas categorías laborales, incorporadas en los decretos nacionales que
regularon la actividad azucarera, también fue desbordada por el avance de los
sindicatos de ingenio, que capitalizaron sus implicancias y potenciaron formas
de protesta, muchas veces desautorizadas por las agencias estatales y la propia
dirigencia de la Federación.
Los industriales intentaron resistir esta transferencia de poder en las fábricas
y defendieron sus tradicionales prerrogativas agitando la bandera de la
productividad y el fantasma de la imposibilidad de abastecer el mercado interno
en medio de la indisciplina obrera. En lo que respecta al peronismo estas
instancias proyectaron su impronta herética pero también condensaron las tensiones
de su propia naturaleza, que lo obligaba a conciliar su desafiante fuerza,
inherente al carácter de movimiento social, con los requerimientos propios de
su condición de poder estatal (James, 2005, pp. 46-47). En tal sentido, la transferencia
y construcción del poder obrero en las fábricas azucareras confrontó al Estado con los límites de lo aceptable, situación que lo orilló a limitar las
inéditas y desafiantes prerrogativas de los trabajadores. La ilegalidad con que la
DRSTyP respondió a muchas de las huelgas destinadas a incidir en la contratación
o despido del personal o intervenir en los procesos productivos, sintetiza
este dilema constitutivo del peronismo.
Notas
1 Instituto Superior de Estudios Sociales-Universidad Nacional de Tucumán/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: florenciagutierrezb@yahoo.com.
2 En lo referente a las fuentes utilizadas en esta investigación cabe precisar las limitaciones vinculadas a la ausencia del archivo de la FOTIA, destruido en la última dictadura militar. Dicho vacío procuró ser compensado con otro tipo de documentación como la prensa local y nacional, las compilaciones legales sobre el azúcar (material rico en información sobre conflictividad obrera), el órgano de prensa de los industriales, los petitorios obreros, así como los decretos nacionales y leyes vinculados al funcionamiento agroindustrial. A esta carencia se suma la imposibilidad de acceder a los archivos de empresas, particularmente cuando se trata de reconstruir aristas del mundo del trabajo. Este cuadro de situación revela los límites y desafíos metodológicos impuestos al abordar este tipo de estudios.
3 La prohibición del pago con vales -conquista de la huelga de 1904- y la ley que en 1925 declaró la asistencia médica obligatoria en los ingenios, permanecían en la agenda de reivindicaciones obreras de los años cuarenta.
4 El estatuto de la FOTIA concedía a los sindicatos de base autonomía para decidir sobre la disciplina de sus asociados, el manejo de la caja social y la libre disposición de sus fondos, la elección de su delegado al Consejo Federal y la reforma de su normativa interna. Además, cada sindicato podía declarar la huelga gremial, mientras que la general era una prerrogativa del Consejo Federal, conformado por los delegados de los sindicatos o aquellos elegidos por mayoría en las asambleas de sus respectivos gremios. Ver las implicancias de esta fisonomía organizativa en Gutiérrez (2012, pp. 133-169).
5 El concepto “coyuntura de oportunidades” es recuperado de Tarrow (1997, p.155).
6 La Gaceta, 26 de septiembre de 1945. Archivo del diario La Gaceta (ADLG), San Miguel de Tucumán.
7 La Gaceta, 24 de abril de 1946. ADLG, San Miguel de Tucumán.
8 Trópico, 21 de octubre de 1947. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), San Miguel de Tucumán.
9 Trópico, 29 de julio de 1948. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Tucumán (BCUNT), San Miguel de Tucumán.
10 La Industria Azucarera, N° 550, diciembre de 1947, p. 595. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
11 La Industria Azucarera, N° 625, noviembre de 1945, p. 713. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
12 La Nación, 18 de junio de 1946. Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires.
13 Por ejemplo, en septiembre de 1946 la Delegación Regional de la STyP declaró ilegal la huelga de los obreros del ingenio Esperanza, quienes protestaban por los procedimientos policiales llevados a cabo para esclarecer un faltante de azúcar. Durante ese mismo mes, igual resolución tomó frente a las medidas de fuerza de los sindicatos La Trinidad, Florida y Concepción que reclamaban el despido de administradores y capataces.
14 Manuel A. Parés fue obrero del ingenio Mercedes, donde alcanzó la categoría de segundo jefe mecánico. Fue delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, tesorero y pro-secretario general de la FOTIA. Entre 1952 y 1955 actuó como senador provincial.
15 La Gaceta, 20 de septiembre y 1° de octubre de 1946. ADLG, San Miguel de Tucumán.
16 La Industria Azucarera, N° 636, octubre de 1946, p. 519. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
17 “Un gobierno apoyado por gran parte de la población y que controlaba la mayoría de los resortes de la estructura sindical no pudo imponer medidas que transformaran las relaciones laborales restableciendo cierto poder patronal…La propia naturaleza del gobierno y su relación con el movimiento obrero lo determinó”. (Schiavi, 2011, p. 178).
18 Estas interrupciones remiten a la “posición estratégica” de los trabajadores de las usinas, en tanto su ubicación en la cadena productiva les permitía detener las labores. “Corolario: sin conocimiento de las posiciones estratégicas, no hay estrategia”. Como lo señaló Dunlop, en todo proceso tecnológico de producción hay obreros que tienen una posición más estratégica que otros, en tanto son capaces de interrumpir o desviar las tareas más fácilmente. Por tanto, el concepto estratégico no remite a la cualificación laboral, sino al poder de negociación en razón de la ubicación y posición en el proceso productivo (Womack, 2007, pp. 15-27).
19 La Industria Azucarera, N° 627, enero de 1946, p. 10. EEAOC. San Miguel de Tucumán.
20 La Industria Azucarera, N° 627, enero de 1946, p. 16. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
21 Desde sus inicios hasta 1950, Mackinnon reconoce 11 diputados provinciales de origen explícitamente obrero o que tienden a defender posiciones obreras. En lo que hace al bloque de senadores, entre 9 y 11 son obreros o defienden posiciones vinculadas a esos intereses. Por tanto, “en Tucumán la FOTIA o los legisladores de origen obrero componen la mayoría de la legislatura”(Mackinnon, 2003, pp. 95-96).
22 La conformación de las fuerzas políticas que tensionaron al peronismo tucumano fue reconstruida por Mackinnon (2003, pp. 96-101) y Rubinstein (2003, pp. 319-363).
23 Trópico, 19 de abril de 1947. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
24 Trópico, 26 de abril de 1947. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
25 El año 1949 marcó un punto de inflexión en el ciclo de la protesta obrera. La intervención de la CGT en la FOTIA, decisión asumida frente a la negativa de poner fin a la huelga declarada en octubre, modificó sustancialmente la dinámica de los sindicatos de base, que procuraron resistir la avanzada centralizadora de la intervención para defender la autonomía alcanzada desde su fundación. Asimismo, no se debe descartar la posibilidad de que las autoridades de la intervención asumieran los reclamos laborales y, valiéndose de su directa vinculación con el Estado peronista, canalizaran las demandas obreras en procura de una satisfacción que evitara las medidas de fuerza (Gutiérrez, 2012, pp. 150-163).
26 El Decreto 16163 de junio de 1946 definió las cualidades para acceder a la categoría de permanente: acreditar una actividad anual continuada en fábrica o surco, contar con una antigüedad laboral de quince años y, en caso de trabajar en los ingenios, revestir la categoría de medio oficial en adelante (Schleh, 1947, pp. 110-125).
27 La Industria Azucarera, N° 730, agosto de 1954, pp. 342-344. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
28 Para conocer las implicancias del escalafón, particularmente en las últimas décadas, remitimos a Marticorena (2010).
29 El Decreto 678, promulgado en enero de 1945, procuró ordenar todas las fases involucradas en la actividad azucarera nacional, desde el estadio de la producción hasta la comercialización (Bravo y Gutiérrez, 2014).
30 Trópico, 4 de mayo de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
31 Trópico, 14 de agosto de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
32 Trópico, 29 de agosto de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
33 Trópico, 7 de julio de 1948. BCUNT, San Miguel de Tucumán.
34 La escala “herrero de cultivo” fue desglosada en 4 categorías (herrero de caballos, de cultivo, de vagones y herrero mecánico y de fábrica). Mayor discriminación sufrieron las clasificaciones de los capataces y maquinistas. Los primeros pasaron de 4 categorías a 14 (capataz sección calderas, canchón fábrica, centrífuga pilé, destilería, enrielador, especializado vías y obras, salón de azúcar, entre otras). Las 4 categorías de maquinistas se convirtieron en 1947 en 19 (maquinista de bomba de aire a vapor, bomba de aire rotativa, bomba cachaza, bomba melaza, de grúa a vapor de cargadero, de grúa auxiliar, de grúa con dos grúas en canchón de ingenio, de grúa con una sola grúa en canchón de ingenio, entre otras).
35 La gradación jerárquica comprendía las siguientes escalas: ayudante práctico carpintero, medio oficial carpintero, carpintero, encargado de la sección carpintería (jefe).
36 Desaporcar es la acción de descubrir parte de la cepa para quitarle la tierra, malezas o raíces. Centrear es pasar el arado dos veces para aflojar la tierra y abrir un surco destinado al cultivo de la caña del año anterior. Definiciones extraídas de Rojas Mayer y Kagüer (2008, pp. 95 y 82).
37 Trópico, 5 de mayo de 1948.BCUNT, San Miguel de Tucumán.
38 A fines de 1945, el Secretario de Trabajo y Previsión emitió un comunicado exigiendo que se cumpliera con “todos los trabajos de cultivo contemplados en el Decreto 678/45”, de lo contrario se procedería a la retención de las compensaciones otorgadas a industriales y cañeros (Schleh, 1947, p. 448).
39 La Industria Azucarera, N° 625, noviembre de 1945, p. 641. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
40 La Industria Azucarera, N° 634, agosto de 1946, p. 394. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
41 La Industria Azucarera, N° 730, agosto de 1954, pp. 342-344. EEAOC, San Miguel de Tucumán.
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18. ULLIVARRI, M. (2011). Sindicatos en la ‘capital del azúcar’. Organización y lucha en el mundo del trabajo de la provincia de Tucumán (Argentina), 1930-1943. Historia Agraria, 55, 105-137.
19. WOMACK J. Jr. (2007). Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros. México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica.
Fecha de recepción de originales: 27/05/2013.
Fecha de aceptación para publicación: 19/07/2014.