ARTÍCULOS
Eva Mara Petitti2
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la política educativa primaria durante los años de la autoproclamada “Revolución Libertadora.” Las escasas investigaciones que han abordado este tema sostuvieron que el gobierno de la “Libertadora” fue capaz de diseñar un dispositivo a partir del cual borrar las huellas que el peronismo había dejado en el sistema educativo. Nuestro interés se dirige a plantear una revisión de este proceso. Para ello analizaremos los conflictos al interior de la coalición gobernante, el diseño institucional del gobierno de la educación y la organización interna de las escuelas. Partimos del interrogante acerca de si, a pesar de las rupturas ideológicas y políticas, es posible encontrar elementos de continuidad respecto al período anterior. Tomamos como ámbito de observación empírica la provincia de Buenos Aires.
Palabras clave: Educación; Política; Revolución Libertadora; Provincia de Buenos Aires.
Primary education during the “Liberating Revolution”: the case of the province of Buenos Aires (1955-1958)
Abstract: The purpose of this paper is to analyze primary education policy during the administration of the self-proclaimed “Liberating Revolution”. The few studies that have examined this issue state that the Liberating Revolution government erased the traces that Peronism had left in the education system. Our interest is to review this process. To do this, we analyze the conflicts within the government, the institutional design of education governance and internal organization of schools. We ask whether despite the ideological and political ruptures, it is possible to find elements of continuity with the previous period. Our empirical observation area is the province of Buenos Aires.
Key words: Education; Politics; Liberating Revolution; Province of Buenos Aires.
La educación primaria en tiempos de la “Revolución Libertadora”: el caso de la provincia de Buenos Aires (1955-1958)
A diferencia de la década peronista, la política educativa posterior a 1955
no ha recibido suficiente atención por parte de los analistas. Si bien se ha
avanzado en lo que respecta al conflicto “laica o libre”, apenas se ha comenzado
a indagar sobre la educación primaria durante este período. Las escasas
investigaciones que desde las Ciencias de la Educación abordaron este tema lo
han hecho entendiendo la política educativa del antiperonismo como un todo
homogéneo y con el foco puesto en la desperonización, sin cuestionar sus resultados
(Rein, 1998; Ascolani, 2000; Puiggrós, 2003). Consideramos que una
mirada más amplia sobre el tema, que tome el aporte realizado en los últimos
años por la historiografía que ha señalado la heterogeneidad del grupo antiperonista
así como el fracaso en la política de desperonización, puede llevarnos
a nuevas conclusiones (Spinelli, 2005).3
El objetivo de este artículo es analizar la política educativa primaria durante
el gobierno de la autoproclamada “Revolución Libertadora” ampliando la
perspectiva que restringe el foco de observación a la desperonización. Si bien
se trató de un aspecto constitutivo, no es suficiente para eclipsar una serie de
medidas que, si observamos no solo a través de los discursos sino también de
las prácticas, mantuvieron cierta línea de continuidad con el proyecto educativo
iniciado en la década anterior. Para ello tomamos como ámbito de exploración
empírica el caso de la provincia de Buenos Aires, cuyo carácter acotado
nos permite analizar con mayor precisión este proceso. Si en lo que respecta al
período peronista son numerosos los estudios que se han centrado en el “primer
estado argentino”,4 menos frecuente ha sido esta perspectiva para la etapa que nos interesa en este trabajo.5
El desarrollo de este artículo se divide en dos secciones. En la primera
realizamos una caracterización de las acciones llevadas a cabo por el gobierno
de la intervención, tendientes a eliminar aquellos símbolos que hicieran referencia
a la gestión peronista. El seguimiento de las disidencias tanto internas
como externas a las que debió hacer frente el gobierno nos permitirá realizar
una revisión de este proceso. En la segunda parte nos proponemos responder
en qué medida, a pesar de las rupturas en el plano político e ideológico que
implicaron las gobernaciones de la intervención, es posible encontrar elementos
de continuidad referentes al diseño institucional y la organización interna
de las escuelas respecto al período anterior. Por un lado, hacemos hincapié en
la organización y el control de los aparatos del gobierno educativo encargados
de aplicar la legislación; y por otro, examinamos la normativa escolar del
peronismo vigente durante la “Libertadora”. Se utilizó para abordar esta tarea
un cuerpo documental que incluye legislación, memorias, revistas educativas y
prensa comercial nacional, provincial y local.
Durante las intervenciones provinciales de la “Libertadora” la política
educativa buscó desmontar el dispositivo ideológico peronista y sus efectos.
El 23 de septiembre asumió la Presidencia de la Nación Eduardo Lonardi. Durante
su breve mandato, bajo el lema “ni vencedores ni vencidos”, el Estado
comenzó a borrar los símbolos peronistas y a desacreditar la figura de Juan
Domingo Perón y de diversos funcionarios pertenecientes a todos los niveles
estatales. El 13 de noviembre fue desplazado por Pedro Eugenio Aramburu y se
abrió así una segunda etapa en la cual la desperonización adquirió una tónica
extrema, expresada en la intervención de la Central General de Trabajadores y
la disolución del Partido Peronista.
Si reparamos en la normativa, encontramos que se dictaron desde un
primer momento una serie de disposiciones tendientes a eliminar todas aquellas
referencias que de forma gráfica, escrita u oral hicieran mención al gobierno
peronista, cuya regla culminante fue la sanción del famoso Decreto 4161 que prohibía en todo el territorio de la Nación “la utilización con fines de afirmación
ideológica peronista… de las imágenes, símbolos, signos, expresiones
significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter
o pudieran ser tenidas por alguien como tales.”7 El giro que implicó en el desarrollo
de la “Libertadora” el reemplazo de Lonardi por Aramburu, que en la
provincia de Buenos Aires significó la asunción como interventor de Emilio
Bonnecarrere dos días después, no tuvo un correlato inmediato en el ámbito
educativo. Los ministros de Educación de la Nación Atilio Dell’ Oro Maini y
de la provincia de Buenos Aires Juan Canter, designados durante el gobierno de
Lonardi, continuaron en sus cargos.8
Obviamente la escuela no podía estar ajena a este proceso e incluso, por
su carácter pedagógico, debía constituir la primera institución en ser “purificada”.
Si se pretendía desperonizar a la sociedad era necesario comenzar por las
instituciones educativas. Es sabido, expresaba el ministro Juan Canter, “como el
régimen utilizó la escuela primaria para sembrar los gérmenes de su doctrina
liberticida y corruptora”.9 Así, al segundo día de su mandato el ministro dictó
una resolución por la cual restituyó los nombres de todos los establecimientos
educacionales y poco tiempo después derogó el decreto que establecía que se
llamara “Eva Perón” a una escuela de cada distrito y “Evita” a un aula de primer
grado de cada escuela.10 Por otra parte, se dejó sin efecto el calendario escolar
bonaerense del año en curso (teniendo en cuenta la urgencia que conllevaba
la cercanía del 17 de octubre que era considerado feriado en el hasta entonces
vigente) y se suprimió el cancionero mínimo.11 Asimismo, fueron reformados
los planes de estudio y se retomaron los libros de texto anteriores al gobierno
peronista.12 El aspecto más sobresaliente de esta medida fue la eliminación de la materia Educación Cívica, ya que según se argumentaba, “respondió al propósito
de inculcar en los alumnos una determinada ideología política falseando así
los principios normativos que han de guiar la conducción de la enseñanza.”13
A esto se refiere Adriana Puiggrós (2003, p. 27) cuando habla de las
acciones paradigmáticas del “deróguese”. Sin embargo, además de un proyecto
para quitar todos los emblemas referentes al peronismo, hubo otro que propuso
añadir símbolos nuevos. En materia educativa esto se puede ver en la incorporación
de la asignatura Educación Democrática y en el restablecimiento de la
Revista de educación de la provincia de Buenos Aires fundada por Sarmiento.14 Tanto las medidas restauradoras como aquellas destinadas a depurar todo vestigio
del gobierno anterior tuvieron una amplia repercusión y consenso en la
prensa comercial y en la educativa.
Los encargados de transmitir los contenidos no podían quedar al margen
de estas medidas. En efecto, se produjo un significativo movimiento del personal
docente debido a la incorporación de maestros que fueron dejados cesantes
durante la década peronista y a la exoneración de quienes tuvieron cierta participación
política en aquellos años. El mayor peso de estas medidas cayó sobre
los inspectores; tal como se puede ver en el Registro Oficial de la provincia, fueron
numerosos los casos de cesantías. En este sentido manifestaba Canter que:
“los inspectores fueron durante el régimen depuesto el vehículo de la represión del maestro. Todos los inspectores tendrán que ser investigados, porque sus actividades fundamentales eran de represión. Salvo honrosas excepciones, muy contadas, eran meros trasmisores de la voz de la tiranía que desde el despacho del ministerio tendía a atemorizar al maestro, en un empeño, felizmente vano, por convertirlo en instrumento reformativo de las nuevas generaciones argentinas”.15
Muchas de estas tareas fueron realizadas en colaboración con Comisiones
Investigadoras, organizadas tanto a nivel nacional y provincial como local,
con el objetivo de recabar pruebas y juzgar a los funcionarios vinculados al
gobierno peronista. Específicamente en relación al tema que nos interesa, se
creó la Subcomisión del Ministerio de Educación.16
A pesar de los acuerdos básicos que unificaron el espectro de antiperonismo,
la “Libertadora”, al igual que en otras aristas de su política, no tuvo
un accionar homogéneo en la cuestión educativa. Como ha señalado Spinelli
(2008, p. 1) “El debate político que se inició en la Argentina luego de la caída
del peronismo en 1955, mostró una diversidad de matices en torno al futuro del
país y a la condena más o menos explícita que la consideración de las circunstancias
dictó sobre el régimen depuesto.”
El ciclo lectivo de 1955 concluyó repentinamente en un clima de conflictos
políticos en los colegios secundarios. Pocos días después del derrocamiento
del gobierno peronista varias escuelas fueron intervenidas, los estudiantes
comenzaron a movilizarse, ocuparon establecimientos y se iniciaron
una serie de acusaciones y contra acusaciones sobre la participación política
durante el gobierno anterior, dando lugar al enfrentamiento entre diversos grupos
respecto a reemplazar o dejar en sus puestos de trabajo a los directores o
interventores que se hicieron cargo de las instituciones.17
Tanto en las escuelas dependientes del nivel nacional como en aquellas
que estaban a cargo de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Educación
establecieron que las clases terminarían antes de tiempo, el 11 de noviembre.18 El considerando de esta medida argumentaba que:
“los desórdenes e incidencias producidos en las escuelas durante el año en curso, en jurisdicción de esta provincia, semejantes a los producidos en el resto del país, constituyen un proceso de anhelada depuración, de alumnos y profesores, en un deseo de eliminar de las escuelas a las autoridades y docentes que se hubieran complicado en forma dolosa con el régimen de subversión institucional y de corrupción oficialista, a que dichos establecimientos estuvieron sometidos durante la dictadura.”19
En un contexto igualmente conflictivo, se inició el período lectivo siguiente,20 con el agravante de que la epidemia de poliomielitis lo retrasó en las instituciones de educación primaria hasta mediados de mayo.21 Sin embargo, además de las cuestiones sanitarias, el proyecto de desperonización dificultaba el inicio de las clases. Es claro al respecto el diario La Nación:
“No ignoramos que otras circunstancias contribuyen a rodear al curso de 1956 de aspectos parejamente anómalos… las rectificaciones necesarias han debido afrontarse en condiciones poco propicias y en plazos perentorios. No era sencillo restablecer el orden en el desquiciado organismo educativo, revisar programas y apreciar textos, analizar defectos, investigar y juzgar fallas personales, desterrar malos hábitos.”22
El escenario de las tomas e intervenciones de establecimientos posterior
al derrocamiento del gobierno peronista, se vio empeorado por los enfrentamientos
entre los partidarios de la enseñanza “libre”, quienes proclamaban la
creación de universidades privadas, y aquellos que defendían el monopolio
estatal de la enseñanza universitaria, la enseñanza “laica”. Este conflicto se
desencadenó a partir de la promulgación del Decreto 6403 en diciembre de
1955 por el ministro de Educación Atilio Dell’ Oro Maini, que establecía que la
iniciativa privada podía crear universidades libres. A pesar de los llamados del
ministro a padres y alumnos para que desocuparan los colegios, la situación se
mantuvo hasta que Maini presentó su renuncia.
La educación se había convertido nuevamente en un campo de batalla
para la Iglesia católica. Si por un lado recibió un guiño por parte de Aramburu,
con la permanencia del ministro Maini y la autorización al funcionamiento
de universidades privadas, por el otro no consiguió que se reimplantara la enseñanza religiosa en los colegios públicos. El intento de restaurar la tradición
liberal previa a 1943, al menos en el ámbito educativo, no estuvo exento de
conflictos. Si bien mayoritariamente se vio reflejado en el proyecto de volver a
la Argentina de la Ley 1420,23 otro sector reclamaba junto a la enseñanza libre
en las universidades, la incorporación de la enseñanza católica a partir de la
supresión de dicha ley.24
En este contexto, a mediados de mayo y en coincidencia con el inicio
de las clases, tanto el ministro de la provincia de Buenos Aires como el de
la Nación, que se encontraba en una conferencia sobre educación en Lima,
debieron renunciar a sus cargos. En la carta de dimisión de Canter y en la respuesta
emitida por el interventor Bonnecarrere se evidencian las acusaciones
de las que fue objeto el ministro sobre haber impulsado la ocupación de los
colegios secundarios.25 Junto a él presentaron la renuncia otros funcionarios
de su gabinete, produciéndose un importante movimiento de personal en un
ministerio que se proponía emprender una amplia tarea depuradora. Asumió
como interino el ministro de Salud Rodolfo A. Eyherabide, quien ejerció hasta
el 4 de junio, cuando ocupó por primera vez el cargo una mujer, Elena A.
Zara de Decurgez, quien continuaría durante el resto de la intervención como
ministra.26 En el Ministerio de la Nación, Dell’ Oro Maini fue reemplazado por
Carlos Adrogué, perteneciente al partido radical.27
Como hemos visto al mencionar el conflicto estudiantil, las disidencias
no se acotaron al interior de la coalición gobernante. A pesar de que los maestros
parecían recibir con expectativas al gobierno de la “Libertadora,” poco
tiempo después se opusieron a ciertas políticas. Por ejemplo, no hubo consenso en todas las medidas restauradoras. A fines de 1955, el ministro Canter estableció
que los textos a usarse durante el año siguiente fueran los resultantes del
concurso de los años 1942 y 1943. Esto no fue del agrado para el magisterio,
que si bien aplaudió la supresión de los “libros peronistas”, se expresaba en el
primer número de la Revista La Obra28 del año 1956 de la siguiente manera:
“Prefirió la autoridad escolar… autorizar transitoriamente para 1956 los textos de lectura aprobados por el ex Consejo Nacional de Educación en el año 1942. A pesar de que fue ese uno de los concursos más objetados en su tiempo por el espíritu mezquino que lo animó, los libros que integran su línea son los más nuevos de los viejos existentes. Pero por nuevos que sean, siempre son viejos. No en balde han pasado desde entonces catorce años… la vida no fue detenida por la tiranía, y el espíritu de esta segunda mitad de siglo evidentemente es distinto del de la primera. Por eso lamentamos que no se hubiera llamado a nuevo concurso.”29
Los maestros también demandaron actualizar el digesto escolar en lugar
de agregar nuevos suplementos, debido a que eran muchos “los aspectos
importantes de la vida escolar que no encuentran ya fundamentación en sus
páginas.”30 Por otra parte, poco antes del inicio del ciclo lectivo, la Confederación
de Maestros solicitó el retiro de los programas a nivel nacional por tener
referencias a los Cuadernos del Maestro Argentino, ante lo cual el ministro
respondió que tanto esas menciones como los Cuadernos y todo aquello que
tuviera que ver con el peronismo había sido suprimido de los programas.31 Fue
sobre todo la suspensión del Estatuto Docente lo que motivó una fuerte crítica
por parte de diversas agrupaciones docentes que, entre otras acciones, desencadenó la renuncia de la secretaria general de la Confederación de Maestros,
Josefina Pessacq, como presidenta de la Comisión Investigadora del Ministerio
de Educación de la provincia.32
En suma, podemos afirmar que a pesar de que los rasgos más visibles
de la política sean los enunciados discursivos, es necesario reflexionar sobre
los conflictos que se desarrollaron al interior del gobierno y con otros sectores de la sociedad, así como la capacidad de la burocracia para llevar adelante las
medidas que proponían la desperonización del sistema educativo. En este sentido,
hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los cuadros administrativos
y políticos, que se reflejó en los conflictos al interior del gobierno, así como
también los problemas con la Iglesia, los docentes y los alumnos. Asimismo,
la finalización anticipada y el retardo del inicio de las clases que implicaron
un receso de seis meses fueron una muestra de la dificultad que conllevó implementar
la política de desperonización en los establecimientos educativos.
En lo que respecta al diseño institucional y la legislación escolar, el gobierno se presentó, al igual que en otros aspectos de la política educativa, como una ruptura con el peronismo; este discurso fundacional en materia educativa no fue exclusivo de la “Libertadora”. Cada gestión que asumió se presentó como la iniciadora de una nueva política educacional. Esto no implicó, sin embargo, que a partir del 16 de septiembre se haya desandado todo aquello que había sido construido en la década peronista. Si reparamos en el diseño institucional, en el funcionamiento de las agencias que componen el sistema educativo y en la organización al interior de las escuelas, podemos encontrar importantes permanencias con la gestión previa. Este es quizá el aspecto menos desarrollado por los investigadores de la educación que han abordado este período y en el que nos interesa profundizar en esta sección.
El Ministerio de Educación
La primera cuestión que merece ser resaltada en lo que respecta al diseño institucional del gobierno de la educación de la provincia de Buenos Aires, es que el Ministerio de Educación creado durante la gestión de Domingo Mercante (1946-1952), que reemplazó a la Dirección General de Escuelas (DGE), al Consejo General de Educación (CGE) y a los Consejos Escolares de Distrito (CED), se mantuvo vigente a lo largo de todo el período de la “Libertadora”.33 Si bien hubo acuerdo en la organización del Ministerio en el año 1949, el reemplazo de los Consejos Escolares por Delegaciones Administrativas fue altamente cuestionado por parte de la oposición radical y socialista. Así, al plantearse en el seno de la Junta Consultiva de la provincia de Buenos Aires en 1956 la posibilidad de reincorporar los Consejos, se revelaba un amplio consenso respecto a esta iniciativa. El representante del radicalismo, Juan Prat, expresó la posibilidad de que se proyectara el restablecimiento de los CED para atender la administración local de las escuelas, haciendo uso de la facultad de la intervención de crear entes autárquicos. En coincidencia con ello, el socialista Eduardo Schaposnik agregó:
“Tal vez eso vaya unido a un estudio que tendrá que hacer el Ministerio de Educación con respecto a la instrucción primaria que ha sufrido un proceso de centralización en su totalidad. En el orden nacional también se suprimió el Consejo de Educación, medida que respondía a un proceso de centralización totalitaria que había que solucionar.”34
Sin embargo, no sería hasta los últimos días de la intervención provincial
que los CED volverían a funcionar.35 Ese mismo año se incorporaría,
junto al Ministerio, la DGE, mientras que el CGE no se constituiría hasta 1963
(Munin, 1993).
Diferente sería la situación en el ámbito nacional, donde el Ministerio
de Educación, que había sido separado del Ministerio de Justicia en 1949, volvería
integrarse a aquel para constituir nuevamente el Ministerio de Educación
y Justicia.36 Por otra parte, a fines de abril quedó restablecido el Consejo Nacional
de Educación, órgano de gobierno de la educación creado por la Ley 1420
y suprimido en 1949.37 Sin embargo, la designación del personal fue posterior,
hacia principios de septiembre,38 lo que provocó reclamos por parte de quienes
ansiaban el regreso a la estructura que fijaba esa normativa.
El diseño institucional del Ministerio de Educación de la provincia
continuó con los lineamientos establecidos durante su creación en 1949, si
bien mantuvo algunos aspectos de la reforma realizada en 1953 durante la gobernación de Carlos Aloé. Así se conservó la división en cuatro Direcciones
Generales: de Educación, en lo Administrativo, de Cultura y de Ministerio.39
La reforma institucional se caracterizó, por un lado, por la creación de
nuevas agencias y la supresión de otras, y por otro, por la centralización y jerarquización
de algunas de las dependencias que componían el Ministerio. Asimismo,
los departamentos fueron reemplazados por asesorías. En la Dirección
General del Ministerio se suprimieron buena parte de los organismos creados
en 1953. Especial repercusión tuvieron la eliminación de la Dirección de Información
General, Dirección de Plan Quinquenal, Cursos de Capacitación y
el Departamento de Sumarios.40 Se argumentó que dichos organismos habían
sido creados en atención a designios políticos o sectarios. La Dirección General
en lo Administrativo se mantuvo con escasas modificaciones: la División Automotores
fue trasladada a la Dirección General del Ministerio, el Departamento
de Explotación de Escuelas Fábricas fue reemplazado por el Departamento de
Explotación de Escuelas Técnicas y Profesionales y la Dirección de Asistencia
Social pasó a denominarse Dirección de Asistencia Médica y Social.41 La Dirección
General de Cultura fue reorganizada con el objetivo de “posibilitar en
forma racional la tarea de crear las condiciones indispensables que permitan
desarrollar la sensibilidad del pueblo hacia las manifestaciones de la cultura.”42 Entre las reformas podemos mencionar la eliminación de la Dirección de Cultura
Social, el retorno a las agencias creadas en 1949 (Conservatorio de Música
y Arte Escénico y Teatro Argentino) y la reforma de algunas denominaciones.
Nos interesa detenernos en la DGE, ya que fue la encargada de los aspectos
técnicos, tales como la reforma de los contenidos y del calendario escolar.
Esta agencia fue reorganizada a partir del Decreto 4339/56, sancionado el
27 de marzo. Si bien en los considerandos se expresaba que “tiene por objeto
ajustar la organización técnico administrativa para asegurar la unidad y la eficiencia
que exige el cumplimiento de la tarea educativa”,43 la reforma muestra
la acentuación de una tendencia que se estaba llevando a cabo desde años
atrás. A partir de la jerarquización de las áreas especializadas y de enseñanza
media, destinadas a cubrir las necesidades del sistema educativo, se extendía el proceso iniciado durante el peronismo, en el que la educación común había
pasado de ser el único eje a conformar solo una parte, aunque sustantiva, dentro
de una estructura mayor.
Con el objetivo de “asegurar la unidad y la eficiencia”, algunas reparticiones
fueron unificadas. Por un lado, la Dirección General de Enseñanza
Primaria y la Inspección General de Enseñanza fueron reunidas en la Inspección
General de Enseñanza Primaria. Por otro lado, la Dirección de Enseñanza
Técnica y Profesional y la Dirección de Enseñanza Superior y Especial fueron
agrupadas en la Dirección de Enseñanza Media y Especial. Otras agencias modificaron
sus nombres, así la Dirección de Psicología Educacional y Orientación
Profesional pasó a llamarse Dirección de Psicología y Asistencia Social
Escolar. En cambio, la Dirección de Enseñanza para Excepcionales se mantuvo.
Descendieron de jerarquía algunas direcciones -de Cooperativas Escolares y
de Educación Física Escolar- y se crearon dos secretarías, un despacho administrativo
y una asesoría. Asimismo, el decreto encargado de la reorganización
establecía la composición de cada una de estas reparticiones.
La Inspección General de Enseñanza Primaria quedó compuesta por la
Inspección y la Subinspección General, la Secretaría de la Inspección General,
una secretaría administrativa en cada distrito, el cuerpo de inspectores, una
jefatura de Asuntos Técnicos, otra de Asuntos Administrativos y cinco asesorías
(Escuelas Privadas, Escuelas Vespertinas, Educación Preescolar, Educación Física
y Cooperación Escolar).
La Dirección de Enseñanza Media y Especial fue la que más se desarrolló durante esos años, quedó integrada por tres asesorías: de Escuelas Secundarias
(a cargo de las escuelas normales y de comercio dependientes de
la provincia), de Escuelas Profesionales y de Institutos de Perfeccionamiento
Docente. Durante los años de la “Libertadora”, continuaron fundándose instituciones
similares al período peronista y la Escuela Normal era el establecimiento
encargado de la formación docente. De hecho, se incorporó a la órbita del
Ministerio de Educación de la provincia la Escuela Normal Municipal de Mar
del Plata. Asimismo, permanecieron en funcionamiento los Institutos Superiores
de Pedagogía creados durante el gobierno de Mercante y posteriormente
denominados Institutos de Perfeccionamiento Docente.44 Luego de septiembre de 1955 se crearon nuevas especialidades y se continuó con el dictado de
conferencias y cursillos sobre temas generales de educación y especiales de
Pedagogía Diferenciada y Asistencia Educacional (Rodríguez, 2010). En 1957
se fundó el Instituto N° 7 en la ciudad de Mercedes, donde se otorgaba el título
de Maestra Especializada en Pedagogía Asistencial Diferenciada.
La Dirección de Enseñanza para Excepcionales quedó conformada por
una Inspección Técnica especializada y cuatro asesorías, tres de las cuales
tenían carácter pedagógico (de Disminuidos Físicos, Irregulares Mentales e
Irregulares Sociales) y una de carácter médico-psicológico. Las asesorías se
organizaron en relación a la función que según establecía el Ministerio en su
memoria debía cumplir esta Dirección, encargada de la enseñanza primaria a
“niños, adolescentes y adultos retrasados o perturbados en su desarrollo por deficiencias
psíquicas, mentales o físicas o que acusan irregularidades sociales.”45 Durante esos años continuó con la tarea de crear escuelas especializadas e
incorporar nuevos niños (Vitalone, 1962).
La Dirección de Psicología fue intervenida por el licenciado Mario Luis
Palacios en septiembre de 1955. Una de sus primeras medidas fue elevar al
ministro de Educación un informe sobre la situación de la repartición, en el
cual se destacaba que las acusaciones sobre la actividad política del personal
y la utilización de métodos psicoanalíticos para el tratamiento psicológico de
menores de edad eran infundadas y no se habían encontrado pruebas de que
se llevaran a cabo actividades que no fueran técnicas. En cambio, fueron objeto
de crítica su estructura y la dificultad de brindar a la escuela las ventajas de la
técnica moderna en materia de psicopedagogía y sociología. En este sentido,
expresaba el interventor:
“Sería importante entonces conceder a esta institución una estructura funcional, dinámica y por lo tanto democrática que permita un constante reajuste de su labor sin que perturbe el normal funcionamiento ni se pierda de vista el objetivo fundamental consistente en crear un estrecho acercamiento entre la técnica psicopedagógica y sociológica moderna y la escuela.” (Munin, 1989, p. 111).
Así, durante el gobierno de la intervención continuaron las actividades
de las tres áreas originales: orientación profesional, denominada Consejo
Vocacional, psicología educacional y asistencia social. En la de psicología
educacional se prosiguieron las tareas de selección en la escuela primaria, la organización de los grados diferenciales, la reeducación psicopedagógica y el
tratamiento médico en la clínica de orientación psicopedagógica. En el área de
la orientación profesional se continuaron elaborando consejos de orientación
a quienes concluían el ciclo escolar primario. En la de asistencia social escolar
se intensificó la coordinación con servicios asistenciales hospitalarios y de
reeducación.
Además se añadieron las Asesorías de Investigación Científica, de Coordinación
Técnica y Médico Jurídica, encargada de la revisación clínica y los
problemas de deserción escolar, y en 1957 se incorporaron los “grados A”.46 Asimismo, se organizó la Inspección de Filiales a cargo de un inspector general
e inspectores de zona, registrándose por primera vez una estructura de supervisión
como cuerpo intermedio de la Dirección.
Si bien, como mencionábamos al comienzo, junto con el movimiento
del personal docente fueron removidos funcionarios de altos cargos, son varios
los técnicos que permanecieron. El informe de Palacios a Canter -al que
referíamos anteriormente- expresaba que “si se considera que, no obstante
estos factores negativos, en estos siete años de existencia de la Institución, se
ha formado un personal capacitado especialmente en lo que se refiere a la
ejecución de medidas técnicas, no cabe duda de que la solución estriba en
confiar en el personal” (Munin, 1989, p. 112). Así, buena parte del grupo de
técnicos que participaron en la organización del Instituto de Psicología, antecedente
de la Dirección, prosiguieron su labor después de 1955. Entre ellos
se destacaron figuras que desarrollaron una importante carrera profesional,
cabe mencionar a Bernardo Serebrinsky, psiquiatra infantil cordobés con una
concepción psicoterapéutica culturalista, quien continuaría en la Dirección
hasta su fallecimiento en 1956. También participó Jaime Bernstein, profesor en
Pedagogía egresado en 1942 de la Universidad de Buenos Aires, especialista
en psicología dedicado al área de psicometría y psicología vocacional, quien
adaptó diversos tests de inteligencia infantil y en 1945 fue socio fundador de
la editorial Paidos. Al mismo tiempo merece destacarse la presencia de dos técnicos
que continuarían en sus cargos hasta la década del sesenta. Por un lado,
Mario Vitalone, maestro normal y docente de Filosofía y Ciencias de la Educación
egresado de la Universidad de La Plata, quien se encargó de organizar la
Dirección para Excepcionales y estuvo a cargo del departamento hasta 1962,
constituyéndose en un referente central en esta especialidad. Por otro lado, Alba
Chaves de Vanni, con una larga experiencia en las tareas de inspección, considerada
como la impulsora del Instituto de Psicología. Esta permanencia no fue exclusiva de esta área, por ejemplo en la Dirección de Museos y Reservas Históricas
de la Dirección General de Cultura podemos mencionar la continuidad
en el cargo de director Pedro Narciso Márquez.
La reglamentación escolar
Al asumir el gobierno de la “Libertadora,” el sistema educativo provincial
estaba legislado por la Ley de Educación Común, sancionada en 1951
durante la gobernación de Domingo Mercante, que había reemplazado a la de
1875. Las cuestiones referidas al funcionamiento específico de las escuelas estaban
organizadas por el Reglamento General de Escuelas Comunes de 1944,
sancionado en 1876 y reformado posteriormente en 1917 y 1944.
El Reglamento de 1944 regulaba sobre los contenidos generales de la
educación, los principios directivos y la organización del trabajo escolar.47 En este último punto, además de establecer los aspectos referidos al período
lectivo, se especificaban los deberes de los maestros en lo que respecta a la
preparación de clases, la utilización de textos y de cuadernos, las conmemoraciones
patrióticas, el uso de los símbolos y cantos escolares, las excursiones
y bibliotecas. Por otra parte, detallaba las condiciones para las clasificaciones.
Las escuelas, los alumnos y el personal técnico fueron objeto de especial
atención. Específicamente, establecía la organización y el funcionamiento
de las escuelas (en especial la clasificación, la formación de grados y su creación
y el traslado), la inscripción de alumnos (obligatoriedad, matriculación,
ausentismo y deserción) y las obligaciones, atribuciones y prohibiciones del
personal técnico (directores, vicedirectores, maestros de grado y maestros especiales).
Por otra parte, se encargaba de normar los aspectos inherentes a la
disciplina, al personal de servicio y a los edificios escolares.
El hecho de que el Reglamento de Escuelas sancionado en 1944 fuera
reformado en 1958, pocos días antes de que asumiera la presidencia Arturo
Frondizi (1958-1962), evidencia hasta qué punto, al menos desde la normativa,
la vida interna de las escuelas siguió siendo similar a la existente durante el
peronismo. Si bien se realizaron modificaciones parciales, como aquella que
tuvo que ver con las clasificaciones, la reglamentación se mantuvo a lo largo
de esos años. Incluso el Reglamento de 1958 no varió demasiado respecto al
anterior. En la fundamentación del decreto que lo reformaba se expresaba que
“es necesario proceder a su reajuste definitivo para adecuarlo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.”48 En efecto, si bien se alteraron algunos
conceptos, se suprimieron artículos y se incorporaron otros, el sentido general
del Reglamento se mantuvo. Entre los cambios realizados, podemos mencionar
que se eliminó la categoría de escuelas suburbanas, se amplió la regulación
sobre clasificaciones y promociones, se redujo la que se refería a las conmemoraciones
patrióticas y se incorporaron los grados “A”.
La Ley de Educación 5650, sancionada en 1951, no solo no fue derogada
después del derrocamiento del gobierno peronista, sino que apenas
fue modificada.49 Basada en la Constitución de 1949, establecía que correspondía
a la familia el derecho y el deber de educar a sus hijos, ante lo cual
tenía libertad de elegir las personas e instituciones donde hubieran de recibir
la educación primaria. La ley reglamentaba la organización de las escuelas e
incorporaba las modificaciones realizadas durante el gobierno de Mercante.
Por un lado, las escuelas para adultos y para excepcionales. Por otra parte,
regulaba sobre la garantía de la educación retomando la Ley de Represión del
Analfabetismo sancionada en la década del treinta, pero añadía la prohibición
del trabajo infantil. Asimismo, especificaba los contenidos obligatorios,
la política respecto a los libros de texto y la garantía por parte del Estado de
proporcionar material pedagógico, atención médica, instrucción física, campamentos
escolares, complementación cultural, indemnización por daños físicos,
alimentación gratuita en comedores escolares, salarios de estímulo para
la producción en el ciclo postescolar y el otorgamiento de becas para realizar
estudios superiores. Al referirse a la enseñanza, la ley no solo se circunscribía
a aquella que comprendía a los niños de entre 6 y 14 años, sino también a la
enseñanza preescolar, postescolar de iniciación técnica y profesional y a la
orientación profesional, sobre las cuales regulaba específicamente. Finalmente,
reglamentaba acerca de la relación entre la escuela y la sociedad.50
Al comparar la nueva Ley de Educación con su predecesora del año
1875, podemos ver que representó un cambio radical respecto a los asuntos
considerados como objeto de legislación. La ley anterior estaba estructurada en
torno a las funciones de las autoridades del gobierno educativo y la administración
de los recursos, mientras que, por el contrario, los aspectos relacionados
con los contenidos no fueron considerados. En cambio, la nueva legislación
daba mayor espacio a esta última cuestión y dejaba a criterio de las autoridades y los reglamentos escolares las obligaciones financieras y técnicas del gobierno
de la educación. La Ley 5650, más que originar cambios en el sistema educativo,
legalizó aquellos que se habían llevado a cabo hasta el momento.
La sanción de la ley recibió una amplia crítica por parte de los partidos
opositores. Desde un primer momento, la oposición rechazó el nuevo proyecto
de ley y mantuvo su disidencia a lo largo de todo el debate. Al entender
al peronismo como la culminación de la decadencia política, calificaron esta
normativa como “una cosa uniforme, totalitaria, vacua, repugnante al sentido
democrático argentino”, una norma que no trascendería en el tiempo. Cuestionaron
su legitimidad, afirmando que los principales aspectos de disidencia
tenían que ver, por un lado, con la posición respecto al poder eclesiástico; por
otro, con la utilización del sistema educativo como vía de difusión de la cultura
política oficial; y en tercer lugar, con la subordinación de la comunidad educativa.
A pesar de reconocer la posibilidad de superación del orden educacional,
la oposición mantenía como proyecto la garantía de la educación liberal democrática
y defendía la ley sancionada a fines de siglo XIX porque consideraba
que resguardaba “un régimen educacional de auténtico sentido democrático y
republicano.”51
Sin embargo, en 1955 al asumir el gobierno de la intervención, en el
cual participaron los partidos políticos que se habían opuesto a la sanción de
la ley, solo fueron modificados los conceptos que hacían referencia a la doctrina
peronista. Aquellos que establecían la enseñanza religiosa habían sido
eliminados previamente, en el marco del conflicto del peronismo con la Iglesia
católica.52 Motivaban la reforma las disposiciones expresas en el articulado de
la Ley 5650 que establecían “que la educación tenga un contenido tendencioso
destinado a afianzar la doctrina nacional, el justicialismo y otras ideas de
tipo híbrido o definido.” En primer lugar, se eliminaron tres párrafos del artículo
primero:
“tendientes a que su obra personal, familiar y social sean conforme a los principios de la Doctrina Nacional.”
“y que ese bien común argentino se legrará con la realización de la Justicia Social, para lo cual la Nación Argentina deberá ser políticamente independiente de los imperialismos y económicamente libre de las organizaciones capitalistas supranacionales, que durante muchas décadas de su historia la tuvieron sojuzgada.”
“y la convicción de que el afianzamiento de los postulados más arriba enunciados dentro de la orbe de la civilización occidental conforma la misión histórica que la República Argentina debe cumplir.”53
Por otra parte, suprimió el fragmento “en concordancia con los principios
de la Doctrina nacional” del artículo tercero y reemplazó el que expresaba “El estudio de las constituciones nacional y provincial se hará en base a la
doctrina político social que las informa” por “en base a una doctrina que se
fundamente en los principios auténticos de la Historia Argentina”. A pesar de
estas modificaciones, el sentido general de la ley, que se diferenciaba claramente
de aquella sancionada en el siglo XIX, no varió al menos hasta la década
del setenta, en que volvió a ser objeto de reformas. De todas formas, continuó vigente hasta 1995, cuando fue derogada por la Ley 11612.
La no revocación de la ley resultó sugerente teniendo en cuenta la participación
del partido radical, que tanto se había opuesto a su sanción en el
gobierno de la “Libertadora”. ¿Por qué no se derogó la Ley de Educación y se
restauró la de 1875 -que fue defendida en los debates-, ni se la reemplazó por
otra diferente? Quizás, podría significar que era difícil volver atrás en relación
a los cambios que se habían producido en el sistema educativo. Tal como sostiene
Halperín Donghi (1995, p. 176):
“Para los vencedores de 1955, la “revolución” significaba el retorno a la Argentina próspera y civilizada. Sin embargo, ese retorno a la sociedad pre peronista chocaba con una realidad demasiado adversa: el peronismo había producido cambios profundos en la sociedad argentina y estos parecían dispuestos a perdurar.”
Más allá de las ideas peronizantes y católicas que respondieron a una coyuntura determinada, y que fueron junto con el calificativo de totalitaria puntos centrales de la crítica, no encontramos reparos por parte de la oposición respecto a la ampliación del papel del Estado en la educación. Con la nueva ley se institucionalizaba un cambio en el concepto de educación, una noción más amplia que la instrucción, relacionada con un aumento de la interrelación entre el Estado y la sociedad.
La caída de lo que habían juzgado como un “régimen totalitario” abría
las posibilidades para que el gobierno “libertador” despojara el sistema educativo
de todos aquellos residuos que pudieran quedar del peronismo. Sin embargo,
el consenso parecía diluirse en este punto. La política educativa llevada a
cabo durante esos años, lejos de ser monolítica y homogénea y de implantar el
Estado un proyecto de manera total, debió adecuarse a las disidencias internas
de los gobiernos de turno. En efecto, consideramos que fue resultado de un
proceso complejo y heterogéneo, en el que intervinieron factores entrelazados
y participaron grupos sociales con intereses y proyectos diferentes, entre
los cuales no solo mediaron designios de desperonización, sino que además
los aspectos técnicos ocuparon un lugar importante en la diagramación de las
políticas educativas. Por otro lado, la dificultad para llevar a cabo la empresa
propuesta en tan poco tiempo, así como el largo recorrido que medió entre
las normas y las prácticas, son elementos que nos permiten poner en duda la
eficacia de la desperonización del sistema educativo.
Más allá del discurso innovador respecto a la política educativa que
caracterizó la gestión de la “Libertadora”, el diseño institucional del gobierno
del área se mantuvo a lo largo de esos años. Con ello nos referimos no solo a la
continuidad del Ministerio de Educación y de la supresión de los órganos colegiados,
sino también a su organización interna. De hecho, las reformas realizadas
acentuaron la tendencia iniciada previamente, por la cual la educación
primaria dejó de ser el eje de la estructura organizativa. Por otra parte, si bien
fueron suprimidas las referencias explícitas al peronismo, la legislación de la
educación y de las escuelas se mantuvo. Por ello, consideramos que, a pesar
de las rupturas en el plano político e ideológico que implicaron las gobernaciones
de la intervención, es posible encontrar elementos de continuidad en
las políticas que se refieren al diseño institucional, las prácticas administrativas
y la organización de la educación del período respecto a la década anterior.
Notas
1 El trabajo presenta los resultados preliminares de una investigación en curso sobre la política educativa primaria en la provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1958.
2 Universidad Nacional de Mar del Plata/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: marapetitti@yahoo.com.ar.
3 Entre otros trabajos que han abordado el período pueden mencionarse los de James (1990); Sáenz Quesada (2007); Melon Pirro (2009).
4 El análisis del peronismo en provincias como Córdoba, Santa Fe y Tucumán o los Territorios Nacionales, avanzó abriendo un fructífero campo de estudios y debates la obra de Macor y Tcach (2003), además de la provincia de Buenos Aires (Panella, 2005; Melon Pirro y Quiroga, 2006; Aelo, 2006), y ha puesto de manifiesto la complejidad y las tensiones que supuso su acelerada conformación a partir de realidades bien diferenciadas.
5 El trabajo de Pinkasz y Pitelli (1997) sobre la provincia de Buenos Aires le dedica apenas 25 líneas al período de la “Libertadora”.
6 En su estudio sobre la educación durante estos tres años, Ascolani (2000) se refiere a las “inevitables continuidades” para mencionar la política de derechos sociales (escuelas fábrica, comedores, becas) y los compromisos políticos, especialmente con la Iglesia católica. Sin embargo, nos pareció un ejercicio interesante invertir el concepto y referirnos a la desperonización en materia educativa en términos de “inevitables rupturas”.
7 Anales de Legislación Argentina. Decreto-Ley 4161 del 5 de marzo de 1956. Biblioteca del Senado de la Provincia de Buenos Aires (BSPBA), La Plata.
8 El Ministerio de Educación de la Nación fue entregado a Atilio Dell’ Oro Maini, quien pertenecía al sector católico. En cambio, en la provincia de Buenos Aires fue nombrado en la cartera homónima Juan Canter, mucho más cercano a los sectores liberales.
9 Depurarán los textos escolares y programas de la deformación que se había introducido en los mismos. (1955, septiembre 30). El Día, p. 4. Biblioteca Nacional (BN), Buenos Aires.
10 Restituyen los nombres de todos los establecimientos educacionales. (1955, octubre 1°). El Día, p. 6. BN, Buenos Aires. Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (ROPBA). Decreto 53 del 3 de octubre de 1955, p. 10. BSPBA, La Plata.
11 El Día, 5 y 14 de octubre de 1955. BN, Buenos Aires.
12 Desde fines de septiembre se anunciaba la revisión de los textos escolares y programas en uso con el objetivo de realizar “una total depuración de las prácticas y métodos introducidos para deformar la conciencia del niño.” Véase: Depuraran los textos escolares y programas de la deformación que se había introducido en los mismos. (1955, septiembre 30). El Día, p. 4. BN, Buenos Aires. Considerando la urgente necesidad de “rectificar la orientación antidemocrática y marcadamente oficialista que se le había impuesto a la escuela argentina durante los gobiernos del régimen depuesto” se encomendó a la Dirección General de Educación la reforma del plan de estudios y programas de las escuelas primarias bonaerenses. Véase: Reformarán el actual plan de estudios y programas de las escuelas primarias (1955, diciembre 3). El Día, p. 3. A comienzos del año siguiente el plan de educación fue elaborado. (1956, enero 6). El Día, p. 6. Asimismo, cada una de las Inspecciones de Enseñanza de los distritos de la provincia se abocaron a elegir los textos de lectura y depuraron de los textos vigentes “toda alusión que altere el respeto debido a la memoria de los héroes de América.” Véase: Hízose la elección de textos de lectura en nuestra provincia. (1955, diciembre 16). El Día, p. 5. Harán justicia a los héroes de América los textos de historia. (1955, diciembre 21). El Día, p. 4. BN, Buenos Aires.
13 Suprimiose el programa de educación cívica en las escuelas primarias que regía para los quintos y sextos grados. Fundamentos de la medida. (1955, octubre 13). El Día, p. 6. BN, Buenos Aires. La asignatura Educación Cívica había sido creada en 1952, durante la gobernación de Carlos Aloé (1952-1955).
14 Revista de educación (Nueva Serie). (1956-1974). BSPBA, La Plata.
15 Restaurar la escuela de Sarmiento y afianzar la carrera docente son los objetivos del Ministerio de Educación. (1955, octubre 17). El Día, p. 4. BN, Buenos Aires.
16 Vicepresidencia de la Nación. Comisión Nacional de Investigaciones. (1958). Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía, t. IV, Archivo de la Nación Argentina, Buenos Aires.
17 Las noticias al respecto ocuparon un lugar central en la prensa del país. Sobre el caso específico de la Escuela Normal de Tandil, véase Fuentes (2008).
18 Boletín de Comunicación del Ministerio de Educación. Expediente 83.599 de 1955. Biblioteca Nacional de Maestros, Buenos Aires. ROPBA. Decreto 1390 del 11 de noviembre de 1955, pp. 194-5. BSPBA, La Plata. Según el Reglamento General de Escuelas, las clases debían terminar el 30 de noviembre.
19 ROPBA. Decreto 1390 del 11 de noviembre de 1955, pp. 194-5. BSPBA, La Plata.
20 Diversas notas publicadas en la prensa nacional, provincial y local entre abril y mayo de 1956 dan muestra de ello.
21 Distintas instituciones (juntas vecinales, asociaciones, cooperadoras, club de padres, asociaciones sanitarias) solicitaron al ministro de Educación que postergara provisionalmente el inicio del ciclo escolar que estaba prevista para el 9 de mayo. La Nación, 5 de mayo de 1956, p. 4. Archivo Museo Histórico Municipal “R. T. Barili” (AMHM), Mar del Plata.
22 La iniciación del año escolar. (1956, mayo 14), La Nación, p. 3. AMHM, Mar del Plata.
23 Restaurar la escuela de Sarmiento y afianzar la carrera docente son los objetivos del Ministerio de Educación. (1955, octubre 17), El Día, p. 4. BN, Buenos Aires y La organización de la Enseñanza Primaria (1956, mayo 12), La Nación, p. 5. AMHM, Mar del Plata.
24 En este sentido podemos mencionar la Asamblea realizada en el teatro Luna Park, organizada por el Comité Obrero pro Libertad de Enseñanza y la Asociación por la Libertad de Enseñanza, con el objetivo de solicitar la derogación de la Ley 1420 y la implantación de la libertad de enseñanza. En la asamblea se decidió enviar un telegrama al presidente de la Nación para hacerle llegar el pedido aprobado por aclamación. Véase, A favor de la enseñanza libre hubo un acto en el Luna Park. (1956, mayo 22), La Nación, p. 3. AMHM, Mar del Plata.
25 Al alejarse de sus funciones dio a conocer el dimitente detalle de la labor realizada (1956, mayo 12), El Día, p. 4. Sin embargo el inventor federal niega la imputación aludida por el ex ministro. El interventor federal contestó la carta del ex ministro Canter. (1956, mayo 13), El Día, p. 4. BN, Buenos Aires.
26 Elena Decurgez, oriunda de Mendoza, trabajó en los centros de educación normal y secundaria. Al momento de asumir dirigía la Escuela Nacional de Maestros Nº 9 de Capital Federal. Durante el peronismo fue trasladada a la Escuela Normal de Maestras de Avellaneda, debido a la resistencia que despertó entre un grupo de docentes la colocación de bustos de Eva Perón en los establecimientos educacionales. La Capital, 31 de mayo de 1956, p. 6.
27 Lo sucedió Acdel Salas, otro radical que luego sería procurador general de la Nación durante la presidencia de Arturo Illia, y finalmente ocupó el cargo interinamente Alberto Mercier.
28 Revista La Obra (1921-2012). Buenos Aires: Ediciones La Obra.
29 Textos de lectura y libros escolares. Revista La Obra, 1° de abril de 1956. Buenos Aires: Ediciones La Obra.
30 Revista La Obra, octubre de 1956. Buenos Aires: Ediciones La Obra.
31 El Día, 29 y 30 de abril de 1956. BN, Buenos Aires.
32 Instrucción pública. (1956, abril 29), La Nación, p. 3. AMHM, Mar del Plata.
33 La Ley de Educación Común 988, sancionada en 1875, establecía que la dirección facultativa y la administración general de las escuelas quedaba a cargo de un CGE y un director general de escuelas, y la administración local de las escuelas de un CED.
34 Honorable Junta Consultiva de la Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones. 21 de febrero de 1956, p. 59. Dirección de Impresiones Oficiales, La Plata.
35 El capítulo 16 del Decreto-ley 6769 legisló sobre los Consejos Escolares hasta marzo de 1960. ROPBA. 16 de abril de 1958. BSPBA, La Plata.
36 La Nación, 9 de junio de 1956, p. 8. AMHM, Mar del Plata.
37 Anales de Legislación Argentina. Decreto-ley 7977 del Poder Ejecutivo Nacional. 30 de abril de 1956, Buenos Aires. BSPBA, La Plata.
38 Asumirán sus funciones los miembros del Consejo de Educación. (1956, septiembre 9), La Nación, p. 5. AMHM, Mar del Plata.
39 Sobre el diseño institucional del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1955 hemos profundizado en un trabajo anterior (Petitti, 2011).
40 ROPBA. Decreto 248 del 11 de octubre de 1955, p. 110. BSPBA, La Plata y El Día, 14 de octubre de 1955. BN, Buenos Aires.
41 ROPBA. Decreto 3497 del 22 de diciembre de 1955, pp. 889. BSPBA, La Plata.
42 ROPBA. Decreto 5686 del 19 de abril de 1956. BSPBA, La Plata.
43 ROPBA. Decreto 4339 del 27 de marzo de 1956. BSPBA, La Plata.
44 Durante la gestión de Julio C. Avanza como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires (1949-1952), se crearon de seis Institutos Superiores de Pedagogía destinados a impartir clases a alumnos con el título de maestro normal. Así, la provincia amplió sus facultades específicas respecto a la formación docente que hasta el momento solo era atribución de las escuelas normales de nivel secundario, mayoritariamente nacionales, con excepción de las Escuelas Formativas de Jardines de Infantes. Los institutos fueron establecidos en lugares estratégicos (Avellaneda, Pergamino, Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata y 9 de Julio) con el objetivo de descentralizar su influencia y favorecer el acceso desde diferentes distritos de la provincia. La Ley 5775 reemplazó los Institutos de Pedagogía por Institutos de Perfeccionamiento Docente. ROPBA. 10 de septiembre de 1954. BSPBA, La Plata.
45 Ministerio de Educación, Provincia de Buenos Aires. Memoria (1956), p. 26. BSPBA, La Plata.
46 Los grados “A” consistían en secciones dentro de la escuela común destinadas a los niños de aprendizaje lento de la misma escuela y establecimientos próximos.
47 Consejo General de Educación, Provincia de Buenos Aires. Reglamento General para las escuelas públicas. 1944. BSPBA, La Plata.
48 Ministerio de Educación, Provincia de Buenos Aires. Reglamento General para las escuelas públicas. 1958. BSPBA, La Plata.
49 Anales de Legislación Argentina. Decreto 423 del 18 de octubre de 1955, p. 1200. BSPBA, La Plata.
50 ROPBA. Ley 5650 del 25 de agosto de 1951. BSPBA, La Plata.
51 Cámara de Senadores. Diario de Sesiones. 1951, p. 320. Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, La Plata.
52 Así, fue eliminado el artículo nueve, según el cual “Los establecimientos educacionales y la concepción de la vida que se inculque a los niños en la educación concordarán, respectivamente, con la Verdad y la Moral católicas, respetando la libertad de conciencia.” Por otra parte, fueron reemplazados conceptos relacionados con la religión por otros que tenían que ver con la doctrina nacional. Por ejemplo, el artículo primero al referirse a la formación de la educación primaria suplía “conforme a los principios de la moral católica” por “conforme a los principios de la Doctrina nacional”, y el 17 reemplazaba “se le inculcarán nociones religiosas y patrióticas” por “se le inculcarán sentimientos patrióticos.” ROPBA. Ley 5823 del 14 de junio de 1955. BSPBA, La Plata.
53 Anales de Legislación Argentina. Decreto 423 del 18 de octubre de 1955, p. 1200. BSPBA, La Plata.
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Fecha de recepción de originales: 01/02/2013.
Fecha de aceptación para publicación: 22/06/2013.