Esta obra se publica bajo Licencia Creative Commons 4.0 Internacional
CC BY- NC- SA Atribución, No Comercial, Compartir igual
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v23i2.3473
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ARTÍCULOS
Entre la Guerra del Paraguay y el levantamiento de Varela: manifestaciones socioeconómicas en Jujuy a mediados del siglo XIX
Between the Paraguayan War and Varela’s uprising: socio-economic events in Jujuy in the mid-nineteenth century
Entre a Guerra do Paraguai e o levantamento de Varela: manifestações socioeconômicas em Jujuy na metade do século XIX
Cecilia A. Fandos
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA.
Universidad Nacional de Jujuy. Unidad de Investigación en Historia Regional
Argentina
Correo electrónico: dvsantilli@gmail.com
Resumen: Las perspectivas que ha planteado recientemente la historiografía sobre los conflictos armados del siglo XIX y su circularidad respecto de cuestiones capitales de la historia latinoamericana como la construcción de los Estados liberales y la marcha del desarrollo económico se proyectan como ineludibles puntos referenciales en el presente estudio. En este se procura desentrañar la serie de acontecimientos que se sucedieron en Jujuy como consecuencia de los conflictos armados de la década de 1860, analizar en esa circunstancia histórica las repercusiones de la movilización de las milicias locales y sus derivaciones en las relaciones sociales, y evaluar la medida e incidencia de las contribuciones materiales.
Palabras clave: Estado; Guardias Nacionales; Historia económica; Historia social
Abstract: The inescapable referential points in this study are the perspectives posed recently by the historiography on armed conflicts of the 19th century and its circularity on major issues of Latin American history such as the construction of Liberal States and the march of economic development. This article addresses the elucidation of the series of events that took place in Jujuy as a result of the armed conflicts of the 1860s, as well as the analysis in that historical circumstance of the repercussions of the mobilization of local militias and their derivations in social relations, and the evaluation of the measure and incidence of material contributions.
Keywords: State; National Guards; Economic history; Social history
Resumo: A perspectiva adotada há pouco pela historiografia sobre os conflitos armados do século XIX e sua circularidade a respeito de questões capitais da história latino-americana, como a construção dos Estados liberais e o início do desenvolvimento econômico, projetam-se como iniludíveis pontos referenciais no presente estudo. Neste artigo procura-se analisar uma série de acontecimentos que ocorreram em Jujuy como consequência dos conflitos armados na década de 1960, analisar nessa circunstância histórica as repercussões da mobilização das milícias locais e suas derivações nas relações sociais, e avaliar a medida e incidência das contribuições matérias.
Palavras-chave: Estado; Guardas nacionais; História econômica; História social
Se estima que, desde el proceso de independencia y hasta fines del siglo XIX, hubo cerca de ochenta luchas armadas entre civiles e internacionales en América Latina. Como sostiene Jorge Gelman, la guerra y el conflicto social violento marcaron la existencia de los nuevos Estados que comenzaron a surgir en dicha región (2011, p. 23). Durante mucho tiempo, la estrategia militar y el accionar de los grandes héroes constituyeron el fundamento de narraciones épicas orientadas a destacar una identidad uniforme, generadas con el propósito de “fundar la nación”. No fue sino hasta finales del siglo XX que hubo una renovación de los enfoques e intereses a partir de los cuales se conformó un campo de estudio multidimensional en lo relativo a la guerra (Parolo, 2015).
Es posible agrupar las investigaciones al respecto en dos grandes vertientes historiográficas. En primer término, los estudios sociopolíticos que focalizan en la formación y participación de las milicias y los ejércitos, a la par de los sentidos que adoptó la creciente militarización y el servicio de las armas en distintas capas de la sociedad en el proceso de construcción del Estado, la nación y la ciudadanía.1 Según Pro Ruiz, lo interesante de estas perspectivas es que conciben al Estado no como formaciones políticas acabadas sino como meros proyectos. Desde esa visión no “estatista del Estado”, el papel del ejército y la guerra cobran, de acuerdo con el autor, otras dimensiones: el ejército como instrumento de poder del Estado, como cuerpo que vehiculiza los intereses sociales y se los impone a este, como corporación, como el Estado mismo (2012, p. 32).
En segundo término, las guerras han sido consideradas en estudios relativos a los problemas del desarrollo y el crecimiento económico latinoamericano. Lo que constatan las investigaciones de historia económica es que, avanzada la era independentista, esta no se vio acompañada por el “progreso económico”, por lo menos hasta la década de 1880 en la mayor parte de los países de la región. En el largo plazo, esa fase marcó un itinerario divergente entre América Latina y el resto de las economías desarrolladas. Con pequeñas variantes semánticas, se habla de esa etapa (1820-1870) como “la larga espera”, “las décadas perdidas”, para aludir a la coyuntura en que se configuró el principal atajo en el camino del desarrollo.2 Si bien se esgrimen razones diversas, algunas de ellas subrayan la debilidad de los Estados nacientes en la posindependencia, atravesados como estaban por los conflictos civiles y las guerras, y concluyen en que “Guerra y progreso económico no saben convivir” (Bértola y Gerchunoff, 2011, p. 14). A su vez, algunos estudios puntualizan bifurcaciones en los recorridos realizados tanto por los países latinoamericanos como en las distintas regiones que los componen, lo que habría provocado desigualdad en la trayectoria económica durante esa etapa. En este sentido, Gelman (2011) reconoce situaciones de crisis en los sistemas económicos centrados en los mercados internos −principalmente mineros− y de bonanza en las regiones costeras que, por la mejor dotación de factores y favorecidos en la “lotería de bienes” exportables, se integraron desde temprano a la pujante economía atlántica de la industrialización occidental.
La activación de ambos campos historiográficos propició los estudios de base que pusieran atención a las diversas experiencias de las guerras como la mejor forma de contribuir al conocimiento de los temas matrices: la formación de los Estados nacionales y el estudio del desarrollo económico. Cualquiera de esas miradas, con sus pertinencias, puede ampliarse y sumarse a las exploraciones hechas para la realidad sociopolítica y económica de Jujuy, un territorio mediterráneo que limita con Bolivia y Chile, situado en el extremo noroeste de Argentina.
Como han destacado algunos estudios, la historia de Jujuy en toda la primera mitad del siglo XIX estuvo signada por las guerras. La realidad local agrega su propia complejidad a la temática. Primero, por tratarse de una región altamente integrada al espacio altoperuano durante la etapa colonial, con una economía que dependía fuertemente del funcionamiento de ese circuito mercantil, que se alteró profundamente luego de la independencia. Segundo, porque la sociedad rural se componía de una mayoritaria población indígena. En el orden republicano, estos actores fueron reordenados en las filas de los “ciudadanos” para ejercer con ese nuevo estatus dos funciones cívicas: la de trabajadores contribuyentes (pueblo productivo) y la de soldados, ya fuera de la milicia, en la guardia cívica o el ejército auxiliar (pueblo armado) (Irurozqui, 2014).
Las perspectivas planteadas y su circularidad sobre cuestiones capitales de la historia latinoamericana se proyectan como puntos referenciales ineludibles en este estudio, en el que procuramos, en primer lugar, desentrañar la serie de acontecimientos que se sucedieron en Jujuy como consecuencia de los conflictos armados de la década de 1860 (la Guerra del Paraguay y el levantamiento de Felipe Varela). En segundo lugar, analizar en esa circunstancia histórica las repercusiones de la movilización de las milicias locales y sus derivaciones en las relaciones sociales; así como evaluar la medida e incidencia de las contribuciones materiales requeridas. Hacemos uso de las fuentes documentales existentes en el Archivo Histórico de Jujuy, como correspondencia oficial, informes fiscales y militares, memorias de hacienda, decretos, leyes, y particularmente recuentos y liquidaciones de los auxilios y pagos de milicianos.
La historia de Jujuy en el siglo XIX transcurrió con la presencia casi permanente de la guerra. La provincia fue teatro de operaciones del Ejército Auxiliar del Norte y de la Guerra Gaucha durante las luchas por la independencia hasta 1825; luego fue escenario central de la actuación de las milicias unitarias y federales; estuvo alineada en la Liga del Interior a finales de la década de 1820; embarcada en la década de 1830 en conseguir su autonomía de la vecina provincia de Salta; y en los años cuarenta, se ubicó en el bando de la Coalición del Norte. A ello se sumó la ocupación del ejército boliviano y el enfrentamiento de la Confederación Argentina con la peruano-boliviana entre 1837 y 1838 (Conti, 2006).
Entre los estudios de historia económica, una de las facetas mejor analizadas es la que aborda los negocios regionales y sus relaciones con la reestructuración de los circuitos comerciales en la posindependencia y durante la primera mitad del siglo XIX en el llamado espacio salto-jujeño. En ellos, la relevancia de la Guerra de Independencia y las posteriores guerras civiles incidieron en los ritmos, flujos, dinámica y dislocaciones de los mercados de exportación-importación de este territorio, en las estrategias fiscales ensayadas para sostener los conflictos, en los impactos sobre los actores involucrados en las redes mercantiles y en ciertas proyecciones sobre las estructuras productivas (Conti, 2007).
En una perspectiva de larga duración, Viviana Conti considera que el moderado éxito económico que la región había logrado mientras estuvo articulada al mercado interno colonial se vio coartado con la nueva situación inaugurada por la etapa independentista y republicana. Hacia mediados del siglo XIX se redujo la “bonanza” en el espacio salto-jujeño, y la sociedad, que estaba empobrecida a costa de las guerras y de los saqueos de ganado, solo lograba la “supervivencia” (2007, p. 349).
El esfuerzo económico que demandaron las guerras de los años sesenta, en vinculación con las nuevas condiciones reinantes, es un aspecto hasta ahora escasamente explorado, y con esta investigación esperamos aportar datos a los conocimientos existentes respecto de esta temprana etapa republicana.
Desde otra perspectiva de análisis, la historiografía latinoamericana, en sus enfoques más recientes sobre los procesos revolucionarios y bélicos de la primera mitad del siglo XIX, ponderó el análisis de la participación de los sectores populares. La intervención de estos grupos en las fuerzas militares fue una experiencia que los dotó de cultura política propia (Fradkin, 2008; Morán, 2011).
Para la jurisdicción de Jujuy, Gustavo Paz determina que la movilización miliciana, desde 1812 y hasta la caída del sistema de Martín Miguel de Güemes,3 impactó en las relaciones sociales agrarias y étnicas, lo cual erosionó ciertas jerarquías coloniales, por la privación de mano de obra a la que se vieron sometidos los patrones, la suspensión en el pago de los arrendamientos y el amparo de los fueros militares (2008). El autor enfatiza la constitución de un grupo social producto de ese proceso: el de los “gauchos”, quienes tuvieron significativa presencia en todo el territorio de Jujuy, salvo, quizá, con la excepción de la Puna.4 Incluso en la Quebrada de Humahuaca la figura del gaucho comenzó a ser reconocida tras la conformación de tempranos contingentes reclutados por los maestros de postas y al mando de los principales hacendados. Para los años siguientes a la muerte de Güemes (1821), Paz registra la reposición del “orden” rural, cuando las élites locales lograron controlar socialmente a los “gauchos” mediante el imperio de las relaciones de arrendamiento, peonaje y reformas en el sistema de milicias (2013).
En cuanto a la Puna, las indagaciones de Raquel Gil Montero expresan las particularidades del proceso en esta región. La incorporación de esta población –en su mayor parte indígena− a la Guerra de Independencia era un asunto complejo, por el prejuicio de parte de los jefes militares acerca de la fidelidad y entrega a la causa patriótica que debían profesar. La militarización en la primera mitad del siglo XIX fue de menor alcance que en el resto del territorio provincial debido a que las bases de las milicias que actuaban, por lo general, se conformaban y se dirigían fuera de esta región, y nucleaban a los “hombres de abajo”, de los valles y la Quebrada de Humahuaca (2002, p. 23). La eximición de los arriendos, a los que estaba sujeto el grueso de esta población, también fue un medio de atracción para comprar su “lealtad”. Aunque los puneños no escaparon a la incautación y saqueo de su ganado, la implementación de un instrumento legal exclusivo para ellos los habilitó para evitar la obligación del servicio en las milicias entre 1840 y 1852. Se trató del pago de un canon personal de tres pesos anuales, llamado contribución directa, que eximía a los contribuyentes del enrolamiento de los milicianos (2002, pp. 31-32).
Con estas diferencias regionales se acumularon las tradiciones y experiencias del paso de las guerras de la primera mitad del siglo XIX en los sectores populares de Jujuy. El cambio de época que inauguró la segunda mitad del siglo, a la par del impulso que tomó la conformación del Estado nacional, vino acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares. Su organización cobró fuerza con la reforma introducida por Justo José de Urquiza para dotar un ejército de jurisdicción nacional, que quedó conformado por el Ejército de Línea
(con oficiales de carrera y una tropa compuesta por soldados pago o “enganchados” libres o coactivos), y la Guardia Nacional, formada por todos los ciudadanos:
La creación de esta última imprimió un carácter nacional a una institución –la milicia– que hasta entonces había sido netamente local, y si bien las milicias provinciales no desaparecieron, pasaron a ocupar un rol cada vez menor en el entramado militar (Macías y Sabato, 2013, p. 73).
Los estudios de Hilda Sabato (2014), entre otros, establecen las interrelaciones entre servicios de las armas y ciudadanía mediante la categoría de “ciudadanía en armas”, cuya materialización institucional fue la Guardia Nacional. El concepto refiere al derecho/obligación de los ciudadanos argentinos de portar armas en defensa de la república y a dos instancias propias del ejercicio de la soberanía popular: las elecciones y las revoluciones, ámbitos que habilitaron la participación popular y su práctica en la vida política.
Esa nueva realidad –y su impacto– apenas es advertida en la historiografía sociopolítica de Jujuy. Según Paz, con el afianzamiento de las agencias estatales nacionales (aduanas y Guardias Nacionales) se englobó a las poblaciones hasta entonces ligadas a la lógica política de las élites provinciales. Mediante la consolidación del Estado en la década de 1870 se “puso punto final a las resistencias populares”, como lo fue el levantamiento indígena campesino de la Puna a mediados de esa década. En opinión de este autor, desde 1852 y hasta que se desató tal rebelión (1872-1875) se impuso la estabilidad necesaria para sostener cierto orden en las áreas rurales de la provincia, luego de las arduas y largas tensiones desatadas como consecuencia de las guerras de independencia y los conflictos civiles (Paz, 2010, pp. 110, 114).
Consideramos que la década de 1860 constituye una temporalidad rica en acontecimientos y problemáticas derivadas de las nuevas exigencias militares del Estado nacional en edificación, protagonizadas por los sectores subalternos rurales. En esa etapa, sin duda, la prueba de fuego para la flamante Guardia Nacional y las tropas del Ejército de Línea de Jujuy comenzaron con los requerimientos de la Guerra del Paraguay y la presencia de Felipe Varela en el territorio del norte argentino. Se trata de un capítulo bélico significativo del que muy poco se sabe, que volvió a movilizar a las masas populares, como había sucedido en los más conocidos sucesos de la primera mitad del siglo XIX.
La organización del plantel militar en la provincia según la nueva normativa nacional –que obligaba a todos los ciudadanos argentinos entre los 17 y 60 años a formar parte de la Guardia Nacional–, se ejecutó mediante la orden masiva de presentación a los afectados para el 11 de junio de 1854.5 Desde entonces, la evidencia documental señala que fluyeron diversas controversias de poder y con fuertes reticencias en su formación. Como consecuencia de la rivalidad de los jefes, se sucedieron reacomodos y cambios de jurisdicción y de mandos militares de los cuerpos de milicias que se fueron creando.6 De acuerdo con lo que señalan los partes de las distintas jefaturas, el comportamiento indisciplinado de las tropas era moneda corriente, y la desobediencia y la insubordinación fueron actos alentados por voces en la campaña de los “demagogos y enemigos” del gobierno”.7 En el territorio provincial, la organización más tardía, frenada por este conjunto de factores, fue la de los destacamentos de los departamentos de la Puna.8
Es destacable que la fuerza de la resistencia de diversos sectores de la población llevó incluso a legalizar, una vez más, un mecanismo de evasión de la obligación miliciana. Efectivamente, entre 1863 y 1871, tuvo vigencia una ley que dispensaba del servicio rotativo y transitorio (por 15 días al año) para la guarnición del piquete principal de San Salvador, al que estaban obligados los ciudadanos de toda la provincia, mediante el pago voluntario de un impuesto de cuatro reales anuales. La medida sonó inconstitucional para algunos legisladores porque era lisa y llanamente un “tributo”, en tanto era “igual en todo al que antes de la constitución abonaban los indígenas de la Puna y que cesó de cobrarse desde la jura de la Constitución”.9 Evidentemente, el alegato retomaba la experiencia de la llamada “contribución indigenal” de la década de 1840.
El “tributo” de eximición a la prestación militar en el piquete citadino, refundado en la década de 1860, fue abolido en 1871, aunque dejó sus propias huellas. No llegó a adquirir mayor relevancia como fuente de ingresos, entre otras cuestiones porque estaba dirigido principalmente a los sectores menos pudientes, “que con el sudor del día ganan su alimento y casi nunca les sobra para el día siguiente”. Pero además, se había convertido en “un arma política” en varios sentidos. Como era “odiado” por sectores populares, propendía a los agentes estatales a tomar ciertas precauciones en su exigencia para evitar la mala voluntad de esas masas. A su vez, promovía la proliferación de una guardia compuesta por los ciudadanos más carenciados y de escasos recursos, favorable a comportamientos desorganizados, indisciplinados y “subversivos…dispuestos a aceptar las doctrinas más destructoras como una verdad política incuestionable”.10
Otro rasgo propio de la etapa fue la experiencia de la Puna. Vemos que a la cabeza de las fuerzas militares figuran muchos de los hacendados de la región, quienes proyectaron toda la logística militar in situ y movilizaron a los campesinos arrendatarios de sus tierras. De esas jerarquías participaban los principales propietarios, así como los fuertes comerciantes de esas plazas. Todos ellos formaban paralelamente el cuadro de los agentes locales del Estado. Esto marcaría una diferencia respecto de lo que Gil Montero (2002) determinó para la primera mitad del siglo XIX, cuando la acción militar en esta región era usualmente comandada y direccionada desde otros puntos de la provincia.
Por otra parte, la plana mayor de las Guardias Nacionales pasó a ser un baluarte de disputa de poder de las autoridades departamentales entre sí y de conflictos con los sectores populares. Varios casos dan cuenta de esa realidad. En Yavi, por ejemplo, el comisario de policía denunciaba al jefe de la Guardia Nacional por explotar a los milicianos “haciéndoles componer su casa, potreros y poner bardos en sus canchas”. También ocurría que el nombramiento de los jefes militares por parte del Poder Ejecutivo provincial era cuestionado por las bases y, finalmente, declinaba por imposición de facto de las fuerzas locales.11
Son conocidos los inconvenientes de todo orden que debió afrontar el mitrismo para nutrir el ejército de la guerra contra el Paraguay. En este conflicto, considerado el de mayor duración y el más sangriento de América Latina,12 el Estado argentino conformó una fuerza de más de 24.500 hombres (Garavaglia, 2016, p. 110). En los reportes bibliográficos existentes se omite la participación de Jujuy, aunque, como veremos, esta provincia también envió un contingente. En la dificultosa tarea de reclutamiento se logró acuartelar una fuerza cercana a los 200 hombres que marcharon a la remonta del ejército.13
Plasmado en acciones directas como la deserción, el amotinamiento y la rebelión, el alistamiento fue altamente conflictivo. Así, las fuerzas quedaron compuestas mayormente por la aportación de hombres procedentes de los valles bajos; en la Quebrada de Humahuaca, la gestión del alistamiento apenas había logrado reunir 35 agentes, mientras que de los departamentos puneños no hubo ni noticias de los resultados del cometido. Queda claro por los partes de filiación de los grupos congregados que se trataba de hombres “de mala conducta, ladrones y mal casado”, cuya selección motivó diversas manifestaciones públicas.14
Las dificultades no se agotaron en la instancia de formación del contingente, sino que también se expresaron en su marcha, como la sublevación y amotinamiento de septiembre de 1866 en Santiago del Estero.15Este suceso, que comprometió a la milicia jujeña, se sumó a la regla general de sublevaciones y motines que se sucedieron con diferentes guarniciones que marchaban a la guerra.16
Esta fue la única “prueba de patriotismo” que pudo comprobar y conformar la provincia de Jujuy frente a la solicitud de la nación de suministrar hombres para las fuerzas militares que actuaban en la Guerra del Paraguay. Los recados de envío de nuevos contingentes, sin embargo, no cesaron durante la primera parte del año 1867.
Para entonces, el mandato era que las tropas debían componerse de “enganchados voluntarios” (para quienes el gobierno nacional remitiría fondos específicos), más los condenados por tribunales a ese servicio y, finalmente, los comprendidos en la pena que marcaba la ley del 5 de junio de 1865.17 Hay pruebas fundadas de que el primer recurso de captación de milicianos era, en la práctica, imposible de llevar a cabo en la campaña jujeña.18 Del mismo modo, fue dificultoso reclutar por la vía de aplicación de la ley mencionada dado que en Jujuy no se había logrado organizar lo suficiente el registro de enrolamiento.19 La población de la Puna prácticamente no concurría a las convocatorias de empadronamientos de la Guardia Nacional y, además, los batallones no lograban completarse por la práctica establecida en esta población de ausentarse “en sus diligencias particulares, y otros directamente fugitivos pasándose para Bolivia o Salta”.20
Frente al fracaso que dejaba el abanico de actuaciones ensayadas, se profundizaron los métodos de coerción para el reclutamiento en la provincia. En ese tono se creó una ley en febrero de 1867 por la cual se vinculaba la condena de los delitos de hurto (principalmente, el robo de ganado), con la formación de la remonta para el ejército nacional.21 Dicha normativa fue sostenida por unanimidad en atención al cumplimento de las ordenes emitidas en Buenos Aires de remitir un contingente de refuerzo a la guerra y de castigar el abigeato, un anhelo aclamado “por el pueblo decente”.22 Esta norma sencillamente habilitó la práctica de la “captura” de todo hombre que revistiera una mínima sospecha delictiva, situación que propulsó diversas arbitrariedades.
Los distintos testimonios sobre la remisión de estos actores “malhechores” y “vagos” advierten respecto de la lentitud en su ejecución, que se hacía tras lograr una trabajosa aprehensión de los reos, que debían ser custodiados y trasladados por “conductores” a sueldo. Con este mecanismo de envío de reos por captura tampoco se alcanzaba el número de soldados requeridos, según informan los partes de comandantes de varios departamentos. Incluso, el laborioso trabajo de caza, hombre por hombre, emprendido en cada destacamento militar de la provincia, culminó con un motín en la cárcel de la ciudad de San Salvador.23
Otro método de común aplicación fue el reclutamiento con la excusa de mover guardias de la región de la Puna que no pagaban el impuesto de cuatro reales, para “trabajos” en la guarnición principal de la ciudad, cuando, en realidad, se pretendía destinarlos a las filas del ejército. A medida que la estrategia comenzó a hacerse conocida, generó el lógico rechazo a los trabajos públicos en la ciudad capital, en tanto “ninguno quiere marchar de buena voluntad y como también que no creen que es para trabajar sino para que los manden a las filas”.24 Por ejemplo, en Yavi, el comandante del Batallón 4 informaba que no era posible cumplir esas misiones porque:
los notificados se me ha opuesto fuertemente que no pueden marchar a aquel destino porque estos no son hombres de trabajo sino de campo, hilado y telar y que también sin gravamen alguno ganan tres reales en esta y que le es un perjuicio ir sesenta leguas a trabajar.25
Para mediados del año 1867 dejó de practicarse cualquier operativo de formación de contingentes para la Guerra del Paraguay, pues sobre las líneas limítrofes de la provincia se hacían sentir las “montoneras” de Felipe Varela. Este hecho se comprende en un movimiento sociopolítico de amplio alcance, referenciado en la bibliografía como el último “levantamiento federal”. Se había desatado en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis a fines del año 1866 y se conoce como la Revolución de los Colorados, que se proyectó luego al norte de Argentina. Culminó con el exilio del líder Varela y su muerte en Chile en 1870 (Escobar, 2009).
La agitación en Jujuy se extendió desde fines de 1867 hasta comienzos de 1869. En el ínterin hubo dos grandes movilizaciones. La primera de ellas principió con una campaña expedicionaria en socorro de la vecina provincia de Salta, ocupada por el ejército varelista, y la defensa del propio territorio de la provincia cuando Varela siguió el camino de la Quebrada de Humahuaca, hasta llegar a Bolivia en noviembre de 1867. En su itinerario, las fuerzas de Varela se apostaron en la ciudad capital e hicieron punto luego en los departamentos de Tumbaya y Tilcara, llegaron a Humahuaca para situarse allí durante once días consecutivos, luego atravesaron el departamento de Yavi y ocuparon su pueblo por seis días. Paralelamente, durante la misma movilización, se abrió otro frente hacia el oeste de la provincia, que afectó tanto la ruta de las haciendas de las zonas bajas, en los departamentos de Ledesma y San Pedro, como el recorrido por las serranías del Zenta, que une Humahuaca con Orán.
En todo el operativo de persecución a Varela, las guarniciones extralocales comandaron los pasos decisivos. Efectivamente, tanto la actuación en Salta como el repliegue de Varela por la frontera norte hacia Bolivia se sostuvieron al mando de Octaviano Navarro, oriundo de Catamarca. Lo mismo sucedió con el retiro de las fuerzas de los rebeldes en la frontera oriental, donde actuó de lleno el Batallón Colorado, una fuerza expedicionaria tucumana al mando de Ramón Álvarez y Lucas Córdoba. Así, el accionar de la tropa jujeña quedó reducido a la mera asistencia de los contingentes foráneos.
La segunda movilización sucedió entre fines de 1868 y el mes de enero de 1869 frente a las muestras de aproximación del ejército de Varela desde la frontera con Bolivia.26 En esta ocasión, no hubo asistencias extralocales y las jefaturas provinciales fueron centralizadas bajo el mando del inspector general y tutor de las Guardias Nacionales de Jujuy, cargo que recayó en la persona de Napoleón Uriburu. Esta campaña terminó cuando las tropas de Varela fueron derrotadas en Pasto Grande el 12 de enero de 1869.
La actuación militar de las huestes provinciales se limitó durante todo el proceso de enfrentamiento con las milicias de Varela a ofrecer únicamente el servicio de vanguardia; por su parte, la población civil hizo considerables aportes materiales.
Para solventar los gastos de esta guerra se procuraron diversas estrategias. Primero, se negoció un empréstito en la plaza local y con garantía de la provincia por 5000 pesos bolivianos ($b), para la movilización de 700 Guardias Nacionales. El mandato se cumplió a medias y solo con el apoyo voluntario de los principales vecinos de la ciudad se lograron reunir $b 1835, más otros aportes en especies.27 La medida estuvo refrendada por la Legislatura provincial, mediante la sanción de una ley el 31 de agosto de 1867, con el expreso mandato de que era responsabilidad del gobierno de Jujuy hacer reconocer el empréstito como deuda nacional al gobierno central. Esta cuestión de la garantía quedó planteada desde entonces.
Segundo, en septiembre de 1867, ante la inminente marcha de la milicia provincial a Salta, el gobernador Cosme Belaúnde pidió a la Legislatura provincial el aval para sancionar la expropiación por utilidad pública de armas y ganado, en atención a que la urgencia de esos recursos no podía quedar a la deriva de la voluntad de quienes contaban con ellos.28 La Legislatura nunca aprobó la medida y la expropiación fue establecida por decreto del Ejecutivo del 10 de octubre de 1867, en el que se señalaba además que los artículos expropiados serían reconocidos por un vale de la nación.
La requisa de ganado fue un verdadero problema porque la campaña estaba vacía de animales y de gente, a lo que se sumó la negativa de contribución de los principales dueños de las haciendas.29 La escasez y miseria reinantes fueron argumentos usados por los vecinos de algunos departamentos, quienes subrayaban los perjuicios de la ocupación y tránsito de Varela en su retirada a Bolivia a fines del año 1867, para fundar el pedido de eximición de cobro de derechos fiscales.30 La situación apremiante denunciada en los petitorios elevados desde estas localidades coincidió también con la exigencia de los pagos de haberes que se adeudaban a las milicias.
En medio de esta emergencia económica, el gobierno se vio obligado a atender los reclamos de la gente y en marzo de 1868 accionó algunas medidas importantes. Así, se aprobaron por ley la exención del pago de la contribución mobiliaria y el derecho de exención militar para la población damnificada de los departamentos de Tumbaya, Tilcara, Humahuaca y Yavi.31
En forma paralela, frente a los reclamos que a diario recibía el gobierno por los auxilios suministrados y a la necesidad de legalizar y documentar esos gastos para imputarlos a los fondos de la nación, como vía de solución se adoptó la formación de una comisión de registro.33 Un año después de constituida, el tesoro nacional comenzó a dictaminar sobre estos “gastos de guerra” reclamados por Jujuy.32
En distintos libros especiales se asentaron las partidas de los gastos realizados. Su consulta, sumada a la de algunos partes sueltos de sueldos y auxilios, nos permite realizar un análisis aproximado de la envergadura, el origen y la composición de esas expensas. Debe destacarse que los datos fueron recabados con dudosa prolijidad, ya que algunos recuentos se prolongaron durante sucesivos gobiernos (entre gobernadores electos, interinos e interventores), y se superpusieron las liquidaciones con erogaciones exigidas por nuevos reclutamientos militares.34
Sobre la primera movilización de la Guardia Nacional en la retirada de Varela a Bolivia, entre agosto y noviembre de 1867, carecemos de referencias certeras de los gastos militares. Lo que consta de modo fehaciente sobre esta etapa son los presupuestos y pagos efectuados únicamente a las Guardias Nacionales de la Quebrada de Humahuaca en el mes de junio de 1868, con estas proporciones por departamento y cifras: Tumbaya: $b 113,4; Tilcara: $b 1300 y Humahuaca: $b 639,5.35
Tenemos mejor información respecto de las contribuciones hechas en esta etapa por la población civil. El libro en el que se registraron esas operaciones de liquidación de los gastos fue habilitado en 1868 y se cerró recién en 1875. En total, los recuentos arrojaron la suma de $b 23.697,25 por ganados, consumo de sementeras de trigo y alfalfa y otros bienes menores. La cifra equivale al 60% del promedio de todos los ingresos presupuestados de la provincia para toda la década de 1860. La nación reintegró solamente el 71% del total de la inversión civil en esta contienda ($b 16.820) en tres libramientos discontinuos en el tiempo (1871: $b 3390; 1873: $b 12.845; y 1875: $b 585).
El principal aporte de ganado y de sementeras provino de la zona de los valles centrales (el departamento Rectoral y Perico de San Antonio y Perico de El Carmen). Como podemos observar en el gráfico 1, los valores correspondieron a: 500 novillos, 400 vacas, 80 caballos, 194 almudes de sementeras de trigo, más algunos bueyes, mulas y burros. Luego, siguiendo las cifras absolutas, fue importante también la asistencia recibida desde los departamentos de Ledesma y San Pedro. Los departamentos de Cochinoca y Rinconada no fueron incorporados en este relevamiento general. Sin embargo, ambos tributaron con más de 400 corderos, otros ganados (burros y mulas) y especies por un valor de $b 640,50.36
Gráfico 1: Provincia de Jujuy. Distribución geográfica de los recuentos de auxilios de ganado y sementeras. I movilización militar contra fuerzas de Varela, 1867 ($b)
Fuente: elaboración propia sobre la base del Libro de Reclamos de Auxilios de la División del General Navarro, a las fuerzas tucumanas y de la provincia para lucha contra Felipe Varela, 1868- 1877. AHJ.
En definitiva, más del 70% de los auxilios provinieron de las tierras bajas de Jujuy, lo que se explica por su contribución con ganado bovino, sobre todo. En cambio, desde las tierras altas, el principal componente fue el ganado lanar, de valor mucho menor. Es interesante ver cómo se traducen las diferencias regionales en las cuotas per cápita proporcionadas por cada aportante, lo que también nos permite hacer ciertas inferencias sobre el perfil de los actores sociales que debieron sostener la guerra (gráfico 2).
Gráfico 2: Provincia de Jujuy. Distribución geográfica de recuentos de auxilios de ganado y sementeras. I movilización militar contra fuerzas de Varela, 1867 (promedios por persona, $b)
Fuente: elaboración propia sobre la base del Libro de Reclamos, citado en gráfico 1.
La estadística de valores promedio similares entre la región de los valles centrales, Ledesma, San Pedro y Yavi esconde una realidad heterogénea en cuanto al peso social de las erogaciones. En efecto, en las zonas bajas (tanto de los valles centrales como de los subtropicales), la cúpula conformada por los principales hacendados y propietarios se cuenta entre los acreedores de mayor monto por sus contribuciones de ganado; cerca del 20% del gasto total en la primera movilización lo aportó el 5% de los terratenientes, los más ricos de esas zonas (según el cotejo efectuado con el padrón de la contribución territorial de 1872). En cambio, en las tierras altas, tanto de la Quebrada como de la Puna, ningún terrateniente hacendado figura como contribuyente de ganado o de otro insumo en estos recuentos. En Tilcara, Humahuaca y Tumbaya nutrieron estos esfuerzos el grueso de un campesinado de pequeños propietarios, con daciones personales muy parejas. En la Puna, las colaboraciones fueron surtidas por la masa de criadores ovinos y arrendatarios de las grandes haciendas en proporciones más o menos igualitarias, salvo el departamento de Yavi, donde los valores promedio se equiparan con la fracción más baja de los procedentes de los valles bajos, pero por encima del grueso de los contribuyentes de las tierras altas.
Al respecto, dos notas se destacan al seguir los nombres propios. Salvador Villar, propietario de una de las dos mayores fortunas inmobiliarias de Jujuy hasta la década de 1870, aportó él solo el 4% del valor total del ganado consumido para la repulsa de Varela. Salvo su nombre, que denota la participación en estos auxilios del capital azucarero (Villar era dueño de la hacienda ingenio de San Lorenzo), el resto de los referentes de ese sector socioproductivo no figuran. Pero llama mucho más la atención entre los grandes ausentes de la contribución a la causa “patria” el nombre de Fernando Campero,37 el marqués de Tojo, dueño de una buena porción de tierras en la Puna y patrón de una vasta capa de los arrendatarios que las poblaban.
Por su parte, para las campañas libradas a fines de 1868 y comienzos de 1869, correspondientes a la segunda movilización, hay pruebas de otras liquidaciones sucesivas llevadas a cabo. En ellas se puede diferenciar el monto del dinero recibido de cuentas nacionales y los pagos realmente verificados: $b 14.756 y $b 12.533,56 (por salarios, auxilios y fletes, otros de menor cuantía), respectivamente. Queda un sobrante de 2222,44 (de los milicianos que no se presentaron, murieron o no estaban en la provincia). Los datos que reflejamos para considerar este análisis de los gastos de la segunda movilización son los pagos efectivamente realizados.
Hemos desagregado por regiones la contribución en hombres, caballos y auxilios (en dinero y en ganado para raciones), análisis expuesto en el gráfico 3. Como se observa en este último, el grueso de los gastos militares fue en concepto de salarios. Uno de los datos más elocuentes es el esfuerzo desplegado por los departamentos de la Puna para repeler a las fuerzas de Varela, con mayores proporciones relativas de milicianos y, sobre todo, el sostenimiento económico por los auxilios aportados. El 80% del valor de los bienes que comprometió a la Puna estaban compuestos por 1115 cabezas de ganado ovino y $b 1183,37 en efectivo.
Gráfico 3. Provincia de Jujuy. Distribución geográfica y por rubros de los gastos retribuidos de la II movilización contra fuerza de Varela (1868-1869) (%).
Fuente: elaboración propia sobre la base de Cuenta demostrativa de los pagos hechos a la Guardia Nacional de la provincia por movilización y otros gastos, enero y diciembre de 1869. Cuentas de los pagos hechos a la GN por Gregorio González, 27 de abril de 1870. CD, 1869, 1870.
Esta liquidación fue mucho más prolija e inmediata que la correspondiente a la primera movilización. Sin embargo, en la revisión de la cuenta, Plácido Sánchez de Bustamante cuestionó la serie de improlijidades, desajustes y supuestas defraudaciones detectadas. Particularmente, llamó la atención sobre un negocio privado que se habría montado con las pieles, cebo y gorduras de los 1115 capones aportados por la Puna, cuyo valor mínimo, al considerar las pieles únicamente, reportaba unos $b 537,75.38 Para tener una dimensión de la magnitud de estos aportes, al carecer de datos de producción, hemos recurrido nuevamente a un cotejo con las cuentas fiscales provinciales. Así resulta que, de acuerdo con el presupuesto del año 1870, la inversión hecha en la segunda movilización representa el 17% del gasto total provincial calculado para ese año.
En definitiva, los seis meses de movilización militar en la provincia contra las fuerzas de Varela, entre los años 1867 y 1869, reportaron un egreso de más de $b 35.000. Con seguridad, los presupuestos públicos se vieron alterados en esta coyuntura con un creciente incremento de gastos y la reducción de algunos ingresos. Además de lo ya apuntado sobre la contribución mobiliaria, el derecho de la excepción personal prácticamente dejó de percibirse en esos años por la resistencia general de los propios milicianos.39 También se paralizaron las recaudaciones sobre la extracción de sal.40 El comercio en general se resintió, y afectó tanto a los particulares como a las recaudaciones municipales por concepto de patentes a tiendas y/o pulperías y derechos de mercado.41
La incidencia de los conflictos armados de la década de 1860 en la provincia de Jujuy que nos propusimos examinar en este estudio se visualiza en una serie de acontecimientos de primer orden. En ese sentido, puntualizamos las diversas normativas para procurar el ordenamiento militar en la época y destacamos situaciones de significativo alcance, como motines y sublevaciones. Como consecuencia de esos nuevos requerimientos, reconstruimos los momentos y los espacios cruciales afectados en las movilizaciones contra Varela y precisamos las medidas tomadas en materia económica para afrontar los gastos locales de estas guerras.
Si bien el asunto de Varela dejó de ser un problema militar de primer orden desde comienzos del año 1869, la situación económica que se desató fue sustancial en la provincia por lo menos hasta mediados de la década de 1870. Por un lado, los recursos demandados incidieron en las cuentas públicas, y esto llegó incluso a derrumbar un gobierno. Por otro lado, paralizó parte de la economía y comprometió fortunas y bienes de la población civil. Las asistencias, tanto para el pago de las milicias movilizadas como para la reposición de los recursos aportados, no fueron inmediatas.
El esfuerzo económico tuvo diferentes intensidades, tanto social como geográficamente. La primera fase de la lucha con Varela estuvo fuertemente sostenida por la región de los valles bajos. Pero el reparto de las cargas se realizó de manera más equitativa por la presencia entre sus principales contribuyentes de la porción más acaudalada, a la inversa de lo que pudimos observar para las tierras altas. En la segunda fase, además de comprometer mayormente al campesino medio de la Quebrada y la Puna, la principal aportación en hombres y en bienes provino de esa zona.
Además, la Guerra del Paraguay y el levantamiento de Varela, que tuvieron como escenario esa porción del norte argentino, activaron distintas tensiones y fuerzas sociales que repercutieron en diversos aspectos de la realidad local. Así, frente al imperativo de formar una “honrosa” y “patriótica” Guardia Nacional, construimos un provisorio cuadro de situaciones.
Particularmente en la Puna, las diversas expresiones constatadas muestran que se trató de una de las milicias menos colaborativas y más reacias a las causas que oficialmente se reconocían en nombre de la “defensa de la patria”. En la década de 1860, la concreción de batallones de las Guardias Nacionales departamentales al mando de hombres fuertes del poder local (dueños de haciendas y principales comerciantes), así como el despliegue de toda la logística de esta institución en territorio propio, implicaron una vivencia miliciana inmediata en estas poblaciones campesinas. En este sentido, la experiencia significó un cambio de situación respecto de lo que había sucedido durante las conflagraciones de la primera mitad del siglo XIX. Verdaderamente, el servicio de las armas se impuso entonces en el nuevo contexto en la región.
¿Hasta qué punto las tropas de Varela congregadas en la provincia se constituyeron sobre la base de la coerción y el suministro de alimentos, ganado y armas por el ejercicio del robo y pillaje, como relatan los discursos oficiales gubernamentales? Si consideramos la naturaleza popular de la montonera nucleada por Varela que nos aporta con sus estudios Ariel de La Fuente, nos inclinaríamos a pensar, al menos en tono de una reflexión final en este trabajo, que las franjas campesinas de la realidad agraria jujeña pudieron ser receptivas de las proclamas varelistas. Este autor, que sobrepasa el estricto marco de las elites y de las figuras caudillistas, recorre las motivaciones de las bases, los gauchos, y entiende que la política en los espacios agrarios no fue monopolio de las élites. Al tomar como escenario principal a Famatina, comprende que en el conflicto de la década de 1860 se entretejieron luchas partidarias, conflictos agrarios y divisiones étnicas. En la turbulencia política de esta década influyeron como fuerza de lucha las cuestiones de “la propiedad de la tierra, las relaciones de trabajo, la competencia de los recursos minerales y la diferenciación étnica entre estancieros supuestamente blancos y gauchos también supuestamente indios” (2007, p. 54).
Nos inclinamos a pensar que esta experiencia movilizó un costado popular y de resistencia entre los pobladores de Jujuy. Aunque no es posible avizorar la magnitud de este fenómeno ni sus fundamentos, hay sugerentes pruebas, como los “desbandes” producidos entre las filas de las milicias quebradeñas por ser colaboracionistas de Varela; la presencia entre los prisioneros del ejército rebelde de indígenas y vecinos de Jujuy, “coadyuvadores del bandido”; las evidencias de los auxilios de hacienda y combustibles ordenados y dirigidos por los maestros de postas locales al bando “enemigo”; así como el relato de actos públicos de adhesión de civiles al jefe de las montoneras en algunos pueblos de la Puna.42
Para las filas y agentes del gobierno, el trastorno ocasionado en esos años liberó bandas de “ladrones” seguidoras del “salteador Felipe Varela”. Desde esa lectura, era preciso traerlas de nuevo al orden, en función de lo cual deberían tomarse medidas muy severas, incluida entre ellas la del “azote”.43 La salida fue incrementar la presencia del Estado en las convulsionadas tierras altas jujeñas mediante el reforzamiento de agencias de control social. Así, fundado en el “clamor general nacido de la desmoralización causada por los jefes de las montoneras que han recorrido aquellos pueblos”, se puso en funcionamiento un juzgado de primera instancia con jurisdicción exclusiva en los departamentos de la Puna en octubre de 1870. Con ese mismo tono de consideraciones, en el mismo año, se creó el cargo de comisario superior de la Puna, con amplias facultades para la vigilia y el castigo.
La instrumentación de las Guardias Nacionales locales, el breve pero revelador ensayo de participación provincial en la Guerra del Paraguay y el dilatado movimiento de Varela en los límites de este territorio contribuyeron a perturbar la conflictiva campaña de raíces indígenas de Jujuy y, quizás, a capitalizar un proceso de acumulación política inmediato al fuerte levantamiento campesino en puertas de la década de 1870.
Notas
1 Reflexiones generales y estudios puntuales de esta temática, pueden verse en Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro Ruiz y Eduardo Zimmerman (2012). Es muy amplia la producción que se ha logrado en el marco de esta línea, cuya exposición sería imposible de lograr aquí.
2 El concepto fue usado primeramente por Tulio Halperin Donghi cuando publicó Historia contemporánea de América Latina (1970). Para un estado de la cuestión y sus principales referentes, véase Thul Charbonnier (2014).
3 El término alude a la etapa transcurrida entre 1815 y 1822 en la jurisdicción salto-jujeña, cuando bajo el liderazgo de Güemes se desarrolló un tipo de táctica bélica contra las fuerzas realistas conocidas como “guerrillas”, y una forma de movilización miliciana que adscribió a los sectores populares y poblaciones campesinas reconocidos como “gauchos” de la región.
4 Una diferenciación socioambiental de la provincia de Jujuy es la que divide las “tierras altas” de las “tierras bajas”. Las tierras altas se encuentran localizadas hacia el norte y oeste de la provincia, por encima de los 1500 msnm y hasta los 5500 m, y ocupan la mayor parte de la superficie. Comprende dos regiones andinas: la Quebrada de Humahuaca y la Puna. Desde la colonia y hasta mediados del siglo XIX, estas constituyeron la región de mayor peso demográfico de Jujuy, e incluían un claro componente indígena en su población. Por su parte, las tierras bajas ocupan la porción sudeste de la provincia, con menor altura y la presencia de amplios valles; tiene un clima entre templado y subtropical, y la presencia de numerosos ríos y un abundante régimen de precipitaciones permiten el desarrollo de actividades agrícolas variadas.
5 Decreto del 8 de junio de 1854, p. 13. Registro Oficial (RO), 1885, tomo II.
6 Decreto del 6 de mayo de 1855, p. 41. RO, 1885, tomo II.
7 Decreto del 5 de julio de 1857, pp. 102-103. RO, 1885, tomo II.
8 En la Puna, la Guardia Nacional se organizó recién en 1867. Efectivamente, en ese año se crearon cuatro batallones, en cuya plana mayor estaban al mando los principales hacendados de la región. Decreto del 18 de marzo de 1867, pp. 504-505. RO, 1885, tomo II. En el resto del territorio de Jujuy, el ordenamiento de las milicias, una vez conformado el Estado provincial, se hizo con regularidad desde 1836 y las Guardias Nacionales se constituyeron a partir de 1855.
9 Diputado Iturbe. Libro de Actas de Sesiones (Libro) n° 10, fs 90ss. 9 de marzo de 1863. Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy (AHLJ), Jujuy, Argentina.
10 Comunicación del Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura. 15 de marzo de 1871. Caja Documentos (CD), 1871-1872. AHLJ. Libro n° 12, fs 93ss. 20 de marzo de 1871.
11 Correspondencia Oficial (Correspondencia). Yavi, 31 de enero de 1866 y 26 de agosto de 1867. CD, 1866 y 1867.
12 Se extendió entre 1864 y 1871 e implicó el enfrentamiento de una coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay.
13 Correspondencia. Jujuy, 11 de agosto de 1866. CD, 1866.
14 Correspondencia. Tumbaya, 19 de agosto; Bella Vista, 26 de agosto; Rinconada, 26 de agosto de 1866. CD, 1866.
15 Correspondencia. Santiago del Estero, 20, 21, 22 y 25 de septiembre de 1866. CD, 1866.
16 Una reseña de dichas sublevaciones en Garavaglia (2016, pp. 118- 121).
17 Ley nacional del 5 de junio de 1865 y decreto provincial del 16 de marzo de 1867, pp. 503-504. RO, 1885, tomo II. La ley del 5 de junio castigaba el incumplimiento a la obligación del enrolamiento en la Guardia Nacional con destino a servir en el ejército de línea de la nación.
18 Por ejemplo, desde el departamento de Cochinoca se informaba sobre la complicación de sostener “el enganche” porque “esta gente al solo nombre de enganche huye y tiembla”. Correspondencia. Cochinoca, 31 de diciembre de 1866. CD, 1866.
19 Libro n° 11, f 225. 31 de agosto de 1867.
20 Correspondencia. Yavi, 5 de julio de 1867. CD, 1867.
21 “Todo individuo entre 18 y 60 años que cometa hurto por valor superior a dos pesos, será destinado al servicio de armas en el ejército de línea de la Nación”, entre dos y seis años. Ley del 22 de febrero de 1867, p. 500. RO, 1885, tomo II.
22 Libro n° 11, fs 225ss. 31 de agosto de 1867.
23 Correspondencia. Santa Catalina, 6 de junio; Ledesma, 12 abril; San Pedro, 14 de abril; Jujuy, 26 de abril de 1867. CD, 1867. La sublevación fue preparada y protagonizada por los hombres reunidos para el contingente del ejército de línea.
24 Correspondencia. Yavi, 3 de julio de 1867. CD, 1867.
25 Correspondencia. Yavi, 17 de junio de 1867. CD, 1867.
26 Correspondencia. Rinconada, 26 de noviembre de 1868. CD, 1868.
27 Proyecto de aprobación de empréstito. CD, 1867.
28 Correspondencia del Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia. 1° de septiembre de 1867. CD, 1867-1868.
29 Correspondencia. Perico del Carmen, 7 de noviembre; San Pedro, 4 de noviembre; Ledesma, 8 de noviembre de 1867. CD, 1867.
30 Vecinos de Humahuaca, Tilcara y Yavi a la Legislatura de la Provincia. 28 de diciembre de 1867. CD, 1867-1868.
31 Ley provincial del 6 de marzo de 1868, p. 559. RO, 1885, tomo II.
32 Decreto 26 de enero de 1868, pp. 543-544. RO, 1885, tomo II.
33 Correspondencia del Ministerio de Guerra y Marina de la Nación. Buenos Aires. 3 de enero, 20 de abril y 23 de agosto de 1869. CD, 1869.
34 Libro n° 12, fs. 81ss. 17 de febrero y 13 de marzo de 1871.
35 Correspondencia. Tumbaya, 15 de junio; Tilcara, 15 de junio; Humahuaca, 19 de junio de 1868. CD, 1868.
36 Correspondencia Oficial. Cochinoca, 8 de enero de 1868. Caja Documento, 1868.
37 Sobre la ubicación de estos actores entre los principales propietarios de tierras de Jujuy, ver Paz (2003) y Fandos y Parolo (2011).
38 Cuentas de los pagos hechos a la G. N. por Gregorio González, 27 de abril de 1870. CD, 1870.
39 Correspondencia. Humahuaca, 29 de mayo; Tumbaya, 9 de junio de 1870. CD, 1870.
40 Correspondencia. Tilcara, 8 de mayo de 1868. CD, 1868.
41 El mercado municipal de la ciudad de Jujuy fue desabastecido de las provisiones de los introductores de alimentos, y el edificio fue desalojado de los comerciantes inquilinos por destinarse al acuartelamiento de los nacionales (Correspondencia. Jujuy, 5 de junio de 1869. CD, 1869). La emigración y la quiebra de los comerciantes de Yavi se registra también en esa circunstancia (Correspondencia. Yavi, 1° de junio de 1868. CD, 1868).
42 Correspondencia. Tilcara, 28 de enero de 1868; Yavi, 17 de noviembre; Santa Catalina, 27 de agosto de 1867. CD, 1868-1867.
43 Correspondencia. Tilcara, 20 de noviembre de 1867. CD, 1867.
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Recibido: 04 de junio de 2018.
Aceptado: 11 de septiembre de 2018.