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ARTÍCULOS

 

El campo asociativo de la agricultura familiar en la provincia de Santa Fe: del desarrollo rural a la movilización política (2000-2017)

The associative field of family farming in the province of Santa Fe: from rural development to political mobilization (2000-2017)

 

Marcos Andrés Urcola*

 

Resumen: El artículo indaga sobre las formas de acción colectiva que caracterizan a los actores identificados bajo la noción de agricultura familiar en el agro argentino desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. Para ello se enfoca en el universo de nuevas formas de organización que surgen en el contexto de la década de 1990 y que se consolidan a partir del 2000 en los espacios de interlocución con el Estado para la generación de políticas de desarrollo rural. De este modo, se presentan los resultados de un estudio exploratorio de este proceso en la provincia de Santa Fe, tomando como referencia las organizaciones que confluyeron en el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe.

Palabras clave: Agricultura familiar; Asociativismos; Desarrollo rural; Santa Fe

Abstract: This article explores the ways of collective action that characterize the actors comprehended in the notion of family farming in the Argentinian agricultural sector from the early XXIst century to the present. In order to do so, emphasis is made on the universe of new forms of organization that arise in the context of the 1990s and that are strengthened in the 2000s through dialogues with the State intended to establish rural development policies. Therefore, this article shows the results of an exploratory study on this process in the province of Santa Fe, having as point of reference the organizations that have merged into the Small Producers Movement of Santa Fe.

Keywords: Family farming; Associativism; Rural development, Santa Fe

 

Introducción1

Los pequeños productores y la agricultura familiar adquirieron durante las últimas décadas un lugar destacado en la agenda pública Argentina respaldada por la experiencia de trabajo en el terreno de una extensa y compleja red de actores sociales vinculados al desarrollo rural (productores, técnicos, ONGs y agencias estatales) que habían incorporado la estrategia asociativa como base de sus acciones e intervenciones desde la década de 1990.
De este modo, a pesar de la disminución de la población rural y del número de establecimientos agropecuarios que resultó de aquel período,2 se pudo observar un incremento progresivo del número de asociaciones de pequeños productores de todo tipo que fueron aglutinándose en torno a la noción de agricultura familiar e integrándose en redes de organizaciones (como el Foro Nacional de la Agricultura Familiar), para ocupar los espacios de interlocución con el Estado y generar políticas públicas diferenciales para el sector a partir del nuevo milenio.
Si bien la discusión sobre la agricultura familiar no es nueva y reconoce sus antecedentes en las reflexiones latinoamericanas sobre el campesinado y su potencial revolucionario en las décadas de 1960 y 1970 y sobre la eficiencia y la persistencia de la producción a pequeña escala en la dinámica capitalista de las cadenas agroindustriales en las décadas de 1980 y parte de 1990 (Schneider, 2014), hay aspectos que dan cierta particularidad a los procesos políticos y sociales que están detrás de los debates actuales en torno a esta categoría que merecen ser analizados en estudios empíricos específicos.
Desde el 2000 a esta parte, se observa en Argentina una clara jerarquización de la cuestión de la agricultura familiar a través de los cambios institucionales relacionados con la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y sus secretarías (de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y Subsecretaria de Agricultura Familiar), la formulación de programas específicos de investigación y desarrollo (como el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar -CIPAF- del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-), el rediseño de los programas de desarrollo rural heredados de la década de 1990 (Programa Social Agropecuario -PSA-, Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios -PROINDER-, Programa de Desarrollo Rural del Noreste Argentino -PRODERNEA-, Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino -PRODERNOA-, etc.) y la sanción, en 2014, de la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.
Entre los aspectos que sirvieron para explicar este proceso de jerarquización institucional en nuestro país y la región se pueden señalar una serie de factores o procesos que confluyeron en la década del 2000: a) la influencia de los organismos internacionales (Organización de las  Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-) que comienzan a incorporar en sus agendas los temas vinculados con la producción de tipo familiar y sus organizaciones en el marco de las discusiones en torno al desarrollo rural de los territorios; b) la recuperación de las capacidades de los Estados nacionales de la región en cuanto a las orientaciones de las políticas; y c) la acción de las organizaciones gremiales y movimientos sociales identificados con la agricultura familiar.
Habiendo hecho mayor hincapié en los ejes (a y b) relacionados con el proceso de jerarquización institucional de la cuestión en trabajos anteriores (Lattuada, Nogueira & Urcola, 2015; Nogueira & Urcola, 2013), hemos enfocado nuestras indagaciones actuales en el universo de nuevas formas de organización y acción colectiva que surgen incipientemente en el contexto de la década de 1990 y que tienden a consolidarse en el contexto de jerarquización institucional antes mencionado.
Teniendo en cuenta que toda política pública genera un efecto de vertebración de intereses en el ámbito al que va dirigida y que su interacción con las asociaciones de naturaleza representativa es de mutua influencia, pensamos la agricultura familiar como un campo de articulación y confluencia de actores que dan sentido a su acción colectiva y significado a su identidad social en los espacios de interlocución con el Estado (que pueden ser de cooperación, confrontación, o ambas a la vez). De este modo, partimos del supuesto de que la actual generalización del término agricultura familiar, que incluye a una gran diversidad de actores (campesinos, colonos, chacareros o productores familiares capitalizadosy aún a trabajadores rurales y población rural con actividades no agrarias), se ha presentado como un esfuerzo cognitivo y político por parte de científicos sociales, técnicos, funcionarios de la administración pública y organizaciones agrarias (gremiales, profesionales y movimientos sociales) cuyo fin ha sido el de crear un nuevo marco de referencia para los gobiernos y las instituciones del ámbito local e internacional, donde se reconociera su papel estratégico en los procesos de desarrollo social y económico de los territorios rurales y su necesaria participación para la elaboración de políticas públicas. Esto nos permitió explorar a la agricultura familiar como una categoría construida que excede los límites de las unidades productivas, atribuyendo un nuevo sentido analítico y político a la misma.3
Como fuentes explicativas del proceso bajo estudio, tomamos algunos elementos conceptuales de la teoría de Bourdieu (1997) sobre los efectos de Estado, a los que añadimos aspectos de la teoría de la movilización de recursos (Tilly, 2000; Tarrow, 1999) y de los nuevos movimientos sociales (Svampa, 2008; Merklen, 2005; Melucci, 1999)4 para la comprensión de los factores de articulación de intereses de estas organizaciones y la carga identitaria que funcionó como articulador e impulsor de los mismos.
El objeto de este artículo es presentar los resultados y reflexiones de un estudio exploratorio sobre las particularidades que revistió este proceso en la provincia de Santa Fe entre los años 2000 y 2017. Adoptando un enfoque metodológico de tipo cualitativo y de estudio de caso (Yin & Helad, 1975), se recurrió al análisis y sistematización de fuentes bibliográficas y documentales primarias que nos permitieron dimensionar la heterogeneidad histórica y actual de las experiencias asociativas en el territorio nacional y santafesino (SAF, 2016; MAGyP, 2013; FoNAF, 2006a, 2006b), junto con entrevistas a personal técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y de FUNDAPAZ (ONG de reconocida trayectoria en el norte provincial). A su vez, se realizaron entrevistas a referentes de las organizaciones que recientemente (2014) han confluido en el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProFe), como caso empírico cuyas particularidades nos permitieron reflexiones en las líneas propuestas.5
Para dar cuenta del caso trabajado, el presente artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se hace una descripción del proceso nacional de jerarquización institucional de la agricultura familiar y sus formas organizativas a partir de la crisis de las organizaciones gremiales tradicionales del agro y de la influencia de los programas de desarrollo rural que fomentaron el asociativismo como estrategia de intervención. En segundo lugar, se hace referencia a las particularidades de este proceso en la provincia de Santa Fe y la influencia e impacto de las políticas nacionales de desarrollo rural para la articulación de intereses y la conformación de un campo asociativo y reivindicativo específico en torno a la agricultura familiar. En tercer lugar, se analizan las experiencias asociativas que han conformado el MoPProFe como expresión de este campo, señalando los aspectos que han operado para la articulación de sus intereses y los que han funcionado como fuente de integración (identidad) para la movilización colectiva. Finalmente, se presentan las conclusiones que parten del caso empírico analizado, pero que, por su generalidad conceptual, pueden extenderse al resto del territorio nacional en torno a las formas de acción colectiva que en Argentina han confluido desde principios del siglo XXI en el campo material y simbólico de la agricultura familiar.

Las formas asociativas de la agricultura familiar en el desarrollo rural argentino

La retracción del Estado en la década de 1990, los cambios estructurales en la economía y una serie de problemas comunes a las asociaciones reivindicativas agrarias tradicionales,6 contribuyeron a una intensificación del pluralismo asociativo en el agro argentino, con el surgimiento de cientos de nuevas asociaciones o proyectos asociativos, en algunos casos autogenerados por los actores socioeconómicos en respuesta al cambio de las reglas de juego, y otros promovidos activamente por los programas de desarrollo rural focalizados, tanto públicos como privados, que incorporaron la estrategia asociativa como base de su intervención en favor de los estratos medios y bajos de la estructura agraria (Lattuada, 2006).
Ante las transformaciones que estaba sufriendo la estructura social agraria durante los ´90, la Federación Agraria Argentina (FAA) adoptó una estrategia de expansión territorial de su actividad gremial a través de numerosas reuniones con asociaciones locales o regionales de minifundistas, campesinos y pequeños productores familiares del norte del país (Movimiento Agrario Misionero, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, Movimiento Sin Tierra de Misiones, entre otros) con el fin de ampliar su base social y convertirse en interlocutor ante el gobierno nacional de estos sectores tradicionalmente postergados (Lattuada, 2006; Manzanal, 2002).7 Estos encuentros sentarían las bases de la posterior articulación nacional de la agricultura familiar de la que FAA se distanció.8 En el marco de los mismos comienza a observarse el paulatino desplazamiento de la tradicional referencia discursiva pampeana al chacarero y a la chacra por la de productor familiar como categoría genérica de mayor inclusión de actores a nivel nacional.
A su vez, la implementación de programas de asistencia y desarrollo de pequeños y medianos productores rurales tuvo una importancia creciente en el fomento de formas asociativas de diverso tipo en el medio rural. Con escasos antecedentes previos en la historia Argentina, durante la década de 1990 se instalaron y multiplicaron numerosos programas dependientes de diferentes agencias estatales (como el INTA o la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) y fuentes de financiamiento (Presupuesto Nacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), a los que se sumaron ONGs de diferentes orígenes (INDES, INCUPO y FUNDAPAZ entre las de más trayectoria).9
Si bien la agricultura familiar no había sido históricamente una cuestión relevante de la agenda sectorial, la experiencia desarrollada durante la década de 1990 sirvió para la creación de un tejido conectivo entre productores, organizaciones, técnicos, ONGs y agencias estatales que fortalecieron progresivamente su visibilidad (Lattuada, Nogueira & Urcola, 2015). En la primera década del siglo XXI, su problemática fue creciendo en importancia en la región del Mercado Común del Sur -MERCOSUR- y en el ámbito nacional a partir de una estrategia gubernamental explícita en la reorientación de los programas de desarrollo rural con el objeto de fortalecer la organización y representación de intereses de estos sectores rurales postergados. En este sentido, la irrupción de la temática de la agricultura familiar en la agenda de las acciones para el desarrollo rural en Argentina no surge como consecuencia de la demanda de las organizaciones de productores, (como ocurrió en el caso brasileño), sino desde el Estado y en particular desde los organismos de financiamiento internacional y de cooperación regional como el MERCOSUR. A su vez, la creación del MAGyP en el año 2009 y la elevación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar -creada un año antes- al rango de Secretaría de Estado, contribuyó decididamente a consolidar este proceso (Nogueira & Urcola, 2013).
Todos los programas de desarrollo rural en la Argentina desde las primeras experiencias en la década de 1990 hasta la actualidad han promovido la organización de los productores con mayor o menor grado de formalización. Esta perspectiva se ha mantenido desde lo instrumental hasta la actualidad, pero la organización y asociación de los beneficiarios pasó a ser un objetivo en sí mismo de los programas en el marco de las acciones para el desarrollo con enfoque territorial (Schejtman & Berdegué, 2004) y el auge de las corrientes neo-institucionalistas (North, 1995) que sostienen la importancia de las instituciones y las organizaciones (como capital social o humano) para resolver las imperfecciones del mercado en la asignación de recursos.
Para el año 2010, se puede estimar un número de 3.200 grupos asociativos creados en el marco de tres de los programas de desarrollo rural del INTA y alrededor de 8.700 en el marco de cinco de los programas del ex MAGyP (Lattuada, Nogueira & Urcola, 2015).10 En un informe reciente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF, 2016) sobre Las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena de la Argentina, se observa que el 73% de las organizaciones (1.327 casos) que registran fecha de inicio, se conformaron durante el período 2004-2014, mientras que un 18% de las mismas (331 casos) se han creado entre 1994  y 2003 y el 9% restante (155 casos) se han creado antes de 1993 (año en que se crea el PSA, antecedente de la SAF).
La mayor centralidad otorgada a las formas asociativas en su rol de intermediarias entre los productores y los servicios públicos del Estado y la cooperación internacional, se presentó como una alternativa económica para enfrentar sus debilidades frente al mercado y dar sustentabilidad a las acciones emprendidas, pero también para generar cierto grado de empoderamiento que les brinde reconocimiento (visibilidad) y mayor capacidad de participación en los procesos de toma de decisión de las políticas públicas a partir de experiencias como el Foro Nacional de la Agricultura Familiar y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar.
En junio de 2004, la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) del MERCOSUR comenzó a pautar una agenda de trabajo conjunto entre organizaciones representativas de la agricultura familiar y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). Estos encuentros, sentaron las bases del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) inaugurado en diciembre de 2005 y formalizado en marzo de 2006 (por Resolución SAGPyA Nº 132), en cuyo seno se integraron alrededor de 900 organizaciones de agricultores familiares y pobladores rurales, creadas en su mayoría en el marco de las acciones de desarrollo de agencias estatales.11
Dicho Foro tuvo como resultado dos documentos de diagnóstico (FoNAF, 2006a, 2006b) elaborados sobre la base de la planificación estratégica participativa que planteó una jerarquización de la cuestión superadora de la lógica prevaleciente en la década de 1990 e instaló a los agricultores familiares como agentes activos en dicho proceso. A su vez, esta instancia de diálogo sobre política pública, generó una serie de procesos sociales y políticos no planeados inicialmente que impactaron en diversas esferas de la relación público-privado: en la formación de dirigentes, en la representatividad sectorial y en la generación y gestión de instrumentos de política pública (Márquez, 2007), como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF)12 y el Monotributo Social Agropecuario (MSA).13
Dando continuidad a este proceso, bajo la misma sigla e integrado por las mismas organizaciones del Foro, en 2011 se crea la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar.14 La misma se presentó como un actor gremial cuya misión era la representación sectorial independiente de las asociaciones reivindicativas históricas y de los programas de desarrollo rural para ocupar los espacios de interlocución con el Estado. A pesar de lo auspicioso de esta agrupación de múltiples organizaciones, es pertinente señalar que, por su proceso de conformación relacionada con la convocatoria del Estado nacional, apareció en general demasiado ligada a las iniciativas y acciones del gobierno. En un primer momento, el Foro tuvo el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través de los programas PRODERNEA y PRODERNOA (año 2005)15 y, posteriormente, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (año 2009) con la participación de los técnicos del PSA y el PROINDER que se integraron a su estructura y promovieron la conformación de la Federación (año 2011) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional encargada de generar instancias de diálogo y participación con estas organizaciones al interior de la Secretaría de Agricultura Familiar (Iurman, 2016).
Por estos motivos, además de las organizaciones participantes del Foro y la Federación, hay que señalar que en el período también surgieron otras iniciativas de agrupaciones muy diversas que han cuestionado la estrecha vinculación del FONAF con el Estado y plantearon una posición de mayor autonomía y confrontación con éste y las asociaciones reivindicativas tradicionales del sector.16
A fines de 2015, con el cambio de signo político del gobierno nacional,17 se introducen una serie de reformas del aparato estatal con efectos en la organización general de los ministerios y la visibilidad y alcance de las problemáticas que modifican el escenario sectorial agropecuario en general y el de la agricultura familiar en particular. Los cambios institucionales que acontecieron al interior del renovado Ministerio de Agroindustria18 y, fundamentalmente, de la SAF (con despidos de personal técnico, desfinanciamiento de sus acciones y la desjerarquización institucional de la Secretaría al interior del ministerio), han generado un proceso de reconfiguración de los espacios de interlocución con el Estado para la generación de políticas públicas. La disolución de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, significó un primer paso en el replanteo del estilo de gestión en torno a los sujetos de la agricultura familiar y sus organizaciones que aún está en proceso. Con esta acción, la nueva gestión corta el vínculo centralizado y de intermediación de las organizaciones que confluían en la Federación (FONAF) con un perfil reivindicativo o gremial e inscriptas institucionalmente al interior de la SAF, y lo reemplaza por el contacto descentralizado con organizaciones de carácter local a través de las coordinaciones provinciales que son las que canalizan las acciones de asistencia técnica y productiva hacia el sector (Nogueira, Urcola & Lattuada, 2017).
Con estas referencias cabe observar dos cuestiones importantes: por un lado, que históricamente la Argentina estuvo lejos de reproducir movimientos sociales rurales (sobre todo de corte campesino o indígena) con la misma profundidad y difusión respecto de los que emergieron en el resto de América Latina (como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra -MST- de Brasil, por ejemplo) (Manzanal, 2002); y por otro lado, que desde la vuelta a la democracia hasta principios del 2000, la reconstrucción y reinstalación de los movimientos sociales agrarios ha sido muy lenta y despareja según realidades locales y regionales,19 tomando mayor impulso a partir del auge del tema de la agricultura familiar en la agenda nacional de las políticas públicas de desarrollo rural desde 2004 a esta parte (Nogueira, Urcola & Lattuada, 2017). Paradójicamente, este proceso de consolidación de organizaciones se dio, en algunos casos, a partir de la coordinación de acciones institucionales para el desarrollo rural con los Estados provinciales o Nacional, y en otros casos, a partir del enfrentamiento con estas esferas gubernamentales, en tanto estrategia que les permitió consolidar el carácter representativo y reivindicativo (Svampa, 2008).
Esto nos permite afirmar que el marco de discusión e institucionalidad de la temática de la agricultura familiar y el desarrollo rural promovido a nivel nacional durante este período cumplió un rol vertebrador que ofició de marco para la promoción de acciones de cooperación, confrontación o ambas a la vez entre los actores vinculados a la pequeña producción campesina, indígena y/o familiar durante el período analizado.
Teniendo en cuenta estos aspectos, consideramos que los actores sociales y sus procesos de movilización colectiva no son puros y siempre combinan acciones tendientes a la institucionalización con otras de corte defensivas o destituyentes. Las respuestas de las organizaciones o movimientos sociales a participar o a oponerse a un gobierno o a iniciativas estatales de diverso tipo no se explican a partir de cualidades esenciales propias de su accionar ni a sus lógicas de acción política, sino “a partir de la sistemática y mutua incidencia entre cultura política existentes en una sociedad y el impacto de las iniciativas estatales en le modo que asume la acción contenciosa” (Iglesias, 2015: 151).

El campo asociativo de la agricultura familiar: las particularidades del caso santafesino

La provincia de Santa Fe esta ubicada en el centro-este de la República Argentina, formando parte de una de las regiones agropecuarias e industriales más pobladas del país. La misma ocupa el segundo lugar, después de Buenos Aires, en cuanto a su aporte al Producto Bruto Geográfico nacional y contribuye con exportaciones equivalentes a un quinto del valor total de las exportaciones del país. Sin embargo, a pesar de su importancia económica, presenta históricamente un desarrollo polarizado y asimétrico entre una región chaqueña-norte preponderantemente rural y pobre y una región pampeana-sur urbanizada, industrializada y con indicadores de desarrollado sustancialmente más altos en términos relativos (Urcola et al., 2015). De este modo, el fuerte peso económico y simbólico de la región pampeana al interior de la provincia de Santa Fe es notorio y claramente representativo de lo acontecido a nivel nacional respecto de las denominadas economías regionales o extra-pampeanas.20
Teniendo en cuenta este escenario territorial dual, en términos reivindicativos y de representación de los intereses del agro moderno pampeano (o del agronegocio), se destacan por su trayectoria y presencia territorial: las asociaciones gremiales tradicionales como las distintas Sociedades Rurales locales, la Federación de Centros Tamberos de Santa Fe (FECET) y las organizaciones por cadenas productivas que se sumaron en las últimas décadas y han tenido su origen en la provincia, como la Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina (ACSOJA) o la Asociación para la Promoción de la Carne Bovina Argentina (APROCABOA). La provincia también cuenta con el mayor número de entidades y de asociados a cooperativas agropecuarias del país, entre las que se destacan, por la envergadura de negocios alcanzados: Agricultores Federados Argentinos (AFA), SanCor y Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada (Lattuada, 2006).
A su vez, el peso histórico de la FAA como organización nacional representativa de los pequeños productores con origen y base social en el sur de la provincia y la experiencia trunca de las Ligas Agraria en el norte en la década de 1970 (Archetti, 1988),21 hizo que la pequeña producción familiar de base campesina no estuviera claramente representada en Santa Fe (como sí ocurriera en las provincias de Santiago del Estero o de Misiones) y hasta invisibilizada por el peso simbólico del sujeto agrario pampeano. Las realidades productivas y trayectoria reivindicativa de los denominados pequeños y medianos productores familiares propietarios y/o arrendatarios de tipo chacareros (o farmer) del centro-sur provincial, aglutinados en la FAA desde 1912 (Ansaldi, 1991),22
han opacado y contrastado notoriamente con el de las organizaciones de base campesinas o aborígenes en el norte provincial, asimilable al sistema latifundio-minifundio del resto del continente latinoamericano. Lo que queremos indicar con esta sintética y rápida esquematización (que claramente admite grises), es la realidad divergente en la construcción histórica del sujeto agrario y sus formas organizativas en el territorio santafesino (y nacional), que comienza a reconfigurarse en el marco de la discusión nacional en torno al desarrollo rural primero y la agricultura familiar después (con dinámicas de concertación y conflicto).
Buena parte de los grupos o asociaciones de pequeños productores campesinos que hoy se aglutinan como organizaciones de la agricultura familiar en Santa Fe, han sido movilizados inicialmente, en la década de 1990, a partir de diferentes programas de desarrollo rural, como el PSA, y las acciones de ONGs, como FUNDAPAZ o INCUPO con base en el norte provincial. Posteriormente, estos grupos y asociaciones fueron fortalecidos en su capacidad de organización con la creación del FoNAF, la constitución de las respectivas mesas provinciales de este Foro y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación en sus diferentes etapas (desde 2008 hasta la actualidad), a través de la coordinación provincial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Los proceso de jerarquización e institucionalización de la agricultura familiar en el marco de las acciones para el desarrollo rural de principios de siglo XXI, permitieron dar cierta visibilidad a las formas productivas que no se encuadraban dentro del modelo productivo y reivindicativo pampeano, instaurando al mismo tiempo las categorías de percepción y organización de este universo de agentes (en términos de Bourdieu, 1997) cuyas prácticas han oscilado entre las actividades productivas agrarias para comercialización o autoconsumo, la vida rural o periurbana y la reproducción doméstica o familiar.
Para Bourdieu (1997), uno de los mayores poderes del Estado consiste en producir e imponer las categorías de percepción y de pensamiento que luego aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo.23 En este sentido, los estudios del PROINDER-IICA (Obschatko, 2009; Obschatko, Foti & Román, 2007) y la información del ReNAF  han sido centrales. Si bien los dos parten de supuestos teóricos y operativos diferentes sobre la agricultura familiar y la fuente de información a partir de la cual elaboran los informes (Censo Nacional Agropecuario de 2002 en un caso y registro voluntario de productores a cargo de técnicos de la SAF y organizaciones en el otro caso), sin lugar a dudas, ambos han contribuido y contribuyen a visibilizar la realidad del sector y de los sujetos identificados bajo esta forma productiva y social específica.
En base a estas fuentes podemos señalar que el 60% de los productores agropecuarios (17.056) de la provincia de Santa Fe son pequeños (o familiares)24 y ocupan el 20% de la superficie en explotación (Obschatko, Foti & Román, 2007). De estos pequeños productores, el 34% son productores familiares capitalizados, el 44% son productores familiares campesinos o de reproducción simple y el 22% son productores familiares pobres o de subsistencia.
Por otro lado, según la información parcial del ReNAF (2012) (Cuadro 1), en la provincia de Santa Fe hay 4.737 Núcleos de Agricultura Familiar (NAF),25 de los cuales el 67% se encuentran radicados en los Departamentos del norte provincial, particularmente en Vera y General Obligado (que juntos concentran el 40% de los NAF de la provincia).
Cabe destacar que, tal como señala Craviotti (2014), al ser un registro de carácter voluntario para el acceso a programas y políticas, fundamentalmente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, los productores con características más cercanas al mundo campesino son los que se han inscripto mayoritariamente en este registro, cuestión que estaría dejando afuera la gran diversidad de formas productivas intermedias que existen entre un productor típicamente familiar y otro de tipo empresarial. A pesar de estas acertadas objeciones, es relevante destacar que este registro nos permite observar un mapa cuantitativo del universo de sujetos que han articulado acciones vinculadas al desarrollo rural durante el período bajo análisis, inscribiendo sus prácticas en el campo material y simbólico (Bourdieu, 1990) de la agricultura familiar y sus referentes institucionales públicos y privados del ámbito local, nacional e internacional.26

Cuadro 1. Núcleos de Agricultura Familiar (NAF) registrados en Santa Fe


Fuente: Elaboración propia sobre la base de ReNAF, 2012.

 

En base a esta misma fuente de información, podemos afirmar que en la provincia hay 130 Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF) registradas,27 de las cuales el 72% se encuentran radicadas en los Departamentos del norte provincial (Cuadro 2).
A partir de dicho registro se puede observar un alto grado de informalidad de estas organizaciones, puesto que el 45% están conformadas como grupos informales o de hecho, es decir, como grupos creados con el fin de recibir la asistencia técnica, capacitación y financiamiento de los programas de desarrollo y compartir algunos bienes o actividades. El 23% de estas OAF se han constituido como asociación civil, el 13% han adoptado la forma tradicional de cooperativa, el 6 % son comunidades de pueblos originarios y el 13% restante se presentan como feriantes a través de redes asociativas entre productores, municipios y agencias de desarrollo que han promovido y gestionado la organización de Ferias Francas en diferentes localidades de la provincia.

Cuadro 2. Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF) registradas en Santa Fe


Fuente: Elaboración propia sobre la base del Registro parcial del ReNOAF de la SAF - Santa Fe, 23/02/16.

 

Estas organizaciones son las que han conformado el campo asociativo económico y reivindicativo en torno a la pequeña producción y la agricultura familiar en la provincia de Santa Fe. Tal como hemos señalado en el apartado anterior, tanto las acciones públicas de los programas de desarrollo rural como las de las ONGs, han adoptado desde sus comienzos una estrategia de intervención que ha promovido la conformación de grupos con diferentes finalidades productivas o económicas (asistencia técnica, capacitación, financiamiento, etc.), pero también vinculadas al acceso a derechos (agua, tierras, etc.) y reivindicaciones sectoriales (políticas públicas diferenciales). Así, se observa cierto grado de hibridismo y multifuncionalidad como rasgos comunes y constitutivos de estas experiencias asociativas, en la medida que su objetivo principal ha sido suplir tanto las necesidades materiales de sus miembros, como sus aspiraciones no monetarias de reconocimiento, inserción social y autonomía.
En este contexto, se comienza a articular un campo asociativo particular en torno a las acciones del desarrollo rural y la agricultura familiar como sujeto económico y político a la vez, que fue nutriéndose de otras experiencias preexistentes u otros movimientos (como los socio-ambientales, indígenas o de la economía popular, por ejemplo) con los cuales han compartido ciertos rasgos y dimensiones como la territorialidad, la combinación de acciones de confrontación con acciones institucionales, el fomento de la democracia asamblearia o participativa, la tendencia a la búsqueda de autonomía y la multiescalaridad de los conflictos o problemáticas que han enfrentado en el marco de un complejo entramado social que involucra actores locales, regionales, provinciales y/o nacionales e internacionales al mismo tiempo (Svampa, 2008).
Gran parte de las organizaciones que confluyen hoy en el campo reivindicativo de la agricultura familiar santafesina, comenzaron a participar inicialmente en la mesa provincial del Foro Nacional de la Agricultura Nacional. Sin embargo, la creación de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar en 2011 generó una crisis al interior de esta mesa que terminó disolviéndola por la estrecha vinculación de esta Federación con el partido de gobierno nacional, la cooptación de dirigentes a nivel de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (nexo entre la SAF y la FONAF) y el modo de gestión de recursos con organizaciones pertenecientes a una provincia de otro signo partidario.28 Esta coyuntura política altamente conflictiva derivó en la iniciativa del Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProFe) como un espacio más autónomo respecto del Estado Nacional y más ligado al Estado Provincial por una cuestión de acceso a recursos para solventar las reuniones y los desplazamientos de dirigentes y referentes de organizaciones dispersas por el extenso territorio santafesino.29
Esta experiencia, que analizaremos a continuación, no agota el campo asociativo de la agricultura familiar en la provincia,30 pero resulta significativa en su intento de consolidar un espacio de representación de los pequeños productores familiares de la provincia con independencia de las tradicionales asociaciones corporativas del agro pampeano y cuyo origen se vincula mayoritariamente con experiencias de desarrollo rural en el norte provincial.

El Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe: del desarrollo rural a la movilización política

El MoPProFe se constituye en 2014 como una organización campesina de segundo grado que “nuclea a 32 organizaciones de la agricultura familiar santafesina” como respuesta a la necesidad de contar con un “espacio de articulación y diálogo para incidir en políticas públicas y gestionar su desarrollo".31 Las organizaciones que la constituyen emergieron, casi en su totalidad, como grupos asociativos vinculados con las acciones de desarrollo rural de organismos públicos (programas) y privados (ONGs) durante la década de 1990 y se fueron afianzando a partir del 2000 con el ingreso en la agenda nacional e internacional de la temática de la Agricultura Familiar y el mayor impulso brindado al componente asociativo en el marco de los enfoques interventivos del paradigma del Desarrollo Territorial Rural (DTR) imperante durante aquel período.
Este movimiento surge como iniciativa de la Unión de Familias Organizadas de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales (UOCB , que es una organización de pequeños productores de más de 600 asociados del Departamento Vera (norte provincial), y FUNDAPAZ, que es la ONG que ha acompañado y contribuido a la constitución de esta organización de base (en un proceso que lleva más de 25 años).32
Las divergencias en torno a las acciones para el desarrollo en los territorios, primero entre los técnicos del PSA y la SAF con los de FUNDAPAZ, y luego entre los dirigentes de la FONAF con los de la UOCB, han contribuido a la conformación de una identidad conflictiva y autónoma de esta organización respecto de los lineamientos Nacionales en materia de desarrollo rural y agricultura familiar. La experiencia de sus dirigentes en el marco de los grupos locales de desarrollo rural de FUNDAPAZ, la participación en espacios regionales como ACINA (Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino que reúne a organizaciones de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero) y las mesas provinciales del Foro Nacional de la Agricultura Familiar favorecieron una trayectoria de los mismos ligada a la articulación de intereses gremiales del sector campesino, indígena y de la agricultura familiar en el marco de los espacios de interlocución con el Estado para el acceso a recursos y reivindicación de derechos.
El contacto con las realidades organizativas de otras provincias les animó a plantearse la necesidad de construir un espacio de representación provincial (como el MOCASE, MOCAFOR, UNPEPROCH, etc.) para desempeñarse con mayor autonomía respecto de las acciones del Gobierno Nacional y diferenciarse, a su vez, de las acciones corporativas tradicionales del agro pampeano. En este contexto (de oportunidad política, en términos de Tarrow, 1999),33 el MoPProFe ha motorizado la articulación de intereses de grupos y organizaciones vinculados a las acciones del desarrollo rural y la agricultura familia para canalizar sus demandas a través del Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el apoyo técnico de FUNDAPAZ.

En otro momento, el Gobierno Nacional se sentó a escuchar a dirigentes que no tenían base real, las organizaciones fueron usadas. La FONAF no tiene representantes en la provincia y se posicionó sin tener el aval de las organizaciones y tomo decisiones sobre el dinero que estaba destinado a Santa Fe sin consulta. La asamblea decide pedir por nota al Ministro de la Producción de Santa Fe una audiencia para que el Gobierno reconozca al MoPProFe como un referente válido para consultas relacionadas al tema. Se da lectura y aprueba el texto de la nota.34

Aunque esta tensión fundacional del Movimiento con las estructuras gubernamentales nacionales aún persiste, cabe señalar que los cambios políticos, económicos e institucionales por los que transita el país a partir de 2016, han abierto un período de redefinición de los intereses y actores que confluyen en el campo asociativo de la agricultura familiar que aún está en proceso (Nogueira, Urcola & Lattuada, 2017). La opción de este movimiento de fortalecer su capacidad organizacional a nivel provincial y de canalizar sus demandas al interior del Ministerio de la Producción le han servido para amortiguar parcialmente las consecuencias de este cambio, en el marco de un Gobierno santafesino que aún pretende diferenciarse del nacional.35 No obstante, la salida de la agricultura familiar de la agenda política (no de la institucional) del actual gobierno nacional genera también un efecto de Estado sobre los actores comprendidos por las acciones del desarrollo rural y la agricultura familiar que trasciende las fronteras provinciales y ofrece un contexto  de oportunidades políticas cuyas consecuencias aún no están definidas. En este sentido, en los discursos de los referentes del MoPProFe participantes de la citada asamblea de septiembre de 2016, dicho contexto de cambios operaba como un escenario de incertidumbre y expectativa, en función de las definiciones de política pública que el gobierno nacional insinuaba, pero no ejecutaba ni definía con claridad (como la reglamentación de la Ley 27.118, el reempadronamiento del ReNAF y la redefinición de los criterios de acceso al MSA).
Si bien el movimiento ha intentado aglutinar a organizaciones de toda la provincia, puede notarse que el 84% de las mismas (27 organizaciones) pertenecen a alguno de los Departamentos del norte provincial (Figura 1), dando lugar a un movimiento cuya agenda reivindicativa se vincula mayoritariamente con las problemáticas históricamente invisibilizadas de la pequeña producción de base campesina: acceso al agua, tierra, vivienda, servicios de salud y obras de infraestructura para la vida rural, manejo y conservación del bosque, producción y sanidad animal, acceso a créditos blandos y a mercados de proximidad. De un modo particular, aunque no excluyente ni ajeno a las problemáticas antes mencionadas, las organizaciones del centro y sur de la provincia incluyen y suman a esta agenda las temáticas agroambientales vinculadas con la producción agroecológica y los conflictos por la aplicación de agro-tóxicos, propios de un territorio pampeano donde impera el modelo socio-productivo y tecnológico de agricultura intensiva de cereales y oleaginosas centrado en agroquímicos. A fines de 2017 y principios de 2018, se incorporaron dos organizaciones de la comunidad mocoví del Departamento Garay (centro de la provincia) que añaden a la agenda reivindicativa del Movimiento las demandas vinculadas con las problemáticas específicas de los pueblos originarios. En este sentido, es relevante destacar que estos dos aspectos (ambientales e indígenas) expresan los efectos de lo que algunos autores denominan como giro eco-territorial de los movimientos sociales contemporáneos (Svampa, 2008), en la medida que permite visibilizar la especificidad de ciertas problemáticas que históricamente estuvieron subsumidas al mundo campesino (Bengoa, 2003).

Figura 1: Organizaciones que conforman el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProFe


Fuente: Sistema de Información Geográfica, FUNDAPAZ (Junio, 2018).

 

A su vez, gran parte de las mismas cuentan con un desarrollo organizacional incipiente, tanto en términos de formalización asociativa como en cantidad de socios y cobertura territorial de sus acciones. Más de la mitad no supera los 50 asociados y están conformados como grupos informales con origen reciente (del 2000 a esta parte) en el marco de acciones de programas de desarrollo rural y restringidos al ámbito local de sus parajes, pueblos o zona rural de referencia. Solo algunas organizaciones trascienden el ámbito local, como la UOCB cuya base de representación se extiende a todo el Departamento Vera, y cuentan con el nivel de formalización jurídica para poder gestionar recursos ante el Estado u otras fuentes de financiamiento nacional e internacional.36 La inclusión de muchos grupos informales en el Movimiento les ha permitido comenzar procesos de consolidación y formalización organizativa. El Movimiento está operando como paraguas de contención para la articulación de intereses latentes (Melucci, 1999) de los actores comprendidos en el marco de las acciones de los programas de desarrollo rural, para visibilizarlos y generar nuevos sentidos respectos de los espacios institucionales de la SAF y la FONAF de los que se quieren diferenciarse para la toma de decisiones en torno a la política pública.

La mayoría de las organizaciones que integran el MoPProFe no tienen personaría jurídica, algunas sí la tienen y otras las están tramitando. Con todos estos grupos nos empezamos a conocer a través de la ´agricultura familiar´. Y buscamos organizaciones campesinas de la misma talla nuestra: que trabajen la tierra, que sean un agricultor familiar, que puedan vender el pan, que puedan vender las verduras, el cabrito. Todas esas organizaciones… Y es la asamblea, la voz de las organizaciones, la que decide todo… Esto es autónomo de la SAF.37

En la perspectiva de Melucci (1999), un movimiento no es sólo un medio, sino también el mensaje. Esto, en la media que se constituye como una red de pequeños grupos inmersos en la vida cotidiana de una sociedad que invita a las personas a involucrarse en nuevas prácticas y modelos culturales a través de la construcción de nuevos sentidos (latencia) y de la movilización pública (visibilidad)que facilita la creación de nuevos grupos y el reclutamiento de nuevos militantes.38
En este sentido, su repertorio de acción colectiva se ha concentrado (hasta el momento) en la visibilización de los aspectos reivindicativos de la pequeña producción campesina antes reseñados, la gestión de recursos que les permitan consolidarse como movimiento y la necesidad de generar un espacio de decisiones plural y autónomo respecto de los gobiernos para plantear sus demandas y tener injerencia en el diseño de políticas públicas.

Por lo extenso de la provincia y la cantidad de organizaciones se armó una ´mesa chica´ de gestión de seis representantes de organizaciones que son los que le presentaron el plan al Gobernador sobre quiénes éramos y cuáles eran nuestras problemáticas, que eran el tema de tierras, el tema de recursos naturales y el tema de cómo nos seguimos juntando. Porque la problemática es como tener plata para juntarnos.39

Desde la perspectiva de la movilización de recursos, la acción colectiva prospera cuando la gente adquiere acceso a los recursos necesarios para escapar de su pasividad habitual y encuentra la oportunidad de usarlos (Tarrow, 1999). Pero, cuando lo hacen, las personas no disponen de una gama infinita de formas y medios para la acción, ya que la misma se inscribe culturalmente y se comunica socialmente como parte de la cultura pública de una sociedad (Tilly, 2000). Los actores hacen lo que saben hacer, es decir, lo que han aprendido en el medio social e institucional que los comprende (sindicatos, clubes de barrio, vecinales, etc.). Por ello, las estrategias de acción de este movimiento y los grupos y organizaciones que lo conforman se vincula estrechamente con el repertorio de acciones promovidas y aprendidas en el marco de los programas de desarrollo y sus instituciones. Los mismos han canalizado sus demandas a través de acciones de diálogo y concertación con los poderes gubernamentales en el marco de foros y mesas de diálogo interactorales, de encuentros con legisladores y funcionarios, el contactos con organismos internacionales (para el financiamiento de proyectos) y la participación en espacios de articulación con actores de la sociedad civil (iglesia, universidades, ONGs) que, por su nivel de involucramiento (como es el caso de FUNDAPAZ), han tendido a integrarse a los mismos.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el proceso de conformación del MoPProFe nos permite observar el pasaje de las acciones para el desarrollo rural de estas organizaciones hacia la movilización políticas, construyendo una identidad reivindicativa vinculada a la gestión de recursos y canalización de demandas en los espacios de interlocución con el Estado para influir y participar en el diseño de políticas públicas diferenciales. La experiencia reciente de las mismas denota que los grupos u organizaciones que inicialmente se reunían con fines económicos o de asistencia técnica para mejorar la producción y aspectos de la comercialización, de a poco fueron encontrando su lugar y razón de ser como gestoras de derechos, es decir, como herramientas para la mediación y representación de intereses de los productores y pobladores rurales ante los diferentes actores públicos y privados del territorio local y provincial.
La necesidad de hacer visibles sus problemáticas y demandas específicas ha operado como principio para la movilización política (Melucci, 1999), mientras que la inscripción territorial de sus prácticas sociales y productivas ha funcionado como eje identitario y cohesionador para la acción colectiva (Merklen, 2005). En esta perspectiva, las localidades se constituyen en soportes de los vínculos colectivos, asimilando el territorio a un patrimonio localizado (Link en Cloquell, 2014) que incluye la dimensión identitaria de la población que vive en los lugares y asigna sentidos a los mismos. Tanto el MoPProFe como otros casos similares del campo asociativo de la agricultura familiar desde el 2000 a esta parte, se han movilizado sobre la base de territorios o localidades organizadas, es decir, sobre la base de una identidad territorial que los ha integrado y dado sentido en su acción.
En este sentido, cabe señalar que la categoría agricultura familiar denota un uso más político (en términos de Tarrow, 1999) que identitario en el marco de estas organizaciones o movimientos. Las referencias a la localidad de origen o la región (geográfica o departamental), sumados al tipo de actividad productiva o socio-cultural (género, jóvenes, medio ambiente, etc.) que los aglutina y hasta la referencia clásica a la pequeña producción o al campesinado como sujeto histórico, tienen un lugar más importante en los discursos de estas organizaciones que la noción genérica de agricultura familiar, que tiende a oscurecer las diferencias, diluir los matices y moderar los conflictos existentes.40 En los discursos de los dirigentes de la UOCB, por ejemplo, puede notarse una clara referencia a las particularidades geográficas de la cuña boscosa y los bajos submeridionales y las desfavorables condiciones de vida y económicas de los pequeños productores y pobladores rurales que habitan el territorio del Departamento Vera y el norte chaqueño de la provincia de Santa Fe en general. Mientras que cuando hacen mención al tema de la agricultura familiar se refieren a los procesos de articulación con organismos del Estado (FoNAF, PSA, SAF, INTA, Ministerio de la Producción, etc.) o de financiamiento internacional (FAO, FIDA, IICA, etc.).
De este modo, la agricultura familiar es percibida como una categoría exógena más vinculada al Estado y sus acciones e instituciones que como fuente de identificación propia. A pesar de esto, es importante remarcar que la agricultura familiar ha operado durante las últimas dos décadas como un espacio conceptual y empírico singular que ha permitido visibilizar y canalizar las demandas de los actores postergados o subalternos de los territorios extra-pampeanos en la Argentina, en el marco de las acciones para el desarrollo rural y sus diferentes enfoques.

Conclusiones

El caso analizado, al igual que otras experiencias nacionales y provinciales surgidas durante el mismo período, presentan la particularidad de conformarse en el marco de una tensión constante entre la búsqueda de autonomía y la necesidad de canalizar sus demandas al interior del Estado.
Estos aspectos, nos remiten a unos de los puntos nodales del debate teórico y empírico entre la perspectiva de la movilización de recursos y la de los nuevos movimientos sociales en torno a los procesos de institucionalización y el vínculo entre los movimientos sociales y el Estado. Para la teoría de la movilización de recursos, si los movimientos no se institucionalizan fracasan dado que no logran incorporar sus demandas a las instituciones políticas. Mientras que, para la teoría de los nuevos movimientos sociales, estos fracasan si se institucionalizan porque quedan capturados por el sistema de relaciones que pretenden impugnar.
En pos de superar esta falsa dicotomía, coincidimos con Iglesias (2015) cuando afirma que la institucionalización no es un punto de llegada o de clausura, sino un aspecto fundamental de los procesos políticos conflictivos que impulsan la acción colectiva. La institucionalización no refiere a la mera integración de un movimiento social en el aparato del Estado o en las estructuras formales de un régimen político de gobierno, sino al proceso de movilización a través del cual se vincula con otros actores políticos y con las mediaciones formales de un régimen particular de gobierno.
En este sentido, por el proceso histórico de conformación en el marco de las acciones de desarrollo rural de las organizaciones que confluyen en el campo asociativo y reivindicativo de la agricultura familiar, la figura del Estado aparece como una referencia económica, simbólica y política ineludible sobre la que descansan buena parte de sus posibilidades de reproducción frente a otros actores del agro moderno con mayor capacidad de negociación y representación política y económica (agricultores empresariales, complejos agroindustrias, proveedores de insumos, agentes de comercialización, etc.). La articulación de intereses de estas organizaciones en el campo material y simbólico de la agricultura familiar se relaciona en buena medida con la posibilidad de conectar sujetos agrarios, rurales o periurbanos (y hasta urbanos en algunos casos) que de otro modo permanecerían aislados y desprovistos de significado, encuadrando, a su vez, sus demandas en los marcos conceptuales propuestos por los Estados y los organismos internacionales de financiamiento (a través de sus programas, leyes y líneas de crédito).
De este modo, el componente identitario que emerge como denominador común y de mayor relevancia para la articulación de estos sujetos y sus organizaciones, ha sido el territorio y sus conflictos. Lo central de estos procesos organizacionales y de movilización política no parece ser la familia ni la agricultura, sino el modo en que los diferentes actores se insertan territorial y localmente en el medio rural, puesto que, en definitiva, es el territorio el lugar de reproducción de lo rural como modo de vida y no la sola existencia de mano de obra familiar en los predios.
Cuando hablamos de las formas asociativas de la agricultura familiar no estamos haciendo estricta referencia a las condiciones prediales o filiares de quienes las integran, sino más bien al carácter colectivo de las acciones económicas y políticas de los actores rurales que, por su inserción territorial y local, se inscriben en el campo material y simbólico de la agricultura familiar como un espacio de interlocución público-privado para la canalización de sus demandas, la reivindicación de derechos y la promoción de políticas diferenciales. Dicho campo excede la referencia exclusiva a un sujeto y opera como un espacio de confluencia de una gran diversidad de actores agro-rurales (pequeños productores, campesinos o productores familiares capitalizados, pescadores artesanales, miembros de pueblos originarios, productores agroecológicos, trabajadores rurales y población rural con actividades no agrarias), a los que debemos sumar también a técnicos extensionistas y científicos sociales, funcionarios de la administración pública y militantes políticos de diverso orden (campesinitas, ambientalistas, cooperativistas y de la economía social, etc.) que, en su conjunto, reúnen la experiencia reciente de las acciones para el desarrollo rural en la Argentina.

Notas

* Marcos Andrés Urcola es Doctor en Humanidades y Artes con mención en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (FCPyRI) de la UNR. Profesor de Sociología en la Licenciatura en Trabajo Social de la FCPyRI-UNR, docente de la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y del Doctorado en Trabajo Social de la UNR.

1 El artículo deriva de un Proyecto de Investigación Plurianual (PIP, 2013-2015) sobre “Políticas de desarrollo rural y asociaciones rurales en Argentina” con financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET - Código: 112 201201 00344 CO). Una versión reducida y preliminar de este trabajo fue presentada en las XIV Jornadas Rosarinas de Antropología Socio-Cultural, organizadas por el Departamento de Antropología Socio-Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre los días 5 y 6 de octubre de 2017.

2 El Censo Nacional Agropecuario de 2002 registra alrededor de 100 mil establecimientos agropecuarios menos (21%) respecto del censo de 1988 y el incremento del 28 % de la superficie media de los establecimientos en todo el país. Estos aspectos se presentaron con mayor acento en la región pampeana. En la provincia de Santa Fe se registró una disminución de unidades productivas del 24 % y un incremento del 33 % de la superficie media por establecimiento.

3 Esta línea de investigación nos permite, a su vez, acercarnos al debate sobre la ausencia y pérdida de politicidad de la noción de campesinado en el agro argentino, en contraposición con la noción más lavada y técnica de agricultura familiar (ver Barbetta, Domínguez & Sabatino, 2014).

4 Merklen y Svampa no son considerados clásicos referentes de la perspectiva de los nuevos movimientos sociales (NMS) como los son Melucci o Touraine. No obstante, cabe rescatar sus aportes teóricos como referentes de los estudios latinoamericanos sobre los movimientos sociales. Desde mediados de la década de 1990, estos autores inscriben sus propuestas teóricas en el marco de los estudios que han intentado revisar y articular las propuestas teóricas identitarias de los NMS con la de los enfoques poscoloniales (Quijano, Boaventura de Sousa Santos, entre otros) para poner en discusión el modelo de desarrollo vigente (neodesarrollismo extractivista) y las particularidades de los movimientos sociales que emergentes en el contexto latinoamericano. Ver Bonifacio, Wahren & Villagrán (2017).

5 Entre los meses de junio de 2016 y marzo de 2017 hemos realizado entrevistas semiestructuradas y en profundidad a cinco referentes de las organizaciones que integran el MoPProFe; al Director de Programas Provinciales y Coordinador del Programa Santa Fe de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ); a la referente santafesina del Registro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (ReNOAF) de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF, sede Reconquista) y a cuatro técnicas de la SAF que han acompañado el proceso de conformación de algunas de las organizaciones que integran este movimiento. A su vez, se recolectaron abundantes fuentes documentales: actas de asambleas, artículos periodísticos, Boletines informativos de las organizaciones, contenidos escritos y audiovisuales subidos a la web por las organizaciones (Blogs, Facebook, Youtube, etc). También se realizaron observaciones participantes en una Asamblea del MoPProFe con representantes de 27 de sus organizaciones (los días 13 y 14 de septiembre de 2016 en la localidad de Vera, Santa Fe) y en las Jornada sobre Políticas Santafesinas para la Agricultura Familiar, donde el Movimiento se presentó oficialmente ante autoridades del Gobierno provincial (el día 29 de marzo de 2017 en el Centro Operativo “Ángel Gallardo” del INTA en la localidad de Monte Vera, Santa Fe).

6 Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Las mismas experimentaron una reducción del número de asociados y una menor participación de los productores en las actividades de su organización, acompañado, a su vez, de un creciente cuestionamiento a la representatividad de sus dirigentes, la necesidad de redefinir roles institucionales y la reducción o desaparición de las fuentes históricas de recursos económicos que repercutieron en su capacidad de acción (Lattuada, 2006).

7 A mediados de los ´90 se desarrollaron: el Primer Encuentro Nacional de Pequeños Productores (1995); la Mesa Nacional de Organizaciones Representativas de Pequeños y Medianos Productores Familiares (1996 y 1997); y la Asamblea de Organizaciones Representativas de los Productores Familiares del MERCOSUR (1996) (ver Lattuada, 2006).

8 La FAA participó de un modo relevante en constitución del Foro Nacional de la Agricultura Familiar a través de su Departamento de Desarrollo Rural y se retiró de este espacio luego del denominado conflicto campo-gobierno de 2008. El mismo estuvo asociado a la propuesta de aumento de las retenciones sobre granos y carne vacuna y tuvo como principales protagonistas a las cuatro organizaciones corporativas tradicionales del sector agropecuario pampeano del país: SRA, FAA, CRA y CONINAGRO, contando, además, con el apoyo de sectores urbanos medios y altos. Para más información sobre este conflicto ver, entre otros, Hora (2010).

9 Cowan Ros (2000) estima que para 1988 había unas 20 ONGs de desarrollo rural operando en el país. El Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) son las más antiguas (fines de los ´60 y mediados de los ´70) y se destacan por su experiencia de trabajo en el Norte argentino y su elevado presupuesto (cercano a los U$S 900 mil anuales, que es equivalente a lo asignado anualmente al PSA por el presupuesto nacional en la década de 1990). Entre 1995 y 1996, estas ONG promovieron los Encuentros de Pequeños Productores Campesino y Técnicos del NOA y los Encuentros Nacionales de Organizaciones de Pequeños y Medianos Agricultores, a través del Proyecto de Capacitación de Dirigentes Sociales (Ver Carballo, 1996).

10 Programas Minifundio, Cambio Rural y PROFAM del INTA y PRODERNOA, PROINDER, PROVIAR, PROSAP y PRODEAR del ex MAGyP.

11 Aunque no se ha podido acceder a un registro oficial que confirme esta cifra, la misma se sostiene en varios documentos y expresiones públicas del Foro. A pesar de esto, cabe destacar que el Foro contó con la activa participación de organizaciones de carácter histórico que merece especial mención, tales como: el Movimiento Agrario Misionero (MAM), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Misiones (MOCAMI) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Tal como se dijo anteriormente, esta última sólo participó del mimo hasta 2008.

 12 Durante el tercer plenario del FoNAF, en octubre de 2007, con 1350 representantes de alrededor de 900 organizaciones, se anuncia la creación del ReNAF por Resolución Nº 255/07 de la SAGPyA, según los lineamientos del FoNAF y como forma de acceso a las políticas diferenciales hacia el sector.

13 Creado en 2009 a partir de un convenio celebrado entre el MAGyP y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A través del mismo, los pequeños productores de la agricultura familiar pueden incorporarse sin costo alguno a la economía formal, accediendo, al mismo tiempo, al sistema de seguridad social (jubilación) y a una obra social.

14 Su primer presidente fue Salvador Torres, dirigente del Movimiento Agrario Misionero (MAM).

15 El Programa de Desarrollo del Noreste Argentina (PRODERNEA, 1997-2007) y el Programa de Desarrollo del Noroeste Argentino (PRODERNOA, 1999-2012) corresponden a las acciones destinadas al financiamiento de proyectos de desarrollo rural en el marco de convenios entre el gobierno argentino y el FIDA.

16 Un ejemplo lo constituye el denominado Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) integrado por individuos y asociaciones reivindicativas y no reivindicativas de muy diverso grado de formalización como Red Puna, Encuentro Calchaquí, la facción Vía Campesina del MOCASE, el Movimiento Campesino de Córdoba, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo y el Movimiento Campesino de Misiones.Este movimiento ha tenido una posición crítica con las organizaciones que confluyeron en el FoNAF y la FONAF por su estrategia de alianza con el Estado. No obstante, a mediados de 2014, el MNCI se ha integrado al Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un espacio creado al interior del ex-MAGyP para debatir y generar consensos sobre diseños e implementación de políticas públicas entre representantes de organizaciones y referentes de la gestión pública sectorial (SAF, INTA, SENASA, UCAR, entre otros).

17En diciembre de 2015 asume la conducción del gobierno nacional la coalición política Cambiemos, integrada principalmente por dirigentes partidarios de Propuesta Republicana (PRO) y referentes políticos de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Alianza Republicana (ARI). Este triunfo electoral puso fin al ciclo de 12 años de gobierno de la coalición política de origen peronista, denominado Frente para la Victoria (o kirchnerismo).

18 Por Decreto 13/2015 del Poder Ejecutivo Nacional, se cambió el nombre del anterior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), redefiniendo sus atribuciones, competencias y organigrama.

19 A mediados de los ´80 se resignifica positivamente el campesinado argentino a través de las acciones del MOCASE en Santiago del Estero (ver Barbetta, Domínguez & Sabatino, 2014) y de ONGs de desarrollo rural en el norte del país (Ver Carballo, 1996).

20 A nivel nacional, la región Pampeana ha resultado históricamente la más relevante en términos de densidad demográfica, producción agropecuaria (especialmente agrícola) y concentración productiva. Si bien el resto de las regiones (NEA, NOA, Cuyo y Patagonia) reúnen mayor superficie, su capacidad productiva y demográfica es significativamente menor y con indicadores de desarrollado más bajos. A su vez, en dichas regiones se ha concentrado la mayor cantidad de población rural y de pequeños productores agropecuarios de base campesina y aborigen aglutinados en torno a actividades económicas agrícolas y agroindustriales específicas (cítricos, manzanas, peras, uvas, aceitunas, azúcar, tabaco, yerba, miel, algodón, etc.). Teniendo en cuenta estos aspectos comunes y el peso económico y social de la región pampeana, tanto en medios académicos como en el ámbito de las políticas públicas y de la cooperación internacional para el desarrollo rural, se ha tendido a nombrar conjuntamente a estas regiones como extra pampeanas o economías regionales (ver Rofman & Romero, 1974).

21 Hacia fines de la década de 1960 los agricultores familiares y campesinos de las provincias del norte argentino fueron duramente castigados por el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones y la consiguiente crisis de mercados de sus productos (algodón, tabaco, yerba mate, caña de azúcar, maíz). En este contexto, contando con el apoyo de sectores progresistas de la Iglesia Católica, se crearon en 1971 las Ligas Agrarias en la provincia de Chaco. Las mismas tuvieron un rápido crecimiento y réplica en otras provincias, como Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, pero serán reprimidas y disueltas por el golpe militar de 1976. Si bien tenían una base social diversa, integrada por colonos inmigrantes y una amplia gama de pequeños productores minifundistas, su agenda reivindicativa estuvo vinculada fundamentalmente con el tradicional reclamo campesino por la regularización o acceso a la tierra y la fijación de precios de sus productos (ver Archetti, 1988).

22 El término chacarero remite al proceso histórico de conformación de la agricultura familiar en la región pampeana y tiene como punto de inflexión la huelga agraria de 1912, conocida como el Grito de Alcorta y que diera origen a la FAA. Desde entonces, la categoría chacarero identificó a los pequeños y medianos propietarios familiares pampeanos que basaban su organización productiva en el trabajo familiar (ver Ansaldi, 1991).

23 A esta eficiencia simbólica la llama “efecto o espíritu de Estado […]: en nuestras sociedades, el Estado contribuye en una parte determinante a la producción y a la reproducción de los instrumentos de construcción de la realidad social. En tanto que estructura organizativa e instancia reguladora de las prácticas, ejerce permanentemente una acción formadora de disposiciones duraderas, a través de todas las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente al conjunto de los agentes” (Bourdieu, 1997:117).

24Las autoras definieron a las explotaciones agropecuarias de pequeños productores como “aquellas en las que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes” (Obschatko, Foti & Román, 2007:14). Con esta definición, entienden que la expresión pequeño productor es equivalente a la de productor familiar.

25 En contraste con la definición de EAP familiares del estudio de PROINDER-IICA, el ReNAF toma como unidades de análisis a los NAF (asimilables al de hogar en los censos de población) a los que define como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el concepto equivale al de comunidad” (ReNAF, Anexo III, Resolución 255/07, SAGPyA).

26 Bourdieu entiende al campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital específico que le es propio. Este espacio se caracteriza por relaciones de alianza y de conflicto entre sus miembros, en una búsqueda por imponer como legítimo aquello que los define como grupo y por mejorar su posición al interior del mismo (Bourdieu, 1990).

27 Información brindada por referente del Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (ReNOAF) de Santa Fe, 23/02/16. Se definen a las OAF de primer grado como aquellas que: a) están constituidas por hogares, familias, explotaciones (no por otras organizaciones); b) sus objetivos están vinculados a la producción, transformación y/o comercialización de bienes y servicios provenientes de núcleos de la agricultura familiar; c) están conformadas mayoritariamente por agricultores familiares (más del 50% de sus socios); d) tienen un mínimo de seis miembros; e) pueden tener o no personería jurídica (para estos casos, el grupo tiene que estar activo y tener una antigüedad mínima de un año).

28 Desde el año 2007 la provincia de Santa Fe es gobernada por el Frente Progresista, una alianza política de base provincial entre el Partido Socialista (PS) y la Unión Cívica Radical (UCR). Mientras que, a nivel nacional, el partido de gobierno estuvo integrado (entre 2003 y 2015) por una coalición política que tuvo como partido mayoritario al Justicialismo (o peronismo), denominado Frente para la Victoria (o kirchnerismo). La relación entre ambas instancias de gobierno atravesó diferentes momentos, pero el período que va de 2011 a 2015 se destaca especialmente por el fuerte distanciamiento y confrontación política entre las mismas.

29 Según entrevista a dirigentes del MoPProFe durante la Asamblea del 13 y 14 de septiembre de 2016 en la localidad de Vera (Santa Fe).

30 Además del MoPProFe podemos señalar, por ejemplo, la existencia de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Santa Fe (UONSaFe), que reúne a organizaciones de pequeños productores, campesinos y trabajadores transitorios de los Departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier, contando con el apoyo técnico e institucional de INCUPO y la SAF (en distintas etapas).

31 Según lo declarado en las Jornada sobre Políticas Santafesinas para la Agricultura Familiar del día 29 de marzo de 2017, donde el Movimiento se presentó oficialmente ante autoridades Provinciales en el Centro Operativo “Ángel Gallardo” del INTA en la localidad de Monte Vera (Santa Fe).

32 La UOCB surge de los grupos de desarrollo rural promovidos por FUNDAPAZ. Estos grupos se conformaron primero alrededor de temáticas o problemáticas comunes (acceso al agua, regulación de tierras, producción animal, etc.) y luego en función de la pertenencia territorial a un paraje o localidad rural del Departamento Vera, de donde han salido los “referentes de paraje” que hoy en día componen la Comisión Directiva de la UOCB. Desde aquel entonces (años ´80) hasta la actualidad, el sujeto de las intervenciones de esta ONG ha sido el “pequeño productor campesino organizado” (Entrevista a Director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ, 16/06/16).

33 Tarrow (1999) define la Estructura de Oportunidades Políticas como las coyunturas facilitadoras que son percibidas por los agentes sociales o políticos y les anima o desanima a utilizar los recursos con los que cuentan para crear un movimiento social en el marco de una estructura institucional o de relaciones informales de poder de un sistema político en un momento específico.

34 Fragmento del acta de la Asamblea del 13 y 14 de septiembre de 2016 en la localidad de Vera, Santa Fe.

35 Lejos de morigerar la confrontación que había entre las esferas de gobierno nacional (kirchnerista) y provincial (socialista), la nueva gestión de gobierno de nacional (PRO-Cambiemos) ha tendido a acentuar la conflictividad política en la provincia. No sólo porque la alianza Cambiemos tiene aspiraciones de gobernar la misma, sino porque los integrantes del Frente Progresista pertenecientes a la UCR comienzan a abandonar el frente provincial paraunirse al proyecto de base nacional que intenta consolidar Cambiemos.

36Para 2016 sólo la UOCB estaba formalmente constituida como Asociación Civil y otros grupos la estaban tramitando o en proceso de ordenamiento de sus papeles (por caída de personería jurídica).

37 Entrevista a Dirigente de la UOCB e integrante de Mesa ejecutiva del MoPProFe, 02/06/16.

38 “La latencia permite que las personas experimenten directamente con nuevos modelos culturales -un cambio en el sistema de significados- que, con mucha frecuencia se opone a las posiciones dominantes. […] Cuando surgen pequeños grupos para enfrentar a una autoridad política con una decisión específica, la visibilidad muestra la oposición a la lógica que lleva a la toma de decisiones en la política pública. Al mismo tiempo, la movilización pública indica al resto de la sociedad que el problema específico se asocia a la lógica general del sistema y que son posibles los modelos culturales alternativos” (Melucci, 1999: 74).

39 Entrevista a Dirigente de la UOCB e integrante de Mesa ejecutiva del MoPProFe, 02/06/16.

40 Como parte de un efecto de Estado en términos de Bourdieu (1997), pero también por la confluencia perversa entre discursos democrático-participativo y proyecto neoliberal (Dagnino en Svampa, 2008) que tiende a vaciar de sentido dicha noción (o cargarla de muchos) en función de sus posibilidades taxonómicas.

 

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Recibido: 06/11/2017
Aceptado: 26/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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