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ARTÍCULOS ORIGINALES

El derrame de petróleo en Quintero, V región de Chile. Una mirada desde las organizaciones sociales

Oil Spill in Quintero Bay – Chile’s V Region. A look from social organizations

 

Pablo Saravia Ramos*
Karla Armingol Jaime**
Barbra Garland Castro***

* Sociólogo. Profesor Departamento de Sociología de la Universidad de Playa Ancha y Coordinador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la misma casa de estudios. Doctor y Master por la Universidad de Granada-España y Magister en Historia Latinoamericana por la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación prioritarias se relacionan con los estudios en movimientos sociales, agroecología, participación social y estudios territoriales. Dichas áreas han sido desarrolladas en base a la aplicación de metodologías cualitativas y de acción participativa. Correo electrónico: pablo.saravia@upla.cl.
** Egresada y tesista de la carrera de Sociología de la Universidad de Playa Ancha. Sus temas de interés se relacionan con temáticas tales como la participación social y su vinculación con el territorio y el desarrollo de metodologías participativas. En estas áreas se ha desempeñado como asistente de investigación en proyectos universitarios vinculados con el territorio de Playa Ancha (Valparaíso) y a la macro zona de Quintero y Puchuncaví. Correo electrónico: armingol.karla@gmail.com.
*** Egresada y tesista de la carrera de Sociología de la Universidad de Playa Ancha. Sus líneas de interés tienen que ver con el trabajo territorial. Lo que se plasmó en su participación como asistente de investigación en el estudio sobre el derrame en el año 2014 en la bahía de Quintero. Co-Investigadora de proyecto titulado “Espacio público y resignificación del territorio: hacia una nueva mirada del uso de la quebrada” que busca fortalecer el tejido social a través de la resignificación de este potencial espacio público emplazado en Playa Ancha. Valparaíso. Correo electrónico: barbra.garland@gmail.com

RECIBIDO: 02/11/2015
ACEPTADO: 01/08/2016

 


RESUMEN

El derrame de petróleo de 2014 en la bahía de Quintero (V región de Chile), es un hecho habitual en un territorio que ha vivido múltiples episodios de crisis medioambientales. El estudio buscó conocer cómo se desenvolvieron los actores sociales a propósito de la catástrofe a través de una metodología de tipo cualitativa. Los resultados indican que el derrame tuvo efectos en diferentes direcciones: actuó como facilitador de la creación de nuevas organizaciones, significó el resurgimiento de antiguas disputas, evidenció la dinámica de la trama relacional entre la comunidad, autoridades y el parque industrial e hizo visible la normalización con que son interpretados este tipo de crisis.

Palabras clave: Derrame de petróleo; Normalización; Sociología de las ausencias; Medioambiente

ABSTRACT

The 2014 oil spill in Quintero Bay (Chile’s V Region) was not an unusual disaster in this territory. The study – through the use of qualitative methodology- tried to find out how local social actors reacted to this incident. Results have indicated that the oil spill had consequences that went into different directions: It triggered the creation of new organizations, re-enacted old disputes among local actors, showed the type of relationship existing between community/government/industry and made evident how this type of crisis is interpreted.

Keywords: Oil spill; Standardization; Sociology of absences; Environment


 

Introducción

El presente estudio tiene como marco territorial las comunas de Quintero y Puchuncaví, situadas en la Región de Valparaíso-Chile. La primera de ellas cuenta con 26.189 habitantes, mientras que la segunda tiene 16.549 según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante INE) para el 2012 (Biblioteca del Congreso Nacional, 2015). Esta zona se ha caracterizado por estar expuesta por décadas a profundas crisis de contaminación que han afectado las comunidades y al territorio en su conjunto. La instalación del parque industrial a finales de los años cincuenta significó la modificación del entorno en términos económicos, políticos, sociales y medioambientales. Quintero y Puchuncaví dejaron de ser zonas agrícolas y pesqueras, y su paisaje se transformó hacia uno marcado por las grandes chimeneas y los oleoductos del progreso.
En septiembre de 2014 ocurrió un nuevo hecho de contaminación.1 Esta vez fue un derrame de petróleo en la Bahía de Quintero que volvió a poner las alarmas sobre los efectos de la actividad industrial. A partir de este acontecimiento el presente estudio, buscó comprender las dinámicas políticas adoptadas por las diferentes organizaciones sociales y autoridades locales presentes en el territorio, una vez ocurrido el derrame. Dicha problematización permitió comprender cómo la comunidad, a través de sus organizaciones de base, construyeron discursos y acciones que permiten entender las dinámicas sociales presentes en el territorio en torno a esta temática.
En términos de la estructura del artículo, primero se hace un repaso por algunos componentes teóricos vinculados con la sociología de las ausencias y al posdesarrollo. Dichos lineamientos hicieron posible entender las dinámicas socio-políticas que le son particulares al territorio, como también realizar una lectura general sobre el modelo de desarrollo extractivista y sus implicancias en el conjunto de la sociedad. En segundo término, se describe el marco metodológico, que tiene una inclinación hacia un modelo emergente y flexible, donde tanto el objeto como las preguntas de investigación se refocalizan desde la propia información construida por los actores. Al mismo tiempo se describen las técnicas utilizadas y los datos generales del trabajo de campo. Posteriormente, se expone la información obtenida directamente del territorio y cómo ésta da cuenta de un escenario marcado por las crisis medioambientales y su normalización, la ausencia del Estado en cuanto garante del bienestar de las comunidades, los efectos en términos de las dinámicas organizaciones que se configuraron durante y después del fenómeno y las posturas de las autoridades locales frente a estas situaciones. Finalmente, el artículo termina con un apartado de conclusiones que permiten entender sintéticamente tanto las relaciones establecidas como las orientaciones de las interpretaciones llevadas a cabo por el equipo de investigación.

Definiciones teóricas para entender las ausencias en una crisis ambiental

El cambio climático, la escasez progresiva de agua, los cambios palpables en los ciclos naturales, las catástrofes, los gases de efecto invernadero, el vínculo entre la producción alimentaria intensiva y la prevalencia de ciertas enfermedades o malformaciones genéticas, entre otras, son temas que se han vuelto cotidianos para muchas sociedades. Sin embargo, esta normalización de la crisis está construida sobre la base de la naturalización de la idea de desarrollo ilimitado. Así parece natural que mientras los Estados y gobiernos, tanto del norte como del sur, evidencian su sensibilidad frente a estas materias, al mismo tiempo firman acuerdos y respaldan modelos de producción que intensifican la relación desigual y desequilibrada entre personas y entorno natural. Esta evidente contradicción tiene efectos a corto plazo que auguran un escenario futuro poco alentador donde los desequilibrios medioambientales serán más recurrentes y profundos. Esta condición planetaria del fenómeno, es una muestra más de su importancia y de lo extendido e invasivo que ha sido el modelo de crecimiento ilimitado orquestado por los países del norte y aceptado por los del sur. Estos últimos, han permitido y/o facilitado la instalación de un modelo de desarrollo depredador que no tiene contrapeso en los marcos regulatorios que estos países tienen, como tampoco en el rol asignado a la comunidad como un actor social con margen de decisión sobre las maneras de instalación de las actividades productivas.
Es precisamente el proyecto de la modernidad eurocentrada que ha impulsado una idea de desarrollo entre los países del sur, basado en la idea de progreso como única alternativa para salir de la pobreza, la desigualdad y como solución a sus problemas sociales. En la medida en que los territorios, unilateralmente, han sido parte en esta idea de desarrollo han visto procesos de transformación y alteración de sus entornos. En el caso de los territorios en estudio, las transformaciones son de tipo económico (pérdida de actividades productivas agrícolas, ganaderas y pesqueras), social (resquebrajamiento del tejido social) y político (desprotección estatal y debilitamiento de los márgenes de maniobra de las autoridades locales).
Según esta idea hegemónica, la esfera económica de la realidad se presenta como independiente de la dimensión social, política y cultural (Escobar, 2010). Dicha separación ha consolidado la idea de que los países subdesarrollados deben pasar por las mismas etapas y procesos que vivieron los países centrales para que logren altos niveles de desarrollo, entendido como una fuerza histórica que se debe imponer a costa de cualquier precio. En consecuencia, se trata de la reproducción de dinámicas económicas que no guardan relación con las características del territorio donde se reproduce y donde el conocimiento de experto se posiciona por encima de cualquier otro saber. En definitiva, se convierte en un discurso de poder y dominación (Escobar, 2014).
Además, este paradigma de desarrollo industrial se ha construido sobre la base del apoyo político y de los sectores económicamente más ricos que han construido un discurso legitimador que pretende integrar a todos los sectores de la sociedad. Su aparente connotación positiva (Esteva, 2009) ha hecho muy difícil desacreditar sus principios, sin embargo, ya son muchos los desequilibrios que están desnudando sus consecuencias. Los más evidentes tienen que ver con las constantes crisis medioambientales, que azotan a comunidades que han visto como el desarrollo industrial se ha instalado en sus patios sin tener la posibilidad de poder contrarrestar su poder. La totalidad del territorio y sus comunidades en estudio que comprende las zonas de Puchuncaví-Quintero, pueden dar cuenta de este fenómeno altamente cotidianizado.
Esta idea de desarrollo privilegia el crecimiento económico, la explotación ilimitada de los recursos naturales, la imposición de la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta. En este contexto, vale la pena preguntarse si el cambio climático, la crisis energética, la alimentaria y la financiera, sumados al crecimiento del número de personas pobres, la pérdida de la biodiversidad, entre otros, no constituyen una acelerada marcha de los acontecimientos que muestran la obsolescencia de esta idea de desarrollo.
En el caso de América Latina, a partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzaron a organizar diversas ideas entorno a esta figura del desarrollo. Primero, fue la llamada teoría de la modernización que vino a reafirmar el principio del progreso y emula las formas de desarrollo capitalistas que se generaron en los países centrales. Posteriormente, la teoría de la dependencia, fue un espacio de crítica a este principio al advertir que la condición de subdesarrollo de los países del sur se debía a condiciones de explotación interna y a los altos niveles de dependencia de los países pobres respecto de los ricos. A pesar de esta diferencia significativa entre una y otra teoría, ambas seguían buscando estrategias y mecanismos para lograr el tan ansiado desarrollo (Acosta, 2008; Escobar 2010; Esteva, 2009).
Tendremos que esperar hasta la década de los ochenta y noventa para ver aparecer una perspectiva que cuestiona la idea misma de desarrollo. Estas propuestas, agrupadas en lo que podemos llamar el pos desarrollo, advertían sobre las consecuencias nefastas para los equilibrios mundiales de esta idea de conquistar el desarrollo y el progreso ilimitado a cualquier costo. El posdesarrollo postula una forma de mirar el territorio y los actores donde es fundamental buscar estrategias de reparar los daños provocados por la idea hegemónica del desarrollo (Escobar, 2012; Esteva, 2009; Mandujo, 2013). Esto tanto a nivel del medio ambiente como del tejido social. Efectivamente la idea desarrollista significó quiebres en el sentido de pertenencia al territorio y debilitó sensiblemente los lazos sociales presentes en las comunidades intervenidas por los actores económicos externos a ellas.
La idea de progreso y desarrollo, devenido del proyecto de la modernidad eurocentrada, tiene un carácter normativo que impuso a las personas y a sociedades una forma de percibirse a sí mismas, de interpretar sus vidas y de proyectarse hacia el futuro. El posdesarrollo ofrece argumentos que cuestionan la universalidad del modelo y convocan a identificar y promover otras maneras de vincularse con el territorio y de entender las estrategias de uso de los recursos.
En un sentido similar, Gilbert Rist (2002) ha afirmado que el desarrollo es una creencia profundamente arraigada, una certeza colectiva altamente seductora, sobre la cual no sería apropiado realizar cuestionamientos a sus bases epistemológicas y teóricas. El desarrollo pertenecería a un grupo de proposiciones en las que la gente cree porque han sido repetidas por largo tiempo y que todo el mundo acepta (Rist, 2012Escobar 2010). Esta dinámica explica, en buena medida, la normalización y aceptación sin cuestionamientos a las formas productivas propias del desarrollo que tienden a situar en un lugar de privilegio el objetivo del progreso como un fin último que se debe conseguir a cualquier precio.
Por otro lado, se ha dado forma a una línea de pensamiento que pone en jaque el modelo de desarrollo desenfrenado y postula una crítica de fondo a sus bases. Se trata de la propuesta del llamado decrecimiento,2 que tiene como meta insistir en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento (Latouche, 2009) que ha llevado a profundizar las brechas sociales y a intensificar la recurrencia de las crisis medioambientales. El decrecimiento plantea un referente donde debatir y cuestionar críticamente el imaginario creado por el modelo de crecimiento, al mismo tiempo que se constituye en un espacio para la creación de experiencias alternativas que se funden en la reducción de la utilización de materia y energía. Este cambio de enfoque pasa por hacer decrecer el bien-tener, para mejorar el bienestar vivido (Latouche, 2009). Es decir, redescubrir la calidad productiva y de la vida por fuera de la lógica mercantil y situarla más cerca de la cotidianidad de las personas y sus circunstancias sociales y culturales. Se trata de cambiar la dirección impuesta por el productivismo, de invertir sus secuencias destructivas y darle un nuevo rumbo a los ciclos recorridos (Latouche, 2009). En definitiva, consiste en la articulación de otras economías fundadas en otros principios y racionalidades productivas (Leff, 2008). Este es un cambio a nivel de la epistemología del modelo hegemónico de la modernidad, pero también supone una alteración en las sensibilidades subjetivas que han permitido la mantención y profundización de este proyecto. En definitiva, “deconstruir a la economía insustentable significa cuestionar el pensamiento, la ciencia, la tecnología y las instituciones que han instaurado la jaula de racionalidad de la modernidad” (Leff, 2008: 86). Es decir, se trata de un cuestionamiento a las bases programáticas e epistemológicas de la modernidad y a sus respectivos dispositivos de que han permitido su reproducción.
La posibilidad de resignificar lo existente o crear una nueva mirada, pasa necesariamente por generar un ajuste ecológico donde se pongan en valor principios y bases que han sido subalternizadas por las ideas productivistas de la modernidad y el progreso. Estos valores tienen que ver con el cuidado de la vida (en su amplio sentido), de la naturaleza y de los seres humanos (Mosangini, 2010). Por este motivo es central, la función política que tienen las ideas del decrecimiento en cuanto a compensar los desequilibrios norte-sur, las desigualdades sociales y reparar la deuda ecológica, cultural y social global.
En este marco general, el análisis del caso de Quintero-Puchuncavi revela una serie de ausencias que dramatizan los contextos de crisis. Se evidencia una ausencia (tanto a nivel central como a nivel local) del Estado en su rol fiscalizador y protector de las comunidades. Además, se observa un territorio marcado por las diferencias históricas de las dinámicas organizacionales, haciendo evidente la ausencia de un discurso único y común. A partir de aquí es que resulta pertinente entender la problemática desde la llamada sociología de las ausencias. Esta perspectiva ha permitido pensar lo que está por fuera o alrededor del discurso totalizador y monocultural del progreso que ha producido varias formas de ausencias (Santos, 2013). Una de ellas tiene que ver con la instalación de la monocultura del tiempo lineal, que observa el tiempo con un sentido y una dirección únicos y conocidos. La idea hegemónica del progreso articula un modo de interpretar la temporalidad donde no existe posibilidad de retrocesos y quiebres en su proyecto de desarrollo, sino que por el contrario una única mirada lineal hacia adelante. Así todo lo que queda por fuera de esta dirección temporal mantiene una relación asimétrica respeto de lo declarado como avanzado (Santos, 2013). El reconocimiento de distintas temporalidades supone la recuperación de sus correspondientes formas de vida, manifestaciones y proceso de productividad (Tamayo, 2011). Una segunda expresión de la sociología de las ausencias es la que está vinculada con la lógica productivista que se fundamenta en los criterios de productividad capitalista. Bajo esta lógica el crecimiento económico es un fin racional e incuestionable que se aplica tanto a la naturaleza como al trabajo. Aquello que se aleja de este discurso, es considerado estéril e improductivo (Santos, 2013).
Estas dos formas de interpretar las ausencias que genera el modelo hegemónico de la modernidad, permiten entender las bases epistemológicas que sostienen el proyecto productivista instalado en el territorio en estudio. A partir de aquí es posible interpretar sus desarrollos, tanto históricos como contemporáneos, como uno de los resultados de la aplicación de una forma unidireccional de entender la relación entre las comunidades y el entorno medio ambiental.

Diseño metodológico

El presente artículo se realizó en base a una metodología cualitativa de investigación de tipo emergente. Esta condición, tiene que ver con una postura epistemológica donde el equipo de investigación interactúa con el fenómeno y en conjunto diseñan un contexto investigativo que permite tomar definiciones, anteponer prioridades y resaltar diferentes aspectos del estudio. En dicho proceso la comunidad estudiada construye planos de objetividad, que son el resultado emergente que surge de su propia representación de la sociedad (Mejía, 2002). Dicha condición emergente está presente en cada uno de los momentos del estudio, que van desde el diseño, su fase de aplicación de técnicas, como en la posterior etapa de interpretación y análisis (Ibáñez, 2000). En este caso en particular, las decisiones metodológicas se tomaron a medida que el equipo de investigación se fue reconociendo en el trabajo de campo. Esto significó modificar las lógicas convencionales de investigación por una que priorizara la construcción de un conocimiento directo y bidireccional con los actores del territorio. Por este motivo, fue fundamental la generación de un estado de confianza y de conocimiento directo de las dinámicas territoriales. De esta forma, fueron los propios sujetos en movimiento los que moldearon las fronteras o marcos de la investigación, al mismo tiempo en que se iba construyendo una perspectiva sobre la realidad coyuntural e histórica de la comunidad en estudio.
La naturaleza emergente de este estudio fue una condición natural a esta experiencia que le da un sentido y carácter propio y particular. Esta perspectiva, por lo tanto, permitió construir una lógica de investigación más integral y ecológica, que pudiera contener e interpretar la permanente y constante movilidad de la realidad social (Martínez, 1997), avanzando hacia la construcción de sentidos metodológicos más multiformes y transdiciplinarios.
En este sentido, lo emergente permitió repensar la relación entre el investigador y su objeto. En este caso el equipo de investigación otorgó sentido a la producción subjetiva que emanó de la comunidad de Quintero y Puchuncaví. Se trató de un ejercicio de interpretación activa, que se construyó desde los espacios subjetivos de los actores y que buscó establecer una perspectiva sobre una serie de fenómenos que se encontraban intercalados en la realidad social construida.
En este proceso fue fundamental la capacidad reflexiva que el equipo de investigación pudo desplegar para la construcción de esos marcos de sentido. Por ello tanto el sujeto investigado como el investigador fueron entendidos como actores sociales vinculados que están leyendo e interpretando reflexivamente un contexto del cual ambos son parte. De esta forma el sujeto expresa su conocimiento y reflexiona sobre las condiciones sociales de la existencia de una problematización de investigación, al mismo tiempo que constituye y modifica, producto de esta acción reflexiva, el mismo proceso de construcción del conocimiento (Mejía, 2002). En esta forma de investigar resulta fundamental la condición de flexibilidad del propio marco metodológico. Ella tiene que ser capaz de resguardar condiciones donde las decisiones o etapas de un estudio se puedan modificar según se va desarrollando la investigación. Por lo tanto, se está abierto a la información que surge de la propia aplicación del estudio, entendiendo que en dicho recorrido se establece una relación de impacto recíproco tanto para el sujeto investigado y sus circunstancias, como también para la articulación del diseño de la investigación.
Además, dentro de las posturas epistemológicas de este estudio resalta su carácter contextual, en el sentido de su adaptación a la realidad investigada y a las contingencias propias de la investigación. Dicha realidad social fue entendida como compleja y heterogénea, por lo que las perspectivas y diseños metodológicos que se formularon para interpretarla respetaron este mismo espíritu.
Por lo tanto, el diseño metodológico utilizado destaca por su carácter flexible, emergente, reflexivo y contextualizado. Su impronta interpretativa modificó el rol del actor incorporándolo dentro del modelo de investigación.
Desde el punto de vista de las técnicas utilizadas se aplicaron entrevistas individuales en profundidad y observación semi-participante. La primera de ellas contempló la realización de una entrevista al alcalde de la comuna de Quintero y otra al Administrador municipal de la comuna de Puchuncavi. Se utilizó este informante debido a la no disposición del edil en fechas programadas por el equipo de investigación. La definición de este público objetivo, tuvo por objeto conocer la percepción de las autoridades políticas comunales sobre diversos aspectos vinculados al territorio y a los constantes sucesos de contaminación ambiental que ha vivido.3 La segunda técnica aplicada fue la observación semi-participante. En este caso las unidades de análisis fueron las organizaciones sociales presentes en el territorio. En total se trabajó con veintiséis organizaciones sociales de diferente tipo; dieciséis de ellas en Quintero4 y diez en Puchuncaví.5 De las organizaciones señaladas en el caso de Quintero destaca que Salvemos Quintero, el Sindicato Independiente de Pescadores, Buzos y Descargadores 24S y el Sindicato Independiente de Artesanos y Comerciantes se formaron después del derrame del 24 de septiembre. En tanto, en Puchuncaví todas las organizaciones estudiadas se han formado antes de señalado derrame. Finalmente, el trabajo de terreno se desarrolló íntegramente entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.

Resultados de la investigación

El marco histórico de la contaminación en Quintero-Puchuncaví. Entre la escuela de La Greda, derrames y hombres verdes
La fundación del complejo industrial en la zona se remonta a 1958 año en que se instaló por primera vez en el territorio una termoeléctrica propiedad de Chilectra (en ese entonces empresa estatal) en la localidad de Ventanas. En el año 1964, en la misma localidad, la Empresa Nacional de Minería (en adelante ENAMI) se emplaza en el territorio. Estas dos grandes industrias representan los lineamientos nacionales de fomento productivo promulgado por el Estado en pro del desarrollo del país (Vallejo & Liberona, 2012). En esa misma línea, en 1961 fue inaugurado el Parque Industrial de Ventanas, que se ubicó entre las comunas de Quintero y Puchuncaví (Vallejo & Liberona, 2012), entendiéndolo como un polo de desarrollo económico para el territorio y una importante fuente de trabajo (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012).
El parque industrial a la fecha cuenta con más de quince industrias donde destacan empresas energéticas, químicas, cementeras y de combustibles  (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012) públicas y privadas. Dentro de estos complejos industriales se encuentran Aes Gener, Puerto Ventanas, Codelco Ventanas, Oxiquim, GNL (terminal de gas licuado), Shell, Copec, Enap, Endesa, Epoxa, Enap, Gasmar, Cementos Bío Bío, y una empresa de asfalto (Tironi, 2014). De estas industrias siete de ellas están considerados como contaminantes y tres como peligrosas (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012).
La gran producción de residuos gaseosos, líquidos y sólidos que desecha ENAMI, actualmente la Corporación Nacional del Cobre (en adelante Codelco), han creado un entorno contaminado. Los estudios llevados a cabo por la Universidad de Valparaíso, el Instituto de Investigación Agropecuaria y otras Instituciones Públicas, han demostrado que la comuna de Puchuncaví se encuentra contaminada por arsénico, anhídrido sulfuroso y metales pesados (Ramirez, 2006). En tanto, el uso químico, físico y mecánico del agua por parte de las termoeléctricas emplazadas, ha provocado la eliminación total de los organismos presentes en las aguas succionadas por éstas. El agua utilizada que es devuelta al mar, mantiene una temperatura sobre los 30 grados, produciendo un efecto negativo sobre el ecosistema marino (Ramirez, 2006). En el año 1992, los estudios arrojaron la presencia de metales pesados en el suelo y agua, todo lo cual advertían de la posible: “intoxicación crónica en los habitantes por las emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2) y de material particulado (PM10)” (La Tercera, 2011: 1). Es decir, el polo de desarrollo  programado hace décadas, no solo ha tenido efectos en la estructura económica de la comunidad, sino que ha contribuido a crear un contexto local de inseguridad medioambiental y vulnerabilidad social. Se hace visible, para las comunidades emplazadas en el territorio, el fracaso del proyecto de progreso que ha operado sobre la base de la separación de la dimensión económica de la socio-política (Escobar, 2010). Entendemos que este modelo de desarrollo, no tan solo ha explotado sistemáticamente los recursos disponibles en el territorio en estudio, sino que tampoco ha contribuido a la creación de un marco de definiciones conjunto, donde participen tanto los actores sociales como los productivos. Por lo tanto, las definiciones de dónde, cómo y quién produce son de exclusiva responsabilidad de los agentes económicos emplazados en el territorio.
Considerando este marco general de contaminación territorial, las autoridades tras el Decreto Supremo N° 185/91 elaborado por la cámara de diputados el 2011 respondieron a la problemática con la puesta en marcha de un plan de descontaminación (Terram, 2014). Los resultados del plan, según el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente emitido el año 2011, reflejan el poco control y aumento de las concentraciones de material particulado (Vallejo & Liberona, 2012). Es decir, el fenómeno de la contaminación en el territorio no ha sido de tipo episódico, sino que más bien se trata de un estado de continuidad que a través de los años se ha ido incrementando.
Este delicado y poco alentador diagnóstico del territorio, se hizo nuevamente patente durante el año 2011. El 23 de marzo de ese año en la localidad de La Greda (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012), se intoxicaron más de treinta personas (profesores y alumnos) en la escuela de la misma localidad producto de las emisiones de gas de la chimenea de Codelco Ventanas. El Ministerio de Salud y Medio ambiente, llevó a cabo una serie de investigaciones que tardaron más de dos años, y no arrojaron nada concluyente, pues no hay claridad de cuántas empresas cuentan con calificación ambiental y sanitaria (Terram, 2014). A su vez, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en calidad de investigadora para seguir el caso. Finalmente, los resultados de la investigación fueron contradictorios (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012). Los pobladores afectados, interpusieron seis recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo todos rechazados, ya que el incidente fue catalogado como un hecho único, donde supuestamente se tomaron todas las medidas necesarias una vez ocurrido (Hervé, Schöneister & Mewes, 2012). Por otra parte, la respuesta desde el Ministerio de Salud y Medioambiente, establecía en principio el cierre de la fundición Codelco-Ventanas. Sin embargo, posteriormente los ministerios y la empresa llegaron a un acuerdo que evitó que esto sucediera y que comprometía a las empresas a dar a conocer los índices de contaminantes y a entregar información sobre las estaciones de monitoreo atmosférico. En concreto, se resolvió el cierre de la Escuela La Greda y la reubicación del recinto a dos kilómetros del lugar (La Tercera, 2011).
Otro caso emblemático fue el de los llamados Hombres Verdes. Se trató de episodios de contaminación que afectaron la salud de ex trabajadores de ENAMI, falleciendo varios de ellos presuntamente a causa de la exposición continúa de materiales tóxicos. En noviembre del año 2010 un grupo de veintiocho viudas interpusieron una querella por cuasidelito de homicidio múltiple a los que resultaran responsables por la intoxicación letal de sus maridos. En 2012 se realizó la exhumación de veintinueve cuerpos para determinar las causas reales de la muerte y poder esclarecer estas acusaciones (Tironi, 2014). Los ex - funcionarios y funcionarias de la refinería y/o la fundición de cobre dentro de ENAMI (Codelco-Ventanas) fueron afectados por diversas enfermedades degenerativas como fibrosis pulmonar y cáncer en distintas partes del cuerpo como la piel, el páncreas, los riñones, los testículos y las mamas en mujeres que trabajaban encargadas del aseo (Tironi, 2014). Este caso ha sido emblemático, ya que el nivel de intoxicación de los ex-trabajadores era sustantivo; los relatos de las viudas son escalofriantes pues sus maridos al agonizar botaban parte de sus vísceras de color verde, expelían un fuerte olor a amoníaco, perdían peso rápidamente tras caer enfermos, perdieron sus dientes y se quejaban a gritos del dolor (Tironi, 2014). A noviembre del 2014 sólo se han exhumando catorce cuerpos de los veintiocho, por lo que el abogado querellante, considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, presentó al Juzgado de Garantía de Quintero una audiencia judicial de cautela en favor de las víctimas (González, 2014).  Hasta el año 2015 no se tiene información de conocimiento público sobre el proceso de investigación del caso.
Como podemos observar, ambas comunas han enfrentado daños ambientales desde la instalación del parque industrial. Esto hace que para la comunidad el derrame de petróleo del 24 de septiembre de 2014 sólo sea un episodio más de su evidente vulnerabilidad ante la contaminación, condición que persiste hasta estos días. Prueba de esto último es que a la fecha de cierre de este artículo se han producido dos nuevos derrames6 en la misma zona luego del ocurrido en 2014. En este contexto, hemos identificado procesos sociopolíticos y dinámicas organizacionales que hablan de un estado de normalización de la contaminación en la comunidad, lo que se ve potenciado por una sistemática ausencia del Estado y de dinámicas organizacionales que no han podido tender hacia la construcción de una postura y discurso común frente al estado de contaminación permanente del territorio. En este sentido, el derrame de petróleo de 2014 permitió observar el asentamiento de los procesos antes descrito configurando un escenario complejo y lleno de incertidumbre por el futuro.

La mancha negra sobre la bahía
La historia del derrame de petróleo en la bahía de Quintero ocurrido el 24 de septiembre de 2014, se inicia en la madrugada cuando el buque tanque filipino Mimosa derramó un poco más de treinta y ocho mil litros de petróleo en la bahía de Quintero. Esto ocurrió luego que las amarras de la embarcación se soltaron durante la maniobra de descarga del crudo a los estanques de la terminal marítima de la Empresa Nacional de Petróleos de Chile (en adelante ENAP) (Carmona & Jaimes, 2015).
En relación a la cantidad de petróleo derramado, ENAP estimó inicialmente la cifra en unos tres mil litros de petróleo, declaración que fue corregida y rectificada en veintidós mil litros derramados (Terram, 2014). En el mes de diciembre del mismo año la Fiscalía Marítima rectifica la cifra y declara que se habrían derramado treinta y ocho mil litros de crudo en la bahía (Serrano, 2014). Estas diferentes estimaciones de los litros de petróleo derramado, ratifican los deficientes mecanismos de fiscalización que existen hoy en día por parte de las autoridades competentes. Además, ponen en evidencia la poca transparencia de las empresas al momento de enfrentar un episodio de contaminación, instalando un ambiente de desconfianza y tensión entre la comunidad afectada.
Una vez ocurrido el derrame, las autoridades regionales específicamente la Secretaria Regional Ministerial de Salud, María Graciela Astudillo, suspende el uso de las playas y la pesca entre Quintero y Horcón, para indagar exhaustivamente la presencia o no de hidrocarburo (Serrano, 2014). Se articularon una serie de mecanismos judiciales como la llevada a cabo por el fiscal marítimo, Ricardo Bendel, la Fiscalía Regional y la propia ENAP.
Tras el día del derrame, las pérdidas calculadas para los pescadores artesanales eran millonarias, debido a la alta contaminación en el mar y la prohibición de pescar. Además, se sumaron los efectos negativos asociados que impactaron a los descargadores y las limpiadoras de jibia. Alex Muñoz, director de la organización internacional Oceana, apuntó que el impacto de los derrames de petróleo es catastrófico para la fauna marina. Estimó que las empresas y el Estado actúan bajo complicidad, ya que no existe rigurosidad respecto de las medidas de seguridad que se aplican actualmente en los procedimientos. Al mismo tiempo agrega que la bahía de Quintero es un área deteriorada y que el derrame sólo agudizó la situación compleja de la pesca artesanal en la zona (González, 2014). Por lo tanto, las medidas que han tomado las autoridades locales y el Estado en su conjunto, no han podido salvaguardar a la población afectada y al territorio saturado por la contaminación. Tampoco apuntan a fiscalizar a las diferentes empresas cuestionadas. Desde el punto de vista de la normativa tampoco existe un escenario claro sobre los marcos de acción desde las autoridades. Si bien en 1993 las comunas de Quintero y Puchuncaví fueron declaradas como zonas saturadas, entendiéndolas como zonas que sobrepasan una o más normas de calidad ambiental, las empresas continúan instalándose en el territorio (Godoy, Tapia &  Carrera,  2013). La historia judicial de este derrame se cierra en febrero de 2016 con el sobreseimiento de la causa por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Trejo, 2016), dejando en total desprotección a las comunidades de Quintero y Puchuncaví.

Dinámica de las organizaciones sociales ante el conflicto: motivaciones y mecanismos de acción
Las organizaciones sociales presentes en el territorio han carecido de una postura unificada que converja en un discurso común frente a la contaminación que produce este llamado polo de desarrollo. Esto se vincula directamente con la proximidad de algunas de estas organizaciones con las empresas presentes en el parque y, específicamente, a como han gestionado las diferentes medidas de remediación. Esto ha provocado que las relaciones de cooperación entre las organizaciones se vuelvan episódicas y coyunturales, como veremos más adelante.
Luego del derrame, se dio origen a la conformación de nuevas organizaciones especialmente en Quintero. Estos nuevos referentes llevaron a cabo acciones judiciales y de protesta tanto en el territorio en estudio como en Santiago. Conjuntamente se hizo un esfuerzo por visibilizar la problemática dentro del territorio por medio de la entrega de información a la comunidad sobre los efectos medioambientales y para la salud de las personas de la permanencia de la actividad industrial. 
Como anticipamos, las motivaciones e intereses de cada organización han permitido que se genere cierta articulación entre las mismas y a su vez entre las dos comunas. Cabe precisar que dicha articulación ha sido eventual, ya que estas dos comunas han expresado históricamente sus cuestionamientos de forma separada. Esto se explica en alguna medida por la proximidad de las comunidades con el propio parque industrial. Por ello, las organizaciones de Puchuncaví tienden a interiorizan el conflicto mucho más que las organizaciones de Quintero, ya que se encuentran físicamente más cerca del parque industrial. Además, la inexistencia de una expedita red de transporte público dificulta la generación de espacios comunes de diálogo y organización entre las comunidades referidas. Otro de los aspectos que influye negativamente en la articulación entre las organizaciones de ambas comunas es la antigüedad de las mismas, como veremos más adelante. Por otra parte, tampoco existe una visión común al momento de construir una estrategia compartida donde convergen los diferentes lineamientos de acción política.
A pesar de esto último, existieron momentos donde se hizo posible la articulación entre las organizaciones. Es el caso de Salvemos Quintero, que mantuvo relaciones de cooperación con el Sindicato 24S y el Sindicato Independiente de Comerciantes y Artesanos. Si bien estos sindicatos se mueven fundamentalmente por una motivación económica (recuperación de fuentes laborales), igualmente se movilizan por intereses medioambientales lo que ha generado un discurso crítico frente a la situación de contaminación de sus comunas, postura que comparten con otras organizaciones como la Agrupación Derechos por la vida de Puchuncavi. Así mismo, Salvemos Quintero mantuvo vínculos de colaboración, de tipo instrumental, con la municipalidad de Quintero para llevar a cabo actividades de promoción y propaganda de sus demandas.
En consecuencia, y aunque estas relaciones no se dan de manera estable, ni tampoco influyen en las orientaciones y posturas políticas de cada actor, funcionan como un reflejo de las intenciones de mantener vínculos de trabajo entre las organizaciones, aun cuando esto se concreta de manera episódica y circunstancial.

Los pescadores. Tensiones entre las antiguas y nuevas organizaciones
Las organizaciones de los pescadores se han articulado tanto antes del derrame, como después de éste. En la actualidad, existen nueve organizaciones identificables. En su mayoría están activas y operan bajo lógicas sindicales. Entienden que los desequilibrios medioambientales repercuten directamente en su actividad económica, siendo este una motivación importante para la acción. El derrame significó, para las organizaciones de pescadores de ambas comunas, una oportunidad de visibilizar el estado de crisis en que está la actividad pesquera, permitiendo la organización entre los propios trabajadores y la articulación de nuevos referentes.
Uno de los nuevos referentes surgidos a propósito del derrame fue el Sindicato 24S, que se sumó a la labor efectuada por otras organizaciones presentes en el territorio antes del hito de contaminación, como es el caso de Caletas Unidas (conformada en 2010 y que agrupa seis caletas de pescadores del territorio de Maitencillo, Cooperativa Ventanas, caleta de pescadores Loncura, Embarcadero y Papagallo). La definición del origen temporal de cada una es relevante, ya que permite entender con mayor claridad sus posiciones frente al conflicto. Este factor de antigüedad de las organizaciones también es relevante en el caso de las organizaciones medio ambientales como se señala más adelante.
La antigüedad de las diferentes organizaciones es determinante en la construcción de las demandas y en la definición de sus mecanismos de acción en la movilización frente al conflicto. Las organizaciones con menor tiempo de conformación, apuestan por demandas que son más radicales buscando terminar definitivamente con el parque industrial, mientras que las organizaciones más antiguas plantean sólo frenar la ampliación del parque industrial. Dicha diferencia se puede explicar por los distintos niveles de exposición de las organizaciones frente a los conflictos y al trabajo de negociación que han desarrollado con las autoridades locales y nacionales. Esto ha contribuido a que las organizaciones antiguas mantengan mecanismos de acción más conciliadores, pues la constante burocracia y los procesos de diálogo (con resultados insuficientes e insatisfactorios), han terminado por aplacar las movilizaciones. Junto con ello, se ha generado una tolerancia frente a la presencia del parque industrial, ya que al no existir soluciones concretas, las demandas y la resolución del conflicto se configuran desde mecanismos más asequibles, como son las medidas de mitigación económicas y medioambientales, que buscan atenuar los daños producidos en la zona. Por el contrario, las organizaciones que se conforman luego del derrame y que tienen una trayectoria más reciente, utilizaron mecanismos de acción más radicales, apelando a la movilización inmediata de la ciudadanía frente al conflicto medioambiental.
Por otra parte, las diferentes posturas que tienen las organizaciones para afrontar el conflicto medioambiental, produjeron quiebres dentro del panorama organizacional de ambas comunas. Dichas fracturas también se relacionan con la antigüedad de las organizaciones, puesto que las entidades más antiguas buscan reconocimiento sobre su trabajo ya articulado, frente a las organizaciones más nuevas que recién comienzan a organizarse. Por lo tanto, no existe un recorrido histórico común que permita articularlas en sus trayectorias, proyecciones políticas y objetivos.
A pesar de lo anterior, tanto Caletas Unidas como el Sindicato 24S han realizado esfuerzos articuladores tendientes a trabajar desde la transversalidad que significa su labor pesquera, entendiendo que la separación administrativa de sus territorios desaparece cuando los problemas medioambientales son los mismos. No obstante, se observó que la labor ejercida desde Caletas Unidas, se ve alejada de los objetivos inmediatos que propone el Sindicato 24S. Por una parte, Caletas Unidas posee relaciones de cooperación anteriores al conflicto, tanto con las autoridades como con las empresas, mientras que la organización emergente debe crear relaciones para poder resolver el problema laboral que significó el conflicto medioambiental. Por otra parte, Caletas Unidas, ha propiciado que la resolución del conflicto se desarrolle en un marco más bien institucionalizado, haciendo posible la existencia de acuerdos y negociaciones con las autoridades locales y nacionales. Mientras tanto, el Sindicato 24S sólo es invitado a algunas negociaciones, ya que las autoridades no lo ven como un órgano representativo del sector pesquero.
En este escenario, a Caletas Unidas se le responsabiliza de mantener una postura de complicidad con las autoridades locales y las empresas del parque, más que representar los objetivos comunes del sector pesquero. En este plano y tras la invisibilización del Sindicato 24S como un órgano legítimo de representación del estamento pesquero (que agrupa a la mayoría de los pescadores del sector, buzos, armadores y descargadores), éste se posiciona en contra de las empresas y las negociaciones formales que ellas lideran. Ello contribuyó a generar un escenario de desconfianza en el marco de la movilización, ya que para el Sindicato 24S, las medidas de mitigación no sirven para remediar el impacto ambiental real de la bahía. Esta situación coyuntural sumado al estado de tensión entre ambas agrupaciones se ha vuelto uno de los fundamentos de la fractura que existe entre Caletas Unidas y el Sindicato 24S. Concretamente este quiebre se produce directamente por el conflicto de interés entre la mesa ejecutiva de Caletas Unidas y las empresas pertenecientes al parque industrial, ya que algunos pescadores integrantes de esta agrupación trabajan directamente para el mantenimiento del Puerto Ventanas y/o en empresas instaladas en el parque como por ejemplo, Aesgener.
Considerando que ambas organizaciones tienen los mismos intereses, vinculados a la remediación económica inmediata y a la solución a largo plazo de su fuente laboral, ellas no han logrado unificarse en pos de resolver el conflicto. Es decir, no existe un discurso transversal frente al estado de contaminación de la bahía, que se materialice en objetivos, motivaciones e intereses comunes a todas las organizaciones de pescadores. Esta ausencia se concretiza en el plan de bioremediación que está articulando Caletas Unidas, donde los pescadores deberán dejar su labor extractiva para trabajar en recuperar la bahía con un sueldo estable. El sindicato 24S por su parte, define este plan como el fin de la pesca artesanal y la entrega de la totalidad de la bahía a las empresas.

Las organizaciones de artesanos. Entre los impactos económicos y el surgimiento de nuevos referentes
El derrame de petróleo también fue un propulsor para el nacimiento de nuevas organizaciones en el sector de los artesanos. Si bien, tanto en Quintero como en Puchuncaví ya habían sindicatos de artesanos, éstos se re articularon al momento del conflicto. La motivación principal tuvo que ver con aspectos económicos, debido al tipo de actividad productiva que desarrollan muy vinculada al sector servicio, específicamente al área de turismo. En este caso, el efecto negativo está directamente relacionado, aunque no exclusivamente, con la cobertura mediática que difundió a la población el estado de las playas y la alta contaminación que venía sufriendo el territorio y su comunidad.
En cuanto a la relación que sostienen las agrupaciones de artesanos con las autoridades locales, esta se puede definir como de diálogo, ya que estas organizaciones buscan acceder a las medidas de mitigación que pueden ayudar a fortalecer y promover su área de trabajo. Respecto de la vinculación con las demás organizaciones de diferentes sectores, se vuelve inexistente atendiendo a que sus motivaciones luego del derrame no posibilitaron articular y colaborar en base a intereses comunes, como lo es para las organizaciones medioambientales el conflicto histórico de contaminación de Quintero y Puchuncaví.

Las organizaciones medioambientales. Posturas diferentes para un problema común
Las organizaciones que se ven motivadas desde la temática medioambiental, responden a la misma dinámica de conformación expuesta anteriormente. De las organizaciones observadas, la agrupación Derechos por la vida tiene una antigüedad aproximada de cuatro años, mientras que Salvemos Quintero nace tras la coyuntura del derrame. Este factor de antigüedad se vuelve determinante en el modo de operar de ambas organizaciones, como hemos explicado anteriormente.
Entre octubre y principios de noviembre de 2014 ambas organizaciones intentan vincularse, y al mismo tiempo ser entes articuladores con el resto de las organizaciones sociales de sus determinadas comunas, haciendo un llamado abierto a toda la comunidad. No obstante, las dinámicas establecidas en las reuniones realizadas por las dos organizaciones, visibilizaron las diferentes maneras de accionar de cada agrupación. El trabajo continuo y ya establecido por Derechos por la Vida, obedece a un proceso de recuperación del territorio contaminado iniciado antes del derrame, y que plantea y propone mecanismos como el diálogo y la concientización progresiva de la población sobre la problemática. En cambio, Salvemos Quintero, opera desde lo coyuntural y enfrenta el conflicto llamando a la organización y articulación pronta de todos los actores afectados por la problemática, entendiendo a su vez que la mediatización del acontecimiento es propicio y beneficioso para visibilizar las demandas históricas en contra de la contaminación medioambiental en la que ha visto inmerso el territorio. El acuerdo tampoco ha llegado desde la gestión de las demandas, y esto también obedece a la antigüedad de formación de cada una de las organizaciones, ya que si bien existe un consenso generalizado respecto de lo que significa el territorio contaminado, no se propone una estrategia política clara de cómo abordar las peticiones de las agrupaciones frente a las autoridades y las mismas empresas. Esto se complejiza porque las demandas concretas tienen distinto calado, que van desde frenar el parque industrial hasta el retiro completo de las instalaciones de todas las empresas emplazadas en las comunas.
Estas diferencias en las propuestas también se explican por la composición etaria de los integrantes de cada organización, que en este caso y a diferencia de las otras organizaciones analizadas es un factor relevante (tanto entre los pescadores como en el caso de los artesanos existe una uniformidad mayor al respecto). Como hemos señalado, la problemática medioambiental está presente hace años en el territorio, lo que ha generado un estado de cierta tolerancia frente a la convivencia con el parque industrial. Además, los mecanismos de negociación son conocidos por las organizaciones con más trayectoria, lo que repercute directamente en las formas de manifestación y demandas planteadas. Así es como las organizaciones formadas recientemente con participantes más jóvenes, actúan desde el conflicto actual, haciendo una lectura más crítica y radical frente a la histórica contaminación y a los mecanismos de negociación y remediación.
A diferencia de lo ocurrido con las otras organizaciones sociales señaladas, se observa que estas dos agrupaciones (Salvemos Quintero y el Centro Cultural La Ventana) han protagonizado el escenario más favorable de vinculación entre ambas comunas. Efectivamente, hasta enero de 2015 su relación se mantenía inestable, sin embargo Salvemos Quintero, durante su proceso de colaboración y articulación con las demás agrupaciones, mantuvo una relación estable con el Centro Cultural La Ventana. Esta organización trabaja en la comuna de Puchuncaví y tiene motivaciones e intereses similares con las demás organizaciones medioambientales, pero tal como sucedía en la relación descrita anteriormente, encontramos la composición etaria como un elemento mucho más relevante que la antigüedad como sucede en los otros casos descritos. Esto debido a que el Centro Cultural La Ventana si bien se conformó hace cuatro años, sus integrantes son jóvenes y sus propuestas se enmarcan desde la movilización social.
La falta de articulación generalizada y constante en el tiempo responde a las diferentes  motivaciones, intereses, antigüedad y composición etaria de las diferentes organizaciones. Dicha dinámica de dispersión hace posible que no se logre un ambiente de descontento general en el territorio ni que se aúnen miradas. Así es como el parque industrial para algunos entrega herramientas concretas para el desarrollo de las comunas al mismo tiempo que representa el imaginario político deseado de progreso (Escobar, 2014); mientras que para otros vulnera todos los derechos de la ciudadanía y se constituye en el principal obstáculo para pensar y crear nuevas formas de relación entre el territorio, sus comunidades y sus recursos.

Entre la contaminación normalizada y la ausencia del Estado
Producto de altos índices de contaminación por sobre la normativa nacional, la comuna de Puchuncaví fue declarada zona saturada en 1993 (Godoy, Tapia &  Carrera,  2013), a pesar de ello desde la fecha hasta hoy las industrias dentro del complejo han aumentado (Cordero, 2011) y se proyecta la incorporación de nuevos proyectos, tales como, la termoeléctrica Energía Minera, propulsada por ENAP y Codelco, el proyecto Expansión Andina 244 también de Codelco y un nuevo puerto de Oxiquim.7
 Como señala Liberona (2014), tanto el fenómeno descrito en la escuela La Greda como el derrame de crudo en la bahía, han sido oportunidades para fomentar la toma de acciones por parte de las autoridades sanitaria y ambiental. Sin embargo, estas llamadas zonas de sacrificio, se caracterizan por ser lugares donde, por acción u omisión, las autoridades permiten el desarrollo de industrias contaminantes que afectan directamente las actividades productivas de los territorios, los ecosistemas y la salud de las personas (Liberona, 2014). Prueba de esto es que no se ha impedido la expansión del parque industrial y la incorporación de nuevas industrias, debido en alguna medida al rol que el Estado, en sus diferentes niveles (local, regional y nacional), ha jugado y mantiene en relación a esta temática. El Estado mantiene una relación dual, por una parte, tiene una presencia administrativa política y empresarial (recordemos que un porcentaje importante de la industria emplazada en el parque es de tipo estatal), pero por otra, una ausencia política que se refleja en su incapacidad para gestionar las crisis y propiciar un debate con todos los actores territoriales sobre cómo elaborar un modelo de gestión de los recursos más equilibrado.
En este marco, las comunidades de Quintero y Puchuncaví se han manifestado en contra de la instalación del parque industrial desde sus orígenes, siendo los agricultores los primeros en interponer recursos contra ENAMI, por daños a los suelos y a sus cultivos. Entendiendo que antes de la instalación del parque en Las Ventanas, la zona se dedicaba en su mayoría a la pesca artesanal y a la agricultura, principalmente en las localidades de Horcón, Puchuncaví, Chocota, Las Ventanas, Campiche, Los Maitenes, Valle Alegre, entre otras. Esta trayectoria histórica sobre los modelos de productividad presentes en el territorio, permiten entender en plenitud las complejas consecuencias de un modelo de progreso que antepone sus formas productivas a las existentes y creadas por las comunidades. Los actores dejan de tener control sobre la estructura económica y productiva de su entorno y pasan a ser meros observadores de un modelo de desarrollo creado desde fuera de sus experiencias y saberes. Se encarna en esta dinámica la crítica formulada tanto por el posdesarrollo como por perspectivas vinculadas al decrecimiento, tal y como apuntamos más arriba.
Como hemos dicho, la comunidad se ha movilizado en la búsqueda de visibilizar la problemática como también poner freno a la contaminación constante que padece el territorio. Sin embargo, la poca y a veces nula respuesta del Estado, ha provocado un escenario de vulnerabilidad en las comunas. A este escenario se suma el predominio de relaciones fragmentadas o inestables entre las organizaciones de base, que han contribuido a generar un estado de normalización frente a la contaminación. Esta falta de acuerdo sumado a las diferentes motivaciones, se ha traducido en que la comunidad y las autoridades terminen por resolver los conflictos mediante estrategias que sólo buscan mitigar el impacto medioambiental inmediato sin que exista una solución al fondo del problema.
Así el desamparo legal, normativo y organizacional, ha hecho posible que la comunidad construya, a través del tiempo, una idea de que el fenómeno de la contaminación es parte de su cotidianidad. Es decir, han aprendido a vivir en un espacio contaminado, donde el parque industrial se ha constituido históricamente en un actor más del territorio. De esta forma, se ha reproducido una relación asimétrica entre el poder y la legitimidad alcanzada por el modelo industrial y los derechos de la comunidad a vivir en un contexto libre de contaminación.
La comunidad responde a la ausencia del Estado sobre el problema de contaminación que invade al territorio, y se posiciona e instala la movilización desde la llegada del parque industrial. No obstante, es una respuesta débil que no ha logrado sobreponerse a un Estado que ha abandonado sistemáticamente su rol de garante del bienestar de las comunidades, mientras que, por el contrario, ha consolidado a través de los años su presencia como agente contaminador y obstaculizador de potenciales procesos de cambio. Más aún, posibilita nuevos espacios de negociación entre las partes afectadas, cediendo instancias y creando salidas programadas al conflicto. Dicha ausencia del Estado en su labor fiscalizadora y reguladora, ha permitido que ese espacio sea ocupado por el dinero gestionado a través de las mitigaciones económicas que realizan las empresas, por medio de fondos concursables y aportes directos a organizaciones sociales y políticas.
Esta ausencia del Estado como ente regulador y garante de un mejor vivir de las comunidades, también se ve reflejada en el ámbito de la representatividad local. En este caso, las autoridades municipales se observan como desvinculadas de un rol fiscalizador ante la contaminación. Entienden que es el Estado el responsable de la condición crítica de Quintero y Puchuncaví, y se asumen como incompetentes para resolver la problemática, teniendo como única opción medidas de mitigación de orden económico y social:

[…] han habido cuarenta, cincuenta años que es el Estado el responsable, no tan solo por no haber controlado o haberle exigido a estas empresas que mitigaran cierto, que incorporaran tecnologías a estos procesos productivos, sino que además se produjo un crecimiento industrial muy fuerte…8
[…] acá hay una deuda tremenda en la responsabilidad social de parte de las empresas, pero fundamentalmente el Estado de Chile,… yo no quiero un fierro más en la comuna, así de claro; es como imposible pero parto de esa premisa y lucha y si viene un fierro más ojalá que traiga centros médicos, mejores colegios en fin, un desarrollo para la comuna…9

La desvinculación de las autoridades como entes fiscalizadores y, al mismo tiempo, responsables del conflicto medioambiental, tiene que ver directamente con el tipo de relaciones que mantienen con las empresas del parque industrial, entendiendo que el Estado también forma parte activa de él. Se asume que para obtener medidas que aporten al desarrollo de las comunas, es necesario vincularse estable y cooperativamente con el parque industrial, consiguiendo acuerdos que satisfagan a ambos actores.

[…] Mira nosotros hoy en día, por lo menos el alcalde Mauricio Carrasco tiene una buena relación con las empresas, sobre todo con aquellas que han entendido que son parte de esta comuna que tienen un rol fundamental en el desarrollo de ésta…10
[…] estoy trabajando con las empresas querer formar alianzas, pero un pololeo así con mucho cuidado… yo quiero que hagan inversiones, con tecnología de punta, tanto para la salud de las personas como para el ecosistema.11

Las autoridades municipales de ambas comunas, han reconocido que el episodio del derrame es un hecho más de una larga historia de contaminación, que ha servido para atenuar económicamente los daños ambientales aportando en la reactivación de programas de inversión existentes en los territorios, y no como un precedente que contribuya a construir un discurso en contra de las empresas y el estado de polución de los territorios. Las medidas que se tomaron en el territorio apuntaron a resolver el panorama crítico mayor que se generaba con el paso de los meses y la entrada en el periodo estival. Esto porque junto con el sector industrial, el turismo representa un polo productivo en este territorio.

Primero lo que hicimos fue pelear una cantidad de empleo que se pudieran otorgar este verano que pudiera, en el honor a la verdad, no fueron en su mayoría utilizado por pescadores, eso tiene que ver que los sueldos, lo que logramos, lo que el gobierno nos ofreció empleos con sueldos mínimos…12

En definitiva, las autoridades locales se asumen como un ente externo al conflicto, ya que no tienen incidencia fiscalizadora, pero sí como un agente negociador que puede obtener beneficios y aportes desde el sector empresarial y así reducir de algún modo el daño medioambiental de ambas comunas.

Conclusiones

El peso de la historia de hechos de contaminación en el territorio en estudio hace que tanto para su comunidad como para las organizaciones sociales, el derrame de petróleo ocurrido en septiembre del 2014, sea sólo un hito más de la problemática medioambiental que aqueja al territorio desde  la instalación del polo industrial en el sector. Este evento generó un estado de movilización en las comunas afectadas, lo que se tradujo en la articulación relativa de diferentes organizaciones y agrupaciones, así como también permitió la conformación de nuevos referentes movimientistas. A pesar de este dinamismo, observamos cómo éste no se tradujo en la construcción de programa político común que fuera capaz de unificar las visiones de las organizaciones en torno a la problemática de estudio, sino que más bien, se reafirman prácticas que tienden a fragmentación entre las organizaciones.
En tanto, la normalización del conflicto medioambiental se ha construido sobre la base de la ausencia de un Estado garante de los derechos de las comunidades que mira desde el margen lo que sucede en el territorio. Esto hace que tanto las fiscalizaciones como las medidas de mitigación sean instrumentos que no logran atender el problema de fondo, asociado al modelo de desarrollo vigente, y que por el contrario, dejan en una especie de abandono permanente a una comunidad que ha tendido a cotidianizar los problemas de contaminación de su entorno.
Así es como tanto el Estado como las autoridades locales, apuestan por la continuidad y permanencia del parque industrial como polo de desarrollo para el país. A cambio, han apoyado directa e indirectamente, a las empresas instaladas en el territorio para que gestionen y dirijan los procesos de mitigación. El derrame permitió la concreción de proyectos de mitigación que ya existían, además de la aprobación de recursos para continuar con medidas que busquen el progreso y desarrollo económico y social de los territorios, lo que podríamos llamar una salida funcional al estado de las cosas. En cambio, este hecho no dio paso a la articulación organizacional y comunitaria en torno a un discurso transversal sobre el estado de contaminación en el territorio. Las organizaciones sociales ven con preocupación un futuro cargado de incertidumbre, potenciado por la falta de apoyo y la incapacidad de construir una articulación que potencie su programa de cambio.

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NOTAS

1 Dos de las crisis medioambientales más emblemáticas ocurridas en este territorio son la intoxicación de profesores y estudiantes en la escuela de la Greda en 2011 y las consecuencias a la exposición continúa a materiales tóxicos de los trabajadores de ENAMI, hechos más conocidos como los “hombres verdes” en 2010.

2 Los orígenes y posteriores desarrollos de este concepto se pueden encontrar en la obra de Nicholas Georgescu-Roegen (1971), Iván Illich (1974), André Gorz (1975), Cornelius Castoriadus (1980), Herman Daly (1999), Serge Latouche (2009), Paul Aryés (2000), entre otros.

3 A pesar de la relevancia para este estudio de las opiniones y visiones de los actores vinculados a las industrias presentes en el territorio, fue imposible agendar entrevistas con ellos.

4 Las organizaciones de la comuna de Quintero que fueron parte del estudio son: organizaciones medioambientales: Salvemos Quintero, Dunas de Ritoque, Defensa Humedales Ritoque Mantagua. Organizaciones de pescadores: Caletas Unidas, Sindicato Independiente de Pescadores, Armadores, Buzos y Descargadores 24S, Sindicato de pescadores el Embarcadero, Sindicato de pescadores El Papagallo, Sindicato de pescadores El durazno, Sindicato de pescadores de Loncura. Organizaciones de artesanos: Sindicato Independiente de Artesanos y Comerciantes, Agrupación Centro de Talleres, Mesa Coordinadores de Artesanos, Agrupación de Artesanos el Durazno y organizaciones vecinales: Junta de vecinos Vista al Mar, Junta de vecinos Unidad vecinal Nº2, Junta de vecinos Nueva Serena.

5 Las organizaciones de la comuna de Puchuncaví que fueron parte del estudio son: organizaciones medioambientales: Agrupación Derechos por la vida, Centro Cultural la ventana. Organizaciones de pescadores: Sindicatos de pescadores de Horcón, Sindicato de pescadores Ventanas, Cooperativa de pescadores Ventanas, Caletas Unidas. Organizaciones de artesanos: Sindicato de Artesanos feria Los Quitasoles, Agrupación de Artesanos de Horcón, Sindicato de Artesanos de Horcón y organizaciones vecinales: Centro comunitario Puerto Abierto, Junta de vecinos Cruz del Llano.

6 El primero ocurrido el 13 de agosto de 2015 y el segundo el 15 de mayo de 2016.

7 Oceana, 2014. Disponible en http://chile.oceana.org/comunicado-de-prensa/oceana-pide-delegado-presidencial-para-la-bah%C3%ADa-de-quintero#.

8 Entrevista Administrador municipal de Quintero 28 de enero 2015.

9 Entrevista Alcalde de Puchuncaví, 19 de enero 2015.

10 Administrador municipal, 28 de enero 2015.

11 Alcalde de Punchuncaví, 19 de enero 2015.

12 Administrador municipal de Quintero, 28 de enero 2015.

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