DOI: http://dx.doi.org/10.19137/pys-2023-300201


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ARTÍCULOS


Comparación de perfiles de pobreza de ingresos y de necesidades básicas en Uruguay 2019 utilizando análisis de segmentación

Comparing income poverty and basics needs poverty profiles in Uruguay 2019 using segmentation analysis

Víctor Borrás Ramos 

(Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la República, Uruguay. victor.borras@cienciassociales.edu.uy)

Resumen: Este artículo compara los perfiles de pobreza de ingresos y de necesidades básicas insatisfechas en Uruguay para el año 2019. Se lleva a cabo un análisis de segmentación que divide la población en grupos internamente homogéneos en términos de uno y otro tipo de pobreza. Los resultados muestran que los grupos con mayor incidencia de pobreza, tanto de ingresos como de necesidades básicas insatisfechas, residen en hogares con niños y niñas, donde los adultos cuentan con bajos logros educativos. Así mismo, la informalidad en la tenencia de la vivienda es un rasgo distintivo de los grupos con alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas.    

Palabras clave: perfiles de pobreza; pobreza de ingresos; necesidades básicas insatisfechas; análisis de segmentación; Uruguay.

Abstract: This article compares income poverty and Unsatisfied Basic Needs profiles in Uruguay for the year 2019. A segmentation analysis is conducted to divide the population into internally homogeneous groups in terms of both types of poverty. The main findings reveal that the groups with the highest income poverty and unsatisfied basic needs levels reside in households with children, where adults have lower educational achievements. Additionally, informality in housing tenure is a distinctive characteristic among groups with a high incidence of unsatisfied basic needs.

Keywords: poverty profile; income poverty; unsatisfied basic needs; segmentation analysis; Uruguay.

Recibido: 08/05/2023 | Aceptado: 29/08/2023

Introducción

En América Latina han predominado dos formas de medir la pobreza; por un lado la metodología de Línea de Pobreza, la cual establece el ingreso o gasto mínimo que permite mantener un nivel de vida adecuado, según ciertos estándares elegidos (Feres y Mancero 2001). Por otro lado, la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la cual consiste en verificar si los hogares satisfacen una serie de necesidades básicas, definidas como un conjunto de requerimientos psicofísicos y culturales cuya satisfacción constituye una condición mínima necesaria para el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos en una sociedad específica (Calvo et al., 2013).

Una y otra metodología de medición no representa procedimientos alternativos para cuantificar lo mismo, sino que supone abordajes distintos de la pobreza. Mientras el método del ingreso se centra en los requerimientos de consumo privado corriente, el de las NBI lo hace en los requerimientos de consumo público (en el sentido de cuentas nacionales) y de inversión pública y privada. Ahora bien, ambas formas de medir la pobreza pueden ser complementarias y dar cuenta de distintos tipos de privación.  La pobreza de ingreso resulta pertinente para captar situaciones coyunturales asociada a la pérdida de bienestar, por ejemplo, ante momentos de crisis. Las NBI por su parte, dan cuenta de procesos de privación estructural y situaciones que podrían ser atendidas a partir de puesta en vigencia de políticas públicas específicas (Boltvinik, 2014).  

Desde la década de 1990 los estudios de pobreza en América Latina insistieron en la importancia de combinar la medición por NBI y por ingresos. Los resultados de estos trabajos alimentaron la tesis de la “heterogeneidad de la pobreza”, en referencia a la emergencia de distintos perfiles de pobreza dependiendo del tipo y la combinación de privaciones experimentadas.

Al respecto, el trabajo seminal de Ruben Kaztman (1989), propuso una clasificación de los pobres en tres grupos: en primer lugar los “pobres inerciales”, con necesidades básicas insatisfechas pero ingresos por encima de la línea de pobreza. A decir de Kaztman “las carencias de este grupo podrían ser interpretadas en términos del tiempo requerido para ajustar la asignación de los mayores recursos del hogar a los patrones de consumo” (p. 148). En segundo lugar, los “pobres crónicos”, pobres tanto por necesidades básicas como por línea de pobreza.  Por último, “pobres recientes”, pobres por el método de ingresos, pero no por necesidades básicas. Según el autor, este último grupo daría cuenta de la emergencia de la nueva pobreza, asociado a procesos de movilidad descendente, ligados a las reiteradas crisis, la pauperización de la clase media y la pérdida del salario real.

Pasadas las décadas, los estudios cuantitativos de pobreza han incorporado nuevas preocupaciones en su agenda de investigación, referidas entre otros aspectos a las mediciones multidimensionales (Alkire y Foster, 2008; Santos, Villatoro, Mancero y Gerstenfeld, 2015; Borrás, 2017; Amarante y Colacce, 2022) y al análisis de determinantes de la pobreza, a través de modelos econométricos que indagan en la relación entre la pobreza y factores de distintos nivel (Cortés, 1997; Cotter, 2002; Fernández, 2003; Rupasingha y Goetz, 2007; Fernández, Borrás y Ezquerra, 2018). Sin embargo, la discusión respecto a la heterogeneidad de la pobreza y las características de sus distintas manifestaciones resulta aún vigente para analizar el fenómeno en América Latina.

Uruguay resulta al respecto un caso de particular interés; en los quince años de gobierno progresista que se sucedieron entre el 2005 y el 2019 el país alcanzó logros significativos en términos de reducción de la pobreza de ingresos. La misma pasó de afectar al 32,5% de la población en 2006 a tener una incidencia inferior al 10% en 2019 (Instituto Nacional de Estadística (INE) 2020). Los niveles de la pobreza por NBI también se redujeron, si bien en menor medida. Como se ha mostrado en distintos trabajos (Colafranceschi, Failache y Vigorito, 2013; Borrás, 2017) la pobreza de ingresos es sensible a la coyuntura económica, ya que en el período 2005-2019, su reducción se vio favorecida por el crecimiento económico, a lo que se sumaron políticas de redistribución (Antía, Castillo, Fuentes y Midaglia, 2013). Las NBI por su parte, requieren para su consecución, en la mayoría de los casos, de inversión pública. Si bien ésta ha estado presente en el período, los esfuerzos no habrían sido suficientes como para alcanzar resultados similares a los de la pobreza de ingresos (Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 2020).  

Ahora bien, más allá de la reducción agregada de la pobreza, no todos los grupos poblacionales se vieron igualmente beneficiados. Niñas, niños y, particularmente, adolescentes, presentan a través de todo el período niveles más altos de pobreza que la población adulta, con independencia del método de medición utilizado (Colacce y Tenenbaum, 2016). Algo similar ocurre con la población afrodescendiente; si bien logra reducir los niveles agregados de pobreza, ya sea medida por ingresos o por necesidades, las brechas relativas respecto a la población blanca se mantienen (Amarante y Colacce, 2022).

Por otra parte, el análisis comparativo entre regiones geográficas muestra divergencias al considerar la pobreza de ingresos y las necesidades básicas. Montevideo, la ciudad capital, se encuentra entre las zonas del país con niveles más altos de pobreza de ingresos, sin embargo, la incidencia de NBI es de las más bajas del país. Por el contrario, en las áreas rurales los porcentajes de pobreza por NBI son los más altos del país, mientras que los niveles de pobreza de ingresos son los más bajos (Borrás, 2017).

Lo anterior sugiere que la combinación de distintas categorías demográficas, sociales, geográficas y económicas, determinan perfiles de población particularmente vulnerables a la pobreza, incluso luego de una tendencia decreciente del fenómeno en más de una década. Además, estos perfiles podrían estar asumiendo aspectos comunes y específicos según se considere la pobreza de ingresos o de NBI.  

Motivado por estas inquietudes, el presente artículo se propone indagar en los perfiles de pobreza de Uruguay en 2019 y abordar los siguientes interrogantes: transcurridos casi tres lustros de disminución sostenidas de la pobreza ¿cuáles son las características distintivas de la población pobre? ¿qué aspectos comunes y cuáles específicos presentan los perfiles de pobreza al considerar la medida de pobreza de ingreso y la medida de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas?

La elección del año 2019 no es casual, constituye un año de singular importancia por ser el último de los quince años de administración progresista. Si bien se reconoce que una mirada transversal como la que aquí se propone puede resultar restrictiva para dar cuenta de las dinámicas de la pobreza, tiene la virtud de hacer foco en el final de un período signado por reformas sociales asociadas a la expansión de la protección social (Antía et al., 2013), crecimiento económico y logros en términos de bienestar. De algún modo entonces, los perfiles de pobreza del 2019 representan la deuda social progresista; personas que, luego de tres lustros de bonanza, se encontraban en situación de pobreza.  

Conceptualización y antecedentes

La pobreza y su medición

El interés por la medición de la pobreza ha estado signado por el debate sobre los procedimientos de identificación, es decir por la definición del criterio según el cual una persona o un hogar será considerado pobre (Sen, 1976). Pueden señalarse dos métodos de identificación que han predominado en los estudios de pobreza, el método directo y el método indirecto. El primero consiste en identificar como pobres a aquellas personas insatisfechas en un conjunto de necesidades, previamente definidas como fundamentales. Listadas las necesidades, se identifican como pobres a las personas que no logran cubrir un ideal propuesto. Este enfoque ha sido el que ha inspirado la metodología de las NBI en la región. El segundo, el método indirecto, identifica a los pobres en función de su poder adquisitivo, medido a través de los ingresos o los costos de satisfacción de un umbral de consumo. Para este procedimiento, el ingreso o el consumo efectivo es la medida indirecta de la capacidad de satisfacción de determinadas necesidades, es decir mide de modo mediato y proxy las tenencias de las personas (Ringen, 1988). La metodología de Líneas de Pobreza se inscribe en este segundo enfoque.

Es decir, en el método directo la pobreza es una situación “de hecho” o “efectiva”, aun cuando se dispusiera de los medios para superarla. Supone delimitar la pobreza por un resultado: la insatisfacción real de determinadas necesidades, ésta es por tanto centralmente una cuestión de atributos o posesiones. Por el contrario, el método indirecto mide la pobreza como “potencialidad” de satisfacción de un umbral de consumo, la pobreza es aquí pobreza de medios o instrumentos para alcanzar determinadas necesidades (Boltvinik, 2014).

Por detrás de uno y otro procedimiento subyacen, no solo diferencias metodológicas, sino conceptualizaciones diferentes de la pobreza. Los procedimientos directos se inspiran en el concepto de pobreza de necesidades, entendida como un estado en el cual se encuentra reducida la posibilidad de satisfacer necesidades humanas básicas (Doyal y Gough, 1994). Esto ha llevado a utilizar indicadores directos, que den cuenta del desempeño efectivo respecto a dimensiones como la nutrición, la vivienda, la educación y el abrigo, entre otras.  Los procedimientos indirectos por su parte remiten a una noción de pobreza como amenaza a la subsistencia, según la cual para que una persona no sea pobre deben existir mínimos indispensables, que no están sujetos a preferencias individuales, sino que son de carácter normativo. Dado ello, se clasifica a la población en función de un umbral establecido en relación al ingreso mínimo necesario para cubrir estos requerimientos biofísicos básicos (Ringen, 2004).

Perfiles de pobreza

Una preocupación recurrente en los estudios de pobreza ha sido describir las características principales de las personas en situación de pobreza, a través de la elaboración de perfiles de pobreza. Como señala Gasparini, Cicowiez y Sosa (2012) “los perfiles de pobreza son maneras sencillas de caracterizar a la población pobre en función de un conjunto de variables y en comparación con el resto de la población” (p. 309).

La construcción de perfiles de pobreza parte de la hipótesis de que las personas en situación de pobreza se caracterizan por reunir de forma combinada una serie de factores que los colocan en situaciones de vulnerabilidad, cercenando sus chances de acceder a fuentes mínimas de bienestar. La revisión de antecedentes permite identificar un grupo de factores teóricamente relevantes, que han sido utilizados recurrentemente en la bibliografía antecedente, y que tienen el potencial de orientar la elaboración de perfiles de pobreza. A continuación, se los presenta de forma sintética.    

Capital humano y pobreza  

La teoría del capital humano plantea que uno de los principales factores de diferenciación en el mercado de trabajo proviene de la inversión que las personas hacen en educación, entrenamiento u otras actividades para aumentar sus habilidades y así, su productividad en el mercado (Becker, 1983). La hipótesis que vincula a la pobreza y el capital humano sugiere, como señala Fernández (2003), que:

la asistencia a la educación confiere credenciales que certifican el éxito obtenido en un proceso de selección pedagógica socialmente legitimado, y por esta vía mejoran las probabilidades de empleos mejor remunerados, protegidos legalmente, todo lo cual reduce el riesgo de pobreza. (p. 165)

Los indicadores de capital humano se encuentran ampliamente difundidos en los análisis multivariados de pobreza (Cortés, 1997; Cotter, 2002; Fernández, 2003; Rupasingha y Goetz, 2007). En Uruguay los antecedentes concuerdan en señalar los logros educativos como uno de los principales factores relacionados con las chances de pobreza (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Cardeillac, 2013; Fernández et al., 2018). En particular, algunos trabajos han mostrado que las probabilidades de pobreza de un hogar se explican fundamentalmente por la dotación educativa de sus integrantes adultos y los retornos a la educación en el mercado de trabajo (Marroig y Oreiro, 2008) y que la magnitud de esta relación ha tendido a incrementarse en las últimas décadas (Fernández, 2003).

Capital físico y pobreza

En la bibliografía sobre determinantes de la pobreza ha sido frecuente integrar el capital humano, dentro de un marco de referencia más general, al que se refiere bajo el nombre de enfoque de activos. Según éste, el capital humano, junto al capital físico y el capital social, constituyen el portafolio de activos con los que cuentan individuos y hogares para acceder a fuentes de bienestar y evitar la pobreza (Moser, 1998).  

El capital físico, desde la perspectiva de los activos, se define por la tenencia de bienes materiales que se caracterizan por su amplio potencial de uso y su relativa estabilidad en el tiempo. En los estudios sobre pobreza rural el acento se ha puesto en el capital físico asociado a la tenencia de la tierra, mientras en contextos urbanos se vincula fundamentalmente con la forma de acceso a la vivienda (Moser, 1998; Kaztman, 1999).  

La titularidad de la vivienda ha sido un factor particularmente considerado en la bibliografía sobre pobreza. Como señalan Herzer, Di Virgilio, Rodríguez, y Redondo (2008) “la informalidad en el acceso al mercado de tierra y vivienda raramente no se vincula con situaciones de pobreza” (p. 97). La incursión en el mercado informal de vivienda se asocia frecuentemente con la ocupación de tierras en la periferia de las ciudades o de fincas abandonadas en áreas consolidadas, situaciones que generalmente coinciden con privaciones en la habitabilidad y el acceso deficitario a bienes y servicios públicos, incrementando por esta vía las chances de pobreza, en particular de NBI.

En Uruguay los antecedentes confirman la asociación entre las categorías de propiedad de la vivienda y la probabilidad de pobreza, concluyendo que la propiedad formal de la vivienda es un factor que inhibe las chances de experimentar el fenómeno. Por el contrario, la tenencia insegura de la vivienda bajo la modalidad de ocupación de terreno o vivienda, constituye un factor de riesgo de pobreza (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Cardeillac, 2013; Fernández et al., 2018; Borrás, 2022).

Capital social y pobreza  

El capital social refiere a redes de confianza y reciprocidad a nivel de la comunidad, al interior de los hogares o en las relaciones entre hogares (Moser, 1998).  Fernando Cortés, Tabaré Fernández y Minor Mora (2004) distinguen entre dos tipos de capital social; el de sobrevivencia y el de movilidad. El primero refiere a vínculos fuertes, cerrados y presenciales, que aseguran ciertas obligaciones basadas en la confianza y la lealtad. El segundo supone redes de información, confianza y reciprocidad, que se mantienen abiertas y no implican el relacionamiento cara a cara.  Se trata de vínculos débiles, basados en la pertenencia a ciertas asociaciones —sindicales, políticas, profesionales o educativas— y pueden dar lugar a múltiples relaciones entre redes diversas.

Sin desconocer la relevancia que pueda tener el capital social sustentado en vínculos fuertes, en particular ante situaciones de crisis, en términos generales en la bibliografía se acuerda que es el asociado a vínculos débiles el que tiene mayor peso como inhibidor de la pobreza. Las oportunidades de acceder a mejores empleos, créditos, vivienda o recursos de otro tipo, cuya acumulación se relaciona inversamente con las probabilidades de pobreza, se asocian en mayor medida con la participación en este tipo de redes, tal como ha sido mostrado tanto a nivel internacional (Cortés et al., 2004; Rupasingha y Goetz, 2007; Valenzuela, 2013), como para Uruguay en particular (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Cardeillac, 2013, Fernández et al., 2018).

Factores demográficos y pobreza

Distintos fenómenos demográficos que caracterizan a individuos y hogares limitan o amplían el rango de recursos disponibles y, con ello, potencian o restringen las chances de pobreza (Pardo y Peri, 2008). En la bibliografía es recurrente la consideración de dos factores demográficos: (i) la estructura de edades y (ii) los tipos de hogar.

(i) Estructura de edades: la presencia de niños y niñas se asocia de modo positivo con la probabilidad de que un hogar sea identificado como pobre. A medida que aumenta la razón de menores sobre adultos, crece el riesgo a la pobreza, dada la expansión de necesidades del hogar, sin el correspondiente aumento en la generación de recursos.

Adicionalmente, tal como señalan Poy, Tuñon y Sánchez (2021):

la sobrerrepresentación de las infancias en la población pobre tiene particular relevancia pues la exposición temprana y persistente a situaciones de privación no sólo expresa el incumplimiento de derechos actuales, sino que puede obstaculizar o restringir las futuras oportunidades de vida (p. 189).

Los antecedentes ratifican ampliamente para América Latina la mayor exposición de niñas y niños a la pobreza (Cortés, 1997; Cortés et al., 2004; Colacce y Tenenbaum, 2016; Torres y Hernández-Cantú, 2017; Poy et al., 2021). Según datos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2022, la pobreza en niñas, niños y adolescentes en la región es 13% superior que en adultos. En el contexto regional, Uruguay en particular presenta brechas intergeneracionales aún más pronunciadas (INE, 2020).

(ii) Tipos de hogar: los antecedentes del hemisferio norte han llamado la atención sobre el aumento en la probabilidad de pobreza entre los hogares monoparentales femeninos con hijos menores (Cancian y Reed, 2001). En la región no se encuentra evidencia concluyente para afirmar que el hecho de integrar un hogar monoparental femenino aumente las chances de pobreza (Cortés, 1997; Garza-Rodríguez, 2016). En cambio, se ha llamado la atención sobre el vínculo entre la estructura de hogares extendidos, aquellos en los que conviven varias generaciones, y la probabilidad de pobreza. Si bien la constitución de este tipo de arreglos, pueden responder a una estrategia de maximización de recursos, de modo de evitar la pobreza, en la práctica, en la bibliografía se ha mostrado que los hogares extendidos destacan entre los más afectados por el fenómeno (Fernández, 2003; Vigorito, 2003).

Ascendencia racial y pobreza

Según John Iceland (2006) en sociedades caracterizadas por altos niveles de discriminación racial, los mercados de trabajo suelen estar racialmente segmentados, tendiendo a diferir el salario entre grupos. En este marco, las minorías étnicas se encuentran privadas del acceso a trabajos mejor remunerados, incluso ante iguales credenciales educativas y experiencia, incrementando con ello sus chances de pobreza En América Latina son reconocidos los efectos persistentes de la discriminación racial como uno de los factores inherente de la desigualdad estructural de la región (Stavenhagen, 1984). Uruguay no es ajeno a ello, constatándose una situación de desventaja persistente en la población afrodescendiente en términos de bienestar y una sobrerrepresentación entre las personas en situación de pobreza (Bucheli y Porzecanski, 2008; Cabella, Tenenbaum, y Nathan, 2013; Amarante y Colacce, 2022).

Posición ocupacional y pobreza

La estructura de clases es un factor importante en los análisis de la pobreza que priorizan miradas estructurales (Beeghley, 1988). En ciencias sociales las clases sociales han sido abordadas principalmente a partir de dos enfoques: el marxista y el weberiano. El primero se centra en la relación entre propiedad y explotación; en las sociedades capitalistas la explotación se basa en los derechos de propiedad sobre los medios de producción, lo que genera tres clases: capitalistas, obreros y pequeña burguesía. La pobreza en este marco es una característica inherente de las sociedades capitalistas, producida por las dinámicas de explotación de clase (Wright, 1995). En el enfoque weberiano, la situación de clase refleja la probabilidad de acceso a bienes y condiciones de vida. Los miembros de una clase social comparten oportunidades económicas y culturales en la sociedad.  Robert Erikson y John Goldthorpe (1992), retomando los planteos de Weber, avanzan en un esquema de clase que diferencia entre empleadores, trabajadores autónomos y empleados, basándose para ello en las posiciones en el mercado laboral. Desde esta perspectiva, las distintas clases sociales tienen diferentes oportunidades y niveles de bienestar y, dado ello, distintas probabilidades de pobreza.

En los trabajos empíricos sobre determinantes de la pobreza, han predominado operacionalizaciones basadas en el enfoque weberiano, bajo la hipótesis de que la posición ocupacional resume un conjunto de recursos financieros, relacionales y culturales que mitigan o potencian la probabilidad de pobreza (Boado y Fernández, 2006). Investigaciones antecedentes, tanto para Uruguay como para otros países, coinciden en señalar que la pertenencia a categorías inferiores en el esquema de clases (agricultores, pequeños empleadores, auto-empleados no calificados y trabajadores rutinarios) se relacionan significativamente con las chance de pobreza, dada las bajas remuneraciones, los menores niveles de protección social y la mayor vulnerabilidad a los ciclo económicos que suponen estas posiciones (Dewilde, 2008; Whelan y Maitre, 2014;  Fernández et al., 2018).  

 

Estructura económica y pobreza

El enfoque de heterogeneidad estructural postula que el carácter persistente de la pobreza en los países latinoamericanos se relaciona con las características heterogéneas de sus estructuras económicas. En las economías regionales conviven actividades de productividad media y alta, con otras rezagadas, con niveles de productividad muy bajos o de subsistencia. Estas últimas tienden a perpetuarse dado el papel periférico de los países latinoamericanos en la economía mundial, dando lugar a la conformación de una masa relativamente estable de trabajadores precarios, subempleados o desempleados (Nun, 2001; Salvia, Donza, Vera, Pla y Phillip, 2012).  

La población que queda excluida de los sectores dinámicos de la economía, ya sea vía desempleo o trabajo informal, enfrenta situaciones de inestabilidad y desprotección, que pueden condicionar su acceso a distintas fuentes de bienestar y aumentar con esto sus chances de pobreza (Fernández y Longhi, 2002). Verónica Amarante y Victoria Tenenbaum (2016) muestran para el caso uruguayo que, más allá de las transformaciones positivas que ha experimento el mercado de trabajo en términos acceso y calidad del empleo en los primeros tres lustros del siglo XXI, persiste una estructura económica heterogénea. En ésta, los trabajadores ocupados en sectores de baja productividad se caracterizan, entre otros aspectos, por menores niveles de formalidad, salarios más bajos y mayor exposición a la pobreza.        

Factores contextuales y pobreza

Los factores contextuales refieren a propiedades de un nivel de análisis ecológico que contiene a las unidades evaluadas y que se atribuyen homogéneamente a éstas (Fernández et al., 2018). En los modelos analísticos sobre pobreza es recurrente especificar factores contextuales relacionados al área geográfica de residencia bajo el supuesto de que, manteniendo constante otros factores, el hecho de vivir en una determinada área o región puede resultar un factor de riesgo o inhibidor de la pobreza, que afecta de modo homogéneo a todos los habitantes de ese contexto.

La revisión de antecedentes internacionales y regionales muestra que el nivel de urbanización es el factor contextual privilegiado en los análisis de la pobreza, considerando habitualmente como criterio de clasificación la cantidad de habitantes (Cortés, 1997; Cotter, 2002; Garza-Rodríguez, 2016). Dado el desarrollo de infraestructura y servicios, así como la mayor oferta laboral, es esperable que a mayores niveles de urbanización los niveles de pobreza sean menores.

Por otra parte, las regiones subnacionales, delimitadas en relación a atributos geográficos como norte-sur, costeras continentales, llanas o montañosas, dan cuenta de desigualdades espaciales en términos de matriz económica, conformación histórica, localización y arreglos institucionales, que también pueden repercutir homogéneamente sobre los niveles de bienestar y pobreza (Lobao, 2004). En Uruguay, la desigualdad entre regiones geográficas en términos de desarrollo económico y social ha sido una preocupación desde los trabajos pioneros del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH, 1963). Adrián Rodríguez Miranda (2014) señala al respecto el carácter persistente de las brechas regionales, subrayando que “el diagnóstico sigue mostrando a las regiones del norte y el noreste como los territorios de menor desarrollo relativo, mientras el sur del país exhibe los mejores desempeños” (p. 15). Esto se ha traducido a través del tiempo, entre otros aspectos, en niveles de pobreza más altos en el norte del país (Veiga, 2015).  

Metodología

Unidad de análisis

El concepto de pobreza, tanto en términos de amenaza a la subsistencia como de privación de necesidades, tiene como referencia a la persona. Sin embargo, las fuentes de información que se utilizan habitualmente en los estudios cuantitativos de pobreza (encuestas de hogares, censos de población y encuestas de salud), suelen considerar al hogar como unidad. Esto hace que los estudios que seleccionan al individuo como unidad de análisis, deban asumir el supuesto de que los atributos del hogar, o de alguno de sus miembros, por ejemplo el/la jefe/a de hogar[1], se distribuyen de modo homogéneo entre todos los integrantes. La anterior supone una decisión problemática ya que no se dispone de información para establecer cuál es la cuota de uso de cada recurso para cada individuo del hogar (Fernández et al., 2018).  Sin desmedro de ello, en el presente artículo se considera al individuo como unidad de análisis por entender que resulta lo decisión más consistente en términos conceptuales.

Criterios de identificación de la pobreza

El artículo se propone indagar en los perfiles de pobreza que surgen de la identificación del fenómeno por los métodos de las NBI y del ingreso. En ambos casos la variable dependiente resultante es de nivel nominal y cuenta únicamente con dos categorías. Las personas identificadas como pobres se les asigna el valor 1 y a las identificadas como no pobres el valor 0.    

La identificación por NBI se basa en la propuesta metodológica de Juan José Calvo et al., (2013). La misma fue el resultado del trabajo de técnicos y académicos de distintas instituciones, entre las que se encuentran el INE, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República. Se identifican como pobres a las personas que residen en hogares con privación en al menos uno de los indicadores presentados en la Tabla 1.

Tabla 1. Dimensiones, indicadores y umbrales de privación por NBI

Dimensión

Indicador

Definición

 Vivienda decorosa

Materialidad

Viviendas con materiales de paredes o techos de desechos o piso de tierra

Hacinamiento

Más de dos personas por habitación de la vivienda

Espacio apropiado para cocinar

Hogares que no disponen de un lugar con canilla y pileta para cocinar

Agua potable

Origen y llegada del agua

El agua no proviene de Red General o pozo surgente protegido o el agua no ingresa por cañería dentro de la vivienda

Servicio higiénico

Acceso y calidad del baño

La vivienda no dispone de baño de uso exclusivo o su evacuación no se realiza por Red General, fosa séptica o pozo negro

Energía eléctrica

Acceso a energía eléctrica

La vivienda no accede a energía eléctrica para iluminarse

Artefactos básicos de confort

Calefacción

El hogar no dispone de ningún medio para calefaccionar la vivienda

Refrigerador

El hogar no dispone de refrigerador (con o sin freezer)

Calentador de agua para el baño

El hogar no dispone de calefón o calentador eléctrico

Educación

Asistencia de menores de 4 a 17 años

En el hogar hay al menos un menor de entre 4 y 17 años que no asiste a educación formal

Fuente: elaboración en base a Calvo et al., (2013)

Para la identificación de los pobres por ingresos se utiliza el Método de Ingresos LP06 (INE, 2009). Es el método oficial de medición de la pobreza en Uruguay. Se basa en la construcción de umbrales o líneas de pobreza que reflejen el costo monetario de satisfacer las necesidades a partir de una canasta básica de bienes y servicios, definida, a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005–2006 del INE, como el primer quintil móvil de ingresos que logra satisfacer los requerimientos nutricionales con el menor ingreso posible.

El procedimiento de identificación es el siguiente: a partir de los estratos se elaboran canastas básicas de alimentos per cápita (CBA), conjugando pautas de consumo y requerimientos nutricionales, y canastas básicas no alimentarias (CBNA), mediante el gasto per cápita observado en el estrato de referencia, ajustándolo por la presencia de economías de escala.

La CBA se define en base al consumo de la población urbana en su conjunto por un lado y por otro para la población rural. Para la estimación de la CBNA se utiliza el Coeficiente de Orshansky estimado como la proporción del gasto total sobre el gasto alimentario La CBNA se construye para cada región a partir de sus respectivos estratos de referencia. El resultado son tres umbrales diferentes según la región geográfica de residencia del hogar: Montevideo, interior urbano e interior rural disperso.

Un hogar se considera pobre si su nivel de ingreso es inferior al establecido por el umbral de la línea de pobreza, es decir pobrei=1, si yi<CBApc * ni + CBNApc * (n*0,8) y pobrei=0 de lo contrario. Donde yi es el ingreso del hogar i, CBApc el valor monetario de la canasta básica alimentaria per cápita, ni la cantidad de miembros del hogar, CBNApc el valor monetario de la canasta básica no alimentaria per cápita y 0,8 el exponente que mide las economías de escala en el gasto no alimentario. Los valores de la CBApc y CBNApc para las distintas regiones geográficas pueden consultarse en INE (2020).  

Operacionalización de factores asociados a la pobreza

En la Tabla 2 se presenta la operacionalización de los factores que se ponen a consideración para la elaboración de perfiles de pobreza. Se abordan ocho dimensiones a través de dieciocho indicadores; en todos los casos se trata de indicadores dicotómicos que clasifican con 1 a las personas que cumplen con la condición y con 0 al resto. La definición de los indicadores se orienta por dos criterios, en primer lugar, se prioriza la selección de indicadores que cuenten con cierta acumulación de uso entre los antecedentes; se entiende que de esta forma se contribuye a la validez aparente de la propuesta. En segundo lugar, se contempla únicamente indicadores que puedan ser medidos con la Encuesta Continua de Hogares 2019. Esto sin duda restringe el abanico de dimensiones y en algunos casos puede afectar la validez de contenido de la propuesta. A continuación, se discute sintéticamente la selección de indicadores y se alerta sobre algunos sesgos que puedan traer aparejadas algunas de las decisiones tomadas.

(I) Capital humano: se opta por dos indicadores que se espera que actúen de modo inverso, uno que tienda a estar sobrerrepresentado en grupos homogéneamente pobres (clima educativo bajo) y el otro en grupos no pobres (educación terciaria). Los indicadores de logros educativos alcanzados por los adultos se encuentran relativamente consensuados en la bibliografía para dar cuenta del capital humano (Cortés, 1997; Cotter, 2002; Fernández, 2003; Rupasingha y Goetz, 2007; Marroig y Oreiro, 2008; Cardeillac, 2013). No obstante, no se desconoce que la adquisición de habilidades para el trabajo asociadas a la acumulación de capital humano, pueden estar vinculadas a procesos de capacitaciones por fuera del sistema educativo formal, no relevadas por las encuestas de hogares y por tanto no son considerados aquí.  

(II) Capital físico: la tenencia de la vivienda en propiedad da cuenta de un bien material caracterizado por un amplio potencial de uso y una relativa estabilidad en el tiempo. Por el contrario, como se ha señalado en la bibliografía, la privación en el acceso formal a la vivienda suele estar relacionada con situaciones de pobreza (Herzer et al., 2008). Atendiendo a ello, tal como fuera hecho por otras investigaciones antecedentes (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Cardeillac, 2013; Fernández et al.  2018; Borrás, 2022) se considera como indicador de privación de capital físico el integrar un hogar que reside en una vivienda de la cual no tiene la tenencia formal.  

(III) Capital social: de los conceptos esbozados en este artículo es quizá el más esquivo en cuanto a su medición. Los trabajos cuantitativos que lo abordan empíricamente suelen recurrir a instrumentos específicos, de los que los registros estadísticos oficiales utilizados para estimar la pobreza prescinden (Rey, 2021). Dada las restricciones de la información, la medición del capital social a partir de encuestas de hogares enfrenta claras amenazas a la validez de contenido, por lo que el tipo de inferencias que se pueda realizar en función de los indicadores seleccionados será, en el mejor de los casos, discutibles. Al respecto señala Joaquín Cardeillac (2013) que “los resultados que se derivan de incluir estos indicadores mal podrían considerarse concluyentes acerca del papel del capital social” (p. 56).

No obstante lo anterior, en la bibliografía ha sido frecuente el uso de indicadores construidos a partir de encuestas de hogares, que pueden aproximarse a la conformación de vínculos de adscripción débil que se espera predominen en grupos homogéneamente no pobres (Kaztman, 1999; Cortés, et al., 2004; Fernández, 2003; Cardeillac, 2013).

En este artículo se opta por dos indicadores; por un lado, la asistencia a educación privada según Fernández (2003) “otorga membrecía por la creación de redes débiles generacionalmente definidas y/o por la reproducción intergeneracional de vínculos que suceden cuando exalumnos envían a sus hijos a los mismos colegios privados” (p. 16). Por otro lado, el empleo público, que potencialmente puede habilitar la participación en redes débiles, como sindicatos o cooperativas, así como dar lugar a beneficios relacionados a la adscripción pública como el acceso a crédito y garantía de viviendas.

Debe reconocerse de todos modos que ambos indicadores incurren en supuestos fuertes y discutibles, pudiendo argumentarse, por ejemplo, que dan cuenta de otras dimensiones, como la capacidad de consumo de los hogares, en el caso de la asistencia a educación privada, o la posición en la estructura ocupacional, en el caso del empleo público.  

(IV) Demografía: se utilizan tres indicadores que buscan dar cuenta del grado de dependencia demográfica de los hogares (hogares con presencia de menores de 15 años) y de las limitaciones en el rango de recursos disponibles de los hogares dada la composición de los mismos (hogares monoparentales y hogares extendidos). Los tres indicadores son de uso extendido en la bibliografía (Cortés, 1997; Vigorito, 2003; Fernández, 2003; Cortés et al., 2004; Colacce y Tenenbaum, 2016; Torres y Hernández-Cantú, 2017; Poy et al., 2021).

(V) Ascendencia racial: la fuente utilizada releva dos preguntas de autoidentificación racial, una de respuesta múltiples donde las personas declaran que ascendencias raciales creen tener y otra donde, en caso de declarar más de una, declaran cuál es la principal. Los antecedentes que han utilizado estas preguntas lo han hecho para comparar la situación de la población afrodescendiente respecto al resto de la población. Para ello se han priorizado dos indicadores, personas que declaran tener ascendencia racial afro (sea o no la principal) y personas que declaran que su ascendencia principal es la afrodescendiente (Bucheli y Porzecanski, 2008; Cabella et al., 2013).  En este trabajo se utiliza el primero de estos.

(VI) Posición ocupacional: en los trabajos antecedentes se ha mostrado que entre los trabajadores manuales no calificados los niveles de pobreza son mayores (Beeghley, 1988; Boado y Fernández, 2006; Dewilde, 2008; Whelan y Maitre, 2014; Fernández et al., 2018). Atendiendo a ello se propone como indicador los trabajadores en clasificados por el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2008) como no calificados.  

(VII) Estructura económica: se consideran dos indicadores que buscan dar cuenta del nivel de exclusión de los trabajadores de sectores dinámicos de la económica. El desempleo, indicador que si bien no se encuentra libre de controversias (suele argumentarse que la categoría de ocupado es muy poco exigente al bastar con trabajar una hora por semana para ser clasificado de dicha forma), es de uso extendido en la bibliografía. Y el trabajo informal; también es de uso extendido en la bibliografía, y se lo mide preguntando por la condición de cotizante en la seguridad social (Cortes, Fernández y Mora, 2004; Cardeillac, 2013, Fernández et al., 2018).  

(VIII) Factores contextuales: se considera el lugar de residencia urbano, adoptando la de definición INE (el INE considera Uruguay urbano a localidades de 5.000 o más habitantes). Si bien se entiende que la definición puede ser restrictiva por plantear una distinción entre lo urbano y lo no urbano (rural nucleado y disperso) que solo considera un criterio demográfico, sin apelar por ejemplo a la actividad económica (Piñeiro y Cardeillac, 2014), su uso se encuentra extendido en la bibliografía nacional (Cardeillac, 2013; Rodríguez Miranda, 2014; Veiga, 2015). Por último, se incluyen cinco indicadores que identifican la región geográfica de residencia, según la regionalización propuesta por Danilo Veiga (2015). Se espera que la residencia en el norte, sea un criterio de clasificación de grupos homogéneamente pobres.  

Tabla 2. Dimensiones e indicadores de factores asociados a la situación de pobreza

Dimensiones

Indicadores

Descripción

Capital humano

Educación terciaria

Personas en hogares con al menos un integrante con 13 años de estudio o más

Clima educativo bajo

Personas en hogares donde los integrantes de 18 años y más, en promedio, tienen menos de 9 años de estudio

Capital físico

Tenencia insegura de la vivienda

Personas en hogares que son propietarios de la vivienda, pero no del terreno en el que habitan u ocupan una vivienda sin permiso del propietario

Capital social

Asistencia a educación privada

Personas en hogares donde al menos un integrante de 18 años o más asiste o asistió a educación privada

Trabajadores públicos

Personas en hogares con al menos un integrante asalariado público

Demografía

Hogares con menores de 15 años

Personas en hogares con integrantes que tienen entre 0 y 14 años

Hogares monoparentales femeninos con menores

Personas en hogares encabezados por mujeres sin cónyuge con menores de 18 años a cargo

Hogares extendidos

Personas en hogares integrados por un núcleo familiar (biparental o monoparental) más otro u otros parientes (comprende todas las personas emparentadas con el/la jefe/a de hogar excluyendo cónyuge e hijos del jefe/a o de su cónyuge)

Ascendencia racial

Personas afrodescendientes

Personas autoidentificadas como afrodescendientes

Posición ocupacional

Trabajadores manuales no calificados

Personas en hogares donde el/la jefe/a trabajador/a manual no calificado/a

Estructura económica

Desempleo

Personas en hogares donde el/la jefe/a es desempleado/a

Trabajador informal

Personas en hogares donde el/la jefe/a es ocupado, pero no aporta a la seguridad social

Factores contextuales

Residencia urbana

Personas residiendo en localidades mayores a 5.000 habitantes

Región norte

Personas residiendo en los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó o Cerro Largo

Región litoral centro

Personas residiendo en los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Durazno, Rocha o Treinta y Tres

Región centro sur

Personas residiendo en los departamentos de Soriano, Flores, Florida, San José o Lavalleja

Región sur

Personas residiendo en los departamentos de Canelones, Colonia o Maldonado

Montevideo

Personas residiendo en el departamento de Montevideo

Fuente: elaboración propia en base a revisión bibliográfica.

El análisis de segmentación

Para la elaboración de perfiles de pobreza se utiliza el análisis de segmentación. Se trata de un conjunto de técnicas utilizadas para dividir jerárquicamente una muestra, seleccionando para ello los mejores factores entre un conjunto de variables independientes, dando como resultado un número determinado de segmentos o grupos internamente homogéneos en una variable dependiente (en este caso la pobreza). Procedimientos de este tipo han mostrado ser fructíferos para clasifica y elaborar perfiles de pobreza (Thoplan, 2014; Talingdan, 2019; Hurst et al., 2020; Benedetich et al., 2021).  

Como señala Modesto Escobar (2007), el análisis de segmentación “permite configurar una serie de grupos que se distinguen por su comportamiento distinto en una determinada variable dependiente” (p.138). Así mismo, permite detectar interacciones entre variables independientes, dando lugar de esta forma a la identificación de factores asociados a la pobreza que son particularmente relevantes para algunos segmentos específicos de la población.  

Dentro del análisis de segmentación se distinguen distintos procedimientos. Su diferencia fundamental reside en los algoritmos utilizados para la división de la muestra. La utilización de uno u otro tipo de algoritmos responde a los objetivos de la investigación, la escala de medición en que se dispongan las variables dependientes e independientes y la cantidad de casos con que se cuente en la muestra.

En este trabajo se utiliza como algoritmo de segmentación el Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) (Cellard et al., 1967 y Kass 1980; citado en Escobar, 2007). El CHAID es una derivación del Automatic Interaction Detection (AID) (Morgan y Sonquist 1963; citado en Escobar, 2007) Permite trabajar con variables dependientes categóricas y realiza segmentaciones en más de dos grupos al mismo tiempo. Como método de segmentación puede utilizar el Chi Cuadrado (2) o la razón de verosimilitud (RV), obteniéndose por ambas vías resultados similares.

Fuente de datos

Las investigaciones cuantitativas sobre pobreza han utilizado fundamentalmente dos fuentes de información, los censos de población y las encuestas de hogares. Los primeros tienen como principal ventaja los niveles de desagregación de la información que permiten, mientras las segundas tienen como ventaja la gran variedad de temas que abordan sus cuestionarios. Teniendo en cuenta que en este trabajo se pretende identificar, dentro de un amplio set de factores, los más significativos para la clasificación de la pobreza y la determinación de perfiles, se considera que la fuente de información idónea es la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)[2].

La ECH es representativa del total país. La unidad de relevamiento es población residente en viviendas particulares y que integren hogares particulares. La técnica de muestreo aplicada es Muestreo Aleatorio Estratificado en Conglomerados con asignación óptima en dos o tres etapas de selección (INE, 2006). El formulario de la ECH releva información sobre una diversidad de temas dentro de los que destacan: demografía, vivienda, salud, empleo, ingresos y educación.

En el año 2019 la muestra estuvo conformada por 107.871 individuos y 45.360 hogares[3].

Resultados

Pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas en Uruguay: estimación y principales factores asociados

En Uruguay, al año 2019, el 8.8% de la población se encontraba en situación de pobreza de ingresos y un 20.6% presentaba al menos una necesidad básica insatisfecha (Tabla 3).    

Al considerar la incidencia de los dos tipos de pobreza según distintos factores, las diferencias porcentuales ratificaron en su mayoría las relaciones expresadas en la bibliografía antecedente. Se constataron importantes brechas en los niveles de ambos tipos de pobreza según se posea o no acumulación de activos humanos, físicos y sociales. Las diferencias más importantes se dieron entre las personas que integraban hogares donde al menos uno de sus miembros tenía estudios terciarios y las que no. Entre estas últimas la pobreza de ingresos alcanzó el 12%, al tiempo que entre los miembros de los hogares más educados el valor no llegaba a 2%. Algo similar ocurrió con los niveles de pobreza por NBI que fueron de 26% entre las personas que integran hogares donde ningún miembro tenía educación terciaria, al tiempo que entre los miembros de los hogares más educados el valor fue de 8%. Para el caso de la pobreza de ingresos llama la atención la diferencia entre las personas que integraban hogares donde el/la jefe/a era empleado público y las que no; entre las primeras el porcentaje de pobreza no alcanzó el 2% mientras que entre las segundas fue de 11%.

Tal como se esperaba de acuerdo a la bibliografía revisada, los porcentajes de pobreza de ingreso y de NBI fueron más altos entre las personas que integraban hogares monoparentales femeninos, hogares extendidos y entre los miembros de hogares con menores de 15 años. Así mismo, entre los afrodescendientes la pobreza de ingresos fue 2.5 veces superior que entre los no afros y la pobreza por NBI 1.8 veces superior. Los indicadores de posición ocupacional y estructura económica también se asociaron con la pobreza tal como se esperaba de acuerdo a la revisión bibliográfica. Tanto las personas que integraban hogares encabezados por trabajadores manuales no calificados, como las que integraban hogares donde el/la jefe/a era desempleado o trabajador informal, presentaban porcentajes de pobreza de ingresos y de NBI más altos.      

La relación entre los factores contextuales y los dos tipos de pobreza muestra ciertas singularidades. Si bien, tal como surge de la revisión bibliográfica, el nivel de pobreza por necesidades básicas entre residentes urbanos fue inferior que entre los rurales, la pobreza de ingresos presentó un comportamiento inverso. Entre las regiones, la sur es la que presentó, tanto para la pobreza de ingresos como de NBI, menor incidencia del fenómeno. Por su parte Montevideo y la región norte, presentaron los porcentajes más altos de pobreza de ingresos y el litoral centro y la región norte los porcentajes más altos de NBI.  

Tabla 3. Porcentaje de personas en situación de pobreza según factores asociados a la pobreza

 

Porcentaje de pobres por ingreso

Porcentaje de pobres por NBI

Capital humano

Educación terciaria

No

12

26,3

Si

1,6

8,1

Clima educativo bajo

No

3,7

11,9

Si

15,6

32,4

Capital físico

Tenencia insegura de la vivienda

No

7,2

18,7

Si

28,3

43,6

Capital social

Asistencia a educación privada

No

11,3

25,4

Si

2,3

8,2

Trabajadores públicos

No

10,5

22,8

Si

1,6

11,3

Demografía

Hogares con menores de 15 años

No

2,9

15,6

Si

14,5

25,5

Hogares monoparentales femeninos con menores

No

8,1

19,7

Si

14,8

27,7

Hogares extendidos

No

7,5

19,3

Si

15

26,9

Ascendencia racial

Personas afrodescendientes

No

7,5

18,9

Si

18,7

33,2

Posición ocupacional

Trabajadores manuales no calificados

No

7,7

18,5

Si

17,2

37,1

Estructura económica

Desempleo

No

8,1

20,1

Si

27,4

33,8

Trabajador informal

No

7,4

19,2

Si

20

32

Factores contextuales

Residencia urbana

No

5,5

25

Si

9,4

19,7

Región norte

No

8,6

19,7

Si

10,3

28,1

Región litoral centro

No

8,8

19,3

Si

8,7

28,6

Región centro sur

No

9,2

20,5

Si

5,4

20,9

Región sur

No

10,3

21,7

Si

4,5

17,4

Montevideo

No

6,5

22,4

Si

12,2

17,8

Total

8,8

20,6

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2019.

Nota: datos expandidos al total de la población.

Perfiles de pobreza(s): aproximación a partir del análisis de segmentación  

Para la definición de perfiles de pobreza de ingresos y de necesidades básicas se utilizó análisis de segmentación, especificando, para uno y otro criterio de identificación de la pobreza, los 18 factores definidos en la Tabla 2. Se utilizó como algoritmo de segmentación el CHAID y como criterio de selección de factores la prueba de 2, seleccionando para la segmentación los de menor significación. El tamaño de la muestra utilizada en este trabajo habilitó la realización de tres niveles de segmentación para cada medida de pobreza, concluyendo el análisis en cada caso con ocho nodos o grupos terminales estadísticamente significativos para un α=0.01.

Los resultados de la segmentación para la pobreza de ingresos indican que el factor que más se asoció al fenómeno fue la presencia de menores de 15 años en el hogar. Sin duda la pobreza infantil constituye, sino la principal, una de las principales preocupaciones sociales en América Latina (Poy et al., 2021; CEPAL, 2022) y Uruguay no ha sido una excepción al respecto (Colacce y Tenenbaum, 2016; INE, 2020). Como se observa en la Figura 1, previo a la segmentación el 8% de la muestra integraba hogares pobres[4], sin embargo, el valor se ubicaba en 2.5% para personas que integraban hogares sin menores de 15 años, al tiempo que ascendía a 13.6% entre aquellos que sí integraban hogares donde residía al menos un menor de 15 años.  

Entre los hogares sin presencia de menores de 15 años, el factor que más se asoció con la pobreza de ingresos fue la tenencia insegura de la vivienda. Entre las personas que integraban hogares en esa situación, los porcentajes de pobreza alcanzaban el 13%, de lo contrario el guarismo era de 2%. Por su parte, entre las personas que integraban hogares con presencia de menores de 15 años, la variable que más se asoció con la pobreza fue el clima educativo del hogar. Casi una de cada cuatro personas que integraban hogares con clima educativo bajo se encontraba en situación de pobreza, al tiempo que entre los hogares con mejor clima educativo la incidencia no alcanzaba el 6%. Los resultados sugieren la persistencia del capital humano como un factor privilegiado para inhibir la pobreza, adelantada por los antecedentes nacionales (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Marroig y Oreiro, 2008; Cardeillac, 2013; Fernández et al., 2018).

La segmentación concluye en el tercer nivel con los siguientes factores: entre las personas que integraban hogares sin menores de 15 años y sin tenencia insegura de la vivienda, la variable que más se asoció con la pobreza fue la condición de desocupación del jefe/a de hogar. Entre las personas de dicho segmento que integraban hogares donde el/la jefe/a se encontraba desocupado al momento de la encuesta, los porcentajes de pobreza de ingreso fueron de 12%, mientras que en los hogares donde el/la jefe/a no estaba desocupado los niveles de pobreza no alcanzaban el 2%. Por su parte, entre las personas que integraban hogares sin menores de 15 años y con tenencia insegura de la vivienda, el factor que más se asoció con la pobreza de ingresos fue el residir o no en Montevideo. Entre los que residían en la capital uruguaya 1 de cada 5 se encontraba en situación de pobreza, al tiempo que entre quienes residían fuera de Montevideo el 5.7% eran pobres.  

Para el segmento de personas que integraban hogares con presencia de menores de 15 años y clima educativo bajo, la variable que más se asoció con la pobreza de ingresos también fue la residencia (o no) en Montevideo. Entre los que residían en Montevideo el 46% se encontraba en situación de pobreza, mientras que entre quienes no lo hacían un 17% se encontraba en dicha situación. Por último, entre quienes integraban hogares con menores de 15 años y clima educativo medio o alto (9 años de estudio o más), el factor que más se asoció a la pobreza de ingresos fue la asistencia a educación privada. En las personas que integraban hogares donde al menos un integrante había cursado educación privada, el 1.8% se encontraba en situación de pobreza, mientras que entre las personas que integraban hogares donde ningún integrante había cursado educación privada, el porcentaje de pobreza fue de 8.4%.

Figura 1. Segmentación de Pobreza de ingresos

Fuente: elaboración propia en base a ECH 2019.

Nota: Criterio de Segmentación 2. Todos los resultados son significativos para α=0.01

La Figura 2 presenta el ejercicio de segmentación utilizando como variable dependiente la pobreza por NBI. El factor que más se asoció con este tipo de pobreza fue el clima educativo del hogar. El porcentaje de pobreza de NBI entre las personas que integraban hogares con clima educativo bajo fue de 30.8%, mientras que entre aquellas que integraban hogares con clima educativo medio o alto fue de 11.8%.

En el segundo nivel de segmentación, para grupo de personas que integraban hogares con clima educativo bajo, el principal factor asociado a la pobreza fue la presencia (o no) de menores de 15 años en el hogar. Entre los que pertenecían a hogares con clima educativo bajo integrados por al menos un menor de 15 años, el porcentaje de pobreza de NBI alcanzó el 40%, mientras que entre quienes integraban hogares sin presencia de menores el 23% se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, entre las personas que integraban hogares con clima educativo medio o alto, el factor que más se asociaba con la pobreza fue la asistencia a educación privada por parte de al menos un miembro del hogar. Entre los que integraban un hogar donde al menos uno de sus miembros había cursado educación privada el porcentaje de pobreza fue de 6.6%, mientras que entre los integrantes de hogares donde ningún miembro había asistido a educación privada, los niveles de pobreza fueron de 15.3%.

En el tercer y último nivel se identificaron dos factores con los que concluye la segmentación. En primer lugar, para el grupo de personas que integraban hogares con clima educativo bajo, tanto en hogares con o sin presencia de menores de 15 años, el factor que más se asoció a la pobreza por NBI fue la tenencia insegura de la vivienda. Entre las personas que integraban hogares con tenencia segura de la vivienda los porcentajes de pobreza eran de 37.5% y 21%, según hubiera o no miembros menores de 15 años en el hogar. Mientras que entre las personas que integraban hogares con tenencia insegura los porcentajes de pobreza ascendían a 43% y 55% respectivamente. Retomando los planteos de Herzer y colegas (2008), es esperable que situaciones de tenencia informal de la vivienda dificulte el acceso a servicios básicos y, por esta vía, aumente las chances de insatisfacción de necesidades básicas.

En segundo lugar, entre aquellas personas que integraban hogares con clima educativo medio o alto, el factor que más se asoció a la pobreza de necesidades fue el tipo de ocupación del jefe/a de hogar. Entre aquellos que integraban hogares donde el/la jefe/a se ocupaba en tareas manuales no calificadas, la pobreza ascendía a 15% y 29%, según hubiera o no en el hogar algún miembro que haya asistido a educación privada.  Por su parte, entre los integrantes de hogares donde el/la jefe/a no se encontrara en dicha posición, el porcentaje de pobreza era de 6% y 14% respectivamente.

Figura 2. Segmentación de pobreza de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Fuente: elaboración propia en base a ECH 2019.

Nota: Criterio de Segmentación 2. Todos los resultados son significativos para α=0.01

Para concluir el análisis, en la Tabla 4 se describen los nodos terminales con mayores y menores porcentajes de pobreza de ingresos y de NBI. La interacción de factores da como resultado la conformación de grupos internamente homogéneos, en términos de incidencia de la pobreza. El grupo menos afectado por la pobreza de ingresos (1.8%), lo conformaban personas que integraban hogares donde no había integrantes menores de 15 años, la tenencia de la vivienda era segura y el/la jefe/a del hogar no se encontraba desocupado. Para el caso de la pobreza de NBI, el grupo menos afectado (6.3%) lo componían personas que integraban hogares con clima educativo medio o alto, donde al menos uno de sus miembros había asistido a educación privada y el/la jefe/a no se ocupaba en tareas no calificadas.

Por su parte, el grupo con mayor incidencia de pobreza de ingresos (46.2%) lo componían personas que integraban hogares donde había al menos un menor de 15 años, con clima educativo bajo y residentes en Montevideo. Al tiempo que el grupo terminal con mayor porcentaje de NBI (55.1%) estaba integrado por personas en hogares con clima educativo bajo, presencia de menores de 15 años y tenencia de la vivienda insegura.

En síntesis, la confluencia de personas en hogares con menores de 15 años y adultos con niveles educativo bajo, tienden a determinar un perfile particularmente vulnerable, tanto a la pobreza de ingresos como a las NBI. Dentro de este grupo, entre aquellos que residen en Montevideo, la pobreza de ingreso tiende a ser más alta. Ello podría estar relacionado, al menos en parte, a un costo mayor de la canasta básica en la capital (INE, 2020). Para el caso de las NBI, estas tienden a potenciarse entre aquellas personas que tienen tenencia insegura de la vivienda. Como ya fuera señalado, el acceso informal a la vivienda puede obstaculizar el acceso a servicios públicos, así como inhibir la inversión en mejoras o el mantenimiento del inmueble, dada la incertidumbre que supone este tipo de tenencia, ambas situaciones coadyuvan a aumentar el riesgo de pobreza (Moser, 1998; Kaztman, 1999; Herzer et al., 2008).        

Tabla 4. Porcentaje de personas pobres de ingresos y de NBI en los nodos terminales del análisis de segmentación con mayor y menor incidencia de pobreza

Grupos terminales de mayor y menor incidencia de pobreza de ingresos

% Pobreza de ingresos

Integrantes de hogares con presencia de menores de 15 años, en hogares con clima educativo bajo, residentes en Montevideo

46,20%

Integrantes de hogares donde no hay presencia de menores de 15 años, la tenencia de la vivienda no es insegura y el/la jefe/a de hogar no se encuentra desocupado

1,77%

Grupos terminales de mayor y menor incidencia de pobreza de NBI

% Pobreza de NBI

Integrantes de hogares con clima educativo bajo, presencia de menores de 15 años y tenencia insegura de la vivienda

55,10%

Integrantes de hogares con Clima educativo medio o alto (más de 9 años de estudio), con miembros que hayan asistido a educación privada y jefe/a de hogar ocupado/a en un actividad manual o no manual con algún tipo de calificación

6,30%

Fuente: elaboración en base a revisión de bibliografía y formulario de ECH 2019

Discusión y conclusiones

Los estudios cuantitativos de pobreza han tenido entre sus principales preocupaciones la medición de la pobreza y el análisis de los factores que se le asocian y determinan. Los trabajos de medición, para identificar a las personas u hogares en situación de pobreza, han priorizado dos grupos de métodos, por un lado los métodos directos, basado en indicadores de necesidad, por otro el método indirecto o de ingresos, basado en el poder adquisitivo de los hogares. Una y otra manera de medir la pobreza remite a conceptualizaciones de pobreza distintas y dan cuenta de patrones de privación particulares. La pobreza de necesidades da cuenta de procesos de privación estructural y situaciones que podrían ser atendidas a partir de puesta en vigencia de políticas públicas específicas, la pobreza de ingresos da cuanta de privaciones en el consumo privado de los hogares y tiene mayor sensibilidad coyuntural (Feres y Mancero, 2001).

Ahora bien, más allá de las situaciones particulares de privación que capta una y otra metodología, podría esperarse que los factores que se les asocian y determinan coincidan, ya que en última instancia la combinación de factores ilustraría diversas situaciones de vulnerabilidad o de privilegio en el acceso a fuentes de bienestar tanto monetarias, como no monetarias. Sin embargo, también podría argumentarse que, dado que la pobreza de ingresos y la pobreza de necesidades dan cuenta de formas específicas de privación, los factores a ellas asociados no tendrían por con coincidir. En otras palabras, los factores que ponen en riesgo de pobreza de ingresos a una persona o un hogar, no tienen por qué ponerlos en riesgo de insatisfacción de necesidades, y viceversa. Esta fue la inquietud general que motivó el artículo que aquí concluye, el cual se orientó por la siguiente pregunta: ¿qué aspectos comunes y cuáles específicos presentan los perfiles de pobreza al considerar la pobreza por ingresos y por Necesidades Básicas Insatisfechas?  

El contexto analizado, Uruguay 2019, resulta de particular relevancia, ya que se trata del último año de un ciclo progresista de tres lustros, caracterizado, entre otros aspectos, por una reducción histórica en los niveles de pobreza de ingresos y, en menor medida, de NBI (INE, 2020; MIDES, 2020). Dado ello, resultaba pertinente preguntarse por las características distintivas de la población uruguaya que al año 2019 se encontraba en situación de pobreza, ya sea por uno u otro tipo de medida; ésta de algún modo representa la deuda social del ciclo progresista.

En términos generales, al finalizar el ciclo progresista, los perfiles de pobreza de ingresos y de necesidades coincidían. Predominaban personas que integraban hogares con menores de 15 años. Los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de mayor dependencia, en tanto expanden sus necesidades económicas, residenciales y educativas, entre otras, sin el correspondiente aumento de recursos, todo lo cual potencia sus chances de pobreza (Cancian y Reed, 2001; Cortés, 1997; Cortés et al., 2004; Torres y Hernández-Cantú, 2017; Poy et al., 2021). En particular en Uruguay se ha llamado la atención sobre las brechas existentes entre los niveles de pobreza de los más jóvenes y los del resto de la población, situación que no se habría logrado revertir en la década de reducción sostenida de ambos tipos de pobreza (Marroig y Oreiro, 2008; Cardeillac, 2013; Colacce y Tenenbaum, 2016; Fernández et al., 2018).

Otro rasgo distintivo en la población en situación de pobreza, ya sea de ingresos o de necesidades, son sus magros logros educativos. La bibliografía antecedente ha llamado la atención sobre la relevancia del capital humano como factor inhibidor de la pobreza, medido a través del nivel educativo alcanzado por los adultos. Éste da cuanta de las posibilidades de inserción en ocupaciones calificadas, mejor remuneradas y protegidas legalmente. Los miembros de hogares con clima educativo bajo tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado de empleo en sectores dinámicos, de productividad media o alta, y dado ello sus retornos económicos y no económicos tienden a ser menores y sus chances de pobreza, tanto de ingresos como de necesidades, tiende a ser más alta (Fernández, 2003; Boado y Fernández, 2006; Cardeillac, 2013; Fernández et al., 2018). No solo eso, sino que los retornos de la educación en el mercado estarían aumentando y, dado ello, la relevancia del capital humano como factor inhibidor de la pobreza se habría incrementado (Fernández, 2003; Marroig y Oreiro, 2008). El carácter transversal del presente artículo no permite contrastar dichas afirmaciones, pero si habilita a ratificar la importancia que reviste en el Uruguay la relación entre educación y pobreza.

Por otra parte, el análisis permitió identificar singularidades en los perfiles de uno y otro tipo de pobreza. Entre los segmentos más afectados por la pobreza de ingresos (personas en hogares con menores de 15 años y clima educativo bajo), las restricciones para acceder a una canasta básica se incrementan en la capital uruguaya respecto a lo sucedido en otras regiones resto del país. Sin embargo, de acuerdo al presente análisis, la residencia o no en Montevideo, no parecería ser un factor que determine las situaciones de pobreza de necesidades básicas. En otras palabras, como ya se ha señalado en otros trabajos (Borrás, 2017), si bien los hogares montevideanos tendrían mayores dificultades para acceder a una Canasta Básica Total, es decir a un conjunto de requerimientos nutricionales y no nutricionales básicos, ello no parecería repercutir en privaciones directas en términos de necesidades.  

Entre los segmentos más afectados por la pobreza de necesidades básicas (personas en hogares con clima educativo bajo y miembros menores de 15 años), el porcentaje de NBI se incrementan en aquellos que presentan tenencia insegura de la vivienda. La tenencia insegura de la vivienda, relacionada fundamentalmente con la ocupación de tierras en la periferia de la ciudad o de fincas abandonadas en áreas consolidadas, tiende a coincidir con privaciones en la habitabilidad y acceso deficitario a bienes y servicios públicos y, por esta vía, incrementa las chances de experimentar necesidades básicas insatisfechas (Herzer et al., 2008). El factor también fue relevante en la segmentación de la pobreza de ingresos, sin embargo, entre los grupos más afectados por ésta, la tenencia insegura de la vivienda no aparece entre las características distintivas.  

En resumen, el balance del ciclo progresista en términos de pobreza es positivo, sin embargo, al finalizar el mismo persistían núcleos duros donde la incidencia del fenómeno era muy alta. Para buena parte de las niñas y los niños uruguayos, así como para los adultos con menores niveles educativos, el crecimiento económico y las reformas sociales del período no habrían sido suficiente para asegurarles condiciones de vida dignas. En particular, la combinación de ambas situaciones (niños en hogares con adultos con bajo nivel educativo), se relaciona con niveles de pobreza particularmente acuciantes. En el caso de la pobreza de ingresos, el escenario se agrava en Montevideo. Por su parte, la combinación de infancia, bajos niveles educativos y acceso informal a la vivienda se relaciona con las situaciones de mayor apremio en término de NBI.        

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Notas


[1] Se define como Jefe/a aquella persona que sea reconocida como tal por los miembros del hogar (INE, 2006, p.25)

[2] Ver  http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares3

[3] Los microdatos se encuentran disponibles en http://www.ine.gub.uy/web/guest/encuesta-continua-de-hogares1

[4] La diferencia entre el porcentaje de pobres en la Tabla 3 y en los nodos 0 de las Figuras 1 y 2 se debe a que para la Tabla 3 se utilizan datos ponderados y en el análisis de segmentación se utilizan los datos sin ponderar, por ello se habla del porcentaje de pobres de la muestra, y no del total de la población.