Cita sugerida: Magallanes, R. M. y Avila, A. L. (2022). El Banco Interamericano de Desarrollo como actor clave en la promoción del modelo neoliberal de ciudad sustentable del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina (2011-2021). Revista Huellas, Volumen 26, Nº 1, Instituto de Geografía, EdUNLPam: Santa Rosa. Recuperado a partir de: http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas

El Banco Interamericano de Desarrollo como actor clave en la promoción del modelo neoliberal de ciudad sustentable del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina (2011-2021)

The Inter-American Development Bank as a key actor in the promotion of the neoliberal sustainable city model of the Metropolitan Area of Mendoza, Argentina (2011-2021)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento como um ator-chave na promoção do modelo neoliberal de uma cidade sustentável na Área Metropolitana de Mendoza, Argentina (2011-2021)

Resumen: Los espacios urbanos de América Latina y el Caribe han devenido centros estratégicos de experimentación para la reproducción del capital. El presente trabajo reflexiona sobre el vínculo entre urbanismo neoliberal y reestructuración urbana, haciendo foco en el rol desempeñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la planificación de ciudades intermedias de la región. Para ello, tomamos como casos de estudio los programas “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles” (ICES) y “Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior” (DAMI), ambos implementados en la última década (2011-2021) en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM), Argentina. Analizamos el rol central de la alianza UNICIPIO-BID en la gestión metropolitana, centrándonos en los ejes de seguridad ciudadana e intervenciones de transformación urbana en áreas centrales. El trabajo da cuenta del rol clave del BID, al momento de determinar la agenda urbana e implementar modelos de corte neoliberal a través del asesoramiento técnico y el financiamiento de determinados programas urbanos, bajo el discurso de la sostenibilidad. Se llevó a cabo una metodología cualitativa, centrada en el análisis de caso. Se utilizaron fuentes secundarias, como documentos oficiales elaborados por el BID, el Gobierno provincial, UNICIPIO y la Municipalidad de Mendoza, como también se tuvieron en cuenta artículos periodísticos y revistas sectoriales³.

Palabras clave: Banco Interamericano de Desarrollo; Áreas Metropolitanas; Ciudad Sustentable; Urbanismo Neoliberal.

Abstract: Urban spaces in Latin America and the Caribbean have become strategic centers of experimentation of city models that allow for the reproduction of capital. This paper reflects on the link between neoliberal urbanism and urban restructuring, focusing on the role the Inter-American Development Bank (IDB) plays in the planning of intermediate cities in the region. For this purpose, we take as case studies the programs " Initiative of Emerging and Sustainable Cities " (ICES) and "Development of Metropolitan Areas of the Interior" (DAMI), both implemented in the last decade (2011-2021) in the Metropolitan Area of Mendoza (AMM), Argentina. We analyze the central role played by the UNICIPIO-IDB alliance in metropolitan management, focusing on the axes of citizen security and interventions of urban transformation in central areas. The work carried out shows the key role played by the IDB in progressively determining the urban agenda and implementing neoliberal urban models, through its technical advice and the financing of certain urban programs, under the discourse of sustainability. A qualitative methodological design was carried out, focusing on case analysis. We used secondary sources, including official documents prepared by the IDB, the provincial government, UNICIPIO and the Municipality of Mendoza, as well as journalistic articles and sectorial magazines.

Key words: Inter-American Development Bank; Metropolitan Areas; Sustainable City; Neoliberal Urbanism.

Resumo: Os espaços urbanos na América Latina e no Caribe tornaram-se centros estratégicos de experimentação para a reprodução do capital. Este documento reflete sobre o vínculo entre o urbanismo neoliberal e a reestruturação urbana, focando no papel desempenhado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no planejamento de cidades intermediárias da região. Para isso, tomamos como estudos de caso os programas "Iniciativa para Cidades Emergentes e Sustentáveis" (ICES) e "Desenvolvimento das Áreas Metropolitanas do Interior" (DAMI), ambos implementados na última década (2011-2021) na Área Metropolitana de Mendoza (AMM), Argentina. Analisamos o papel central da aliança UNICIPIO-IDB na gestão metropolitana, concentrando-nos nos eixos de segurança do cidadão e nas intervenções de transformação urbana em áreas centrais. O trabalho mostra o papel-chave do BID na determinação da agenda urbana e na implementação de modelos neoliberais através de assessoramentos técnicos e no financiamento de certos programas urbanos, sob o discurso da sustentabilidade. Foi utilizada uma metodologia qualitativa, com foco na análise de casos. Utilizaram-se fontes secundárias, tais como documentos oficiais produzidos pelo BID, o governo provincial, a UNICIPIO e a Prefeitura de Mendoza, bem como artigos jornalísticos e revistas setoriais.

Palavras-chave: Banco Interamericano de Desenvolvimento; Áreas Metropolitanas; Cidades Sustentáveis; Urbanismo Neoliberal.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue fundado en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de consolidar la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos en la región. El mismo, es resultado de la articulación de los Estados Unidos con las acciones de las élites y gobiernos regionales de América Latina y el Caribe quienes procuraron el apoyo político y financiero de dicho país para sus fines corporativos. Con su sede central en Washington, se erigió rápidamente en el tercer pilar del sistema Interamericano, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la Guerra Fría, el Banco se transformó en una herramienta para combatir la propagación del socialismo y de la revolución cubana en la región. Durante las décadas de ´60 y ´70 promovió el desarrollismo, y fue socio de los gobiernos militares. En las décadas del ´80 y ´90 tuvo un claro desplazamiento hacia la aplicación de los lineamientos promulgados por el Consenso de Washington y sus estrategias neoliberales (Friori Arantes, 2006; Valente Santana, 2012; Vivares, 2013). Así, desempeñó junto con otras Entidades Financieras Internacionales (EFI), como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), un rol central en la introducción de reformas y la modernización del Estado (Carvajal Martínez & Guzmán Rincón, 2017; Valente Santana, 2012).

Luego, en las primeras décadas del siglo XXI, al calor de los gobiernos progresistas regionales nucleados en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el BID (junto al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata) tuvo un rol protagónico en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana (IIRSA), esta se constituye como foro técnico del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento⁴ (COSIPLAN), brindando apoyo técnico y financiero a los países. En la última década COSIPLAN asume como propia la cartera de proyectos de IIRSA, con actualizaciones que responden al proceso de planificación de los países (Svampa, 2019).

El BID participa activamente del proceso denominado por Theodore, Peck y Brenner (2009) como urbanismo neoliberal. El cual, analíticamente, presenta dos momentos: por un lado, la destrucción (parcial) de disposiciones institucionales y acuerdos políticos vigentes, mediante iniciativas reformadoras orientadas al mercado. Y por otro, la creación (tendencial) de una nueva infraestructura para un crecimiento económico orientado al mercado, la mercantilización de bienes y servicios, y una normatividad centrada en el capital (Theodore et al., 2009).

En las ciudades latinoamericanas los proyectos de reestructuración neoliberal, en su etapa destructiva, combinaron el desmantelamiento de formas institucionales estatales (sistemas redistribucionistas y colectivos); y en su etapa creativa, promovieron nuevas modalidades de regulación institucional y de gestión estatal al servicio de los intereses corporativos (Schiavo & Gelfuso, 2018). Estos procesos, se vieron atravesados por prácticas de lobby o cabildeo. Es decir, prácticas dirigidas por grupos o individuos para dificultar o influenciar en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, acciones que movilizan recursos para activar el poder y acceder a espacios de presión (Hofman & Aalbers, 2017). Las urbes son vendidas como ciudades inteligentes, competitivas, sostenibles, resilientes, innovadoras, Smart-cities, y responden a un mismo patrón de acumulación, a través de un discurso técnico que se muestra así mismo como neutral en términos políticos y ejerce condicionamientos provenientes de su financiación (Friori Arantes, 2006; Valente Santana, 2012).

En el presente trabajo nos centramos en el rol desempeñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el diseño y promoción de políticas urbanas del Área Metropolitana de Mendoza (AMM). Nuestro objetivo consiste en reflexionar en torno al vínculo entre reestructuración urbana, financiamiento externo y neoliberalismo realmente existente, haciendo hincapié en su carácter multiescalar. Focalizamos en el rol desempeñado por el BID en el proceso de reestructuración urbana, a lo largo de la última década y, principalmente, a partir de su alianza con el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para el Área Metropolitana (UNICIPIO), como manifestación del momento neoliberal creativo. Para ello, tomamos como caso de estudio la implementación en el AMM de dos programas financiados por el mencionado organismo: Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) y Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) I y II.

La hipótesis que guía este trabajo postula que el BID en alianza con UNICIPIO y, a través de su asesoramiento técnico y el financiamiento de determinados programas urbanos, se ha constituido en un actor clave al momento de determinar la agenda urbana y el lineamiento de sus políticas, promoviendo el desarrollo de programas y modelos urbanos estandarizados de corte neoliberal.

El BID está conformado por 48 países miembros, de los cuales 26 son países prestatarios en América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Canadá; 16 países europeos, Israel, Japón y China, que no son beneficiarios de préstamos, pero participan en la toma de decisión y la dinámica del banco (BID, 2021b). Todos los accionistas están representados en la Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del banco⁵. A su vez, el Grupo BID se compone por tres partes con distintos roles: el BID propiamente dicho, que establece vínculos financieros con los países miembros; el BID Invest que trabaja como brazo de inversión a través sector privado, apoya a empresas públicas y privadas financiándolas con préstamos, inversiones de capital y garantías. Y, por último, el BID Lab (nombre comercial del Fondo Multilateral de Inversiones) que se erige como laboratorio de innovación de alto riesgo, ofreciendo servicios de asesoramiento y capacitación (BID, 2021b).

El Banco utiliza recursos propios y además fondos que obtiene en los distintos mercados mundiales, administrando fondos fiduciarios creados por países o grupos de países para cooperación técnica u otros objetivos planteados. Un mecanismo muy recurrente del BID Lab es el otorgamiento de fondos no reembolsables, o también llamadas donaciones, para programas de cooperación técnica a los países miembros prestatarios (BID, 2021b).

En la región brinda préstamos en dólares para financiar proyectos relacionados con energía, agricultura y pesca, transporte y comunicaciones, reforma económica y social, modernización del Estado, transporte y comunicaciones, industria y minería, servicios sociales, ciencia y tecnología, turismos, integración, financiamiento de exportaciones, y el desarrollo urbano.

La Argentina, posee 11% del capital del BID, y se posiciona junto a Brasil como el principal socio multilateral, con una creciente interdependencia en la última década (BID, 2020)⁶. Así, por ejemplo, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri se presentó la estrategia de país para el período de 2016-2019 del Grupo BID, en ella se estimaba un monto de aprobaciones de US$5.000 millones, pero durante el mismo terminó aprobando US$8.400 millones. Esto se debió en gran parte por el otorgamiento de un préstamo adicional de US$2,5 mil millones de rápido desembolso, con el objetivo de atenuar la crisis y enfrentar parte de la deuda con el FMI (BID, 2020).

La gestión metropolitana: el modelo de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles

Teniendo en cuenta el reciente crecimiento de las áreas metropolitanas (AM) de América Latina y el Caribe, el BID ha mostrado una insistente preocupación por sus condiciones de gobernabilidad. Según el Banco el aumento de las desigualdades y las diversas problemáticas existentes son producto de un crecimiento desordenado y falta de planificación. Por lo cual, propone una modernización en la forma de gestión, planteando entre sus objetivos para el nuevo milenio el desarrollo sustentable urbano y la reducción de la pobreza.

En base a lo anterior, el Banco ha implementado una gran cantidad de programas y financiamientos para las AM regionales cuyas principales metas consisten en el mejoramiento de las relaciones intergubernamentales, la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional y el lograr de un endeudamiento adecuado (Rojas, 2005). Estos programas, aceptados por actores estratégicos del sector privado y gobiernos locales, transforman determinadas experiencias urbanas en modelos de ciudad que “imponen un modo de ver el mundo y dan forma a las condiciones para la acción de los grupos locales” (Sanchez & Moura, 2005, p. 22), lo cual “conduce a una hegemonía desencarnada y desterritorializada” (p.22). Así, estos arquetipos de ciudades se han transformado en articuladores para la gobernanza público-privada y multi-escalar, otorgándole a las IFE un papel central en la planificación urbana, promoviendo un crecimiento excluyente, que lejos de contrarrestar la justicia espacial tiende a acentuarla (Schiavo y Gelfuso, 2018).

Un ejemplo de ello es Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenible (ICES) que, con sus inicios en el año 2010, brinda asistencia técnica y financiera no-reembolsable⁷, de forma directa a gobiernos locales y centrales⁸. Su principal objetivo reside en abordar la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III), alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Mediante un trabajo integrado por gobierno local, sector privado y consultoras internacionales, la ICES promueve el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana para hacer frente a aquellas problemáticas que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades intermedias y emergentes de América Latina y el Caribe. Hacia el año 2017 la ICES llegó a 76 ciudades de 26 países prestatarios del BID, de las cuales 15 son de Argentina⁹ (Crespo & Puerta, 2016).

El BID postula que las ciudades intermedias deben pasar de ser emergentes a ciudades sostenibles, entendidas estas últimas, en términos generales, como aquellas que presentan un límite urbano definido, sin transiciones hacia lo rural con una trama y estructura urbana compacta, cohesionada socialmente, con buena dotación de espacios públicos y áreas verdes, resiliente ante los desastres naturales y con cercanía a los servicios (Terraza, Blanco y Vera, 2016).

Para lograr lo anterior, la ICES propone una metodología, -con un enfoque transversal, proyectada a 50 años-, dividida en tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental y cambio climático, desarrollo urbano y fiscal, y de gobierno. Cada una de estas dimensiones es medida por 127 indicadores estandarizados, que son presentados como universales, objetivos y representativos. Vale decir que la participación se limita a encuestas estandarizadas o instancias consultivas no vinculantes. Estos permiten comparar los resultados con valores relacionados con índices convenidos internacionalmente o a través de valores obtenidos en otras ciudades con características similares de la región. Aparecen como ciudades modelo Medellín, Curitiba o Barcelona.

Los pasos metodológicos se componen de dos grandes etapas, que a su vez están dividas en siete fases. La primera etapa es el núcleo de la propuesta metodológica, de la fase 1 a la 4, y tiene como objetivo la elaboración de un plan de acción, con un tiempo estimado de un año¹⁰. En todo este proceso participan empresas consultoras de prestigio internacional sugeridas por el BID, universidades e instituciones locales y todo un entramado de actores propios de los espacios de lobby público y privado habilitados. Luego, en la segunda etapa se producen las fases de pre inversión, monitoreo e inversión para ejecutar el plan de acción, atendiendo a aquellos sectores que superan el umbral crítico. Finalmente, en la fase 7 el BID lleva a cabo la inversión. Sin embargo, vale aclarar que una gran parte de proyectos llegan sólo hasta la fase anterior.

El AMM comprende los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén. Se trata del espacio urbano de mayor importancia en el oeste argentino, con una población que no supera el millón de habitantes total (936.224 habitantes para el año 2016), representa el 65% del total provincial y el 71% de la población urbana (CIPPEC, 2018).

Entre 1970 y 2010 el AMM duplicó su población, y experimentó un fuerte proceso de expansión territorial. Este modelo de crecimiento difuso se desarrolló descontrolada y desordenadamente, bajo una lógica especulativa, extendiendo el área urbana sobre tierras agrícolas de alto valor ambiental (D’Inca y Berón, 2013; Gudiño, Dalla Torre, y Ghilardi, 2014).

Desde la década del ´90, el AMM ha experimentado una serie de transformaciones ligadas al proceso de urbanización neoliberal: proliferación de barrios cerrados en la periferia como nuevos prototipos de desarrollo urbanístico, en el marco de una preocupación creciente por la problemática de la inseguridad (Molina, 2013; Roitman, 2003); aumento de la ocupación informal en la periferia urbana; conflictos por la expulsión de villas o asentamientos populares de la zona céntrica junto con la prohibición de actividades económicas y culturales ligadas a los sectores populares (Magallanes, 2017; Marsonet, Morgani, & Rizzo, 2011; Salomone & Marsonet, 2011); y finalmente, crecimiento de la actividad turística de alta gama, acompaña por un fuerte marketing urbano y renovaciones de áreas centrales (Morgani & Raffani, 2012; Morgani & Rizzo, 2015).

En la primera década del nuevo milenio surgen debates en torno al ordenamiento territorial para hacer frente al crecimiento descontrolado, y en el año 2009 es sancionada la Ley N° 8051/2009 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Bernabeu, Navarrete, & Ávila, 2019; D’Inca & Berón, 2013). En una década transcurrida de su sanción no se identificaron grandes avances, y por este motivo el debate volvió a ser impulsado en el 2018 con la promulgación de la Ley Nº 8.999 y la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial de Mendoza(Quiroga Ríos & Magallanes, 2021).

Ante la persistencia de problemáticas metropolitanas, en el año 2016 se crea el UNICIPIO, impulsado por el BID, en conjunto con el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. El mismo, tiene como objetivo la articulación y el trabajo conjunto de todos los municipios que componen el AMM, incluyendo al área urbana de Lavalle, para abordar de forma integrada las problemáticas socio-ambientales¹¹. El BID resultó ser un agente clave en la creación de esta institución, principalmente a través de su Programa Integral de Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI). El cual tuvo como objetivo la promoción del fortalecimiento institucional, el diseño y la implantación de esquemas multi-jurisdiccionales (Avila, 2019). A su vez, la nueva unidad de gestión permitió que la metrópolis se incorpore a la Iniciativa de Ciudad Emergentes y Sostenibles (ICES) en ese mismo año. De esta forma, se constituyó la alianza público-privada UNICIPIO-BID, posicionándose como actor clave para el desarrollo y ejecución de obras respondiendo al modelo importado de ciudad sostenible propuesto por organismo multilateral. Ambos, trabajan de forma conjunta en relación a los postulados de la ley de Ordenamiento Territorial y sus objetivos de lograr una ciudad compacta, erigiendo al BID como asesor, evaluador y prestamista del desarrollo (Magallanes, 2018; Quiroga Ríos & Magallanes, 2021).

A continuación, analizaremos el rol desempeñado por el BID en la política urbana del AMM centrándonos en el de estudio de caso del Plan de Acción Mendoza Sostenible elaborado para ICES (2016-2021) y el programa DAMI I (2013-2017) y II (2016-2021). En ambos casos analizaremos ejes prioritarios, fundamentos, montos estimados, y actores que intervienen.

Históricamente Mendoza ha mantenido estrechas relaciones con el BID, transformándose en la principal entidad financiera de proyectos de desarrollo de carácter reembolsable y no reembolsable. En la última década, y en particular a partir de la creación de UNICIPIO, se evidencia un acrecentamiento de estos lazos¹². A lo anterior, se añade que la gran mayoría de los préstamos obtenidos son de carácter no reembolsable o con una contrapartida baja. Sólo entre 2017-2018 el BID desembolsó 55 millones en la provincia. El porcentaje adeudado a las IFE (el BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en conjunto) representaba para el período de 2006 y 2009 un promedio del 8% del total, y entre el año 2010 y 2017 el promedio subió al 16% (Bignone, Bianchi, Brandi, & Torres, 2018). En junio del 2021 representaba el 17,18%, y teniendo en cuenta el porcentaje de cada organismo, el 83% representaba la deuda contraída con el BID, con un total de USD$155,4 millones adeudados, distribuidos en 11 préstamos que restan pagar desde el 2003 hasta el presente año (Gobierno de Mendoza, 2021) ¹³.

El porcentaje adeudado a las IFE (el BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en conjunto) representaba para el período de 2006 y 2009 un promedio del 8% del total, y entre el año 2010 y 2017 el promedio subió al 16% (Bignone et al., 2018). En junio del 2021 representaba el 17,18%, y teniendo en cuenta el porcentaje de cada organismo, el 83% representaba la deuda contraída con el BID, con un total de USD$155,4 millones adeudados, distribuidos en 11 préstamos que restan pagar desde el 2003 hasta el presente año (Gobierno de Mendoza, 2021).

Una muestra fehaciente del fortalecimiento de los vínculos con Mendoza fue la realización en la provincia de la 59º Reunión Anual del BID, en marzo de 2018, que congregó a Gobernadores miembros y a la Corporación Interamericana de Inversiones (Gobierno de Mendoza, 2018). Durante estas jornadas también se realizó el III Foro Iberoamericano de Alcaldes, un espacio de intercambio de propuestas sobre el desarrollo urbano ambiental, económico y socialmente sostenible. Su realización configuró un importante espacio de lobby que permitió situar a Mendoza en el escenario mundial, y acceder a nuevas líneas de créditos otorgados tanto al sector público como al privado. En este contexto, se presentó el proyecto de desarrollo urbanístico ganador de la tercera edición del concurso BID Urban Lab¹⁴.

Mediante estas iniciativas, los departamentos pertenecientes al AMM se han ido transformado en centros de experimentación de políticas público-privadas hacia el modelo de ciudad sustentable propuesto desde arriba por la alianza UNICIPIO-BID. Tal es así que el slogan para el marketing urbano con el que la ciudad se vende al mundo ya no es sólo la “Capital internacional del Vino” o la “Ciudad Maravillosa”, sino que se añade el de “Mendoza Ciudad Sustentable”.

A partir del trabajo conjunto entre el UNICIPIO, BID, Gobierno de Mendoza y Gobierno Nacional, se elaboró el “Plan de Acción Área Metropolitana de Mendoza Sostenible (2018)”. Para su concreción también brindaron asesorías consultoras privadas de prestigio internacional en materia de sustentabilidad¹⁵, participaron universidades (UNCuyo, UTN), importantes empresas locales, y la Fundación Nuestra Mendoza¹⁶. Dicho documento presenta el diagnóstico y el plan de acción con los ejes prioritarios de desarrollo para el AMM, logrando concretar toda la primera etapa de la metodología ICES. El resultado técnico fue elaborado a partir de la ponderación de indicadores, y mediante una semaforización en la cual se otorgó el color verde para señalar a los temas menos críticos identificados, y el color rojo para los más críticos del AMM.

A su vez, establece tres ejes de desarrollo y dentro de cada uno de ellos identifica temas críticos y complementarios, y presenta líneas de acción prioritarias, expresadas en el siguiente cuadro.

Es llamativo que aparecen como poco prioritarias, aquellas áreas fundamentales como salud y educación, que sufrieron un fuerte ajuste presupuestario en los últimos años. Al igual que el endeudamiento sustentable, en un contexto en el cual la provincia es la quinta más endeudada del país.

El programa nacional “Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior I” (DAMI I)¹⁷ se inició en el año 2011 con la firma del entonces gobierno nacional de un contrato con el BID por un préstamo de US$ 40 millones de dólares y con un financiamiento de contrapartida de US$ 10,5 millones por parte de los gobiernos locales¹⁸.

En 2013 se aprobó el Plan de Ejecución Metropolitano Gran Mendoza, donde se identificaron puntos críticos a escala metropolitana. A partir de ello, las autoridades municipales en conjunto con el Gobierno Provincial dirigieron el financiamiento hacia dos grandes proyectos temáticos: el Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana y el de Estudios de Reestructuración de la Red de Autotransporte.

En lo que respecta a la política urbana de seguridad, el proyecto “Sistema integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Humana de las AMM”¹⁹ se presentó como una instancia de innovación a las respuestas estatales históricamente dadas a la inseguridad urbana a partir del concepto de seguridad humana. Así, planteaba avanzar “desde el paradigma de la vigilancia hacia el paradigma de la prevención y gestión de riesgo, emergencia y desarrollo social entre otros en función de la seguridad humana” (Ministerio del Interior, Obras Públicas Y Vivienda, 2013, p. 37) que englobaba una diversidad de fenómenos sociales, tales como: “los hechos delictivos, la siniestralidad vial, la emergencias en salud e incendios, los riesgos de desastres naturales y antrópicos, y la violencia y los conflictos de convivencia en las comunidades” (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2013). En este marco los sistemas de videovigilancia -tradicionalmente acotados a problemas de seguridad y prevención del delito-, virarían hacia un enfoque de gestión de riesgo y emergencia y prevención social.

Si bien el proyecto estipulaba diversos componentes a desarrollar relativos al fortalecimiento institucional -como la conformación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana Metropolitano-, estos quedaron relegados para una próxima etapa y el Programa se abocó a la implementación del sistema de videovigilancia. Lo cual implicó la adquisición de mobiliario y equipamiento informático para el Ministerio de Seguridad y Municipios del AMM, así como también la contratación de servicios de consultoría para la elaboración del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de Seguridad Ciudadana y de protocolos de actuación y capacitación operativa. Entre el año 2010 y 2013 se instalaron 440 cámaras de seguridad de la empresa Bosch en los espacios públicos del AMM, en tanto en el año 2017 se crearon Centros de Visualización para cada municipio de los departamentos del AMM así como también se sumaron 560 cámaras de videovigilancia más (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2013).

La implementación del programa conllevó una importante inversión de capitales que benefició fuertemente al sector empresarial. Más precisamente a la empresa Arlink- Uno Medios, encargada del armado de infraestructura y de instalación de las cámaras de seguridad (Avila, 2019) y que luego replicó este modelo de negocios en torno a la seguridad en otras ciudades del país²⁰.

A partir de las áreas críticas identificadas en el Plan de Acción Metropolitana, UNICIPIO tuvo el apoyo nacional para obtener el Programa DAMI II. Este fue aprobado el año 2016, otorgándole un préstamo que en una primera instancia era de US$7,5 millones de carácter no reembolsable. El mismo estuvo destinado a tres proyectos. El primero, “Sistema de Tránsito y Semaforización Inteligente para el AMM” apuntó a la implementación de control de tránsito y centro de gestión de movilidad, a partir de la introducción de Subsistemas de Tecnología Inteligente (ITS) en relación al transporte, movilidad, seguridad vial, eficiencia energética y medio ambiente en cuanto a reducción de emisiones de GEI y ruido. A través del Centro de Gestión de Movilidad se trabaja de forma conjunta para consolidar la información de los distintos sistemas ITS, incluyendo tránsito, control urbano y transporte público, mejorando la información a usuarios en tiempo real. Se produjo la semaforización del Corredor Metropolitano Este-Oeste y la reconversión del carril Godoy Cruz en Guaymallén, con la incorporación de semáforos, luminarias, cámaras monitoreadas. El costo total estimado fue de US$3,3 millones(Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2017).

El segundo proyecto “Red de ciclovías” se inscribe en el Plan Integral de Movilidad 2030, el mismo está desarrollando la red más grande del interior del país con 81 km iniciales y una ampliación posterior de 29km aproximadamente, que dará un total de 110 km de ciclovías que conectarán a todos los departamentos del AMM (ver figura 7). A esto se le suma la adquisición y colocación de 730 bicicleteros en distintos edificios y espacios de concurrencia. El Master Plan fue llevado a cabo por el arquitecto consultor Francisco Ortiz, de gran trayectoria en el país y el costo total estimado fue de US$3,070 millones. La empresa adjudicataria de la licitación de esta obra es la firma local Stornini S.A. por un plazo de ejecución de 18 meses desde agosto de 2021(Gobierno de la Nación Argentina, 2021).

En cuanto al tercer proyecto, el “Censo de arbolado” se realizó entre fines de 2020 y comienzos de 2021. Como parte del mismo, se realizó un mapeo terrestre donde se recorrieron 3.700 km terrestre con un móvil equipado con tecnología de vanguardia, y 2.000 km desde el aire. Logrando obtener imágenes de alta resolución sobre el estado de aproximadamente un millón de ejemplares de arbolado público. El costo total estimado de este proyecto fue de US$ 2, 45 millones, y se contrató a la prestigiosa empresa nacional Geosystems SA para realizar el censo en todos los municipios que componen UNICIPIO (Gobierno de Mendoza, 2020).

A lo largo del presente trabajo hemos analizado y dado cuenta del protagonismo que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo como la principal Institución Financiera Internacional aliada a los países de América Latina y el Caribe, y en el caso particular de la gestión del AMM, Argentina.

Desde fines del siglo XX se transformó en un ente difusor de estrategias neoliberales introduciendo reformas que se adaptaron a los contextos específicos y la dependencia de las trayectorias de cada país. Su discurso de ayuda a los pobres y de desarrollo sostenible se tradujo en una priorización de proyectos económicos, de reforma del Estado y construcción de infraestructura física en los territorios de la región, que dinamizó el modelo de acumulación de capital vigente.

Como parte de la etapa neoliberal creativa, a través de su financiamiento y asesoramiento técnico presenta propuestas innovadoras para los gobiernos locales, ligados a la mercadotecnia urbanística, como la forma más eficiente para ponderar a las ciudades en la competencia interurbana. En ello se expresa la lógica del empresarialismo urbano, basada en la alianza público-privada, posibilitando un modo más flexible de gestión bajo una perspectiva mercantilista, atrayendo nuevas fuentes de financiación e inversiones directas extranjeras.

Las ciudades intermedias de la región se han transformado en foco de experimentación de políticas neoliberales impulsadas por el BID, llevada a cabo a partir de la reproducción creativa de modelos estandarizados de ciudades sostenibles, inclusivas e inteligentes. En ese marco, la ICES es una innovadora propuesta que presenta una concepción de la ciudad sostenible basada en indicadores estandarizados, presentados como objetivos, eficientes y participativos. Pero estos son aplicados desde una mirada tecnocrática de la sostenibilidad, donde la participación se limita a encuestas o consultas públicas no vinculantes que distan mucho de los modelos participativos territoriales que dicen fortalecer.

El ingreso del AMM a la ICES expresa la relación interdependiente y multiescalar entre urbanismo neoliberal, financiamiento externo y transformaciones urbanas. Si bien la provincia de Mendoza ha mantenido estrechas relaciones con el organismo desde hace varias décadas atrás, el incremento de estos lazos en la última década se expresa en el aumento de la deuda provincial contraída con el BID a partir de los múltiples financiamientos y asistencia técnica a los gobiernos locales, en los que se inscriben los programas DAMI I, DAM II e ICES.

Hemos podido demostrar que a través de estos programas el BID ha desarrollado una fuerte injerencia en la delimitación de la agenda urbana del AMM, a partir de su alianza estratégica con UNICIPIO, participando activamente de los planes de Ordenamiento Territorial provincial y departamental. A su vez, su aplicación ha otorgado mayor protagonismo a consultoras de prestigio internacional, empresas privadas locales y nacionales, universidades, instituciones locales y todo un entramado de actores que participan en los espacios de lobby público y privado del negocio de la ciudad sostenible.

El abordaje de las problemáticas prioritarias expresadas en el PAMS implica, por un lado, la ponderación de grandes obras urbanas por sobre necesidades básicas de la población como salud, educación, trabajo formal, lo que nos permite hablar de un cierto ajuste urbano. Y, por otro lado, promueve un importante flujo de capitales hacia actores privados, tales como consultoras y empresas privadas locales o nacionales, que le dan prestigio internacional. En el caso programa DAMI I si bien el programa plantea discursivamente una perspectiva amplia en torno al abordaje de la seguridad, en los hechos su concreción ha implicado la adquisición de toda una infraestructura que ha movilizado flujos del capital hacia actores privados tales como las consultoras y empresas de seguridad.

El programa DAMI II les otorgó protagonismo a nuevas empresas consultoras y permitió avanzar en el Plan de Movilidad 2030, estimulando nuevas formas de transporte sostenible, que ayudan a configurar la imagen y perspectiva de la ciudad sostenible, segura y maravillosa que persigue la alianza UNICIPIO-BID.

El desarrollo de los planes de renovación urbana planteados en el PAMS y los efectos del financiamiento del BID, serán motivo de próximos trabajos como parte de nuestras investigaciones en curso.

1 Licenciado en Geografía egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Becario doctoral en el Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos (IMESC), nodo UNCuyo del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Cursando el Doctorado en Ciencias Sociales de la UNCuyo.

2 Licenciada y Profesora en Sociología egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Becaria doctoral en el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales (INCIHUSA), Centro Científico Tecnológico dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/ Universidad Nacional de Cuyo. Cursando el Doctorado en Ciencias Sociales de la UNCuyo.

3 El presente trabajo surge como parte de tesis doctorales en curso de cada autor/a, donde los temas trabajados son complementarios y hacen foco en la gestión empresarialista de la ciudad a partir de la alianza UNICIPIO-BID.

4 Este ambicioso proyecto regional, tuvo un fuerte desarrollo entre 2000 y 2014, para la construcción de vías de transporte (hidrovías, corredores bioceánicos, puertos, etc), comunicaciones y energía (grandes represas hidroelécticas), con el objetivo de mejorar el proceso exportación de recursos naturales derivados del modelo extractivista (Molina Carpio, Cerdas Vega, Jarrin Hidalgo, Torres, & Rivasplata Cabrera, 2015; Svampa, 2019).

5 Allí las decisiones son tomadas a partir del voto que tienen los países según la cantidad de acciones que poseen. Estados Unidos es el principal accionista y tiene el 30 % de los votos, los países de América Latina y el Caribe en su conjunto tienen el 50% de los votos (Castiglioni, 2021).

6Para fines de marzo de 2021, la cartera activa de operaciones de garantía soberana que el país era de US$ 10,05 mil millones, conformada por 57 préstamos; mientras que la de BID Invest contaba con 25 operaciones por un monto de US$591,1 millones; y la de BID Lab incluía 18 operaciones por un valor de US$17,9 millones(BID, 2021a).

7 Financiada con los ingresos del capital ordinario del banco, y con fondos adicionales movilizados por el fondo fiduciario multidonantes, para el año 2016, el subsector de ciudades sostenible representaba el 6% de los préstamos del BID (US$150 millones) y el 54% del financiamiento no reembolsable para el desarrollo urbano (BID, 2016).

8 A partir de los cambios internos en la estructura del BID, a fines del año 2015 ICES se integra transversalmente en área División de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), que a su vez está comprendida en el nuevo Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (CSD).

9 Las ciudades argentinas comprendidas en ICES son: Mar del Plata (Buenos Aires) y Salta (Salta) desde 2012; Paraná (Entre Ríos) desde 2013; Añelo (Neuquén) y Las Heras (Santa Cruz) desde 2014, Goya (Corrientes) desde 2015; en el 2016 ingresaron Allen (Río Negro), Gran Jujuy (Jujuy), Bahía Blanca y Gran La Plata de Buenos Aires, Malargüe y Gran Mendoza de Mendoza; y desde el 2017 están incluidas Bariloche (Río Negro), La Banda (Santiago del Estero), y Zárate-Campana (Buenos Aires).

10 En la fase 1 se identifican actores y se contratan apoyos técnicos. En la fase 2 se realiza un diagnóstico con los indicadores propuestos. En la fase 3 tiene lugar al proceso de identificación de problemáticas críticas y la construcción del plan de acción. La fase 4 culmina con la presentación del Plan de acción (Crespo & Puerta, 2016).

11 Los antecedentes del UNICIPIO datan del año 2004 con una serie de acuerdos interjurisdiccionales relativos a la gestión de residuos del AMM que se consolidaron en el año 2012.

12 Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre 2015 y 2019 Mendoza acrecentó la relación entre deuda y recaudación en un 127%, con una deuda flotante de USD 1.4111 millones (Unidiversidad, 2019). Si tenemos en cuenta el total de la deuda provincial consolidada, la provincia aparece como la quinta más endeudada del país

13 Los mismos han sido destinados a: revestimiento del Tramo Superior del canal Cacique Guaymallén y refuncionalización de la avenida Costanera (USD$ 15 millones, a partir del Programa de Fortalecimiento de la gestión provincial), financiamiento de proyectos de modernización y reforma del Estado (USD$9millones), DAMI II (USD$7,5 millones de carácter no reembolsable), programa de Inversiones municipales para ampliar las obras viales y servicios en municipios (USD$ 10 millones), (USD$15 millones) servicios agrícolas provinciales (Legislatura de Mendoza, 2018).

14 El cual había convocado a estudiantes universitarios, docentes y jóvenes de distintas universidades de América Latina y el Caribe para presentar una propuesta de desarrollo urbano integral, multisectorial, innovador y sostenible en los terrenos baldíos del Ferrocarril Belgrano, en Guaymallén Mendoza (Magallanes, 2018).

15 Algunas agencias participantes fueron: Harvard Office for Organization, Corporación Mondragón LKS de la Universidad de Cantabria, el Instituto Superiore sui Sistemi Territoriali per L´Innovazione (Italia), entre otras.

16 Fundación Nuestra Mendoza surgió en el año 2008 promovida por tres partes: la Asociación Civil Valos que es referente de la Responsabilidad Social Empresaria de Mendoza, la Fundación Avina que trabaja a escala latinoamericana para producir cambios hacia el desarrollo sostenible en la región, y el diario Los Andes que es el encargado de divulgar los resultados.

17 Este fue un antecedente de ICES, que postuló como propósito “contribuir a mejorar la calidad de vida y la competitividad de las ciudades en Argentina”, así como también promover “la implementación de mecanismos innovadores de gestión para la ejecución de programas y proyectos, y la prestación de servicios, cuyo desempeño eficiente requiera de la concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales” (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2013).

18 La Nación recibió dicho financiamiento a pagar en un plazo de 25 años, con un período de gracia de 5 años y transfirió los fondos en concepto de no reembolsables a las provincias.

19 El proyecto de Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo de la Seguridad obtuvo el 56% del financiamiento total, con un monto que casi alcanzó los U$ 6 millones de dólares.

20 La empresa desarrolló el suministro, puesta en marcha y conectividad del sistema de videovigilancia urbana en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. Véase: https://arlinknegocios.com.ar/

Eje de desarrollo	Ambiental sustentable	Socioeconómico integrado	Urbano funcional equilibrado
Temas críticos	Vulnerabilidad a amenazas naturales-Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)	Competitividad e incorporación de TICS- Conectividad regional- Fortalecimiento de cadenas productivas- Empleo formal y formación profesional	Movilidad y transporte-Desigualdad urbana
Temas complementarios	Mitigación al cambio climático-Agua y drenaje-Promoción de energías limpias y tecnologías de punta	Turismo	Seguridad ciudadana- Vivienda-Usos del suelo
Acciones derivadas	Gestión de riesgos y resiliencia urbana-Gestión de RSU-Mitigación al cambio climático-Planificación hídrica integrada	Promoción del emprendedurismo y economías colaborativas- Modernización de la gestión pública- Fortalecimiento de cadenas productivas locales- Integración regional urbana y productiva- Turismo sostenible- Accesibilidad al empleo- Consolidación de un clúster de innovación y TICs	Ordenamiento territorial- Promoción de un hábitat de calidad-Promoción de movilidad sostenible-Fortalecimiento de la seguridad ciudadana- Conservación y desarrollo de infraestructura natural- Intervenciones de transformación urbana