ARTÍCULOS
Ampliar la ciudadanía. Normas y activismo desde la sociedad civil
Extended citizenship. Laws and activism from the civil society
María Herminia Beatriz Di Liscia
Profesora consulta de la Universidad Nacional de La Pampa Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Universidad Nacional de La Pampa
Resumen
En este artículo nos proponemos registrar y analizar el proceso desarrollado en la provincia de La Pampa para la obtención de la ley que garantiza la ligadura tubaria y vasectomía en los servicios estatales de salud, sancionada a fines de 2003. No es una ley específica, sino que la práctica fue incluida dentro de otra norma. Este proceso, estuvo liderado por un grupo que emergió, se fortaleció y forjó su identidad a partir de este activismo. Asimismo, daremos cuenta del tratamiento de la norma en la Legislatura de La Pampa.
Palabras claves: Derechos sexuales y reproductivos; Movimiento de mujeres; Ciudadanía.
Abstract
In this article we intend to record and analyze the process developed in the province of La Pampa for the obtaining of the law that guarantees ligation tubal and vasectomy in the State health services, sanctioned by the end of 2003. It is not a specific law, but that practice was included in other legislation. This process was led by a group that emerged, was strengthened and forged its identity from this activism. Also, we will realize the treatment of the law in the legislature of La Pampa.
Key words: Sexual and reproductive rights; Women movement; Citizenship.
Sumario: 1. Introducción. 2. El ámbito parlamentario. Ley, discurso y poder. 3. El “caso Carmen” y su potencial en la sociedad civil. 4. El activismo de Mujeres por la Solidaridad. 5. Palabras de mujeres. 6. Ligadura tubaria y vasectomía. El debate en la Legislatura pampeana. 7. Reflexiones finales.
1. Introducción
El estudio de colectivos que históricamente han tenido una situación de subalternidad, como el de las mujeres, nos llevan a rastrear los procesos por su reconocimiento y el de sus derechos a partir de la construcción de la ciudadanía desde las prácticas concretas. Una de las áreas más sensibles, en la que se involucran actores estatales y religiosos se refiere al uso y las decisiones sobre el cuerpo.
En Argentina, las leyes que refieren a los derechos sexuales y reproductivos son recientes y muy posteriores a la recuperación democrática (Pecheny y Petracci, 2006), si bien las demandas comenzaron en los ’70, la aplicación efectiva de las normas conseguidas, constituye una lucha constante y continúa hasta el presente.
En la provincia de La Pampa, la legislación comenzó tempranamente, pues ha sido la primera jurisdicción que aprobó la ley 1363, creando el Programa Provincial de Procreación Responsable en 1991, por iniciativa de una diputada justicialista.
El surgimiento de una agrupación de mujeres que toma como norte de su lucha otro aspecto de los derechos sexuales y reproductivos a fin de lograr su ampliación –la ligadura tubaria y la vasectomía en los servicios públicos-, nos permite analizar la articulación entre demandas sociales, legislación y sociedad civil y los inicios de la aparición1 de un movimiento de mujeres en La Pampa.
De la mano de este debate, nuevamente ingresa en la agenda provincial la politización de la reproducción y la sexualidad. En un artículo anterior (Di Liscia, 2012a), al referirnos a la ley de Procreación responsable, sosteníamos que esa norma plantea un derecho que nunca tuvo existencia dentro del lenguaje jurídico: decidir sobre las pautas reproductivas. A partir de las discusiones y posterior aprobación de la práctica de ligadura tubaria y vasectomía, puede advertirse que la consideración de decidir si se quiere tener hijos/as y cuántos/as, comienza a ser pensado como derechos que los estados deben garantizar (Vaggione y Peñas Defago, 2011).
En este artículo nos proponemos registrar y analizar el proceso desarrollado en la provincia de La Pampa para la obtención de la ley que garantiza la ligadura tubaria y vasectomía en los servicios estatales de salud, sancionada a fines de 2003. No es una ley específica, sino que la práctica fue incluida dentro de otra norma. Este proceso, estuvo liderado por un grupo que emergió, se fortaleció y forjó su identidad a partir de este activismo. Asimismo, daremos cuenta del tratamiento de la norma en la Legislatura de La Pampa.
Tomar decisiones autónomas sobre el propio cuerpo es aún más difícil para las mujeres en situación de pobreza que concurren a los hospitales públicos. El personal de salud –formado en una cultura que lo “habilita” a tomar decisiones sobre el cuerpo de otros y otras (sobre todo de las mujeres)-, junto a la “objeción de conciencia” y las presiones confesionales, producen conflictos que resultan en desmedro de los derechos2. Porque la aplicación de estas normas, como todas aquellas que refieren a los derechos sexuales y reproductivos, implica una subversión de los significados sociales sobre los géneros, significados que están atravesados por creencias religiosas, morales y éticas. Invariablemente, los derechos sexuales y reproductivos constituyen un campo de tensión en el que el cuerpo de las mujeres es disputado y sometido a prácticas médicas, dogmas religiosos, reglas morales, intereses económicos y controversias políticas.
2. El ámbito parlamentario. Ley, discurso y poder
Si bien en el parlamento se enfrentan discursos políticos diferentes y el fin de los debates es producir un hecho jurídico a través de una práctica de poder concreto: la votación; el objetivo que se pretende –y en este sentido el discurso parlamentario se aproxima al discurso jurídico- es forjar un discurso legítimo que tenga capacidad de extenderse más allá del recinto y darle lugar a intereses sociales que deben ser representados. El campo jurídico es un campo discursivo en el que se desarrolla una lucha doble: por la nominación y por colocar en el uso cotidiano, lo que esa ley establece (Segato, 2009).
Para el tratamiento de una norma:
“Se parte de un estado de “suspensión de asentimiento” frente a un tema, que lleva a poner en palabras las diferencias de puntos de vista que sostienen los distintos oradores, pero el fin último en este caso no es alcanzar un acuerdo a partir del cual el que piensa diferente pase a ser persuadido o convencido sino que la resolución está fijada de antemano por el número de votos con el que cada uno de los contrincantes cuenta. La sanción del proyecto es la resolución del conflicto (Marafioti, 2007. En: Noblia y Zangone, 2010: 202)
El ámbito parlamentario tiene características propias:
…en el debate parlamentario se asiste a una escenificación discursiva que está estrictamente pautada y que no permite que sus miembros expresen su voluntad con absoluta libertad. Aquí, como en otros ámbitos sociales e institucionales, no se pude decir lo que se quiera y como se quiera. Aquí, como en otros ámbitos institucionales, la teatralización cumple una doble función, contradictoria y necesaria, de reunión de las distintas expresiones políticas y al mismo tiempo de ostentación del deterioro de las pautas más globales del consenso (Marafioti, 2007).
La sanción de una ley, requiere de procesos previos dirigidos a aquilatar apoyos, argumentos, antecedentes; también, la búsqueda de términos y de un discurso que les de existencia. El trabajo en las comisiones, previamente a la llegada a las cámaras de los proyectos, supone el tejido de alianzas, el limado de objeciones y la búsqueda del lenguaje aceptable, que resulta de la negociación de términos.
Las configuraciones de sentido de un conjunto discursivo, de acuerdo a Eliseo Verón (2007: 127):
…no puede jamás ser analizado “en sí mismo”: el análisis discursivo no puede reclamar “inmanencia” alguna. La primera condición para hacer análisis discursivo es la puesta en relación de un conjunto significante con aspectos determinados de esas condiciones productivas. El análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las condiciones productivas en los discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus efectos.
Más que en otros, el estudio sobre discursos que refieren a normas remite a la performatividad del lenguaje, que posibilita advertir que las palabras exceden su capacidad -en el presente y en el futuro- de representar una entidad, un colectivo, un interés; al modelar y prescribir las siluetas de las identidades dentro de un lugar y un orden social. Así, un discurso no revela sólo luchas y sistemas de dominación sino que, tal como plantea Michel Foucault (En: Germán Pérez 2007:175), el discurso es el poder que debe ser capturado.
En el análisis de las intervenciones camerales en el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos observamos que se desatan procesos conflictivos en los que actores/as sociales, se enfrentan con instituciones y con sus propias identidades políticas y subjetivas.
Dentro de las tensiones que se manifiestan en la toma de posición frente a los significados referidos al cuerpo y a la sexualidad, identificamos ciertas “huellas” como la función de la familia, los presupuestos de género y las limitaciones por la pobreza de las clases desfavorecidas.
La identificación de ciertos términos y las regularidades de su uso constituye lo que Gilles Deleuze (en Germán Pérez, 2007: 179) denomina “dispositivo”, como “máquinas de hacer ver, hacer decir y, fundamentalmente para el análisis político, hacer creer”.
3. El “caso Carmen” y su potencial en la sociedad civil
En noviembre de 2002 la edición del diario La Arena de Santa Rosa (La Pampa) publicó el testimonio de Carmen, una mujer que reclamaba ligadura tubaria por padecer una enfermedad que trasmitía a sus hijos, y no podía utilizar anticonceptivos. La práctica había sido denegada por la jueza Gabriela Pibotto de Langlois aduciendo que era ilegal.
Carmen explicó que la distrofia muscular de Duchenne es un mal que padecen los varones y transmiten las mujeres, "por lo que mis hijos ya la tienen genéticamente, aunque aún no se haya manifestado en sus consecuencias invalidantes, y todas mis hijas se la transmitirán a sus hijos", según decía en la presentación. Las estadísticas médicas son contundentes: quien la padece tiene una sobrevida de apenas algo más de dos décadas (La Arena, 24 de noviembre de 2002, pag. 12).
La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. Se comenzó a opinar en los medios de comunicación y a organizar reuniones para apoyar la justa solicitud de Carmen. Lo hicimos desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa y rápidamente se sumó un grupo, surgido unos años antes: Mujeres por la Solidaridad3.
Según reconocen integrantes del mismo, una serie de talleres, charlas y actividades de difusión a partir de los que comienza a hablarse de la discriminación hacia la mujer, aglutina a estas mujeres con inquietudes políticas. La aparición del término género en el discurso mediático, la creación unos años antes del Consejo Provincial de la Mujer, de los primeros programas nacionales que toman en cuenta específicamente a las mujeres y mencionan las relaciones de género junto a la sanción de la ley de cupos, perfilan un contexto en el que mujeres sensibles, militantes y participativas, encuentran un campo propicio para desarrollar acciones.
Si bien el grupo no tenía formación, actuaba colectivamente y de manera casi intuitiva, desde los inicios hablaron de derechos. Se diferenciaron claramente de las acciones sin contenido realizadas por el Consejo Provincial de la Mujer del gobierno provincial y de la política oficial al tomar una perspectiva comprometida con los casos concretos de vulneración y discriminación, como el de Carmen.
La “re-fundación” de la agrupación, como lo llaman algunas, va a ocurrir a partir de la instalación, en la agenda provincial, de los derechos reproductivos, desde fines de 2002, precisamente la lucha emprendida para obtener el derecho a la práctica de ligadura tubaria en los servicios públicos.
No son las mismas mujeres del grupo originario las que retoman la presencia pública, sino que van a ser otras militantes del socialismo, sindicalistas, asistentes sociales y médicas/os del hospital público quienes tendrán mayor protagonismo público. Se unen también profesionales de los medios de comunicación y mujeres de sectores medios empleadas en el ámbito estatal.
El caso aparecido en la prensa en que se deniega la ligadura de trompas a una mujer pobre -luego de que el hospital había pedido la autorización para realizar la práctica- motivó una serie de acciones que fueron cimentando al grupo y dando seguridad a sus integrantes. La aparición pública fue el puntapié inicial para motorizar reuniones, acciones de difusión y de intercambio-formación. Esta “tarea” fue la que dio sentido a Mujeres por la Solidaridad, recreó el grupo y comenzó a delinear una identidad política en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Una de sus integrantes, Laura Iglesias, lo recuerda así:
“Pero,.... fue como un antes y después, para mí lo de ligadura fue un momento muy importante. Donde mucha gente pudo seguir, otra se queda en el camino. Nadie se fue enojado, con desacuerdo, pero por ahí,.. bueno, es un grupo.. y nosotros nos damos cuenta que... por ahí llega alguien nuevo y es muy difícil incorporar. Porque funcionamos como,.. ya funcionamos como grupo, y cuando algo..perturba,...lo desechamos…”
Tal como plantea Melucci (1994), la práctica de Mujeres por la Solidaridad va estableciendo su identidad y permite la emergencia de un movimiento social. No está fijado de antemano, sino que desata un proceso colectivo en el que los/as actores/as negocian permanentemente todos los aspectos de su acción:
Los individuos que actúan colectivamente “construyen” su acción mediante inversiones “organizadas”: esto es, definen en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su “estar juntos”… (Melucci, 1994: 157.
4. El activismo de Mujeres por la Solidaridad
Mujeres por la Solidaridad realizó un relevamiento de mujeres que demandaban ligaduras en el hospital de zona y en centros de salud, difundió en los medios entrevistas con funcionarias/os y organizó un panel con especialistas en el que estuvo presente el ginecólogo Mario Mas de Río Negro, provincia que desde el año 2000 tenía una ley que permitía ligaduras y vasectomías en los hospitales públicos. Estas acciones culminaron en la decisión de presentar un petitorio a Marta Cardoso, Ministra de Bienestar Social, para que las prácticas se llevaran a cabo en los servicios públicos provinciales.
Otros casos que se sumaron al de Carmen tomaron estado público. Uno fue el de Marcela Fernández, de 33 años, que tuvo que recurrir a ligarse las trompas a un hospital de Villa Regina (provincia de Río Negro), luego del nacimiento de su séptimo hijo pues en el servicio público de Santa Rosa le negaron la práctica. La entrevista a la directora del hospital, Liliana Simmons desnuda algunos de los aspectos recurrentes en el tratamiento de los derechos sobre el cuerpo de las mujeres; por una parte, hipocresía (manifiesta desconocer que en el ámbito privado se practica de forma arancelada), por la otra, interpretaciones religiosas particulares sobre actos médicos:
“Cuando un paciente plantea una ligadura de trompas, los médicos nos tomamos el tiempo como para explicarle un montón de cosas desde el punto de vista ético, médico, legal y religioso, porque no es un tratamiento por la vía habitual. Tiene que someterse a una intervención quirúrgica, con todos los riesgos que eso implica, donde hay alternativas, sobre todo en esta provincia con la Ley de Procreación Responsable. Se le explica a la paciente las opciones que tiene y si su finalidad es no volver a tener hijos, se la brindamos de otra manera” 4
“No quiero perder la vida y dejar a mis hijos tirados” expresó Graciela Pérez, de 26 años y siete hijos, pidiendo ser operada porque si quedaba embarazada nuevamente tenía riesgo de morir5. A la jueza Elena Fresco que autorizó la ligadura, el servicio de Tocoginecología del Hospital Lucio Molas le requirió que explicitara si era una orden o una simple autorización para que el médico tomara la decisión final. Tuvo que aclarar que era una resolución y que había que cumplirla. Esta misma jueza había autorizado ligadura a una mujer discapacitada, práctica que tuvo que concretarse en un sanatorio privado y que fue el resultado de una pelea judicial de cuatro años llevada adelante por su madre6.
A partir de ese momento comenzó a desarrollarse un debate -cubierto profusamente por la comunicación provincial- sobre si legalmente correspondía la actuación de oficio por parte de los profesionales médicos o si se requería de la autorización explícita para llevarla a cabo. Entendemos que esta situación actuó como “catalizadora”, en el sentido planteado por Melucci (1994) ya que activó la discusión de la puesta en práctica de la ley de Procreación Responsable y colocó en la opinión pública por primera vez la cuestión de los derechos reproductivos.
¿Cuál era el camino? ¿Se reformaba esta ley para incluir la ligadura tubaria y la vasectomía? El oficialismo oscilaba entre posturas diferentes: por un lado, la ministra que públicamente se manifestó a favor de la práctica y logró (aunque a través de una clínica privada) que se atendiera el primer caso solicitado; y por otro, las legisladoras que consideraban que no correspondía dado que el espíritu y el tema eran diferentes7.
A posteriori del petitorio presentado a la Ministra de Bienestar Social, Mujeres por la Solidaridad apostó por una solución más integral: presentó un proyecto de ley.
El despliegue de su activismo las llevó a mantener reuniones con legisladoras/es, difundir el derecho en barrios, comisiones vecinales y diferentes instituciones, y realizar colectas para que algunas mujeres pudieran viajar a Río Negro a ligarse las trompas. Luego de casi un año, se consideró que era riesgoso motorizar una reforma de Procreación Responsable.
La Iglesia local hizo escuchar su voz a través de un sacerdote que visitó la ciudad para asesorar a la curia sobre el tema. “El útero es de Dios”, expresó este sacerdote y se explayó no sólo contra la ligadura sino contra toda medida que restringiera la procreación, retomando su postura contraria hacia la ley de Procreación Responsable. En gran parte de los momentos de presencia pública hubo despliegue de organizaciones de jóvenes católicos que se manifestaron en la prensa y en diversos espacios con la consigna de “defender la vida”.
Frente a este discurso, los argumentos de Mujeres por la Solidaridad y de las legisladoras –al tratarse finalmente el tema- se destacaron y diferenciaron por su madurez y elaboración.
La iglesia perdió esta batalla en 1991 al aprobarse la Ley de Procreación Responsable, puesto que, aunque ejerció presión tanto desde el orden local como nacional, igualmente la ley fue promulgada. Pero ganó otra: el silencio en la recortada difusión, la no reglamentación, una tímida implementación en la capital y el ocultamiento en todo el interior provincial8. Esta forma de actuar remite a antiguas alianzas entre el peronismo y la Iglesia en el pensamiento común maternalista que tuvieron los primeros gobiernos.
La posición de funcionarias y legisladoras justicialistas fue sinuosa y ambivalente. El discurso pretendía aunar dos términos que se presentaron como opuestos: “el respeto por los derechos de las mujeres” y el “respeto por la Iglesia”.
La autora de la ley de Procreación Responsable –Silvia Gallego- , nuevamente diputada cuando se trató el proyecto referido a ligadura, acordó con el radicalismo y con el ARI en que se tomaría el reclamo levantado por Mujeres por la Solidaridad no en una ley aparte, sino modificando las incumbencias en la norma que regula las tareas de los profesionales de salud pública. En este proceso, recuerda también haber negociado con el periodista destacado en la Legislatura:
“En esto hice un pacto con… (periodista de La Arena)(…) él me vino a preguntar si yo quería que se aprobaran las ligaduras y le dije: vamos a hablar en serio. ¿vos sos capaz de hacer un pacto? ¿querés o no querés que salga la ley de ligadura de trompas?”, -¡si, quiero que salga! . –bueno, vos sos capaz de bancar un pacto? Porque si vos boconiás, si vos editorializás, si vos escribís en La Arena, si las Mujeres por la Solidaridad siguen haciendo ruido, la ley no va a salir porque le dan espacio al obispo a que arme (más que al obispo, a la estructura) que arme todo un circuito de la presión. Y acá cuando se arma el circuito de la presión no son muchos los locos que levantan la mano, porque este es el otro tema. Mucho se habla, pero hay que exponerse, hay que levantar la mano, hay que firmar y no muchos lo hacen. Entonces vos querés esto? ¿siguen planteándolo desde lo público?, yo no lo voy a poder sostener, porque no somos muchos lo que sostenemos esto desde el convencimiento”. Y esta es una realidad objetiva. Le dije, hacé silencio de radio, y la verdad que cumplió”.
En su discurso, se advierte la matriz de una estrategia peronista en la que se resguarda lo privado del tratamiento y la consideración de la opinión pública, a la vez que se reactualiza la divisoria público/privado. Por otra parte, tanto ella como otras funcionarias y legisladoras, exhiben frente a Mujeres por la Solidaridad cierta experiencia en cómo manejar las cuestiones políticas que este nuevo grupo, por esos años, no poseía.
El nexo entre el oficialismo y Mujeres por la Solidaridad lo lleva adelante la diputada Gladys Russell, quien aconsejaba que si se planteaba incluir la ligadura tubaria dentro de una reforma de la de Procreación Responsable, era riesgoso poner en discusión nuevamente esa ley, y que lo mejor era actuar sottovoce, estrategia no aceptada por Mujeres por la Solidaridad:
Laura.: “Russell planteó que esto hay que hacerlo sottovoce .... Entonces desobedecimos y esto nos dio mucha fuerza para salir, públicamente con el tema porque dijimos si es así, va a pasar como con la ley de procreación responsable, las mujeres no se empoderan de ese derecho y no les sirve, a nadie...más que alguna diputada o diputado para decir que esta ley es mía. Y que, en ese momento, por ejemplo Canal 3, a diferencia de lo que es ahora, fue con nosotros, un medio muy importante para llegar a las mujeres de las clases populares. Que de hecho, después que se aprobó la ley, las mujeres empezaron a caer solas al hospital pidiendo la ligadura, digamos. Que no fue necesario, hacer un trabajo; de hecho nosotros lo hicimos pero; tan importante como para empezar hablar de este nuevo derecho. Si no, que con el tema de,.. .juntar las firmas, de que había muchas mujeres que lo estaban reclamando.
La salida fue incluir la ligadura tubaria y la vasectomía dentro de la ley sobre ejercicio de las Actividades de la Salud -que regula las prácticas médicas- , ley que estaba en proceso de reforma. También dentro de ésta hubo que fundamentar y rebatir argumentos. Frente a la redacción que otorgaba poder a la corporación médica (aunque tanto el Círculo Médico como el Colegio Médico se manifestaron a favor de incorporar las prácticas), Mujeres por la Solidaridad contraargumentó con un discurso de derechos:
“Nosotras pensamos que las personas tienen derecho a su autodeterminación. (...) firmando el consentimiento informado, el deseo y el derecho de la persona es lo que debería regir esta práctica. Existen muchas mujeres y hombres que no tienen una urgencia médica sino que quieren ejercer un derecho de elección, a su derecho reproductivo. No tiene que mediar un diagnóstico de gravedad sino la decisión de elegir un método de anticoncepción”9
Si bien el logro obtenido fue importante, no era todo lo que buscaban:
“Nosotras presentamos un proyecto que mencionaba la autodeterminación de mujeres y varones para su procreación y sexualidad..., pero esto es lo que se pudo lograr”10.
“Defendimos la autodeterminación de la mujer, que decidiera libremente sobre la práctica, el proyecto no salió tal cual, pero igual es un gran adelanto, un gran avance y no perdemos nuestra utopía de llegar más lejos aún”11.
Para Mirta Fiorucci, los conflictos con diferentes personas e instituciones, se compensan con el trabajo que se hace junto a las mujeres que necesitan del apoyo de quienes saben más y pueden sostenerlas:
“Para nosotras fue una de las actividades más importantes, las dos actividades más importantes. Primero cuando logramos que, conseguir la ligaduras de trompas y vasectomía. Pero eso nos costo mucho, es decir no disfrutamos ese logro. Diríamos por toda la tirantez que hubo con los colegios profesionales, con los diputados. Porque lo metieron dentro de una ley gorda…Pero toda esa campaña fue muy interesante,... muy pero muy interesante. Y yo rescato el tema de trabajar con la gente, rescato cuando trabajas con la gente, que trabajar con casos, acompañar los casos.”.
La Ley de Procreación Responsable, con más de una década de vigencia en ese momento, nunca fue reglamentada y su aplicación era deficiente. En todos estos años, siempre hubo visiones encontradas: por una parte, las provenientes del oficialismo y de la autora de la ley, que planteaban que se aplicaba correctamente; y por otra, la de médicos y médicas, asistentes sociales de los servicios de salud, de usuarias de diferentes barrios y también la nuestra, comprobada en cursos de capacitación como también en encuentros informales con diferentes profesionales y funcionarias, a través de los que podíamos advertir la bajísima difusión y las dificultades para implementarla en función de los recursos intermitentes y fragmentarios con los que pretendía aplicarse. Esta visión crítica la resalta Mirta:
“Claro, si hemos hablado con Silvia Gallego, en su momento,...ningún problema…Hay mucho recelo igual… Porque Silvia, fue la legisladora que hizo la primer ley de, del derecho reproductivo, casi unas de las primeras en el país…Pero todas las mujeres que tenemos con necesidad de ligadura estaban dentro de la ley del derecho de procreación responsable…Entonces vos decís, vos podes hablar para afuera y decir las cosas muy linda pero, después, en los bifes, las cosas no se cumplen...Esa, esa, es nuestra crítica, (…)Recién ahora, con este gobierno de Verna, que está ahí, Mónica 12 luchando a brazo partido para implementar el plan…Y para hacer las ligaduras…Porque la lucha, es decir, las ligaduras acá se hacen porque la lucha de Mónica ahí y de conseguir a alguien que las haga dentro, dentro del hospital...Es decir Mónica es clave para que muchas de estas cosas se cumplan… a Mónica la escuchan con otra manera, porque es la palabra autorizada para hablar, porque ella sabe ahí adentro que es lo que está pasando”.
El trabajo de Mujeres por la Solidaridad, sostenido y acrecentado en los últimos años, ha sido difundido a través de diferentes medios de prensa, llegando a niveles nacionales. A través del contacto con varias redes virtuales nacionales e internacionales, asistencia a los Encuentros Nacionales de Mujeres y múltiples contactos, tanto feministas como específicos referidos a las cuestiones que abordan, el CONDERS (Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales) les propuso realizar el Monitoreo Social y el Informe de Exigibilidad de la Pampa, que concretaron durante 2008.
Las estrategias de acción que despliega el grupo combinan tanto la búsqueda de impacto social con salidas públicas (manifestaciones, instalaciones, radios abiertas, festivales, conferencias de prensa y participación en programas radiales y televisivos), como la presión a los poderes instituidos (funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados) y a los partidos políticos.
A casi una década de su formación originaria, sin dudas, Mujeres por la Solidaridad lidera el movimiento de mujeres en La Pampa y tiene una destacada presencia – a través de la participación muy activa en la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- a nivel nacional.
5. Palabras de mujeres
El debate sobre una ley fue llevando a la otra, una dimensión de los derechos reproductivos, condujo a otra. En esta saga, el discurso fue monopolizado por mujeres. Juezas (primero fue una la que negó la ligadura y luego otra la que autorizó otros casos), diputadas oficialistas y de otros partidos políticos, profesionales de la medicina, asistentes sociales y Mujeres por la Solidaridad presentaron a la sociedad sus argumentos. Desde la simpleza y la cotidianeidad del problema que vivían, también pudieron hacer sentir sus voces mujeres populares que demandaban la práctica. Coincidentes algunos, otros enfrentados, exhibieron el uso de la palabra de las mujeres como género, que hablaron por primera vez públicamente “de lo que no se habla”.
En los testimonios de las mujeres pobres que reclamaron la ligadura tubaria en La Pampa, la referencia es ya haber cumplido con lo que les correspondía, es decir, ser madres, y de muchos/as hijos/as, su “permiso” o justificación está atravesado por una identidad superpuesta de mujer/madre.
La socialización femenina se ha caracterizado no sólo por la privación de palabras propias, sino también por una pretendida inclusión dentro de términos “universales” que ha sido necesario decodificar ya que resultan en muchos casos -sobre todo los referidos a las actividades públicas- exclusivamente masculinos (Muraro, 2006).
Advertimos además, la exposición del cuerpo de las mujeres, que para efectivizar un derecho, requiere el convencimiento de la opinión pública, de los servicios de salud, en fin, del patriarcado, en una suerte de disección de sus casos particulares en los que sus vidas privadas son ventiladas públicamente.
El cuerpo de las mujeres, que debe ser resguardado para no ser usado lascivamente, cuya sexualidad es dependiente de la masculina, es un cuerpo que tiene como única y legítima función la maternidad. Estos presupuestos de género, que se encuentran en la base de los discursos religiosos y tradicionales, podemos reconocerlos en gran parte de los discursos de funcionarios/as y legisladores/as, contrastando con los conceptos vertidos por Mujeres por la Solidaridad. Así, otra activa integrante del grupo, la médica Mónica Rodríguez en una disertación para el Día Internacional de la Mujer en 2007, presenta un análisis y evaluación de la aplicación de las ligaduras:
“Desde el año 2004 hasta hoy se han practicado más de 500 ligaduras tubarias y varias vasectomías. Pero, ¿qué nos dicen las mujeres durante las entrevistas de solicitud?
Queremos entonces llamar la atención sobre esta aparición del discurso sobre el cuerpo y la sexualidad en los medios de comunicación por parte de diferentes mujeres, lo que supuso una sostenida exposición pública en la que, como género, se reclaman derechos. Este lenguaje hace ostensible la posición desigual de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y reclama la aplicación de una concepción de ciudadanía verdaderamente universal.
Si bien la aprobación de leyes de salud reproductiva y ligadura tubaria a nivel nacional otorgó mayor legitimidad a las acciones de Mujeres por la Solidaridad, no estuvieron acompañadas a lo largo de todo el proceso, ni por declaraciones de los partidos políticos locales a los que pertenecen sus integrantes (únicamente por el Partido Socialista), ni por otras organizaciones, sí por la amplia red que supieron convocar y formar. Los derechos sexuales y reproductivos nunca fueron tópicos que los partidos políticos en general o las organizaciones sociales hayan motorizado ni asumido como propios.
6. Ligadura tubaria y vasectomía. El debate en la Legislatura pampeana13
Durante el año 2003, de 26 diputados, 9 eran mujeres (5 justicialistas, 2 radicales en Alianza y 2 del FREGEN en Alianza). Al momento de la presentación de la ley referida al ejercicio de actividades en salud, donde, como planteamos, finalmente se estableció la práctica de la ligadura tubaria y vasectomía, la presidencia estuvo en manos de la diputada Gladys Russell, del partido justicialista.
Sólo hay una breve alocución del diputado Iturrioz, en la que menciona que esta ley toma en cuenta la ligadura de trompas y vasectomía, las demás corresponden a legisladoras.
La norma fue aprobada por unanimidad en general, no obstante, es interesante tomar en cuenta la salvedad expresada por la diputada Emilce Ozzan (justicialista):
“quiero solicitar, previo al tratamiento del tema, al autorización a esta Cámara para que me permitan abstenerme de emitir mi voto en dos artículos de esta ley, el artículo 17 y 21. Ello obedece a que el tema a tratarse en esos dos artículos que son las ligaduras de trompas de Falopio y vasectomía. Esta solicitud se debe a una objeción de conciencia (…) yo pertenezco a la feligresía católica y la Iglesia Católica tiene fundamentos en estos temas en distintas encíclicas papales y en distintos documentos ecuménicos…” (Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag. 992)
La diputada Silvia Gallego, una de las protagonistas más importantes en cuanto a su aparición en los medios y por haber sido la autora de la ley que establece el Programa Provincial de Procreación Responsable en 1991 (ya que en las referencias mediáticas se mencionó esa norma), fue la oradora que se extendió más en la fundamentación:
“En consonancia con las tendencias más actuales en la materia se incorpora, como exigencia general de todas las profesiones y con alguna modalidad específica en materia de ligadura de trompas o vasectomías, la figura denominada “consentimiento informado”, principio por el que se le reconoce a la autonomía de la voluntad del paciente un protagonismo al que no accedía en un modelo de relación profesional-paciente en el que éste último se encontraba en una posición de alguna manera subordinada a lo prescripto o recomendado por aquel. (…) Otro de los aspectos considerados de significación en torno al tratamiento de la salud en nuestro tiempo, es la autorización legal de la práctica médica de métodos de infertilización, no de esterilización, potencialmente reductibles como la ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía con vistas a asegurar el derecho personalísimo de los seres humanos sobre su salud reproductiva” (Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag. 998).
Advertimos un cambio en el discurso de la legisladora, ya que previamente, en una entrevista periodística14, se refirió a la ligadura y vasectomía como métodos de esterilización, por lo tanto, soluciones definitivas, separando estas prácticas de los métodos previstos por la ley 1363, que suponen prevención.
El argumento de Gallego se basa en que estas prácticas buscan la preservación de la salud, cuando un nuevo embarazo podría en peligro la misma, entendida integralmente desde una perspectiva biológica, psíquica y social. Asimismo destaca que no se requiere el consentimiento del cónyuge, ya que “la entendemos como una decisión que se encuentra en el ámbito de la esfera personalísima de ella y en relación directa con el médico y/o equipo interdisciplinario de salud tratante” (pag. 999).
Por otra parte, retoma críticas a algunos médicos15 en relación a la objeción de conciencia, derecho que la misma norma consagra pero que “tratando de sortear situaciones abusivas, doblemente reprochables por su hipocresía, se exige que ese derecho, cuando sea esgrimido, sea ejercido tanto en el ámbito público como en el privado, para el cual se crea el Registro permanente también a propuesta del Colegio Médico Provincial” (pag. 999).
A pesar del tiempo transcurrido (12 años) entre la aprobación de la ley 1363 y este debate, Gallego se ve en la necesidad de realizar las mismas aclaraciones que hizo en ese momento: que no es una norma que favorezca el control de la natalidad y que debe considerarse la misma a fin de garantizar la salud sexual y reproductiva. Puntualiza también que la “práctica estará rodeada de exigencias que asegurarán que la misma se inscriba en una situación de crisis para la salud de la paciente” (nótese que considera la crisis sólo para el caso de la ligadura, no de la vasectomía).
Otra extensa alocución es la de la diputada radical Angela Urquizú. Señalemos que esta legisladora estuvo presente, con argumentos favorables y contundentes, en el tratamiento de la ley de Procreación Responsable. También en este debate utiliza términos actualizados sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya que cita conceptualizaciones vertidas en conferencias internacionales.
Urquizú enmarca la norma dentro de los derechos personalísimos y señala algunos mojones históricos de nuestro país, partiendo de Alberdi y aludiendo a algunos términos que vincula a la contracepción quirúrgica: natalidad, planificación familiar, regulación de la fecundidad, políticas demográficas y sanitarias.
“Los primeros debates públicos a favor o en contra del control de la natalidad, tuvieron lugar en 1930, en medio de la crisis económica y la desocupación. (…) En 1949 también hubo otro auge del natalismo con un corte de defensa nacional y una exacerbación de la función reproductora femenina y de la maternidad como aporte patriótico…(…) a través del Decreto 559 se estableció limitaciones a la venta de anticonceptivos y prohibió el desarrollo de actividades en el control de la natalidad (…) Este decreto fue apoyado durante la dictadura con el número 3998, en el año 1978 y denominado política de población, haciendo eje en un posible conflicto con países vecinos la necesidad de expansión de los mercados y la de ocupar vacíos demográficos. Si a estas confusiones y a las argumentaciones del nacionalismo autoritario vernáculo se le suman otras argumentaciones y con el agregado de la confusión entre el derecho moral y religión que se hace en nuestro ambiente jurídico, la resultante en términos ideológicos es difícil de remover”. (Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag.).
Otro de los ejes de la intervención de Urquizú fue enfatizar el cambio producido a partir del gobierno democrático de 1983, tomando en cuenta los compromisos estatales asumidos a partir de participar y suscribir acuerdos de conferencias internacionales.
Esta legisladora es la única que menciona especialmente a “Mujeres por la Solidaridad”. Destacó su trabajo militante del grupo que no sólo tuvo la iniciativa de la ley, sino que también recopiló firmas y acercó casos concretos de mujeres que desean y necesitan la práctica. En una suerte de racconto del proceso, rescata algunos hitos que llevaron al tema de la ligadura y vasectomía: el caso Carmen, las posibilidades de modificación de la ley procreación responsable y la experiencia de la provincia de Río Negro.
“… Mujeres por la Solidaridad fueron pioneras en organizar y gestionar más allá de los métodos anticonceptivos tradicionales, plantear la realización de métodos quirúrgicos como una necesidad impostergable de algunas mujeres como es el caso de tantos testimonios con nombre y apellidos, relatos de casos impactantes aún en riesgo de vida inadmisible desde el punto de vista del sentido común, que lo demandaron y encontraron la barrera infranqueable de una prescripción judicial…” (Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag.)
El tema lo cerró de esta manera:
“Ser mujer es tener una posibilidad de gozar la experiencia única e intrasferible de gestar, sentir, palpitar y acunar en el vientre el milagro del permanente y eterno renacer de la vida, que produce el goce sublime de escuchar el primer llanto de un niño que nos pertenece, pero ese niño debe ser ansiado, querido, protegido, tener el derecho a una vida sana y feliz, por eso era hora de hablar y actuar sobre el tema en cuestión y legislar para los que la vida les planteó el camino inverso.” (Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag.)
Las dos siguientes intervenciones correspondieron a legisladoras del FREGEN, Stella Chambón y Rita Bustillo. La primera no realizó ninguna mención específica sobre el tema que nos ocupa.
Bustillo destaca como un avance de la norma en tratamiento, que se permita la objeción de conciencia como derecho de los profesionales médicos, pero deja en claro –al igual que Silvia Gallego-que la misma debe sostenerse tanto en el ámbito público como en el privado.
Al mencionar su defensa a las prácticas de ligadura tubaria y vasectomía, Bustillo menciona los argumentos neomalthusianos, hace una crítica a la autoridad médica y recurre a la efeméride del día en que se está tratando la norma: 25 de noviembre, día de conmemoración de la No Violencia contra la mujer, ya que:
“…no debe haber violencia personal e institucional más fuerte, que el no poder ser dueños de nuestro propio cuerpo y de deber demandarle a un médico o a un juez la posibilidad de decidir si está en riesgo o no, nuestra propia vida. (…)…la posibilidad de decidir con todo un instrumento legal que nos permite preservarnos de teorías poblacionales que van destinadas a disminuir la cantidad de pobres en vez de cuestionar la distribución de la riqueza pero de preservarlos también de visiones mesiánicas que intentan decidir por otros lo que son derechos personalísimos y que hacen a sentirnos dueños de nuestro propio cuerpo…”.(Cámara de Diputados, 26 de noviembre de 2003, pag. 1010).
En el tratamiento de la norma, no hubo posiciones en contra, como veremos a continuación, cuando se debatió en el Congreso Nacional. La única alusión, es la de la diputada Ozán, que no presentó argumentos, sino que se refirió a su identidad religiosa.
Esto no significa que no las hubiera, sino que podemos hipotetizar que, al incluirse el tema dentro de una ley que tomaba muchos otros aspectos, quedó en alguna medida diluido y legisladoras y legisladoras pudieron actuar más libremente, es decir, con menos presiones de instituciones y del poder religioso local.
Otra cuestión que también, creemos. morigeró o impidió la presentación de argumentos contrarios a la práctica de ligadura y vasectomía fue la fuerte presencia de Mujeres por la Solidaridad.
Mujeres por la Solidaridad, marcó un cambio fundamental en el discurso y la práctica de mujeres de la provincia, ya que por primera vez un grupo de mujeres se planta, milita, presenta argumentos y presiona. Desde ese momento disputa el protagonismo, otrora encarnado por algunas mujeres de partidos políticos, de la representación de intereses de las mujeres pampeanas.
7. Reflexiones finales
La aprobación de las leyes –sobre todo las referidas a derechos sexuales y reproductivos-, lamentablemente, no garantizan su aplicación por lo tanto, en muchas oportunidades, hay demandas incumplidas. Sabemos que en La Pampa, hay largas listas de espera que aguardan la concreción de la práctica.
El movimiento de mujeres de Argentina y de La Pampa, realizan permanentemente tareas de monitoreo, control y difusión, puesto que médicos/as y funcionarios/as buscan excusas burocráticas o apelan a presiones o a la objeción de conciencia para no cumplir con lo que la ley les ordena. Esto supone una permanente devaluación de la ciudadanía de las mujeres que deben luchar para poder ejercer sus derechos.
En la Legislatura de La Pampa, no se plantearon posiciones contrarias explícitas, lo que puede deberse, como expresamos, por haberse tratado el tema específicamente sino dentro de una ley más extensa y amplia y por la presencia militante de Mujeres por la Solidaridad. El argumento constante – a favor de la ligadura y vasectomía- que se manifiesta remite, por un lado a los derechos personalísimos y por otro a las mujeres pobres.
La argumentación referida a las condiciones de pobreza, se hizo presente en los conceptos vertidos por Gallego, al aludir a la objeción de conciencia en el ámbito público y privado y a una concepción de salud “para todos los pampeanos”. Urquizú refiere directamente a las mujeres pobres que no encuentran respuesta en los hospitales públicos, y también fustiga a los profesionales médicos que se justifican con la objeción de conciencia. También Bustillo toma en cuenta las teorías poblacionales que están destinadas a “disminuir la cantidad de pobres en vez de cuestionar la distribución de la riqueza”.
El proceso para la obtención de los derechos sexuales y reproductivos supuso, en La Pampa, un liderazgo de una agrupación de mujeres que funda, desde nuestra perspectiva, el movimiento de mujeres en la provincia.
Pero también tenemos que señalar que las filas contrarias a estos derechos se ha ido rearmando y reorganizando, no sólo en los niveles religiosos específicos, sino también dentro de los estamentos de funcionarios/as, legisladores/as e instituciones de la sociedad civil. Un ejemplo sin dudas fue el veto del nuevo gobernador al Protocolo de abortos no punibles, votado en noviembre de 2007 (Di Liscia y Montaña, 2010b) y el cierre total del nuevo tratamiento por los/as nuevos/as legisladores/as.
La producción y circulación de discursos en un determinado momento histórico, evidencia los procesos que inciden en los mismos: tradiciones y creencias previas, socializaciones familiares, partidarias y profesionales.
Deconstruir y reconstruir nuevos significados de género, porque de eso se tratan los derechos sexuales y reproductivos, supone quiebres y resistencia por las exposiciones que produce cualquier cambio que induce a la autonomía, a la libertad y que activa las reacciones del patriarcado cuyos niveles de tolerancia (Calvera, 1990) tienen sus límites en una sexualidad normatizada.
Ciudadanía y vigencia de derechos sexuales y reproductivos – fundamentalmente para las mujeres- aún con leyes sancionadas, discurren por caminos diferentes que requieren de vigilancia y de lucha para que se efectivicen.
1 Utilizamos el término “aparición” de acuerdo al planteo de Hanna Arendt (1993), es decir, que la aparición construye significados políticos a los grupos y sujetos que se manifiestan en la escena pública.
2 Reseñamos, a modo de ejemplo el siguiente caso: Ana María Acevedo, casi analfabeta, empleada doméstica, tenía 19 años cuando le diagnosticaron cáncer, estando embarazada. Muy pobre, residía en una casilla con tres pequeños hijos (5, 3 y 2 años) en Vera (provincia de Santa Fe). El Comité de Bioética del hospital Iturraspe en la capital de la provincia, analizó el caso y negó el aborto terapéutico (previsto por el Código Penal, art. 86), solicitado por su madre ya que en ese hospital por “convicciones religiosas y culturales”, no se realizaba esa práctica. En abril de 2007, con 22 semanas de gestación, le realizaron una cesárea. En ese momento, el estado de Ana María era dramático, su estado general anunciaba su muerte inminente. La beba murió a las 24 horas, y Ana María dos semanas después. La manipulación de los servicios de salud queda en evidencia luego de la muerte, al leerse la historia clínica, donde constaba la solicitud de aborto y previamente, de una ligadura tubaria, que también se le había denegado (Di Liscia, 2012b).
3 En el artículo: “La sociedad civil reclama: Mujeres por la Solidaridad”, en Di Liscia (2011b) historiamos el surgimiento de este colectivo.
4 Directora del Hospital. “La ley no lo permite”. La Arena, 20 de septiembre de 2003, pag. 11.
5 Una mujer que pide autorización judicial para la ligadura de trompas. El Diario, 20 de junio de 2003, pag. 2
6 Madre de seis hijos. Autorizan otra ligadura de trompas. La Arena, 25 de septiembre de 2003, pag. 12.
7 La autora de la Ley de Procreación Responsable, Silvia Gallego, manifestó que la misma refería a anticoncepción y lo que se estaba solicitando era esterilización. “Procreación Responsable. Crítica a los sectores católicos por los ataques a la ley”. En: El Diario, diario de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 12 de marzo de 2003, pag. 8.
8 El Consejo Provincial de la Mujer nunca realizó una difusión de la ley. Esto pudimos advertirlo en las capacitaciones con mujeres del interior. Al ponerlas en conocimiento de la ley, ellas se dirigían a los hospitales de sus pueblos y se encontraban con la ignorancia de todo el personal de éstos.
9 Declaraciones de la Dra. Mónica Rodríguez, integrante de Mujeres por la Solidaridad, en: Vasectomía y Ligadura de trompas. Piden que se hagan por pedido del paciente.El Diario, diario de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 24 de septiembre de 2003, pag. 8.
10 Declaraciones de Laura Iglesias, integrante de Mujeres por la Solidaridad, en: Se necesita prescripción médica. Quedan restringidas la ligadura de trompas y la vasectomía. El Diario, diario de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 28 de noviembre de 2003, pag. 5.
11 También declaraciones de Laura Iglesias: Mujeres Solidarias. Ahora, la reglamentación. La Arena, diario de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 1º de diciembre de 2003, pag. 10.
12 Se refiere a Mónica Rodríguez, integrante de Mujeres por la Solidaridad y médica del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa.
13 En este apartado, basamos nuestro análisis en la Ley 2079 sobre el ejercicio de las actividades de la salud. Derogación del decreto 504/69 y modificación de diversas normas vigentes. Boletín Oficial Nº 2561, Santa Rosa, 9 de enero de 2004, pag.s 23 a 41. La fuente de la que tomamos el debate es la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados de La Pampa, del 26 de noviembre de 2003, pags. 992-1017.
14 Ligadura de trompas. Una práctica a la que no tienen acceso los pobres: En El Diario, diario de Santa Rosa, La Pampa, 6 de junio de 2003, pag. 2.
15 Ver las críticas realizadas a la corporación médica en relación a la colocación de DIU que planteó en el proceso recorrido para la ley 1363 (Di Liscia, 2012a).
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Fuentes escritas
23. La Arena, diario de Santa Rosa, La Pampa. Serie completa, años 2002-2003.
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26. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa, 26 de noviembre de 2003, pp. 992-1017.
Entrevistas
Entrevistas de la autora con Laura Iglesias y Mirta Fiorucci, integrantes de Mujeres por la Solidaridad y con Silvia Gallego, legisladora justicialista (mandato cumplido).
Recibido: 5 de agosto 2014.
Aceptado: 30 de agosto 2014.