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DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v21i2.999

ARTÍCULOS

 

Rupturas y continuidades de la extensión rural en Argentina (1973-1983)1

Ruptures and continuities of rural extension in Argentina (1973-1983)

 

Cecilia Gárgano2

 

Resumen: Este artículo aborda continuidades y rupturas en las actividades de extensión rural realizadas entre 1973 y 1983 por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) argentino, una de las principales agencias estatales. Dentro de este período, enmarcado por dos transiciones democráticas, se exploran los contenidos y enfoques de sus agendas de extensión rural, en conexión con transformaciones registradas en materia de políticas sectoriales, cambios socioeconómicos del ámbito rural e introducción de mecanismos represivos en el organismo. Se analiza el funcionamiento de la burocracia estatal del INTA durante dos reconfiguraciones institucionales: en 1973, en el marco de la primera transición democrática; y luego, en 1976 con el comienzo de la última dictadura militar. A partir de fuentes documentales y de entrevistas, se reconstruyen directivas institucionales, articulaciones con políticas agropecuarias de alcance nacional y experiencias protagonizadas por extensionistas del INTA, situadas primordialmente en la provincia de Buenos Aires. Se identifica la existencia, durante los años previos al inicio de la última dictadura, de diversas prácticas de contacto con la población rural alternativas al enfoque tradicional dominante, y se señalan sus limitaciones. Finalmente, se analiza la reorientación de las tareas de extensión rural del organismo durante su intervención militar (1976-1983).

Palabras clave: Sistemas de extensión rural; Dictadura; Argentina; Población rural; Burocracia.

Abstract: The purpose of this paper is to study the activities of rural extension conducted between 1973 and 1983 by one of the main Argentinean state agencies: the National Agricultural Technology Institute (INTA). Regarding this period, which starts and ends with a democratic transition, an analysis has been made on the content and perspective of the organization’s rural extension agenda in relation to the transformations seen in matters of sectoral policies, socioeconomic changes in the rural area, and in the implementation of repressive mechanisms. There has been an evaluation on the operation of INTA’s state bureaucracy throughout its processes of institutional reconfiguration: one in 1973 alongside that year’s democratic transition and the other in 1976 in hand with Argentina’s last dictatorship. In light of documentary sources and interviews, a review has been drafted on institutional directives, nationwide coordination of agricultural policies, and the experiences of the INTA extension workers, primarily located in the Buenos Aires province. Additionally, we have identified the existence of various practices during the previous years of the last dictatorship involving direct contact with rural populations different from those of a more traditional approach, and its limitations have also been highlighted. Finally, we have analyzed the reorientation of the institution rural extension tasks as it underwent a military intervention between 1976 and 1983.

Key words: Rural extension systems; Dictatorship; Argentina; Rural population; Bureaucracy.

 

Rupturas y continuidades de la extensión rural en Argentina (1973-1983)
Introducción

La extensión rural impulsada desde el Estado tuvo en Argentina un desarrollo temprano, en coincidencia con la importancia histórica de la actividad agropecuaria en la estructura productiva del país. Como ha señalado Julio Djenderedjian (2014), entre finales del siglo XIX e inicios del XX, la formación de expertos mediante instituciones de enseñanza tuvo un impacto creciente en los aparatos estatales agrarios. En ese sentido, como indica este autor, es necesario recordar que la extensión rural impulsada desde el Estado no fue un fenómeno surgido en la segunda mitad del siglo XX, cuando se organizó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), objeto sobre el que centraremos nuestro estudio. Por el contrario, se inscribe en un complejo proceso previo, que incluyó variadas y relevantes articulaciones entre diversas esferas estatales y tipos de productores. La transformación del Departamento Nacional de Agricultura en Ministerio, en 1899, estuvo acompañada por la promoción de planes de extensión rural y la creación de numerosas estaciones agrícolas, granjas experimentales y escuelas agronómicas.3 Asimismo, durante las primeras tres décadas del siglo XX, los graduados de las facultades de Agronomía y Veterinaria se incorporaron al sistema de investigación y experimentación que fue desarrollando el propio Ministerio de Agricultura (Graciano, 1998).
Por “extensión rural” entendemos a las actividades de promoción y producción de un conjunto de prácticas y de conocimientos heterogéneos (de índole técnica, social y cultural), vinculados a la producción agropecuaria y destinados a la población rural. Centraremos nuestra atención en la extensión rural impulsada desde el Estado, en particular, en una de sus principales agencias en la materia: el INTA. Los estudios disponibles sobre la trayectoria de este instituto en extensión rural han indagado diversas temáticas. Una gran cantidad se concentran en los cambios registrados durante la década de 1990 (Llovet y Fernández Besada, 1990; Cantu y Cimadevilla, 1997; Albaladejo, 2006; Calandra, 2009, entre otros) y en las transformaciones productivas recientes (Thornton y Cimadevilla, 2003, 2008; Larrañaga y Blanco, 2007; Tort, 2008). Los comienzos han sido analizados por Flora Losada (2003), mientras que Carlos Carballo (2007) realizó un recorrido panorámico. El INTA, a su vez, ha producido una serie de publicaciones institucionales, que han enfatizado sus contribuciones (Anuch, 1981; Reichart, 1982, 1994, entre otros).4 Por su parte, Talía Gutiérrez indica que en 1983 retorna “un concepto participativo de la extensión hacia la familia y la mujer, que se había perdido durante los años del último gobierno militar” (2014a, p. 237), aunque, en función de su propio objeto de estudio, no profundiza esta dimensión. Un punto en común entre estos disímiles y valiosos aportes es que, o bien no estudian las actividades de extensión rural desarrolladas por el INTA en el período correspondiente a la última dictadura y en los años previos (1973-1976), o bien la caracterizan mediante algunos enunciados generales (Alemany, 2003). Este es, precisamente, el objetivo de este artículo: reconstruir y analizar las estrategias de extensión ensayadas en los años previos al golpe militar, y el rol que pasó a ocupar la extensión rural con la intervención del organismo en 1976. Centrado específicamente en las agendas de esta área de acción del INTA, este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre la orientación de las tareas de dicho instituto entre 1973 y 1983. Si bien se revisan directivas institucionales referidas a la organización nacional del servicio, este texto se concentra en el análisis de experiencias asentadas mayoritariamente en localidades de la provincia de Buenos Aires, e incorpora también la revisión de prácticas en otros espacios, fundamentalmente en la región nordeste.
Desde un marco analítico que integra perspectivas de la historia social de la ciencia y la tecnología y la historia político-económica reciente, se entiende a las instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico como espacios materiales, normativos e ideológicos (Hurtado, 2014), cuya dinámica se encuentra en directa relación con el escenario sociopolítico y económico. Asimismo, se aborda a la burocracia estatal como una “arena movediza”, expresión material del Estado, brazo ejecutor de sus políticas y resultado de las disputas que se libran en su seno. Así, las instituciones, y quienes las componen, son agentes activos en la resolución de esos conflictos. En otras palabras, las instituciones estatales “no solo son actores políticos, sino que además su ámbito de acción constituye un terreno de lucha” (Oszlak, 2015, p. 325). Se indaga, en este sentido, cómo operaron las disputas al interior del INTA y cuáles fueron las consecuencias derivadas de la resolución de estos conflictos. Se analiza quiénes fueron sus interlocutores, cómo definió sus estrategias de extensión rural y de qué forma fueron modificándose en relación con las transformaciones políticas y socioeconómicas del pasado reciente. La hipótesis general de este artículo señala que a partir de la transición democrática de 1973 se produjo una renovación parcial en los enfoques de la extensión rural del INTA, resistida primero, y luego –durante la intervención militar del organismo iniciada en 1976– clausurada por una reestructuración de contenidos que operó íntimamente articulada a: I) transformaciones registradas en materia de políticas sectoriales; II) cambios socioeconómicos del ámbito rural; III) introducción de mecanismos represivos.
El primer apartado examina continuidades y rupturas en las prácticas de los extensionistas durante los años previos al comienzo del último golpe de Estado, en conexión con transformaciones políticas y económicas del período. El segundo reconstruye el efecto de la intervención militar del organismo en los contenidos y destinatarios de las agendas de extensión rural. Finalmente, en las conclusiones se puntualizan los resultados. Estos exponen las transformaciones en los contenidos y destinatarios de las agendas de extensión rural analizadas y su vinculación con la dinámica socioeconómica y política del período bajo estudio.5

Agrónomos de terreno (1973-1976)

El ciclo que se inició el 25 de mayo de 1973 –con el retorno del peronismo luego de casi dieciocho años de proscripción– y se clausuró en 1976 –con el comienzo de la última dictadura militar– fue tan breve como complejo. Las tres presidencias del período fueron acompañadas por el creciente avance de una crisis económica, social y política.6 En 1973, la transición democrática trajo aparejado un recambio de las burocracias estatales en general, y de la conducción del INTA en particular. Los cargos de dirección fueron ocupados mayormente por técnicos que conjugaban trayectoria en el área agropecuaria y cercanía política (orgánica e inorgánica) a la agrupación peronista Organización Única del Trasvasamiento Generacional (OUGT), conocida como Trasvasamiento.7 Al mismo tiempo, la intensa movilización gremial y el accionar de investigadores y extensionistas que planteaban una revisión de la orientación tradicional del INTA y, en ocasiones, intentaban utilizar esta reordenación institucional para operar en sus intersticios, supusieron un escenario conflictivo. Por otro lado, la permanencia de representantes de las principales corporaciones agropecuarias dentro de la estructura directiva, detrás de la que se alinearon otros sectores del INTA, expresó la resistencia a la orientación de las políticas agropecuarias, que experimentaban un giro tan breve como intenso del que el organismo no permaneció al margen. En forma más visible que en otros momentos de su historia, el INTA, como expresión de una de las esferas del Estado y de las disputas libradas en su seno, se constituyó en una verdadera “arena movediza” (Oszlak, 2015, p. 325).
El Consejo Directivo se había conformado desde sus comienzos por tres integrantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (presidente, vicepresidente y un vocal), un vocal en representación de las facultades de Agronomía y Veterinaria de las universidades nacionales, y cuatro por las principales entidades agropecuarias: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) –históricamente, actores políticos de peso en la coyuntura nacional– y, más tarde, la Federación Agraria Argentina (FAA). Todos los miembros integraron el Consejo con voz y voto. El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio de un decreto firmado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Su fundación derivó del llamado Plan Prebisch, elaborado por el economista argentino y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Raúl Prebisch. Como señala Diego Hurtado, inicialmente, el desmantelamiento de los organismos de planificación heredados del peronismo y la ausencia de políticas para la ciencia y la tecnología generaron un panorama institucional fragmentado (2014, p. 90). La creación del INTA expresaba una continuidad en la atención dirigida al sector agropecuario, pero producida en un marco de discontinuidad política generado por el golpe de Estado que en 1955 había derrocado a Juan Domingo Perón. Luego, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el decreto fundacional fue ratificado por el Congreso (INTA, 1996).
Mientras que la coyuntura política nacional estuvo signada por las interrupciones de los gobiernos que habían sido elegidos bajo la proscripción del peronismo, la orientación de la extensión rural permaneció sin grandes modificaciones (Gutiérrez, 2014b). Si bien los gobiernos de la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973) generaron algunas reconfiguraciones, la extensión rural del INTA mantuvo su núcleo de atención en la familia rural, frecuentemente de agricultores medianos. Al mismo tiempo, jóvenes y mujeres fueron vistos como medios para fomentar tanto el arraigo rural como la difusión tecnológica exitosa. Fundamentalmente a través de dos canales institucionales: los Clubes 4-A y el Hogar Rural, que con la creación del INTA pasaron a funcionar dentro de su órbita, sumándose a una red nacional de Agencias de Extensión Rural.8 Se entendía que, de esta manera, se abarcaba al conjunto de la familia rural.9 Como señala Gutiérrez (2009), mientras que la “familia rural” era entendida como familia nuclear, el trabajo con jóvenes y mujeres poseía una fuerte impronta de género, que promovía el lugar de estas en tanto amas de casa, esposas y madres.10 Al mismo tiempo, como indica Losada (2003, p. 10), la incorporación de tecnología ocupaba el centro de la solución de la problemática rural, dejando de lado los principales problemas del agro: estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Estas dimensiones, centrales para las condiciones de vida de la población rural, quedaron por fuera de las estrategias de intervención impulsadas desde el Estado. Las orientaciones de las agendas de extensión rural iban a ponerse en cuestión, al compás de transformaciones políticas y socioeconómicas que atravesarían al país y la región.
Desde junio de 1973, el ingeniero agrónomo Horacio Giberti encabezó el equipo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería encargado de generar el paquete de medidas del sector.11 El INTA, en el que Giberti había ocupado en 1958 el cargo de presidente, y cuyo mandato no culminó, estaba llamado a ser el brazo ejecutor de buena parte de estas políticas, de generar los diagnósticos técnicos y la información territorial para su aplicación. Algunas de las medidas elaboradas por este equipo fueron particularmente atacadas. En especial, las que apuntaban a un reordenamiento (como el Impuesto a la Renta Normal Potencial o el proyecto de Ley Agraria) de uno de los recursos más disputados: la tierra. De criterio más bien eficientista, pero con intervenciones novedosas en cuestiones como la propiedad de la tierra y la reorganización impositiva del sector, motivaron virulentas reacciones de parte de entidades como la SRA, CARBAP y CRA. Estas reacciones fueron simultáneas a llamados de atención que circularon en la prensa gráfica sobre la situación del INTA. Las actividades de extensión rural de esta institución no estuvieron aisladas de estos conflictos.
En 1973, el área de Extensión era dirigida por Norberto Reichart, ingeniero agrónomo de larga trayectoria en el INTA y pionero en la organización del sistema, enfrentado abiertamente a los planteos que proponía la gestión de Giberti para el sector. Fue declarado prescindible al frente de la dirección y el cargo fue ocupado por Jacinto Vellani, extensionista perteneciente a la estación experimental Pergamino.12 Durante la gestión de Vellani se elaboró el Programa de Promoción de Servicios Familiares y Comunitarios Rurales y se presentó a comienzos de 1974. Dicho programa señalaba como antecedente “el continuo deterioro experimentado en las condiciones de vida del poblador rural”, por lo que se proponía dotar al habitante rural “no solo de apoyo tecnológico sino también y, fundamentalmente, de aquellos elementos esenciales que constituyen la promoción social integral de la familia rural”. En este plan se criticaban acciones previas “de tipo asistencialistas en las que el individuo constituía un agente pasivo del proceso”.13 El proyecto, que nunca llegaría a ser ejecutado, estaba destinado a comunidades rurales que agruparan un mínimo de 40 a 50 familias, fue previsto para ser desarrollado por tres años y coordinado por la red de agencias de extensión rural del INTA. Las críticas provinieron de dos de los consejeros. Uno de ellos, representante de la SRA, afirmó que “los servicios de Asistencia Social” estaban “desvirtuando en cierta manera las funciones principales del INTA”, cuya tarea primordial se identificaba con la de “hacer tecnología agropecuaria, y su consecuencia traerá beneficios para la población rural”. Se evidenciaba así la línea “productivista”, como era mencionada en la jerga institucional, una óptica cercana al determinismo tecnológico, en tanto proponía que la difusión de tecnología per se podría generar un “derrame” hacia la sociedad, conjugada con una firme oposición a que el INTA tuviera injerencia en las políticas públicas destinadas al sector. Un segundo consejero secundó esta posición, señalando su preocupación sobre nuevas designaciones de profesionales producidas en el organismo: “algunas designaciones con títulos que en algunos casos causan preocupación, entre ellos sociólogos, arquitectos, antropólogos, psicólogos, etc.”14 Los discursos reflejaban la resistencia interna que un sector ofrecía a las transformaciones impulsadas.
En cuanto al Hogar Rural, desde 1973 aparecía como una de las líneas de acción destacadas dentro de la participación del INTA en las medidas surgidas del Acta de Compromiso Nacional. Allí se refería a la mujer rural como un “agente de cambio”, y se resaltaba su importancia en la educación para la salud, vivienda y saneamiento básico rural, nutrición humana y actividades comunitarias (INTA, 1973, p. 2). El Hogar Rural era también el encargado, mediante un convenio celebrado con el Instituto Biológico y Laboratorios de Salud Pública, de tomar muestras de agua en las zonas de influencia de las agencias de extensión destinadas a realizar análisis químicos y bacteriológicos.15 El rol de la mujer, ligado en los comienzos del INTA a concepciones sobre su misión en la vida familiar emanadas de la doctrina católica, aparecía ahora enlazado a su importancia como agente de cambio en función de necesidades sociales de la población rural. En este sentido, Carlos Alemany (2003) ha mencionado que durante la década de 1970 se incorporaron elementos de educación popular, especialmente en el trabajo con juventudes y mujeres. El contenido educativo también estaba presente en las modalidades de contacto, en las que se privilegiaba la educación no formal por sobre la “transferencia de tecnología”,16 y se apelaba a estrategias como las proyecciones cinematográficas para generar un acercamiento transversal a los diferentes estratos de la comunidad rural.17 Los clubes juveniles 4-A solían tener su sede en escuelas rurales, clubes sociales o deportivos, lo que también favorecía la inserción territorial del INTA. Este andamiaje institucional fue adquiriendo contenidos diversos, en simultaneidad con la aceleración del tiempo histórico del momento: “En el 73, 74, 75 se trabajó con temas calientes, más comprometidos. Acá hubo momentos en que muchos querían comprometerse con un cambio real de la situación del país”,18 señala una exsupervisora entrevistada del servicio de Hogar Rural. Los temas, fuertemente anclados en las disputas y discursos prevalecientes del momento, incluían desde la dependencia tecnológica y económica hasta interacciones con territorios rurales que, como veremos, eran por entonces focos de conflicto.
Estas prácticas se distanciaban del andamiaje teórico que había marcado el enfoque de la extensión rural tradicional desde la década de 1950. Difundido en América Latina por organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y hegemonizado por los teóricos de la “modernización agraria” encabezados por Everett Rogers, quienes sientan las bases para la orientación de la extensión en el marco de la revolución verde (Alemany y Sevilla Guzmán, 2007, p. 56), este enfoque puso énfasis en barrer “resistencias culturales” de la población rural de la periferia identificadas con el atraso. Es posible caracterizar las tareas de los extensionistas del INTA en este período en el marco de la extensión rural alternativa, conceptualización propuesta por Eduardo Sevilla Guzmán y Alemany para dar cuenta de un enfoque crítico de menor alcance presente en América Latina durante la década de 1960 y principios de 1970 (2007, p. 53). El marco teórico fundamental de este enfoque estuvo dado por la teoría de la concientización del educador brasileño Paulo Freire y por algunas vinculaciones con las teorías de la dependencia; la educación popular y la investigación participativa fueron las principales propuestas metodológicas que se opusieron a la orientación verticalista previa.
Junto con los cambios introducidos en el INTA, mediante la realineación de cuadros institucionales en las distintas burocracias estatales a partir de 1973, existían experiencias desde abajo, protagonizadas por parte del personal, que desbordaban los cauces institucionales y también se inscribían en este enfoque. En ese marco, los distintos escenarios territoriales ofrecían panoramas diferenciados. Por entonces, uno de los conflictos asociados a la problemática rural lo protagonizaban en el noreste del país las llamadas Ligas Agrarias.
El proceso liguista se desarrolló entre fines de 1970 y 1976, cuando un amplio espectro de productores (desde campesinos minifundistas hasta chacareros medianos) ubicados en el litoral argentino protagonizaron una sucesión de movilizaciones a las que dieron una organización provincial, regional y finalmente nacional bajo la denominación de Ligas Agrarias.19 Un pedido inédito en la historia de la estructura directiva del INTA lo formularon las Ligas Agrarias Entrerrianas, que el 19 de marzo de 1974 solicitaron integrar el Consejo local asesor del INTA en Paraná, apoyadas por la Dirección de la estación experimental de esa ciudad. Sin embargo, el pedido fue vetado por el Consejo Directivo.20 Precisamente, en el noreste del país la Dirección Regional del INTA impartió la consigna de coordinar y articular con las ligas la promoción de cooperativas de trabajo (Gárgano, 2014). La recepción no fue uniforme en todas las provincias. En el caso de Corrientes, en pleno corazón del área tabacalera, la Dirección Regional del INTA realizó una propuesta a la Liga Agraria Correntina (LAC): desarrollar cooperativas de trabajo promocionadas por las ligas y asesoradas técnicamente por el INTA. Si bien expresaron su acuerdo con el desarrollo de cooperativas de trabajo y producción, y saludaron el asesoramiento del INTA, los dirigentes de las ligas rechazaron la propuesta. La negativa era argumentada en función del compromiso que implicaba involucrar buena parte de sus militantes. Se priorizaba que mantuvieran su compromiso con el crecimiento de la organización, y se avizoraba la existencia de cooperativas agropecuarias como parte de una etapa posterior.21 El interés del INTA tenía como modelo de referencia la cooperativa Campo de Herrera, situada en Famaillá, Tucumán, donde el instituto había tenido una participación significativa desde su creación en 1967. Pequeños productores correntinos con poca tierra, o sin ella, bien podían replicar la experiencia. La articulación incluyó, de hecho, espacios de capacitación esporádicos entre integrantes de la conducción de Campo de Herrera y del equipo técnico del INTA que trabajaba junto a la cooperativa, con los miembros de la Liga Agraria Correntina para “explicar lo que hacían”.22 Frente a la negativa de las ligas a desarrollar cooperativas con su asistencia, el INTA retaceó su compromiso institucional y la articulación descansó mayormente en la responsabilidad personal de algunos extensionistas que, en función de sus propios posicionamientos políticos e ideológicos se mantuvieron cercanos a las ligas. En este marco, y a partir de la escalada represiva que recayó sobre el movimiento liguista (que terminó de ser desarticulado en 1976), el margen de acción del organismo y de los extensionistas involucrados fue mermando.
En octubre de 1974, en plena discusión en torno al proyecto de ley agraria, una amenaza atribuida a la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) motivó la renuncia del subsecretario Lacau. En un contexto de ascenso de los sectores ortodoxos de la derecha peronista, días después, Giberti y equipo también renunciaron, acompañando así la dimisión del ministro de Economía José Ber Gelbard. El cargo de secretario de Agricultura y Ganadería fue ocupado por Carlos Alberto Emery, y con ello se cerraba un ciclo breve e intenso de las políticas agropecuarias locales (Lázzaro, 2013). En el mismo mes, la represión cobró su primera víctima dentro del INTA con el secuestro y asesinato de Carlos Llerena Rosas, extensionista, activo dirigente gremial y militante político.23 En un clima de agudización del conflicto social a nivel nacional, en diciembre, el equipo de trabajo de la estación experimental agropecuaria Famaillá, que realizaba una tarea de acompañamiento y formación a la cooperativa Campo de Herrera, fue desmantelado, sus principales integrantes fueron encarcelados y se exiliaron tras su liberación, momento en el que fueron exonerados del organismo. Para diciembre, las principales autoridades del INTA habían cambiado.24 Una vez más, los contenidos de la extensión rural no permanecerían al margen de los sucesos generales del momento.

Del contacto con las comunidades rurales a la transferencia de tecnología para grandes terratenientes

En mayo de 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, un decreto del Poder Ejecutivo dispuso la intervención del INTA.25 En marzo de 1976, junto con el inicio del último golpe de Estado, el organismo fue puesto a disposición de la Marina. Un interventor militar permaneció al frente del instituto durante cinco meses, que coincidieron con la implementación del grueso de las cesantías y la realización de un operativo militar en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en el que fueron detenidos cientos de trabajadores.26 El interventor fue reemplazado por un civil, David Arias, de profesión abogado y activo inversor del grupo La Martona SA. En 1980, con la participación de los representantes de las entidades agropecuarias, se reactivó el funcionamiento del Consejo Directivo, que continuó sesionando durante la intervención democrática dispuesta en 1983, al finalizar la dictadura.
A partir de la ingerencia militar, en distintos informes se planteó que las actividades de extensión rural carecían de la supervisión necesaria. Los márgenes de acción de los extensionistas se redujeron, a la vez que se incrementó la obligación de reportar las actividades regionales a la Dirección central (INTA, 1978, p. 12). En julio de 1976, desde la revista Extensión Rural –cuya aparición había coincidido con la primera intervención del INTA, en 1975–, el director interino del Servicio de Extensión se refería al nuevo rol de la actividad. Destacaba que se encontraba “ante un panorama nuevo, mucho más permeable y receptivo: su audiencia comenzó a cambiar tornándose más numerosa y más interesada” (Lemos, 1976, p. 1). ¿De qué se trataba? Mientras que la reorientación de las políticas sectoriales acompañaba la expulsión de productores poco capitalizados y trabajadores rurales (Aparicio, 1987), en el INTA, según afirma una entrevistada, desde la dictadura “el trabajo de extensión y de investigación estuvo menos ligado a problemáticas de la comunidad y de los pequeños productores”.27 En rigor, la marginación de las iniciativas críticas venía produciéndose con anterioridad. En 1978, la entrada masiva de becarios en el área con un “perfil apropiado para la transferencia de tecnología” (Alemany, 2003, p. 40) produjo un fuerte impacto en las agencias de extensión y fue la contracara de la depuración previa. Entrevistado un año antes para otra publicación del INTA, quien fuera designado por el interventor militar jefe regional de extensión en el área de incumbencia de la Estación Experimental Pergamino había mencionado, sobre las implicancias de este enfoque:

“Mi llegada en el año 1976 coincidió con una serie de cambios que se produjeron en el organismo, y en tal sentido comenzamos un replanteo de nuestra estrategia de trabajo, dentro del marco del proceso de reprogramación encarado por el INTA en todo el país… En el desarrollo de los objetivos de enseñanza se utilizaron las metodologías conocidas pero se trató de enfatizar la acción con los profesionales de la actividad privada. Este grupo de técnicos, que es muy numeroso, se convirtió en una de las clientelas a las que dedicamos preferente atención” (Baqué, 1982, p. 2).

Un nuevo público, conformado por los técnicos del sector privado, era señalado como “clientela” a la que se dirigía el instituto. Indirectamente, se orientaba a un destinatario final, las empresas agropecuarias, de las que los técnicos eran meros intermediarios. Esta orientación fue acompañada por otras estrategias de extensión que priorizaron el contacto con productores fuertemente capitalizados, al tiempo que fueron dejando atrás las intervenciones comunitarias destinadas a la población rural. En este sentido, desde 1977 se intensificaron las experiencias en campos de productores efectuadas por las agencias de extensión rural del INTA. Tratamientos de fertilizantes, introducción de variedades y de diversas prácticas de manejo fueron ensayados en esas propiedades, caracterizadas por su extensión, lo que contribuyó a que esa franja de productores incrementara sus niveles de productividad y de rendimiento. En el caso de la provincia de La Pampa, donde el INTA había creado en 1958 la Agencia de Extensión Anguil, las tareas se habían concentrado en asesoramiento técnico, actividades del Hogar Rural y de los Clubes 4-A. En mayo de 1980, dicha agencia fue trasladada a la ciudad de Santa Rosa, donde comprendía un área de influencia de 1.423.387 hectáreas donde se radicaban 1954 empresas agropecuarias.28 Según una reseña del INTA publicada en diciembre de 1983, esta reorganización coincidió con un cambio en las acciones, que pasaron a centrarse “exclusivamente en el aspecto técnico” (INTA, 1983, p. 58). Las salidas al campo se hicieron menos frecuentes y se multiplicaron los ensayos realizados en forma conjunta con fabricantes de implementos agrícolas, agroquímicos y semilleros. Esta orientación permitió “incrementar notablemente la cartera de clientes” (INTA, 1983, p. 58) y, según la propia agencia, fue facilitada por un “cambio de enfoque del productor, que tiene más sentido empresario en el manejo del establecimiento agropecuario, considera la rentabilidad, trata de ser eficiente, todos conceptos que antes no atendía” (INTA, 1983, p. 5). El enfoque seguido por la entidad pareciera alinearse al ya registrado en otrosámbitos de su acción. Sin embargo, resta analizar la conexión entre esta reseña institucional y las prácticas de los extensionistas intervinientes en la zona. Al respecto, según un extensionista, voluntario en un grupo de colaboradores del INTA dedicado al contacto con jóvenes en la provincia de Buenos Aires:

“Con el gobierno militar el trabajo con la familia rural empieza a decaer fuertemente y a perder toda línea conductora. Reconvierten a los asesores de Juventudes en otra cosa, pasan a ser ayudantes técnicos, y se empieza a premiar el trabajo de transferencia tecnológica. Y empieza a separarse, en los hechos, no así en el discurso, el trabajo con el productor rural y su familia (que es el mandato de la ley del INTA). El doble discurso se mantuvo, pero en los hechos no”.29

Al decir de otro extensionista: “La extensión en terreno permanece institucionalmente, pero todas las cabezas que ideaban qué hacer se eliminan totalmente”.30 Siguiendo la interpretación de Oszlak (2015, p. 46) sobre las relaciones entre régimen político y aparato burocrático, es posible interpretar los cambios en los organigramas y las modificaciones en las reglas procedimentales como tentativas para controlar, disciplinar y lograr funcionalidad de la burocracia estatal. En cuanto a la orientación de las tareas de extensión, el discurso continuó dirigiéndose a la familia rural, mientras que su práctica de inserción en territorio fue adquiriendo un perfil empresarial tanto en el mensaje promovido como en su modus operandi. El rol del extensionista, que, en palabras de una agrónoma, antes era “el médico clínico local que estaba asentado en cada pueblo”,31 se alejó del contacto directo con las comunidades rurales y sus problemáticas. Prevaleció una visión de la extensión concebida como asistencia técnica destinada a mejorar el rendimiento de determinados cultivos, mientras que continuaban las retóricas ligadas a la importancia de la juventud rural y la educación cooperativa. En la práctica, muchas de estas instancias se iban modificando, y algunas, como los Clubes 4-A, llegaron a desaparecer. En forma simultánea, el marco regulatorio orientado al agro sufrió fuertes transformaciones, que acompañaron y promovieron la concentración del sector, la crisis de las economías regionales y la polarización de la estructura social agraria.32
Mientras que las actividades de tipo sociocultural fueron diluyéndose dentro de los quehaceres de los extensionistas, durante la intervención militar se reforzó la idea –heredada de las décadas de 1950 y 1960 de los teóricos de la modernización agrícola– de que era necesario cambiar la mentalidad del productor. Si en los primeros tiempos este enfoque estuvo asociado a la difusión de la modernidad por vía de las nuevas técnicas en un agro social y económicamente atrasado, esta idea fuerza se inscribió plenamente en la lógica mercantil y en la reconfiguración de un espacio rural signado por la concentración de capital y la polarización social. Este aspecto conservó, al menos en un plano retórico, una justificación cercana al determinismo tecnológico, que asociaba linealmente mayor difusión tecnológica, mejores rendimientos, elevación del nivel de vida de la población. Simultáneamente, el aspecto de la extensión que instaba a un trabajo integral –con un fuerte contenido sociocultural dirigido a diversos sujetos rurales– fue desalentado, y se desestructuraron las experiencias que ponían en cuestión cuál tenía que ser la orientación del organismo. El decaimiento progresivo de las actividades con jóvenes, principalmente, y con mujeres, y de las estrategias de contacto que los acompañaban, fue parte de este proceso. El nuevo perfil, “de la transferencia y el bombo”, cuyas metodologías serían las “grandes reuniones” y masivas tiradas de “folletos” 33 tendrá su esplendor en las décadas subsiguientes. Así, según apunta una integrante del INTA, se irían “privatizando los propios técnicos del INTA, ‘te asesoro, pero facturo’. Se pierde el rol de lo que era la extensión, que queda como un Departamento de publicaciones que recibe los folletos”.34 En relación con este perfil, un ingeniero agrónomo recuerda su ingreso como becario en 1977:

“El sistema de extensión se desmanteló en la época en la que entré. Hubo un desarme coincidente con la creación de consorcios en el campo, los grupos CREA [Consorcio Regional de Experimentación Agrícola], pero agarraban diez ganaderos y le pagaban a un asesor para que fuera a sus campos…pero no al nivel de pequeños productores, ni mucho menos”.35

Si bien esos grupos operaban en Argentina desde 1957 (Caracciolo, 1998), durante la década de 1980 tuvieron un fuerte crecimiento. Creados a imagen de los Centre d´ etudes de techniques agricoles (CETA), estaban conformados por diez o doce empresarios del sector agropecuario y operaron asesorados por profesionales de las ciencias agropecuarias que hicieron foco en potenciar los rendimientos comerciales de las empresas de cada grupo, a través de la realización de ensayos experimentales en sus campos, la generación de materiales de apoyo técnico y el seguimiento de sus actividades. El INTA los incorporó en forma prioritaria, tanto mediante la orientación de sus actividades en materia de extensión rural –que fue complementaria en metodologías y perfil de los productores implicados–, como a partir de la inclusión de los grupos CREA a su estructura directiva. A partir de 1980, un vocal de su entidad, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) fue incorporado por decreto al Consejo Directivo del organismo.
Las condiciones de posibilidad para la generación de enfoques críticos y de herramientas de intervención desde las agendas de extensión rural del INTA, terminaron siendo obturadas por el disciplinamiento social practicado en su interior, por las diversas transformaciones económicas y sociales que experimentó el espacio rural y por la ausencia de políticas agropecuarias que las impulsaran.

Conclusiones

El período 1973-1983 englobó un conjunto de transformaciones sociales, políticas y económicas inéditas para la historia argentina, de las que las actividades realizadas en la esfera estatal emergieron con marcas profundas. El INTA, en tanto principal agencia oficial implicada en la extensión rural, fue parte de este proceso. Entre 1973 y el comienzo de la última dictadura, en 1976, sus tareas de extensión rural experimentaron una renovación de enfoques y temáticas, que puso en tensión los contenidos de esas actividades, los problemas a los que debía hacer frente el organismo, las articulaciones con las políticas agropecuarias en curso (por entonces, también en debate), y las limitaciones para el alcance de estas revisiones, dadas por el propio ámbito estatal en el que fueron gestadas.
Mientras que, en sus inicios, las agendas de extensión rural estuvieron atravesadas por los esquemas teóricos dominantes a nivel internacional, en los que lo fundamental era convertir al productor en un agente racional y económicamente eficiente desde una óptica propia del individualismo metodológico, entre 1973 y 1976 los enfoques se alejaron de estas miradas, lo que posibilitó el ensayo de nuevas experiencias alternativas. Su desarrollo no fue homogéneo; encontró resistencias internas y externas, y variaciones territoriales. Convivieron, en este proceso, transformaciones “desde arriba”, con iniciativas “desde abajo”. Las primeras, fueron identificadas en relación con el rol del organismo en el diseño y ejecución del paquete agropecuario, políticas sectoriales que fueron resistidas y reorientadas antes del advenimiento de la última dictadura, con el consecuente impacto en la trayectoria del INTA. Las segundas, fueron protagonizadas por personal de la institución que buscó aprovechar los intersticios ofrecidos por la reorganización institucional iniciada en 1973 como parte del proceso de reconfiguración de las burocracias estatales. Estas últimas iniciativas fueron, precisamente, las de menor apoyo institucional y mayor radicalidad en su cuestionamiento a los destinatarios y estrategias de contactos tradicionales y, por esta misma razón, fueron marginadas en forma temprana del accionar del INTA. Aun con múltiples limitaciones y variaciones, la presencia territorial de los extensionistas alcanzó una inserción dentro de las comunidades rurales que hoy forma parte de la experiencia acumulada por un sector de la comunidad institucional del organismo. Esta herencia no se vincula únicamente a las tareas efectivamente desarrolladas; también remite a los debates abiertos, que en buena medida permanecieron inconclusos. Así, las orientaciones de la extensión rural estatal no solamente se transformaron por la difusión de los enfoques dominantes y su adaptación al medio local. También lo hicieron en interacción con las transformaciones socioeconómicas del espacio rural y con los cambios políticos que signaban el marco referencial de su accionar.
La intervención militar del INTA iniciada en 1976, durante la última dictadura, obturó las miradas críticas que muchos extensionistas estaban poniendo en práctica. En sintonía con lo sucedido a nivel nacional, la situación vivida en el instituto en estos años coincidió con un ciclo represivo de largo plazo, que había comenzado con anterioridad al golpe de Estado, tuvo un punto álgido en 1974 y fue profundizado en forma sistemática durante su intervención militar. En esta etapa, la reorganización de sus funciones de extensión rural implicó el descabezamiento de parte de sus directivos, cesantías y reubicaciones, el abandono del trabajo con las juventudes y la interrupción de la única actividad del organismo dirigida a trabajadores rurales. En este sentido, como señala Sofía Tiscornia, las luchas de poder al interior de las instituciones estatales afectan directamente a “los colectivos sociales que están llamadas a atender” (2004, p. 5). Se promovió un perfil de la extensión dedicado a la promoción de tecnología entre agricultores de nivel empresarial, que apuntaló las orientaciones preexistentes de asistencia técnica que no implicaban cuestionamientos alternativos. Resta aún indagar, desde la óptica de distintas franjas de productores, cómo fueron percibidas las transformaciones analizadas, situadas a nivel de la organización institucional de la extensión rural impulsada por el INTA.
En relación con los posibles roles de la burocracia estatal, allí se observó una primacía de los papeles sectoriales y mediadores (Oszlak, 2015). Conforme con el proceso histórico en el que se desarrollaron las disputas en su interior, terminó primando la representación de los propios intereses del sector que logró hegemonizar orientaciones y recursos, y su mediación en función de la promoción de los intereses de las clases económicamente dominantes, en particular, de una fracción concentrada del capital agrario. La intervención militar del organismo, que abarcó el período 1976-1983, operó como una bisagra dentro de estos conflictos históricos y permitió saldar las disputas presentes en la orientación de sus agendas de extensión rural. Es, precisamente, el resultado de esta pugna el que determinó la naturaleza de la intervención social del INTA.

Notas

1 Agradezco las correcciones y comentarios que permitieron mejorar este trabajo al Comité Editorial de la Revista, a los evaluadores y a Marina Franco, quienes quedan obviamente eximidos de mis propias interpretaciones.

2 Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica “José Babini”-Escuela de Humanidades-Universidad Nacional San Martín/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: c.gargano@conicet.gov.ar.

3 Como señala Julio Djenderedjian (2014), la incorporación de la enseñanza agrícola a la educación primaria y la profusión de numerosas publicaciones organizadas desde los diversos servicios, potenciaron la acción estatal centrada en la extensión, frecuentemente orientada a la pequeña y mediana explotación agrícola. Véase también Julio Djenderedjian, Sílcora Bearzotti y Juan Luis Martiren (2011).

4 Por otro lado, desde la perspectiva de la comunicación rural, el estudio de Sandra Massoni (2002) ha aportado elementos para el análisis de las estrategias de difusión y contacto; y visiones panorámicas como las de Mercedes Caracciolo (1998) y Pedro Carricart (2012) han analizado los cambios desde la óptica de los productores y distintas modalidades de asistencia técnica involucradas. Entre otros numerosos trabajos, las transformaciones en el agro pampeano y los roles familiares en la década de 1960, a partir de las prácticas de extensión de distintos actores, han sido exploradas por Talía Gutiérrez (2009).

5 Cabe señalar que las entrevistas se citan a lo largo del texto y se han preservado los datos personales, por ende, se emplean seudónimos. Esta decisión responde a que un sector de los entrevistados permanece en actividad dentro del INTA. El criterio de selección de la muestra se definió priorizando dos perfiles: extensionistas en funciones en el período bajo estudio e integrantes y exintegrantes del INTA afectados por las políticas represivas. Se incluyeron también dos entrevistas a productores vinculados a dos de las experiencias analizadas.

6 Héctor José Cámpora (hasta su renuncia, el 13 de julio de 1973), seguido por el gobierno provisional de Raúl Alberto Lastiri, luego, la tercera presidencia de Juan Domingo Perón (desde el 12 de octubre de 1973 hasta su muerte, el 1° de julio de 1974), y finalmente, la de María Estela Martínez de Perón, hasta el golpe de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976.

7 El Trasvasamiento era una organización nacida de la fusión entre la organización universitaria de origen marxista Frente Estudiantil Nacional (FEN) y la organización peronista autodenominada “histórica”, Guardia de Hierro. Al respecto, véase el análisis de Humberto Cucchetti (2010).

8 En 1944, la Dirección General de Enseñanza Agrícola había creado la Dirección de Enseñanza Extensiva, que entre sus funciones tenía la de organizar clubes agrícolas en coordinación con las escuelas rurales (INTA, 1967). En 1954, la Dirección de Agronomías Regionales había creado la División Clubes Juveniles y el Hogar Rural, que a su vez reconocían importantes antecedentes previos como la Escuela del Hogar Agrícola, de 1915, y el Instituto Superior de Profesoras del Hogar Agrícola de 1948 (Gutiérrez, 2007, p. 126; Tort, 2008).

9 Este modelo de extensión era en buena medida réplica del estadounidense. Al respecto, véase Wayne David Rasmussen (1989, p. 40).

10 Uno de los folletos dirigidos conjuntamente a los Clubes 4-A y a grupos del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina, incluía entre sus recomendaciones alusiones a la vida conyugal: “Si él es jefe, ella no es esclava”, “Si él es cabeza, ella es corazón” (INTA, 1962, p. 10). En 1963, esta articulación fue formalizada. Véase Convenio INTAMovimiento Rural de la Acción Católica Argentina. 14 de octubre de 1963. Centro Documental del INTA, Ciudad de Buenos Aires.

11 Giberti designó al veterinario Héctor Camberos en la Subsecretaría de Ganadería, a Pedro Lacau en la de Agricultura y a Martín Piñeiro, investigador del INTA, en la de Economía. Luego reemplazó a Camberos por Lacau, y en Agricultura nombró a Armando Palau (Lattuada, 1986; Makler, 2006).

12 Actas de sesiones del Consejo Directivo del INTA (CD, INTA), Acta n° 260, p. 2. 8 de junio de 1973. INTA Central, Ciudad de Buenos Aires.

13 CD, INTA, Acta n° 631, p. 1. 1° de octubre de 1974. INTA Central, Ciudad de Buenos Aires.

14 CD, INTA, Acta n° 632, p. 2. 15 de octubre de 1974. INTA Central, Ciudad de Buenos Aires.

15 CD, INTA, Acta n° 260, p. 4. 8 de junio de 1973. INTA Central, Ciudad de Buenos Aires.

16 Marcos, extensionista del INTA en la década de 1970, investigador del INTA. Entrevista realizada por la autora el 9 de octubre de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.

17 Estela, exsupervisora del servicio de Hogar Rural del área pampeana. Entrevista realizada por la autora el 4 de septiembre de 2011en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.

18 Estela, exsupervisora del servicio de Hogar Rural del área pampeana. Entrevista realizada por la autora el 4 de septiembre de 2011en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.

19 Entre otros estudios, véase el de Francisco Ferrara (1973) y las críticas posteriores de Guido Galafassi (2007) y de Jorge Próspero Roze (2011).

20 CD, INTA, Acta n° 616. 19 de marzo de 1974. INTA Central, Ciudad de Buenos Aires.

21 Carmen, exintegrante de la LAC. Entrevista realizada por la autora el 13 de diciembre de 2009 en la ciudad correntina de Goya.

22 Mario, productor de la cooperativa Campo de Herrera. Entrevista realizada por la autora el 21 de septiembre de 2010 en la ciudad tucumana de Famaillá.

23 Llerena Rosas fue secuestrado en un local gremial del INTA y asesinado el 20 de octubre de 1974 por la Triple A.

24 Ocuparon la presidencia del INTA desde 1973: Marcelo Bordas (12 de julio al 23 de noviembre de 1973), Horacio Figueiras (6 de diciembre de 1973 al 3 de diciembre de 1974), en forma interina, Jorge del Águila (hasta el 8 de mayo de 1975).

25 Se designó a un hombre del INTA, Humberto Cavándoli, como interventor (Diario La Nación, 1975, p. 13).

26 Se trata del capitán de Fragata de Infantería de Marina Alberto Rafael Heredia. Asesor del Ministerio de Bienestar Social (1977), jefe de la Comisión de las Fuerzas Armadas en el Congreso (1978), en 1981 solicitó el retiro voluntario. Legajo militar y Foja de servicios de Alberto Rafael Heredia, s.f. Archivo Nacional de la Armada, ciudad de Buenos Aires. En el operativo realizado el 29 de marzo en Buenos Aires se produjeron alrededor de 200 detenciones. A nivel nacional se contabilizan 3 asesinatos, 794 cesantías y al menos 6 detenidos-desaparecidos: Carlos Alberto Costa, Gustavo Giombini, María José Rapela, Marta Sierra, Hilda Leikis y Rita Alés de Espíndola (Gárgano, 2015).

27 Patricia, investigadora del INTA desde 1967. Entrevista realizada por la autora el 15 de junio de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.

28 La totalidad de los departamentos Capital, Catriló, Toay y seis lotes del departamento Conhelo. Como consecuencia de la reorganización del servicio de extensión provincial, también fue anexado el departamento de Atreucó. En los cinco departamentos implicados, para 1983, el régimen de tenencia de la tierra se caracterizaba por una presencia mayoritaria de propietarios (entre el 79,3% y el 89,6%), seguida de arrendatarios y otras formas de ocupación (INTA, 1983, p. 57). Para una descripción de las actividades productivas y caracterización del régimen de tenencia por departamento, véase INTA (1983).

29 Miguel, ex-extensionista en la década de 1970, investigador del INTA. Entrevista realizada por la autora el 9 de octubre de 2009 en la ciudad de Buenos Aires.

30 Raúl, ex-extensionista del INTA. Entrevista realizada por la autora el 17 de julio de 2011 en la ciudad de Buenos Aires.

31 Laura, técnica del INTA. Entrevista realizada por la autora el 12 de julio de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.

32 Javier Balsa (2006, pp. 133-161) puntualiza el impacto nocivo de estos cambios para las unidades familiares sin asalariados permanentes, en tanto, Mabel Manzanal y Alejandro Rofmann (1989) lo señalan para las economías regionales.

33 Ex-extensionista en la década de 1970, investigador del INTA. Entrevista realizada por la autora el 9 de octubre de 2009 en la ciudad de Buenos Aires.

34 Graciela, investigadora del INTA desde 1969. Entrevista realizada por la autora el 12 de julio de 2010 en la ciudad de Buenos Aires.

35 Paco, investigador del INTA. Entrevistas realizadas por la autora el 17 de agosto de 2010 en la ciudad de Buenos Aires y el 7 de mayo de 2013 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

 

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Fecha de recepción de originales: 15/05/2015.
Fecha de aceptación para publicación: 27/11/2016.