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DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v21i2.1164

ARTÍCULOS

 

El ministerio de Bienestar Social durante la gestión de Francisco Manrique. La función de la política social en los últimos años de la “Revolución Argentina” (1970-1973)1

The ministry of Social Welfare during Francisco Manrique’s administration. The role of social policy in the last years of the Revolución Argentina (1970-1973)

 

María Florencia Osuna2

 

Resumen: En este artículo se examinan las políticas impulsadas por el ministro de Bienestar Social Francisco Manrique durante las presidencias de facto de los generales Roberto Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973). En este sentido, se reconstruyen las políticas sociales y las estrategias desarrolladas por Manrique para construir los consensos necesarios frente a la futura apertura política, con el objetivo velado de lanzar su candidatura a presidente en las elecciones de 1973.

Palabras clave: Historia reciente; “Revolución Argentina”; Políticas sociales; Dictadura; Gran Acuerdo Nacional.

Abstract: The present paper examines the policies carried out by Minister of Social Welfare, Francisco Manrique throughout the de facto presidencies of Generals Roberto Levingston (1970-1971) and Alejandro Lanusse (1971-1973). I argue that the social policies and strategies implemented by Manrique aimed at building the consensus needed in view of the government’s forthcoming political openness, and at the same time were leaded by his veiled intention of launching his presidential candidacy for the elections that would take place in 1973.

Key words: Recent history; Revolución Argentina; Social policies; Dictatorship; Gran Acuerdo Nacional.

 

El ministerio de Bienestar Social durante la gestión de Francisco Manrique. La función de la política social en los últimos años de la “Revolución Argentina” (1970-1973)

“Conozco la realización que se ha hecho de la sigla M.B.S
(Ministerio de Bienestar Social) con Manrique Busca Sufragios.
Desde ya le digo que no existe tal candidatura”.
Entrevista a Francisco Manrique (La Nación, 20/9/1971).

Introducción

El objetivo de este artículo es estudiar las estrategias de construcción de consenso desarrolladas desde el ministerio de Bienestar Social (MBS) por el exmarino Francisco Manrique durante los últimos dos gobiernos de la dictadura instaurada tras la denominada “Revolución Argentina”, presididos por los generales Roberto Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973).
A pesar de que en los últimos años se han comenzado a estudiar más sistemáticamente diversas aristas de la intervención social del Estado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970) (Gomes, 2011; Galván y Osuna, 2014; Giorgi, 2015), las políticas sociales de las últimas presidencias de esta dictadura no han sido demasiado analizadas. Con la pretensión de realizar un aporte al campo de estudios sobre ese proceso histórico, en este trabajo reconstruiremos las iniciativas impulsadas desde el MBS, dirigido por Manrique en el período 1970-1973.
Como veremos en los distintos apartados, a partir de un estilo de liderazgo activo, fuerte, carismático y personalista, Manrique intentó desarrollar, al menos, tres estrategias: el acrecentamiento de la burocracia del MBS con el fin de cooptar a nuevos y distintos sectores sociales; el acercamiento del Estado al “hombre común”; y la “estatización de la política social”, o sea, el pasaje desde las organizaciones corporativas (sindicales/profesionales) a la esfera estatal.
El ministro estuvo presente en el diseño e impulso de todas las políticas del ministerio. Incluso, tomó él mismo, por breves períodos y en diferentes momentos, los cargos de secretario de Seguridad Social, de Salud Pública y de Vivienda, cuando consideró que era necesario reordenar las políticas de cada área específica. En un marco en que el MBS recobraba fuerza y presencia en la intervención social, Manrique planteaba la necesidad de que el Estado se acercara al “hombre común”. Esta utopía del acercamiento Estado-sociedad sin mediaciones implicó, como veremos, que el funcionario recorriera las diferentes provincias, ciudades y localidades de la Argentina para aproximarse a los vecinos y otorgar beneficios de manera personal y directa.
Teniendo en cuenta lo señalado, en este artículo sostendremos que la activa intervención social del MBS, junto con los constantes viajes del ministro por las diferentes provincias de la Argentina, buscaron la promoción de Manrique y la creación de un movimiento político con la intención de construir un partido de la “Revolución Argentina” que pudiera participar activamente en la transición democrática de 1973.

1. La estructura del ministerio

En los años sesenta, distintos procesos convergentes desembocaron en el “Cordobazo” de mayo de 1969: la conflictividad social, el proceso de modernización cultural y la creciente radicalización de los partidos de izquierda se aceleraron a partir del Golpe de Onganía debido, en parte, a la supresión de toda forma de participación política dispuesta por el gobierno. Como indica Cristina Tortti (1998), la oposición al régimen militar se articulaba con discursos que hablaban de “liberación nacional”, “socialismo” y “revolución”. La expansión de la protesta produjo el surgimiento de la Nueva Izquierda (NI), que incorporó, en su amplia definición, movimientos insurreccionales, el surgimiento de direcciones “clasistas” en el movimiento obrero y la legitimación de la violencia como vía para la transformación social y política.
La NI comenzó a tornarse amenazante para las clases dominantes a partir de las jornadas de mayo del ’69 en Córdoba y repercutió en el seno de un gobierno que ya no era garante de la estabilidad política y social. En ese contexto, se produjo la renuncia de los principales funcionarios del gabinete nacional, una pérdida de confianza de la alta burguesía en el gobierno y un fraccionamiento al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA). El asesinato del general liberal Pedro E. Aramburu por parte de la organización Montoneros, en 1970, dejó a la burguesía sin “la única figura que parecía darles alguna garantía de que una salida negociada con los partidos políticos dejaría a salvo sus principales aspiraciones” (O´Donnell, 2009, p. 282). Las FFAA no imaginaban aún la posibilidad de una apertura política irrestricta que incorporara a los partidos políticos y las elecciones. Por este motivo, aunque el proceso estaría dirigido por Lanusse –comandante en jefe del Ejército–, el elegido como sucesor de Onganía fue el nacionalista Levingston. Este gobierno se basaría en una alianza entre un sector de los militares, algunas capas de la burguesía local relacionadas con la Confederación General Económica (CGE) y los sindicatos, en caso de que aceptaran jugar un rol subordinado (O´Donnell, 2009, p. 283). A diferencia de Onganía, el nuevo presidente de facto pretendía otorgar un papel económico más activo al aparato estatal, acotar el campo del capital transnacional y apelar al “pueblo” sobre la base de consignas nacionales y de “justicia social”. Asimismo, en el plano político, buscaría crear un movimiento nacional guiado por el gobierno para reemplazar a los partidos políticos.
Sin embargo, Lanusse, en un principio, redujo el margen de acción del nuevo presidente al designar a varios ministros liberales: en Economía y Trabajo asumió Carlos Moyano Llerena (quien había inspirado el programa económico del exministro Adalbert Krieger Vasena); en el ministerio del Interior asumió Eduardo Mac Loughlin; y en Bienestar Social, el exmarino Manrique (O´Donnell, 2009, p. 285; De Riz, 2010, p. 87). Las medidas económicas de Moyano Llerena y la inestabilidad política y social general en que estaba sumida la dictadura desde el “Cordobazo” implicaron que la Confederación General del Trabajo (CGT) llevara a cabo un plan de lucha y que creciera la hostilidad contra el gobierno. En este marco, los ministros del Interior, y de Economía y Trabajo renunciaron. En el primero asumió el brigadier nacionalista Mario Cordón Aguirre y en el segundo el técnico desarrollista de orientación reformista Aldo Ferrer, quien comenzó a implementar un plan económico tendiente a beneficiar al capital nacional: la elevación de los aranceles para las importaciones; la transformación del Banco Industrial en Banco Nacional de Desarrollo y el aumento de su cartera crediticia para préstamos a proyectos industriales; la iniciación de proyectos de inversión para la producción de insumos industriales; y la sanción de la ley de “Compre Nacional”, por medio de la cual el Estado debía prioritariamente comprar a proveedores locales (O´Donnell, 2009, p. 299). Los constantes ataques y acusaciones de “estatismo” de la gran burguesía y de la prensa se sumaron a la promoción de un proyecto político nacionalista y autoritario por parte de Levingston. En este contexto, Ferrer y los técnicos desarrollistas que lo acompañaban sintieron un gran alivio cuando, en marzo de 1971, Lanusse destituyó a Levingston por medio de un golpe militar.
En este complejo marco, Manrique, una figura muy cercana a Lanusse, comenzó su intensa labor en Bienestar Social. El exmarino había egresado en 1937 de la Escuela Naval Militar como guardiamarina del cuerpo general y realizó toda la carrera naval hasta alcanzar el grado de capitán de navío. Desde esa posición, participó del intento de golpe de Estado contra el gobierno de Juan D. Perón en junio de 1955 al comando de la fragata Hércules. Tras este episodio, permaneció en la cárcel hasta septiembre de 1955, cuando fue liberado por tropas de la infantería de Marina. En ese momento fue designado segundo jefe de la Casa Militar por el general Eduardo Lonardi, cargo al que renunció por supuestas diferencias con el entonces presidente de facto. Cuando, en noviembre de 1955, Aramburu asumió la presidencia, lo convocó para que fuera el jefe de la Casa Militar y, desde allí, según las palabras del propio Manrique, comenzó a realizar tareas de acción social hasta la asunción de Arturo Frondizi, en 1958. Durante ese año, Manrique comenzó su labor periodística al crear el periódico Correo de la Tarde, cuyo lema lo instituía como “defensor de la dignidad, de la libertad, custodio de la democracia y la República”. Tiempo después, en el año 1961, un grupo militar le formó un tribunal de honor y él pidió su baja definitiva de la institución militar para poder ejercer su oficio de periodista, según sus palabras, “sin tener que dar cuenta de sus expresiones a una autoridad superior” (Manrique, 1983). En 1963, el periódico fue cerrado por supuestos problemas financieros, y Manrique creó la revista semanal Leer para Creer. Entre 1965 y 1970, dirigió el semanario Correo de la Semana, considerado por él una “publicación de carácter social”, desde donde comenzó a defender los derechos de los jubilados. En 1970 dejó momentáneamente su labor periodística para asumir el cargo de ministro de Bienestar Social. Frente al MBS estuvo en la breve presidencia de Levingston, desde junio hasta febrero de 1971, cuando el presidente de facto le pidió la renuncia. Al poco tiempo, tras asumir Lanusse la presidencia de la nación, en abril de 1971, lo restableció en el cargo y permaneció hasta agosto de 1972, cuando renunció para iniciar su campaña como candidato a presidente frente a las elecciones de 1973.
Durante los dos años de gestión de Manrique ocurrieron cambios significativos en el MBS, a causa de la jerarquización de algunas dependencias y la creación de otras nuevas. A la estructura heredada del onganiato de cuatro secretarías de Estado (Vivienda, Salud, Seguridad Social y Asistencia, y Promoción de la Comunidad), se agregaron dos que existían hasta entonces como direcciones dentro de la Secretaría de Asistencia y Promoción de la Comunidad: del Menor y la Familia, y de Deportes. En esos años también se creó por ley 19.219 el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) con un presidente y tres vocales, como ente descentralizado del MBS para jerarquizar las cooperativas con apoyo estatal. Luego, con los mismos fines de promoción, asistencia y financiación se creó el Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), por medio de la ley 19.331.3 Asimismo, debido a la falta de disponibilidad de fondos en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) para la construcción de viviendas, en 1972, por medio de la ley 19.929 surgió el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) a través de nuevas fuentes de recursos.4
Como veremos en los próximos apartados, también fue constituido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) –popularmente conocido con el nombre de su obra social, PAMI–, que representó un avance muy grande en la atención social y médica para la clase pasiva. El INSSJP, además de financiarse con los aportes de jubilados, pensionados, trabajadores y empleadores, también recibiría la ayuda económica proveniente del exitoso juego “Pronósticos Deportivos” –el PRODE–, que fue creado por Manrique con el asesoramiento del subsecretario de Bienestar Social, el banquero David Graiver, por medio de la ley 19.336.5 Inspirado en el juego español “La polla del fútbol”, lo recaudado se destinaría, en gran medida, a diversas políticas sociales por medio del sistema de coparticipación federal. Manrique lo había considerado “una forma de canalizar por el Estado la afición al juego de gran parte de la población para invertir en la solución de problemas de tipo social en lugar de que vaya a parar a manos de capitalistas clandestinos” (La Prensa, 1971, p. 11).

2. La relación con el “hombre común”

Manrique, como adelantamos, fue el ministro de Bienestar Social durante las dos últimas presidencias de la “Revolución Argentina”: la “nacionalista” y la “liberal”. Con un estilo muy personalista, desde el MBS fue construyendo poder político para su futura candidatura presidencial y, en ese sentido, también tendió puentes entre el Estado y, como decía él mismo en diferentes oportunidades, el “hombre común”:

“A Bienestar Social le corresponde la apasionante e irrenunciable tarea de elevación de la dignidad del hombre común donde quiera que se encuentre, aportándole hechos y realidades, respuestas a sus inquietudes sociales, con verdad y rapidez, que promueven su fe perdida” (La Prensa, 1971, p. 1.).

Es interesante traer a colación una entrevista que le realizaron en la provincia argentina de Corrientes, en uno de sus tantos viajes por el interior del país. En esa ocasión, los periodistas le pidieron que definiera al peronismo y que comparara al Manrique de 1955 con el de 1971, teniendo en cuenta su participación activa en la destitución golpista de Perón en el contexto de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Entonces, el ministro respondió que el peronismo era “una forma de pensar nacional” con “muchos valores positivos”, pero que era anterior a cualquier título que se le hubiera dado. Y agregó que “el Manrique de 1955, con menos conocimiento de la vida, con menos conocimiento de las cosas, actuó como lo hizo porque tenía algún argumento para hacerlo sin importarle incluso la vida” (La Nación, 1971, p. 7). Esta declaración no solo funcionaba, al menos en apariencia, como un mea culpa –seguramente en el intento de comenzar su campaña de cara a la futura transición democrática–, con ella trataba también de otorgar cierta universalidad al pensamiento, a la sensibilidad y al tipo de relación líder-sociedad del peronismo.
Desde los primeros meses de su gestión frente al MBS, que comenzó en junio de 1970 junto con la asunción de Levingston, Manrique inició sus viajes constantes por distintas provincias argentinas, no solo para cumplir con los habituales compromisos de los ministros del gabinete nacional, sino, como veremos, como una forma particular de construir consenso alrededor del régimen y, sobre todo, de su figura. En cada viaje por los distintos rincones de Argentina, daba decenas de audiencias personales a sectores oficiales y particulares, otorgaba subsidios, firmaba cheques, cerraba acuerdos, entregaba viviendas; y prometía bienes, obras y servicios que casi siempre concretaba.
En uno de sus primeros viajes –en este caso a la provincia norteña de Tucumán, donde alcanzaría luego una adhesión importante–, inauguró un comedor de ancianos al que entregó un subsidio para solventar gastos, se reunió con dirigentes sindicales y anunció el arriendo del ingenio San Juan –que “trabajadores y vecinos aplaudieron”– para resolver un problema laboral (La Nación, 1970, p. 7).
Luego, en una de las 70 audiencias que concedió durante su viaje a la provincia de Salta, afirmó que “el interior es nuestra mayor preocupación”. Allí fue recibido por los intendentes, pobladores y representantes de las entidades públicas de las diferentes ciudades y localidades que visitó: “mantuvo diálogo con todas las personas que quisieron entrevistarlo y recibió por separado a 99 representantes de entidades locales que expusieron problemas y aspiraciones”. En la agrupación “Gauchos de Güemes” lo agasajaron con una comida (La Nación, 1970, p. 10). Según la prensa, la impresión que dejó en Salta fue que “ésta era una de las contadas veces que un funcionario de su jerarquía mantenía conversación directa con el vecindario”. También analizó la situación de los pueblos originarios que “a través de sus capitanes le expusieron sus necesidades”. Entre otras cosas, le solicitaron un camión para transportar productos y una bomba para extraer agua. Manrique prometió que los enviaría y les otorgó un subsidio por 250.000 pesos para pagar las tierras que ocupaban (La Nación, 1970, p. 7).
En la provincia argentina de Córdoba, además de prometer subsidios para viviendas, visitar hospitales y dar audiencias a diversas entidades, fue a una cárcel de menores y en un pabellón encontró a un excadete de su diario Correo de la Tarde y a otro menor que le habría comentado que estaba desde hacía cuatro meses sin resolución a disposición del juez. Frente a esta circunstancia, Manrique realizó una afirmación que le traería algunos problemas con el juez:

“No podemos hacer escuela de delincuentes. Este caso es bien palpable de lo que sucede en el país y si un juez tiene cuatro meses preso a un menor por robar una gallina el que merece estar preso es el juez” (La Nación, 1970, p. 9).6

En enero de 1971, unos días antes de que Levingston le pidiera la renuncia y de que Manrique dejara el cargo por un mes, el ministro visitó la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde podía presentirse la crisis política. Al parecer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires había solicitado a los intendentes de su jurisdicción que no concurrieran a recibirlo. A pesar de la ausencia de autoridades, el ministro de Bienestar Social sostenía frente a los periodistas que “de cualquier manera, hemos cumplido con nuestra obligación de ponernos en contacto con el hombre común que es el que nos tiene que transmitir directamente sus cuestiones a objeto de buscar soluciones”. Al final de la conferencia dada a los periodistas, estos le señalaron que “da la coincidencia que en dos golpes trascendentes para la vida nacional está la presencia, la figura de Manrique en primera hora, ¿A qué se debe?”, y Manrique respondió “Yo soy como la lombriz, aparezco después de cada aguacero” (La Nación, 1971, p. 7), quizás también anunciando, indirectamente, su retorno con creces después de lo que ocurriría el 10 de febrero de 1971, cuando Levingston le pidió su renuncia por “disconformidad con determinados aspectos de su actuación” (La Nación, 1971, p. 1). En ese contexto, en la provincia argentina de Tucumán, los 200 trabajadores del ingenio San Juan que habían recuperado sus puestos gracias a la gestión de Manrique –cuestión a la que nos referimos más arriba– realizaron una marcha para expresar su solidaridad con el exministro (La Nación, 1971, p. 16).
Un editorial del diario La Nación dedicado a esta resonante renuncia después de sus ocho meses de gestión indicaba que “hacía mucho que el alejamiento de un ministro no alcanzaba la repercusión que ha tenido la renuncia del sr. Manrique”. El editorial lo atribuía a su personalidad, “hombre de actitudes resueltas”, que realizaba su labor con una dinámica intensa traducida, por ejemplo, “en el empeñoso contacto personal con sectores sociales dispersos por todo el país. Era, sin duda, el ministro que más hablaba con el hombre de la calle”. E indicaba que algunos, como el propio Levingston:

“sostenían que ese esfuerzo se orientaba más hacia la promoción personal que a la divulgación del ideario revolucionario. Otros, en cambio veían en su actitud el deseo de atenuar los efectos de la incomunicación del gobierno revolucionario con vastos sectores ciudadanos” (La Nación, 1971, p. 8).7

Al mes siguiente, después de la destitución de Levingston, el 27 de marzo de 1971, asumió el comandante en jefe del Ejército Alejandro A. Lanusse, y Manrique juró, nuevamente, como ministro del MBS. Reanudando sus viajes al interior, al llegar a la provincia argentina de Catamarca, “más de 1000 personas, algunas de las cuales entonaban estribillos alusivos o llevaban carteles expresándole su simpatía dieron la bienvenida al ministro de Bienestar Social, Sr. Manrique” (La Nación, 1971, p. 5), y entregaron memoriales al visitante, que fue declarado huésped de honor. Allí concedió audiencias colectivas y dio una conferencia de prensa. En otra de sus visitas al interior argentino, en este caso a la provincia cuyana de Mendoza, lo esperó un grupo de jubilados en el acceso de la casa de gobierno, que lo saludaron con aplausos, y accedió a atender los pedidos que le formulaba otra gente que lo detenía a su paso. Manrique y distintos funcionarios de Bienestar Social asistieron a un almuerzo popular con 2000 mendocinos, donde también dio audiencias públicas y privadas (La Prensa, 1971, p. 17, 7).
Asimismo, en La Plata, capital de la provincia argentina de Buenos Aires, “cuando llegó a la casa de gobierno, algunos jubilados y otras personas lo aplaudieron y entregaron sobres con peticiones” (La Prensa, 1971, p. 12).
El interior del país, entonces, se constituyó como un eje muy importante de su gestión en cuanto a la atención de las problemáticas de la población, y él señalaba que: “Hace rato que hago verdadera política al concurrir a lugares del interior del país para solucionar problemas” (La Nación, 1971, p. 12), pero también como el centro de una proclama “federalista” que, como veremos, desembocó en la conformación del Partido Federal. A mediados de 1971, luego de haber realizado 57 visitas a distintas localidades, el ministro afirmó que “la Argentina en los papeles es formidable, pero otra resulta la que se observa en los viajes por el interior” (La Prensa, 1971, p. 7). Según señalaba, a partir de sus numerosos viajes, había logrado tener “alguna información en mi poder y lógicamente todos esos son elementos que el señor presidente utiliza para poder decidir en cada oportunidad” (La Prensa, 1971, p. 24).
Además de las audiencias a vecinos y a representantes de diversas entidades que daba en sus constantes viajes, Manrique también visitaba asiduamente a los gobernadores y diferentes autoridades civiles, militares y religiosas importantes de cada lugar; cuestión que permite comprender de qué manera fue construyendo las alianzas con los políticos de las provincias para lograr su futura candidatura a la presidencia. Veremos esta cuestión nuevamente en el último apartado.
Su pretendida vocación federalista también se expresó, por ejemplo, en la propuesta de organizar reuniones de coordinación de ministros de Bienestar Social, con lo que generó un espacio de intercambio entre todos los funcionarios del área del país. En ese marco, en la primera reunión, los ministros de las provincias pidieron aumentos de presupuesto para poder implementar los planes para el año 1972. Por su parte, el ministro mendocino de dicha cartera, Félix Gibbs, consideró que la reunión “era altamente provechosa y revelaba una nueva mentalidad el hecho de haber escuchado la opinión de los estados provinciales, antes de la formulación de políticas que alcancen a todo el país”. El ministro de la provincia litoraleña de Santa Fe, Héctor García Solá, también consideró importante y útil “que continúen las reuniones en nivel nacional y regional para hacer los diagnósticos exactos”, pero también pidió que se revisara el sistema de coparticipación impositivo, porque el problema presupuestario “podría atentar contra la armónica integración nacional que constituye imperativo de la hora que vive el país” (La Nación, 1971, p. 6).

3. Los intentos de “estatalizar” la política social

Una tendencia general de la gestión de Manrique, en este marco, fue el fuerte personalismo y, en simultáneo, el intento de que la política del MBS llegara al “hombre común” sin mediación corporativa. En ello se diferenciaba fuertemente del paradigma de intervención predominante del ministerio durante el onganiato, que pregonaba por una presencia mayor de las asociaciones civiles (las denominadas organizaciones intermedias), a partir del paradigma de subsidiariedad del Estado y el foco en la “comunidad”, que suponía para el municipio ocupar un papel central como espacio y actor de la gestión de la política social (Gomes, 2011; Giorgi, 2015). El modo de acercamiento de Manrique, en cambio, consistió en acentuar la relación directa entre el Estado y los individuos, por medio de diferentes estrategias. Una que ya hemos analizado consistía en sus constantes visitas al interior argentino, en el diálogo con los trabajadores, los representantes de diversas entidades y sindicatos, pero también –y este fue un aspecto central de su estrategia– con los vecinos de las diferentes ciudades, localidades y pueblos que visitaba. El ministerio, asociado fuertemente con su figura, se hacía presente en diferentes lugares del interior y resolvía problemas en el momento: un subsidio, una vivienda, la resolución de un trámite, el envío de un camión. Él jamás enviaba solamente a los secretarios y subsecretarios de la cartera, sino que asistía con todo el personal a cada lugar.
En uno de estos viajes, de hecho, los periodistas le preguntaron qué conclusiones o resultados se obtenían de las visitas que efectuaba a las provincias con todo su equipo de colaboradores, y además le señalaron que diversos comentarios callejeros lo vinculaban con su presunta proyección política, “ya que hallándose La Plata a solo 55 km. de la metrópoli se considera que los asuntos tratados lo podrían haber sido por intermedio de los funcionarios respectivos de cada área sin necesidad de traslado masivo” (La Prensa, 1971, p. 11). Como tantas otras veces, Manrique negó que tuviese “imagen política”.
La omnipresencia fue una característica también dentro del MBS, como observaremos. Cuando consideró que era necesario encarar medidas importantes en algunas áreas críticas de la cartera, pidió la renuncia de los secretarios de Seguridad Social, Salud Pública y Vivienda y los suplantó personalmente, y así se transformó, simultáneamente, en ministro y secretario. Por estas decisiones personales, enérgicas y contundentes, tempranamente se sospechó –con fundamentos– de la intención que tenía de ser candidato al cargo de presidente en la siguiente transición a la democracia, que sobrevendría en 1973.
El MBS comenzó a utilizar la prensa nacional para realizar la propaganda oficial, pero también para comunicarles directamente a los beneficiarios sobre las medidas adoptadas y las fechas de cobro, en este intento de vincularse directamente con el “hombre común”. En el plano de las políticas hacia el sector pasivo, por ejemplo, esto implicó el intento de cooptar a algunas organizaciones de jubilados más dóciles y dispuestas a participar y, como en otras iniciativas de Manrique, de restar centralidad a los sindicatos y corporaciones en la gestión de la política social. En este sentido, como veremos, fue también sistemático el uso, por parte del MBS, de las solicitadas de página entera en los periódicos para realizar una fuerte campaña contra dos corporaciones que, en diferentes momentos, le pusieron algunas trabas al desempeño del ministro: la CGT y la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA).
De alguna forma, como adelantamos, en algunas áreas centrales del MBS hubo intentos por revertir los procesos de descentralización y subsidiariedad del Estado propios del onganiato, para, en cambio, promover la fortaleza de la institucionalidad estatal central en la resolución de la cuestión social. En este sentido, Manrique solicitaba la “colaboración de todos para cumplir con eficiencia la etapa de consolidación social del gobierno nacional en procura de una argentina institucionalizada” (La Prensa, 1971, p. 7). En el marco de sus intentos por desarrollar su proyección política, no tenía demasiado sentido estimular a las comunidades, a los municipios o a las organizaciones intermedias para que se encargaran de la autogestión del bienestar. Entonces, el Estado –en este caso particular, el MBS– profundizó, como hemos visto en un apartado anterior, el entramado burocrático, y jerarquizó algunas dependencias al intervenir de manera activa en las diferentes áreas. Por este motivo, además de tomar personalmente y controlar las riendas de las secretarías del MBS restando jerarquía a la figura de los secretarios de Estado –que devinieron en subsecretarios–, para el ministro fue también necesario quitar protagonismo a los sindicatos. Al respecto, sus estrategias fueron diversas y cambiantes a lo largo de los dos años de gestión.
En sus intentos de “institucionalizar lo social”, Manrique tenía el proyecto de creación de un banco social, que finalmente no contó con la aprobación de Lanusse ni con el tiempo necesario para llevarlo a la práctica. El banco, según Manrique, había sido proyectado por él durante el gobierno de Aramburu. La idea era “centralizar en esta entidad todo lo relativo a la recepción de fondos sociales y operar atendiendo las necesidades de los trabajadores, financiando la actividad social con reducción de aportes y aumento de beneficios” (Manrique, 1983, p. 12). De esta manera, se aplicaría un criterio “bancario y humano”, para lo cual se establecería una “tasa única social”. El banco social multiplicaría “los bienes sociales a menores costos y atenderá las operaciones crediticias de los trabajadores. En su dirección participarán las fuerzas económico sociales” (Manrique, 1983, p. 141).
En un discurso en la provincia argentina de Mendoza, el funcionario afirmó que el sistema de seguridad social recién estaba empezando a construirse, porque los trabajadores y empresarios no realizaban los aportes correspondientes. También sostuvo que la creación de dicho banco tendría el fin de “dignificar al hombre que trabaja” (La Prensa, 1971, p. 12). Para intentar llevarlo a la práctica, en octubre de 1971, Manrique desplazó al secretario de Vivienda y presidente del BHN, Federico Ugarte, y se hizo cargo por un tiempo de la subsecretaría. También se rumoreaba que, al igual que otros secretarios, Ugarte había renunciado porque no estaba conforme con la desjerarquización de secretaría a subsecretaría. Aun así, en su dimisión, explicitaba que su decisión tenía como finalidad facilitarle a Manrique la reestructuración de esa agencia estatal y la transformación del BHN en banco social. Manrique le respondió la carta elogiando su gestión y reafirmando la importancia del proyecto del banco para el desarrollo nacional (La Prensa, 1971, p. 7).
En junio de 1972, Manrique anunció que, en breve, se conocerían las reformas a la carta orgánica del BHN que incluiría algunas operatorias sociales que significarían el comienzo del mencionado banco (La Nación, 1972, p. 9). Unos días antes de renunciar al cargo, el ministro envió a consideración de la presidencia el texto de este proyecto, que, al parecer, no logró la aprobación de Lanusse. No sabemos exactamente cuál fue la reacción de Manrique en ese momento, aunque en sus memorias afirma que el banco nunca pudo realizarse “porque no halla en las esferas correspondientes el eco deseado, lo cual fue calificado irónicamente por Manrique como una ‘oposición de status’” (1983, p. 12).

3.1. Las políticas hacia los jubilados

La relación de aportantes y beneficiarios del sistema previsional siempre fue problemática y llevó a que las cajas entraran constantemente en déficit, debido a la tendencia a la evasión por parte de los trabajadores, los empresarios y el propio Estado (Feldman, Golbert e Isuani, 1988). A los tres meses de su gestión, Manrique desplazó al subsecretario de Seguridad Social, Fernando Tomassi, que provenía del gabinete nacional de Onganía, y se hizo cargo él mismo de la tarea, ya que quería “asumir él toda la responsabilidad en el manejo de seguridad social para proceder a su reestructuración” (La Nación, 1970, p. 1).
Una de las primeras medidas urgentes que tomó el ministro fue la de tramitar el primer pago de 72.000 jubilados que aún no habían logrado cobrar sus haberes desde el paso a la pasividad, y lo informó por medio de los diarios de tirada nacional, utilizando varias páginas de los periódicos para comunicar a cada uno de ellos, con nombre, apellido y número de documento, cuánto cobrarían (La Nación, 1970, pp. 2-24). Aumentó el haber mínimo jubilatorio8 y de pensiones,9 y el monto salarial que podía percibir un jubilado en actividad de 10.000 a 25.000.10 Luego, por medio del decreto ley 18.820, creó la Dirección Nacional de Previsión Social para la recaudación y fiscalización centralizada y unificada de aportes y contribuciones, con un proceso electrónico de datos que permitía detectar y penar a los evasores (La Nación, 1970, p. 1), y con la sanción de la ley 18.821, por su parte, se buscó normalizar los pagos de los empleadores, en función de regularizar deudas con sanciones por incumplimiento. También instituyó, por medio de la resolución 437, una auditoría con representantes de 19 entidades de jubilados y pensionados para fiscalizar el sistema. Dichos representantes tendrían facultades de control y auditarían cada caja y la Dirección Nacional de Previsión Social para fiscalizar los expedientes antes de su pago y en curso de pago, y se reunirían periódicamente con el subsecretario de Seguridad Social (La Nación, 1970, p. 11).
Además de tomar personalmente el control de la subsecretaría de Seguridad Social, fue necesario restar protagonismo a los sindicatos y fueron criticados enérgicamente los paros corporativos. Al poco tiempo de comenzar su gestión, La Fraternidad11 organizó una huelga ferroviaria en apoyo a los jubilados del sector. Frente a este episodio, Manrique afirmó que “el gobierno se va a ocupar de los miles de trámites irresueltos y no solo de los cien que reclama el sindicato” y que no harían distingo de ninguna especie (La Nación, 1970, p. 10). Al poco tiempo, en Plaza de Mayo, se realizó una concentración convocada por la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina para reclamar un aumento de $10.000 mensuales por la devaluación, que fue acompañada por la CGT de los Argentinos de Raymundo Ongaro. Frente a esto, Levingston y Manrique recibieron en la Casa Rosada a los representantes de la Mesa Coordinadora. En la Plaza, las fuerzas de seguridad no querían permitir que Ongaro y los sindicalistas estuvieran en la concentración porque “no tenían la edad para participar del evento” y hubo 50 detenidos (La Nación, 1970, p. 24). Esto nos muestra, como también había ocurrido durante el gobierno de Onganía, la mejor disposición de la dictadura a dialogar con los representantes de los jubilados que con los líderes sindicales. En ocasión del llamado de la CGT a un paro de 36 horas, las diferentes subsecretarías del MBS comenzaron a publicar diversas y llamativas solicitadas en los diarios de tirada nacional, todas encabezadas por el siguiente mensaje: “Hechos, no demagogia. No es tiempo de demagogia como la que se expresa en la solicitada de la CGT a través de su tono declamatorio inevitablemente unido a la vieja política que la madurez del pueblo argentino rechaza definitivamente”.
Luego, por ejemplo, en la solicitada de la subsecretaría de Estado de Seguridad Social, decía “Es tiempo de Hechos” y debajo se enumeraban todas las acciones realizadas hasta ese momento por esa dependencia del MBS en materia de Seguridad Social (La Nación, 1970, p. 5). El mismo formato y mensaje presentaban las solicitadas a página entera de las subsecretarías de Vivienda (La Nación, 1970, p. 15) de Salud Pública (La Nación, 1970, p. 4) y de Promoción y Asistencia de la Comunidad (La Nación, 1970, p. 15).
Una de las iniciativas más resonantes de la gestión, sin embargo, fue la creación, en mayo de 1971, del organismo de la obra social para el sector pasivo, INSSJP, por medio de la ley 19.032. El objeto principal sería “la prestación, por sí o por intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y su grupo familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados al fomento, protección y recuperación de la salud” (La Nación, 1971, p. 1). Como indicaba la nota que acompañaba la ley, aunque:

“algunos sectores de jubilados y pensionados gozan de servicios sociales a través de distintas obras sociales que contemplan en su afiliación a los respectivos regímenes… la gran mayoría de los beneficiarios del régimen nacional de previsión, entre ellos la totalidad del sector autónomo, no tienen derecho a servicios médicos asistenciales y otros complementarios de promoción y bienestar social...La situación señalada es tanto más aguda, si se advierte que el sector pasivo tiene, por su edad, mayor necesidad de prestaciones médicas, y por percibir haberes más reducidos que el personal en actividad, una dificultad, también mayor, en acceder por sus propios medios a esos servicios”.12

El directorio estaría integrado por “representantes de los jubilados, los cotizantes activos y del Estado”. El financiamiento del régimen proyectado se sustentaba en aportes de los propios beneficiarios, los trabajadores en relación de dependencia y autónomos, como también en una contribución del Estado a través de fondos provenientes del producido de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.13 El presidente del flamante instituto fue Pedro Urrutia, el dirigente de una de las organizaciones de jubilados más activas del período (La Prensa, 1971, p. 10). Esto nos permite observar la adhesión que estas iniciativas generaban en una parte del sector pasivo. Unos meses después de la creación del organismo, en marzo de 1972, se implementó el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la primera obra social para los jubilados y pensionados (La Nación, 1972, p. 7).

3.2. El problema de la salud: los conflictos entre el Estado y las corporaciones

Entre 1971 y 1972, hubo un momento álgido de enfrentamiento entre Manrique, la CGT y las corporaciones profesionales. Ambos grupos corporativos defendían la perduración de un sistema de obras sociales fragmentado, tal como se había ido generando de manera espontánea desde principios del siglo XX y se había cristalizado por medio de la ley 18.610 durante el gobierno de Onganía, cuando se le otorgó el control de los fondos de las obras sociales a los sindicatos (Belmartino, 2005). En este sentido, las iniciativas de Manrique dirigidas a superar la fragmentación, la superposición de recursos, la irracionalidad en la administración y la desigual situación de los beneficiarios en el acceso a las prestaciones, fueron tildadas por la COMRA de “estatizantes” y “paternalistas” (La Nación, 1971, p. 20).
Durante la gestión Manrique, el fuerte conflicto en torno a la cuestión de la seguridad social médica surgió a principios de 1971, cuando la COMRA comenzó a confeccionar, sugerir y recomendar al ministro que implementara un seguro de atención médica universal con aportes de asegurados, de empleadores y del Estado (La Nación, 1971, p. 9); que en un principio el funcionario pareció tomar como una opción pasible de ser adoptada para resolver el problema de la cobertura médica de los sectores no implicados en relaciones salariales. Tiempo antes, José Rucci, en representación de la CGT, había concurrido a reuniones con Manrique esperando que éste le informara acerca de la ley de obras sociales ya que, según el líder sindical, “hay muchos intereses en este problema y por eso la ley debe cumplirse” (La Nación, 1970, p. 14). El problema de la preponderancia que la ley 18.610 le otorgaba al sector gremial aparecía en la voz de diversos actores y fue resaltado en un editorial del diario La Prensa, que llamó la atención sobre el hecho de que los jubilados aportaran el 2% de sus haberes, mientras que los trabajadores solo aportaban un 1%, y otro 1% solo si tenían grupo familiar a cargo (La Prensa, 1971, p. 8), cuestión que se resolvería poco tiempo después con la creación del PAMI por parte de Manrique.
En el Primer Encuentro Argentino de Profesionales de la Salud se aprobó un informe final que propiciaba la implementación de un Seguro Nacional de Salud con el auspicio de la subsecretaría de Salud Pública y que rechazaba la “estatización de sus profesiones” (La Prensa, 1971, p. 12). En otra reunión de Rucci y Adelino Romero con Manrique, los dirigentes gremiales manifestaron su preocupación por los rumores sobre la implementación del seguro de salud: “Dicha iniciativa –entienden los gremialistas– significaría sustraer en un 80 por ciento los ingresos de los sindicatos a través del Instituto Nacional de Obras Sociales [INOS]” (La Nación, 1971, p. 10). Al mismo tiempo, en una solicitada publicada en La Nación, la CGT se oponía a la COMRA y reivindicaba la ley 18.610, a la que consideraba en gran medida creación suya y “un cuerpo de vocación revolucionaria en el diagnóstico y el tratamiento del problema de la salud” (La Nación, 1971, p. 13). En ella, sostenía que los órganos gremiales que representaban a los profesionales ligados a la atención médica defendían los intereses de las sociedades financieras que lucraban con la salud del pueblo y que se estaban intentando volcar los recursos del INOS a un “aventurado sistema de seguro de salud” (La Nación, 1971, p. 13). Pero los temores de la CGT se disiparon cuando Manrique cambió de estrategia, dejó de marcar límites a los sindicatos y no solo reglamentó a su favor la ley 18.610 de obras sociales con modificaciones muy sutiles, sino que llevó adelante una iniciativa –que luego analizaremos– que enfureció a la corporación médica.
Es importante considerar que el progresivo cambio en las relaciones entre el MBS y la CGT –que, como hemos visto en el apartado anterior, en 1970 habían sido tensas– comenzó a darse durante 1971 con la asunción de Lanusse. En este sentido, para entender dicho viraje, es importante considerar que en las “normas de acción” para el gabinete nacional, expuestas por el nuevo presidente de facto, se sostenía que “el centro de gravedad de la acción de gobierno se aplicará en lo político, con una marcada sensibilidad social” (La Nación, 1971, p. 1). En este marco, Ferrer, que, como vimos, era una figura importante en el gobierno de Levingston, continuó en el ministerio de Economía para desarrollar una política “sensible” frente a los trabajadores: aumento de salarios y el anuncio de convenciones colectivas de trabajo sin topes prefijados para dichos incrementos (De Riz, 2010, p. 97).
La CGT y la CGE, demostrando cierto entusiasmo frente al proceso de transición democrática, visitaron a Lanusse para pedir una amnistía para los presos políticos, expresar su apoyo a la nueva etapa y celebrar un “pacto social” tripartito (trabajadores, empresarios, Estado) a modo de tregua, a partir del cual encarar la transición (O’Donnell, 2009, pp. 319-320). En mayo de 1971, el INOS dejó de pertenecer a la esfera de Bienestar Social y pasó a formar parte del ministerio de Trabajo, en donde Lanusse designó a Rubens San Sebastián, exministro de Trabajo de Onganía, un aliado clave de los sindicatos –también lo había sido en 1969 y 1970–, sobre todo a la hora de facilitarles el control sobre las obras sociales (Belmartino, 2005).
En octubre de 1971, tras la renuncia de Castells en Salud Pública, Manrique se hizo cargo de esa subsecretaría (La Nación, 1971, p. 16) y, en noviembre, por medio de la ley 19.337, llevó a cabo un proceso de descentralización hospitalaria, lo cual otorgó importancia a los hospitales en el marco de su política nacional de salud pública, aunque esto implicó establecer convenios para su financiación con las obras sociales sindicales. La COMRA venía reclamando el seguro nacional de salud, en parte, para evitar que se “estatalizara” la salud, cuestión que atentaba contra sus intereses corporativos. En ese contexto, alejada su expectativa de implantar dicho seguro médico con financiación tripartita, comenzó una oleada de paros, protestas y solicitadas en contra de la decisión de Manrique que duró bastante tiempo y no se resolvió hasta la salida del ministro del MBS, en agosto de 1972. En sus discursos a favor de la descentralización hospitalaria, Manrique sostenía que se opondría “a todo sistema de salud que lleve a ciertos grupos y solamente a ciertos grupos a garantizar su tranquilidad” (La Nación, 1971, p. 7); y en una conferencia, dirigiéndose a los médicos, afirmó:

“hay ciertas especulaciones alrededor del problema de la salud, en grupos –lamentablemente– de gente que lo interpreta como susceptible de ser comercializado y no como elemento para ejercer la vocación que ustedes tienen. Hay quienes, en función de ese mercado que ofrece la salud, interpretan –sin tener nada que ver con la salud– que hay allí una oportunidad para especular, para hacer negocio. Desde luego, no me estoy refiriendo a un médico, sino a quien no lo es” (La Nación, 1971, p. 17).

Finalmente, luego de numerosos conflictos y paros, pocos días antes de la renuncia de Manrique, el problema pasó a la presidencia y Lanusse propuso a la COMRA revisar las políticas de descentralización (La Nación, 1972, p. 14). Una nota periodística insinuaba que la imposibilidad de realizar el banco social y la forma en que Lanusse encaró la resolución del conflicto con la corporación médica, habrían sido dos posibles causas de la renuncia del ministro, dado que “Al ministro le habría disgustado el anuncio de que el gobierno variaría su posición respecto del conflicto médico, además de la resolución de no convertir el Banco Hipotecario Nacional en Banco Social” (La Nación, 1972, p. 6). Pero lo cierto es que la principal motivación para abandonar la cartera fue su candidatura presidencial para la futura apertura política organizada por el presidente en torno al Gran Acuerdo Nacional (GAN).

4. La candidatura de Manrique en la transición democrática

El Golpe contra Levingston de marzo de 1971, que llevó a la facción militar “liberal” al poder con la presidencia del teniente general Lanusse, pretendía ser “democrático” en el sentido de restablecer las instituciones democráticas, rehabilitar la actividad política, devolver a los partidos sus bienes, poner fin a la proscripción del peronismo y lograr una “democracia estable y eficiente” (O’Donnell, 2009, p. 319; De Riz, 2010, p. 93). Por este motivo había sido elegido como ministro del Interior el radical Arturo Mor Roig, uno de los principales inspiradores de La Hora del Pueblo y expresidente de la Cámara de Diputados en la presidencia de Arturo Illia (1963-1966). El comandante en jefe del Ejército, ahora presidente, era representante del sector militar más flexible, lúcido, politizado y conectado con los sectores dominantes y con las fuerzas políticas, y, por ello, el indicado para iniciar el proceso de apertura de un régimen político en crisis. El proyecto del GAN como marco de transición a la democracia implicaba realizar acuerdos entre los partidos políticos, las FFAA y las “organizaciones de la comunidad”, y evitar llamar a elecciones y que las FFAA se desentendieran del proceso de institucionalización (De Amézola, 1999). La idea era que, en un primer momento, existiera un gobierno democrático de transición presidido por Lanusse (De Riz, 2010, p. 100). Para esto, desde el ministerio del Interior, se proyectó crear una “federación de partidos provinciales” que proclamara su candidatura. Sin embargo, debido a la crisis económica, política y social, su imagen se fue desgastando progresivamente y no pudo concretar su candidatura como primer presidente de la transición. De esta manera, fracasó el proyecto de continuidad entre el gobierno de las FFAA y un gobierno asentado en los partidos políticos. Aún así, gracias a (y a pesar de) Lanusse, el papel de Manrique en el MBS, como indica O´Donnell, fue:

“utilizar los recursos de patronazgo de ese ministerio para aliviar tensiones sociales y, de paso, aceitar los engranajes que facilitarían la candidatura de su presidente. Que Manrique cumplió eficazmente esa misión queda demostrado con que, en la mitad de 1972, era el único funcionario que contaba con algún apoyo popular, sobre todo en las provincias más pobres donde el patronazgo había tenido mayor impacto”.

Entonces, siguiendo la argumentación del autor, “si Lanusse tenía que autoliquidar sus propias posibilidades parecía una lástima que no lo utilizara quien era su tenedor directo” (2009, p. 359).
Desde el inicio de su gestión, amplios sectores sospecharon cuáles eran las reales intenciones políticas de Manrique. Sin embargo, Lanusse se disgustó y se enemistó fuertemente con su viejo amigo cuando este renunció al MBS para aprovechar en su candidatura a presidente el capital político y social que había acumulado en sus dos años frente a la cartera (Lanusse, 1977, p. 296).14 Por este motivo, a último momento y sin maquinaria partidaria, Lanusse impuso al brigadier Ezequiel Martínez la tarea de ser el candidato apoyado por el gobierno de la “Revolución Argentina”.
Manrique, por su parte, aprovechó la disposición de diversos partidos provinciales a respaldar la candidatura presidencial de un continuador del régimen que se había ido negociado desde el ministerio del Interior y que él mismo había reforzado en sus diversos viajes. Unos días antes de que Lanusse se enterara formalmente de las intenciones de Manrique, cuando el ministro seguía negando públicamente su futura candidatura, el presidente del Partido Demócrata Federal de la provincia de Misiones, Carlos Silveira Márquez, afirmó que tenía la intención de dar a conocer la fórmula Manrique-Belgrano Rawson,15 ya que consideraba que “el actual ministro de Bienestar Social es un funcionario que ha dado una muestra de su accionar federalista con repetidos viajes y visitas al interior del país, donde resuelve sobre el terreno los diferentes problemas que se le plantean” (La Nación, 1972, p. 5.). Estas declaraciones apresuradas, antes de la renuncia, generarían algunos roces entre Silveira Márquez y Manrique. Pero este dato interesa para mostrar los vínculos que este último iba tejiendo y la valoración que algunos dirigentes provinciales tenían sobre él.
Para las primeras elecciones de marzo de 1973, fue conformada la Alianza Popular Federal por cuantiosos partidos del interior que respondían a la Confederación Popular Renovadora, la Confederación Popular Federalista, la Unión Popular y el Partido Demócrata Progresista. Esta alianza variopinta, pero unida por un sentido federalista y conservador, sostuvo la candidatura presidencial de Manrique, quien llevó como compañero de fórmula al dirigente del Partido Demócrata Progresista Rafael Martínez Raymonda (Manrique, 1983, pp. 20-21). Finalmente, la fórmula fue la tercera fuerza, con 1.800.000 votos (14,9%), cifra que se repitió en las elecciones de septiembre de ese año, en las que venció Perón (De Riz, 2010, p. 122).

Conclusión

Desde su creación en 1966 hasta 1981, el MBS existió con esa denominación y con una estructura burocrática similar. Su rol ha sido escasamente estudiado, debido a que la intervención social del Estado ha quedado eclipsada frente a las iniciativas represivas y autoritarias de los diferentes gobiernos del período 1966-1983. Sin embargo, durante las últimas dos dictaduras argentinas este ministerio cumplió una importante función social y política a la hora de construir consensos, de proponer formas de interacción e integración social y de elaborar políticas sociales. De hecho, el epígrafe de este artículo es ilustrativo de la función de la agencia estatal y muestra cómo se utilizaban irónicamente las siglas MBS para referir a la sospecha pública acerca de que Manrique “Buscaba Sufragios”. En este sentido, el objetivo del artículo fue pensar el proceso de transición hacia la democracia que inició el proyecto del GAN, pero enfocado desde el MBS de Manrique. De esta manera, hemos intentado demostrar que, efectivamente, el ministro logró construir importantes consensos en torno a su figura, en función de lo cual desarrolló un estilo carismático y personal, sobre todo, a partir de los constantes viajes a los diferentes lugares del país, de su relación directa con los vecinos y pobladores (“el hombre común”), de los beneficios puntuales y asistenciales que otorgaba, de las políticas sociales destinadas a los jubilados, entre otras iniciativas. Dentro del ministerio, se hizo cargo personalmente de la gestión de diferentes secretarías con el fin de lograr el reordenamiento buscado y amplió la estructura burocrática mediante la jerarquización de diferentes dependencias como la del Menor y la Familia y Deportes. En sus viajes también estrechó lazos importantes con diversas asociaciones y con políticos locales que favorecieron la construcción de alianzas que facilitarían su candidatura y que se transformarían, luego, en el Partido Federal.
En suma, el estudio del MBS en los últimos años de la “Revolución Argentina” nos permitió realizar un aporte a la comprensión de la dimensión social y propositiva de las políticas de las dictaduras de la Doctrina de Seguridad Nacional, aspecto que, hasta el momento, ha sido escasamente atendido.

Notas

1 Este artículo forma parte de la investigación realizada en el marco de mi tesis doctoral denominada “La intervención social del Estado entre dos dictaduras. Un estudio de los proyectos, las políticas y los actores del Ministerio de Bienestar Social/Acción Social de la Nación (1966-1983)”.

2 Universidad Nacional de La Plata/Universidad Nacional de General Sarmiento/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: florenciaosuna@gmail.com.

3 Boletín Oficial de la República Argentina. 9 de noviembre de 1971, pp. 3-5. Hemeroteca, Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4 Boletín Oficial de la República Argentina. 13 de noviembre de 1972, p. 3. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se utilizarían los siguientes fondos: un gravamen del 1,5% sobre la venta de ganado vacuno a faenar, el 2,5% sobre remuneraciones de sueldos y salarios a cargo del empleador, y fondos que provinieran de recuperación de préstamos.

5 Boletín Oficial de la República Argentina. 5 de noviembre de 1971, p. 2. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6 Luego, el juez respondió objetando públicamente la acusación de Manrique y explicó que el menor no era un ladrón de gallinas, sino que había cometido homicidio, reiterados hurtos y fugas (La Nación, 1970, p. 12).

7 Es pertinente aclarar que con “ideario” o “gobierno” revolucionarios se referían a los propósitos y a los funcionarios de la dictadura denominada “Revolución Argentina”.

8 Boletín Oficial de la República Argentina. 20 de octubre de 1970, p. 2. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9 Boletín Oficial de la República Argentina. 18 de noviembre de 1970, p. 3. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

10 Boletín Oficial de la República Argentina. 20 de octubre de 1970, p. 2. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 La Fraternidad era el nombre del sindicato argentino, creado en 1887, que agrupaba a los maquinistas de ferrocarriles.

12 Boletín Oficial de la República Argentina. 28 de mayo de 1971, pp. 2-3. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13 Boletín Oficial de la República Argentina. 28 de mayo de 1971, pp. 2-3. Hemeroteca, BCN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14 En sus memorias, Lanusse relata que, tras su renuncia el 22 de agosto de 1972, “cuando hablé con él, Manrique ya tenía su decisión tomada –ser candidato, aunque no me reconoció que esa era la causa de su renuncia– y su opinión, en ese sentido, había tenido, inclusive, trascendencia periodística. No puedo decir que me sorprendió su decisión, sí que me apenó, por que [sic] afectó a una apreciada amistad que yo siempre había considerado franca y desinteresada” (Lanusse, 1977, p. 296).

15 Guillermo Belgrano Rawson era el subsecretario del Interior y también defendía principios “federalistas”.

 

Referencias bibliográficas

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3. A los últimos hechos se refirió Manrique (14 de mayo de 1971). La Prensa, p. 24.

4. Anticipo primeras liquidaciones ley 18.755 (25 de septiembre de 1970). La Nación, pp. 2-24.

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6. Concluyó la reunión de ministros de Bienestar Social (2 de diciembre de 1971). La Nación, p. 6.

7. Con dirigentes de la CGT dialogó ayer el ministro Manrique (2 de diciembre de 1970). La Nación, p. 14.

8. Considerarán en Mendoza temas de bienestar social (7 de mayo de 1971). La Prensa, p. 17.

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11. Dialogó Manrique con el periodismo de Bahía Blanca (23 de enero de 1971). La Nación, p. 7.

12. Dio a conocer aspectos de su gestión el sr. Manrique (25 de junio de 1971). La Prensa, p. 7.

13. Diversas audiencias concedió en Salta el ministro Manrique (6 de diciembre de 1970). La Nación, p. 10.

14. El directorio de la Obra Social para jubilados (9 de junio de 1971). La Prensa, p. 10.

15. El subsecretario de Vivienda renunció (27 de octubre de 1971). La Prensa, p. 7.

16. En Corrientes se refirió Manrique al momento político (1 de febrero de 1971). La Nación, p. 7.

17. Expresiones de Manrique objeta la justicia cordobesa (31 de diciembre de 1970). La Nación, p. 12.

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54. Solicitada. Hechos, no demagogia (14 de noviembre de 1970). La Nación, p. 4.

55. Solicitada. Hechos, no demagogia (19 de noviembre de 1970). La Nación, p. 15.

56. Tortti, M. C. (1998). Protesta social y nueva izquierda en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional. Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, 3 (6), 11-39.

57. Una auditoria de jubilados creóse en lo previsional (17 de noviembre de 1970). La Nación, p. 11.

58. Un seguro de salud sugirió a Manrique la Confederación Médica (18 de abril de 1971). La Nación, p. 9.

59. Varios temas de bienestar social fueron considerados en La Plata (30 de junio de 1971). La Prensa, p. 11.

60. Visitó a Córdoba e hizo declaraciones el señor Manrique (20 de diciembre de 1970). La Nación, p. 9.

Fecha de recepción de originales: 07/03/2016.
Fecha de aceptación para publicación: 30/10/2016.