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DOI: http://dx.doi.org/10.19137/qs.v1i1.1303

ARTÍCULOS

 

Comandantes, oficialidad y excepciones en los regimientos de la Guardia Nacional de campaña (provincia de Buenos Aires, 1852-1880)

Commandants, officers and exceptions in the regiments of the National Guard of the countryside (province of Buenos Aires, 1852-1880)

 

Leonardo Canciani1

 

Resumen: En este artículo estudiamos la dinámica interna de los regimientos y batallones de la Guardia Nacional de campaña de la provincia de Buenos Aires. Analizamos la conformación de la oficialidad y la negociación que entablaron los comandantes con los habitantes de los distritos militares a su cargo al momento de hacer los registros de enrolamiento y de designar los integrantes de los contingentes. Demostramos que, si bien la Guardia Nacional fue creada a partir de disposiciones de los Estados nacional y provincial, el efectivo funcionamiento de la institución en la campaña y la frontera se produjo a partir de las actividades que sus comandantes desarrollaron en las jurisdicciones que estuvieron a su cargo.

Palabras clave: Guardia Nacional; Comandantes; Oficialidad; Excepciones; Provincia de Buenos Aires.

Abstract: In this paper, we study the internal dynamic about the regiments and battalions of the National Guard of Buenos Aires province countryside. We analyse the conformation of the body of officers and the negotiation that commandants started with the inhabitants of the districts assigned to them at the moment of making recruitment registers and designating members of the contingents. We prove that although the National Guard was created from provisions of the National and provincial state, the consolidation and effective operation of the institution in the countryside and the frontier were produced from the activities that commanders developed within the jurisdictions they were in charge of.

Key words: National Guard; Commandants; Body of officers; Exceptions; Province of Buenos Aires.

 

1. Introducción

En las últimas dos décadas, la historiografía argentina ha hecho importantes avances en el estudio de las fuerzas armadas decimonónicas. El Ejército regular, las milicias y la Guardia Nacional se estudiaron en relación con los poderes locales, los gobiernos provinciales y nacional, y también con el propósito de problematizar la construcción del Estado. Al respecto, Flavia Macías (2001, 2014) e Hilda Sabato (2008, 2010) sostuvieron que los gobernadores provinciales gozaron de gran autonomía para manejar la Guardia Nacional en sus jurisdicciones. Eran estos quienes autorizaban la movilización de contingentes para el servicio de frontera, promulgaban leyes y sancionaban decretos que debían regir su funcionamiento, designaban a los comandantes de la fuerza y nombraban a los oficiales que estos últimos recomendaban, entre otras atribuciones. Las guardias nacionales fueron las milicias locales con las que las provincias pudieron defender su autonomía respecto del gobierno nacional (Oszlak, 1997) y, al mismo tiempo, fueron vulnerables a la utilización que de ellas pudieran hacer los líderes políticos y los caudillos locales que se rebelaban contra la autoridad nacional y provincial (Bragoni, 2010).
En este contexto de renovación historiográfica, los comandantes también fueron objeto de análisis de investigadores interesados en el estudio de la construcción del poder y de la formación de liderazgos en diferentes contextos y situaciones, como las áreas rurales y de frontera durante los últimos años del dominio español en el Río de la Plata;2 en la primera mitad del siglo XIX, a partir de la relevancia que adquirió la guerra en la política, la economía, las finanzas y la sociedad de ese territorio;3 y durante la segunda mitad del siglo XIX, en el marco del proceso de construcción del Estado nacional.
Según plantean Macías y Sabato (2013, p. 75), estas investigaciones dejan entrever la importancia que tuvieron las jefaturas y los liderazgos intermedios en el entramado, la organización y el funcionamiento de la Guardia Nacional en diferentes provincias. Pero también advierten que el liderazgo de los comandantes constituye un tema poco explorado, pese a ser decisivo para comprender la trama de relaciones que establecieron con superiores y subalternos en los cuerpos de dicha fuerza y, al mismo tiempo, para percibir los alcances de su poder y las formas de negociar el servicio de armas y la subordinación de la tropa. En el estado actual en que se encuentra la historiografía argentina, abordar estas cuestiones para la campaña y la frontera bonaerense se ha convertido en una necesidad. Diversas investigaciones han mostrado que los comandantes militares y milicianos ganaron espacios de poder en los pueblos y en las áreas rurales de esa provincia durante las primeras décadas del siglo XIX (Barral y Fradkin, 2005; Fradkin, 2014) y que esa tendencia se consolidaría en el tercer cuarto del ochocientos, cuando pasaron a tener un lugar más destacado entre las autoridades provinciales (Míguez, 2010; Fradkin, 2010; Canciani, 2017).
El estudio de los comandantes de la Guardia Nacional nos permite examinar las relaciones de poder que se establecieron entre las autoridades locales y el gobierno bonaerense. Según ha planteado Leandro Di Gresia (2010), la configuración de las instituciones del Estado provincial dependió más de la experiencia y de los vínculos sociales de los individuos que las conformaron, que de las disposiciones jurídicas de quienes las concibieron. Por lo tanto, con el propósito de rastrear este tipo de situaciones, nos enfocaremos en el nivel más bajo de la administración provincial, el local, que representa el ámbito por excelencia para comprender el comportamiento de los hombres y observar el funcionamiento de la Guardia Nacional en la provincia de Buenos Aires (Buchbinder, 2004; Canciani, 2017).
En este artículo analizamos la dinámica interna de los regimientos de caballería y de los batallones de infantería de dicha fuerza miliciana en los partidos de la campaña y la frontera bonaerense, por lo cual excluimos a la Guardia Nacional de la capital. Hacemos hincapié en el rol de los jefes milicianos que estuvieron a cargo de esos cuerpos. Nuestro propósito es mostrar el lugar de preminencia que tuvieron en el manejo, la organización y el funcionamiento de la Guardia Nacional de campaña de la provincia de Buenos Aires durante los años centrales de la construcción estatal (1852-1880), período en el cual esta institución ocupó un lugar importante dentro de la esfera provincial.
Examinamos los procedimientos que siguieron para conformar la oficialidad y analizamos la negociación que entablaron con sus milicianos al momento de elaborar los registros de enrolamiento y de formar los contingentes para la frontera. Esto nos permitirá analizar la dinámica de la institución y los actores que participaron en ella en el nivel más bajo de aprehensión posible.

2. Las fuentes y su tratamiento metodológico

A lo largo del artículo haremos un uso cualitativo de las fuentes. Se utilizará la observación documental como estrategia metodológica y el análisis del contenido como procedimiento analítico. Procuramos acceder a las estructuras de significados propias del contexto a trabajar y realizamos un examen del mundo empírico social, donde los interrogantes serán el centro de la investigación. Por tal motivo, intentaremos captar el sentido de la acción de los actores que participaron en el proceso que estudiamos.
Trabajamos con diversas fuentes documentales. Recurrimos a: I) notas de algunas dependencias de gobierno en las cuales las autoridades provinciales –gobernador, ministro de Gobierno e inspector general de Milicias– se comunicaban con los comandantes de la Guardia Nacional y los jueces de paz de la campaña con el fin de ordenar diversos procedimientos concernientes a dicha milicia; II) expedientes iniciados por los jefes milicianos en los cuales se recomendaba a determinados individuos para conformar la mayoría e integrar la oficialidad de sus regimientos y batallones; III) peticiones de los guardias nacionales al gobernador; IV) listas y registros de exceptuados para el servicio activo en la frontera; V) informes; VI) cartas entre comandantes y VII) sumarios elaborados por el gobierno provincial a estos últimos.
El fondo documental de la Inspección General de Milicias es un acervo imprescindible para estudiar la Guardia Nacional en la provincia de Buenos Aires. Los expedientes que reúne nos permiten acceder, con profundidad y aguda sensibilidad, al complejo mundo de esa institución y a todo lo que ella implicaba para el gobierno provincial, los comandantes milicianos y sus subalternos y los hombres que estuvieron comprendidos en el servicio militar. Por medio de ellos, pudimos ilustrar los mecanismos que utilizaron los comandantes de la Guardia Nacional para formar los cuerpos a su cargo, ya que a la Inspección General de Milicias se enviaban las propuestas que hacían aquellos al inspector, a fin de que el gobernador designara a personas idóneas para esos cargos o de que reemplazara a los que no se desempeñaban de acuerdo con la ley. De la misma forma, nos permitió adentrarnos en las prácticas de los jefes milicianos que iban en contra de las funciones que, en teoría, debían desarrollar, como otorgar, de forma discrecional, licencias y resguardos a sus subordinados.
Pese a la riqueza documental que posee el fondo en cuestión, esta se ve afectada por carencias que ponen límites al estudio de algunos temas referentes a la Guardia Nacional. La más importante de ellas es la escasa documentación que hay para la década de 1850. Hasta que el archivo de la Inspección comienza a reunir legajos, en 1857, una gran parte de las comunicaciones referentes a la institución se hallan diseminadas en diversos fondos, como Gobierno, Guardias Nacionales, Comandancia de Campaña, Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, Juzgados de Paz y Frontera con los indios.
Dentro de estos, el del Ministerio de Gobierno constituye otro de los fondos cruciales para el desarrollo de este trabajo, ya que, como ninguna otra fuente consultada, cubre todo el período que abordamos aquí.4 Además de constituir un complemento primordial para la Inspección General de Milicias, este ministerio reúne documentación que excede las cuestiones que podemos abordar desde ella. Como el gobernador era la máxima autoridad provincial, todas las decisiones que se tomaban en torno a la Guardia Nacional debieron pasar por sus manos, y las vías de entrada y de salida para ello era el ministro de Gobierno. En tal sentido, este acervo dispone de una gran cantidad de expedientes para estudiar dicha milicia.
Por un lado, contiene decretos, leyes y reglamentos referentes a la Guardia Nacional que se comunicaban a los jefes de los regimientos y de los batallones de esa fuerza, así como las órdenes que se libraban a las autoridades civiles para colaborar con su funcionamiento, lo cual nos permitió adentrarnos en la dinámica institucional. Por otro lado, el ministro de Gobierno recibía, de forma recurrente, comunicaciones de las autoridades civiles y milicianas de la campaña, una de las cuales informaba sobre el accionar de la otra en temas relativos a la administración de gobierno en el territorio. Además, este tipo de fuentes nos permitió observar la irregularidad y los problemas con que los guardias nacionales llevaban a cabo el servicio de frontera. También, el Ministerio de Gobierno guarda expedientes judiciales, sumarios militares e información sumaria sobre determinados episodios que involucran a comandantes, oficiales y tropa de la Guardia Nacional, con los cuales podemos ver las prácticas poco ortodoxas que los primeros llevaban a cabo en determinadas ocasiones, apartándose de los comportamientos esperados de un funcionario de gobierno.
Finalmente, trabajamos con registros de exceptuados al servicio activo. Dichos registros eran elaborados por el comandante del cuerpo y, en parte, nos permiten acceder al perfil social de los integrantes de los regimientos de la campaña; y a su vez, ver quiénes eran los guardias nacionales que evadían el servicio de armas en la frontera, ya que se los identificaba explicitando su provincia de origen, domicilio, edad, tez de piel, estado civil y –en algunos casos–, ocupación laboral y experiencia militar. Constituye una fuente poco trabajada, debido a la dificultad de hallarlas. De allí que solo analicemos las que pudimos encontrar: tres listas correspondientes a los años 1868, 1869 y 1873.
En fin, mediante esta documentación pudimos examinar el rol de los comandantes en el manejo de la Guardia Nacional de campaña, así como su relación con el Poder Ejecutivo provincial y con los habitantes de la campaña sujetos a reclutamiento. Es decir, nos posibilitó analizar el funcionamiento de la institución y los actores que participaron en ella “a ras del suelo”.

3. El funcionamiento interno de una institución: la Guardia Nacional y sus comandantes

La llegada de Bartolomé Mitre a la presidencia de la nación conllevó una serie de cambios en materia militar en Buenos Aires. El 3 de octubre de 1862, Mitre nacionalizó el Ministerio de Guerra y Marina de esa provincia y traspasó la potestad de organizar el funcionamiento de la Guardia Nacional a la Inspección General de Milicias, creada para ese fin el 18 de octubre del mismo año (Literas, 2012). Antes de ello, el Estado de Buenos Aires había manejado todo lo concerniente a las cuestiones militares-milicianas a través del Ministerio de Guerra y Marina, sin sufrir la injerencia de una entidad política superior, tal como sucedió en la Confederación Argentina en la década de 1850 (Auza, 1971; Macías, 2014; Lanteri, 2015).
La Inspección General de Milicias fue presidida por un inspector general que designaba el gobernador. Constituía la dependencia que funcionaba como nexo entre el Ministerio de Gobierno, las autoridades milicianas y los guardias nacionales. El inspector tenía la responsabilidad de transmitir a los comandantes las órdenes del gobernador y las disposiciones concernientes a la Guardia Nacional; de ordenar la reunión y movilización de contingentes; de informar sobre los malones que asolaban la frontera y de nombrar a los ciudadanos que se harían cargo de la jefatura de los regimientos y batallones. Además, recibía diversos tipos de informes y solicitudes que estos últimos hacían a los órganos de gobierno. Por otro lado, los pobladores de la campaña debían dirigirse a la Inspección para realizar los pedidos de dispensa y de excepciones al servicio activo. Para colaborar con el inspector, el 31 de enero de 1870, se establecieron cuatro subinspecciones de guardias nacionales de Campaña, que comprendían a los partidos que enviaban sus contingentes a las fronteras Norte, Oeste, Sud y Costa Sud de Buenos Aires. Los subinspectores estaban a cargo de ellas y dependían del inspector general de Milicias (Comando en Jefe del Ejército, 1972).
Por debajo de todos ellos, se ubicaban los jefes de los regimientos de campaña, que eran designados por el gobernador por medio de la Inspección. Los nombramientos se realizaban anualmente, aunque los implicados podían ser reelegidos de forma indefinida, ya que no existía un límite de tiempo para ocupar la comandancia del regimiento. En la mayor parte de las ocasiones, recayeron en vecinos destacados de la campaña, con fuerte arraigo local, aunque, también se privilegiaban su capacidad y su experiencia militar. A partir del 27 de abril de 1870, se dejó de lado la organización de la Guardia Nacional de campaña en regimientos conformados por varios partidos para pasar a tener tantos cuerpos como distritos existían en la provincia.5 Como consecuencia de ello, desapareció la figura del jefe de regimiento y, en su lugar, se creó la del comandante militar del partido, que se hizo cargo de la jefatura de la Guardia Nacional en su distrito.
Estos actores fueron claves para mantener el orden social y disciplinar a los sectores populares de la campaña, aunque no siempre lo lograron (Garavaglia, 2003, 2004; Literas, 2013). En este marco, una de sus principales responsabilidades fue la de garantizar el reclutamiento de contingentes cuando fueran requeridos por los jefes de frontera y una vez ordenada su movilización por parte del gobierno provincial. Además, estuvieron encargados de administrar algunas cuestiones vinculadas a las fuerzas milicianas, como asesorar al gobernador en la aceptación de personeros que solicitaban los guardias nacionales, otorgarles licencias para que pudieran trasladarse por todo el territorio provincial y, en circunstancias especiales, pagarles los servicios adeudados a aquellos que habían sido licenciados en la frontera. Al mismo tiempo –y debido a que el mantenimiento del orden interno era una de las principales funciones de la Guardia Nacional– sus jefes también desempeñaron un rol fundamental para movilizar y organizar a sus milicianos ante conmociones políticas y sociales que pusieron en vilo a las localidades bonaerenses (Canciani, 2017).
Finalmente, los jefes milicianos desarrollaron una importante labor electoral. La Guardia Nacional y sus comandantes constituyeron verdaderas “máquinas electorales”, por el lugar de predominio que tuvieron en el reclutamiento de votantes para los comicios y por sus fuentes de poder (Sabato, 1998). Por un lado, hasta 1877, el enrolamiento en la Guardia Nacional fue un requisito para los ciudadanos, que, a la hora de empadronarse para poder sufragar, debieron presentar la papeleta firmada por el comandante del regimiento o batallón al que pertenecían. Esto no solamente dejaba la capacidad de voto librada al arbitrio de los jefes milicianos, sino que daba a estos la posibilidad de “fabricar” papeletas falsas, otorgarlas a quienes no correspondía y realizar otras maniobras denunciadas en la época (Heras, 1954). Por otro lado, la Guardia Nacional representó un mecanismo de organización, captación y control de las personas y del territorio, de manera que el papel de los comandantes fue decisivo en los comicios, especialmente en la campaña (Sabato, 2008). Allí se gestaron y consolidaron liderazgos políticos que se capitalizaron más allá del ámbito de dicha fuerza, como se ha mostrado para Benito Machado en la frontera sur (Yangilevich, 2006; Canciani, 2012).
En esta ocasión, nos interesa abordar dos atribuciones de los comandantes que han recibido poca atención por parte de la historiografía: su rol en la conformación de la oficialidad de los cuerpos a su cargo y en la concesión de excepciones y dispensas para el servicio de frontera. De ello nos ocuparemos a continuación.

3.1. La conformación de la oficialidad

Los oficiales de la Guardia Nacional fueron actores locales anónimos para la historiografía que, si bien pueden haber tenido una cuota de poder coyuntural en los pueblos y partidos de la campaña bonaerense que habitaban, no formaban parte de la oficialidad del Ejército y no desarrollaron acciones políticas y militares de envergadura para ocupar los primeros planos de la investigación histórica. En este sentido, si con razón se ha resaltado la importancia que tuvieron los jueces de paz y los comandantes milicianos en la campaña bonaerense durante los años de construcción del Estado nacional,6 dichos oficiales ocuparon un lugar similar para estos últimos al que los alcaldes y tenientes alcaldes representaron para los primeros, en tanto figuras subalternas.7
La Guardia Nacional tuvo los mismos rangos y grados militares que el Ejército de Línea, aunque nunca sus regimientos y cuerpos estuvieron a cargo de brigadieres generales y coroneles mayores. Durante la década de 1850 y el primer lustro de la de 1860, cuando la mayor parte de los regimientos de la campaña de Buenos Aires estuvieron bajo el mando de jefes veteranos, la comandancia fue encargada a coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores; aunque posteriormente se destacaron como comandantes ciudadanos particulares en comisión que, por lo general, no tuvieron grados militares ni formaban parte de las filas del Ejército Nacional (Canciani, 2014).8
Por su parte, los escuadrones y las compañías de los regimientos de caballería y las compañías de los batallones de infantería de la Guardia Nacional estuvieron a cargo de los oficiales que aquí examinamos. Cada una de las compañías contaba con cinco oficiales. Eran mandadas por un capitán y secundadas por dos tenientes (1° y 2°) y dos subtenientes (1° y 2°). En la mayoría de las ocasiones, el capitán de la primera compañía del escuadrón de caballería quedaba a cargo de este último, que integraba junto con la segunda compañía. Finalmente, la tropa de las compañías estaba compuesta por un número variado de sargentos (1° y 2°), cabos (1° y 2°) y milicianos y, solo en ocasiones, por algún soldado tambor, pito o corneta.
Para Sabato (2008, p. 113), la existencia de disposiciones que reglamentaban la elección de la oficialidad por parte de la tropa buscaba subrayar el carácter ciudadano de la Guardia Nacional y, en ese sentido, generaban instancias de participación importantes para sus integrantes. Al mismo tiempo, la autora sostiene que la mayor parte de las votaciones de oficiales estaban muy condicionadas por prácticas de clientelismo que reducían el espacio de autonomía de las bases y que, por lo tanto, los elegidos eran quienes ya venían con influencias políticas y con cierto capital social, lo que se tradujo en que la mayoría de los oficiales pertenecieran a sectores sociales más favorecidos que la tropa. Para Tucumán, Macías (2001, p. 146; 2014, pp. 111-112) mostró que, según el decreto fundacional de la Guardia Nacional en esa provincia, se estableció un sistema escalonado por el cual los guardias nacionales que integraban las compañías debían elegir anualmente a sus cabos y sargentos por voto secreto, y éstos, junto con diez diputados, elegirían sus oficiales hasta la clase de capitán. Pese a ello, afirmó que, en la mayoría de los casos, era el propio comandante del batallón el que enviaba al gobernador las listas de los candidatos considerados “idóneos”, quien por decreto los nombraría en los respectivos cargos.
Por su parte, para la campaña bonaerense, la documentación que relevamos muestra un panorama similar al que describió esta autora para el caso tucumano. A inicios de octubre de 1852, el juez de paz del partido de Ajó envió al gobierno provincial el registro de enrolamiento de la Guardia Nacional de ese distrito. En esa ocasión, la fuerza miliciana se puso bajo el mando de Celestino Márquez, “á petición de los ciudadanos” que se enrolaron, los cuales eligieron a la oficialidad entre los integrantes de las respectivas compañías que, posteriormente, debieron ser aprobados por el gobernador.9 El 4 de noviembre de 1853, desde El Nacional, Bartolomé Mitre expuso un proyecto en el cual proponía que la elección de los oficiales de las compañías de la Guardia Nacional se efectuara cada vez que se producía la de diputados para la Legislatura, pero no tuvo recepción favorable (Allende, 1958). Pese a la negativa, estas ideas no fueron abandonadas. El 24 de diciembre de ese año, el gobierno provincial dispuso que los jueces de paz organizaran los batallones de infantería de la campaña, “haciendo que los ciudadanos que deben componerla nombren de entre los mismos los demás oficiales que les corresponden tener de dotación, todo con arreglo a la Ley”,10 hecho que solo pudimos corroborar para la Guardia Nacional de infantería de las Conchas (actual Tigre), pero no para el resto de los partidos.11
Por lo tanto, aunque no podemos esbozar conclusiones determinantes al respecto con tan pocas evidencias, sí estamos en condiciones de plantear a modo hipótesis que el mecanismo electivo de la oficialidad de la Guardia Nacional de campaña de la provincia de Buenos Aires, por parte de los propios milicianos, no tuvo continuidad y solo fue una experiencia marginal. Se habría reducido a los primeros años de vida de la institución, cuando las autoridades bonaerenses intentaron arraigarla en los habitantes rurales durante los intentos iniciales que se realizaron para organizarla. En su lugar, la recomendación directa del jefe del regimiento fue una condición necesaria y casi excluyente para la designación de los oficiales por parte del gobernador por medio del Ministerio de Guerra, hasta octubre de 1862 y, desde ese momento en adelante, de la Inspección General de Milicias.
El archivo de dicha Inspección contiene una gran cantidad de expedientes en los cuales los jefes de los regimientos y de los batallones solicitaban al gobernador el nombramiento de los oficiales que habían propuesto para las compañías de sus cuerpos, así como de aquellos que se encargarían de la mayoría del regimiento. En coyunturas particulares, como la invasión de los emigrados opositores al gobierno porteño que se produjo a inicios de noviembre de 1854, cuando aún la Guardia Nacional no se había organizado de forma definitiva, el gobierno bonaerense les otorgó a algunos jefes de regimientos la potestad de conformar la oficialidad de los cuerpos como lo creyeran conveniente, ante la inminencia de organizar las fuerzas defensivas para refrendar la mencionada invasión. Uno de ellos fue el coronel Jacinto González, que el 7 de noviembre de ese año fue investido para conformar la oficialidad del Regimiento N° 8, con la recomendación de que recayera en “individuos de conocido patriotismo y decisión por la autoridad, y con exclusión de todo aquel que haya pertenecido á los reveldes” [sic].12 En estos casos, los jefes de línea designados nombraban en el cargo a los oficiales y, posteriormente, el gobierno extendía la patente correspondiente a los implicados.13
Por su parte, en situaciones de normalidad institucional, el procedimiento se desarrollaba bajo los mecanismos prestablecidos. En caso de vacancia en la oficialidad o ante la necesidad de reemplazar a los que estuvieran en funciones, el jefe del regimiento o el comandante de la Guardia Nacional del partido, elevaba a la Inspección General de Milicias las propuestas de los individuos que creía convenientes para que ocuparan los puestos vacantes, por lo general, con solicitudes muy escuetas donde se destacaba que los postulantes eran vecinos de reconocido “valor”, “patriotismo” y “honradez”. Una vez recibidas, el inspector general de Milicias las elevaba al ministro de Gobierno, y este al gobernador, quien, en la mayoría de las ocasiones, las aprobaba y ordenaba al mencionado inspector entregar los despachos respectivos a los flamantes oficiales. En ninguno de los casos que relevamos –a excepción de los que destacamos más arriba– pudimos observar la intervención de soldados y suboficiales de las compañías proponiendo o escogiendo sus oficiales.14
Integrar la oficialidad de un regimiento de guardias nacionales podía significar una importante cuota de prestigio social y constituir una herramienta a través de la cual construir poder político (Sabato, 2008) o, al mismo tiempo, un simple reconocimiento institucional del que gozaban ya de hecho (Canciani, 2013). Sin embargo, esta posición no siempre implicaba un beneficio personal, ya que algunos de los designados como tales, después de ejercer por algún tiempo el empleo de oficial, renunciaban al “honor” con el cual se los había investido. Así como el jefe del regimiento era quien proponía a los individuos a los que consideraba propicios para desempeñarse como oficiales, también fue el encargado de interceder por estos ante la Inspección General de Milicias y el gobernador, a fin de que pudieran obtener su baja del servicio.
Por ejemplo, el 23 de abril de 1865, el capitán Paulino Amarante, a cargo de la mayoría del Regimiento N° 17, le pidió al jefe de dicho cuerpo, Máximo de Elía, que solicitara su dimisión al cargo que ejercía, “no pudiendo continuar por más tiempo en el puesto que el Superior Gobierno ha[bía] tenido a bien confiarle, debido al mal estado de su salud” y “por tener que pasar al pueblo de Dolores, en donde esta[ba] su domicilio y tres niños huérfanos de madre en mui [sic] tierna edad, que reclama[ba]n sus cuidados”, según afirmaba. En su solicitud a la Inspección, Elía acreditaba como ciertas las razones que motivaron a Amarante a pedir su baja. Además, agregaba que también tenía otros motivos que, por delicadeza, no expresaba y destacaba su “mérito” y “patriotismo”.15 Por su parte, el 13 de mayo de 1868, el teniente 2° de la 4ª compañía de infantería del Batallón de Guardias Nacionales de Azul, Artemio Quesada, solicitaba su baja del servicio de las armas porque sus intereses estaban “completamente abandonados y casi perdidos”, a causa de no poder dedicarse a ellos por su responsabilidad miliciana, de modo que, al mismo tiempo, no se podía desempeñar como debía “por la falta de salud”. Al igual que en el caso anterior, su jefe, Álvaro Barros, recomendaba que se hiciera lugar al pedido de Quesada, ya que sus argumentos eran válidos.16
Al mismo tiempo, eran los propios comandantes quienes impulsaban la baja de determinados oficiales por no ajustarse a sus órdenes y requerimientos o por llevar a cabo procedimientos que fueran en contra de sus empleos. En lo concerniente a esta cuestión, en algunos casos solo bastaba su solicitud de baja e informe correspondiente, donde justificara los motivos por los cuales el oficial en cuestión debía ser relegado del cargo que ocupaba. El principal argumento de los jefes de los regimientos era que los oficiales carecían de las aptitudes necesarias para desempeñarse en el puesto para el cual habían sido designados y, por lo general, lo acompañaban de otros motivos particulares, como el incumplimiento de las órdenes que habían recibido y excederse en las licencias concedidas;17 la necesidad de garantizar el “mejor servicio público”;18 la protección de “vagos”, criminales y desertores;19 ser “manifiestamente contrarios en opiniones políticas al Superior Gobierno”20 y no ser buenos ejemplos para los guardias nacionales, al estar “siempre en estado de embriaguez”.21
Sin embargo, en otras circunstancias en las cuales las acusaciones se tornaban muy incriminatorias, se llevaron a cabo investigaciones y sumarios militares para determinar la veracidad de las imputaciones y su resolución. En enero de 1854, se labró un sumario informativo contra el teniente Federico Batalla, quien se desempeñaba como capataz de una estancia de la campaña. Según los alegatos de los testigos, Batalla había convocado a una reunión a más de 20 hombres y en ella, por intermedio de “palabras subersivas” [sic], había vociferado en contra del general Manuel Hornos y de los demás jefes y oficiales del Ejército que operaban en la Frontera Sud. Al ser encontrado culpable, Batalla fue castigado por su comandante con la pena de mil azotes, “por haberse espresado [sic] en términos alarmantes y desvergonzados contra las autoridades”.22
Por otro lado, la corrupción de los oficiales fue un tema que motivó su alejamiento de los puestos de mando de las compañías. Esto ocurrió, por ejemplo, con el capitán de la 2ª compañía del 2º escuadrón del Regimiento Nº 7, Guillermo Doso, entre abril y julio de 1859, que derivó en la elaboración de un sumario militar de más de 40 fojas. Doso fue acusado de haber dispensado del servicio de frontera a dos guardias nacionales que habían sido designados para formar parte del contingente que debía marchar a Bragado, a quienes lo unían relaciones de compadrazgo y de familia, a cambio de la entrega de 500 pesos en papel moneda y un caballo. También fue culpado de haber salvado a un desertor que había sido destinado al Ejército de Línea, a cambio de la entrega de 2000 pesos moneda corriente por parte de su padre. Además, fue incriminado por retener y utilizar en su provecho la paga de un guardia nacional. Finalmente, por todas estas acusaciones, el capitán Doso fue destituido de su cargo y apresado en la cárcel de Villa Mercedes.23
Otro episodio de este estilo se produjo en 1866 con el capitán Manuel Faramiñan, que comandaba el 2° escuadrón del Regimiento N° 11, conformado por la Guardia Nacional del partido de Ranchos. En este caso, el jefe del regimiento, Epitacio del Campo, solicitaba el reemplazo de Faramiñan por Manuel Pina y, para ello, sostenía que aquel no ocupaba su puesto, que no había estado presente en el enrolamiento de los guardias nacionales de Ranchos ni un solo día y que generaba “mil dificultades” para reunir el contingente que debía marchar a la frontera. En su descargo –y con el propósito de mostrar su lealtad y compromiso–,24 el capitán Faramiñan rechazó las incriminaciones de Del Campo y evocó su trayectoria en la oficialidad del Regimiento N° 11, así como todas las acciones militares en las que había participado en defensa del gobierno bonaerense. Alegaba que se encontraba en pleno ejercicio de las funciones de su cargo y acusaba al juez de paz sustituto por los problemas ocasionados en el reclutamiento. Finalmente, el gobernador Adolfo Alsina decidió mantener en el puesto a Faramiñan, resaltando sus “buenos servicios” y recomendándole que en adelante no volviese a incurrir en “faltas temporales al servicio”.25 A diferencia del caso anterior, el gobernador no hizo lugar al pedido del jefe del regimiento, aunque el expediente evidencie la importancia que tenía este último en la organización y el funcionamiento interno del cuerpo.
En conclusión, en este apartado analizamos los mecanismos a través de los cuales los jefes de la Guardia Nacional conformaban la oficialidad de sus regimientos y batallones. A partir de los casos examinados, mostramos que los guardias nacionales no tuvieron relevancia en la elección de los hombres que ocuparon esos cargos, ya que la recomendación directa del comandante fue una condición necesaria para la designación del gobernador, quien monopolizaba esa potestad. Si bien en los primeros momentos de vida de la institución los milicianos tuvieron alguna presencia en la elección de la oficialidad, una vez que se establecieron los cuerpos, esa práctica se abandonó. Los comandantes fueron los verdaderos artífices de la formación y la organización de los regimientos y batallones de la Guardia Nacional de campaña, ya que tuvieron la responsabilidad de proponer al gobernador los convecinos que creyeran capaces para hacerse cargo de esos empleos y, al mismo tiempo, de solicitar su reemplazo en caso de que no se desempeñaran como debieran en ellos. Observamos que, en la mayor parte de las ocasiones que estudiamos, los gobernadores aprobaban las solicitudes de altas y de bajas que enviaban los comandantes, aunque no siempre lo hacían. Además, vimos que las gestiones de estos últimos eran muy importantes para que sus oficiales obtuvieran permisos, licencias y diversos requerimientos que elevaban al gobernador, ya que fueron los encargados de transmitir las solicitudes a la Inspección General de Milicias.

3.2. Excepciones y dispensas para el servicio de frontera

Las autoridades milicianas de la frontera fueron importantes nexos entre el gobierno provincial, la sociedad local y los sectores subalternos, ya que controlaban y canalizaban recursos humanos en favor del primero y contribuyeron a mantener el orden federal (Lanteri, 2011; Schmit, 2015). Por lo tanto, la designación de personas idóneas se tornaba una tarea relevante para asegurar el correcto desempeño de sus funciones y su obediencia a la autoridad del gobernador. Sin embargo, según ha sugerido Raúl Fradkin (2015) para el litoral en la década revolucionaria, la base de sustentación del liderazgo de los comandantes era local, y cuando los intereses del gobierno y de sus milicianos fueran contradictorios, deberían optar por uno u otros. Por tal motivo, para los vecinos de los pueblos de la campaña, elegir a su comandante era una suerte de garantía de sus derechos, aunque dicha práctica no pareció sobrevivir más allá de 1822 en los territorios fronterizos del norte de Buenos Aires y del sur de Santa Fe (Fradkin, 2014).
Para la campaña bonaerense durante el período que aquí nos ocupa, registramos tres casos en los cuales los guardias nacionales solicitaron al gobernador la designación de determinados hombres como jefes de los regimientos y batallones que integraban.26 Como ha planteado Ricardo Salvatore (2003) para el período rosista, a través de peticiones, de la falta de cooperación y del tráfico de influencias, los pobladores de la campaña se posicionaron para luchar contra la autoridad de los jefes militares y de la justicia de paz. Por lo tanto, un comandante investido con el consenso de la población local tendría mayores posibilidades para consolidar su poder de mando y, a partir de ello, garantizar el reclutamiento. Pero, a su vez, los vecinos contarían con una herramienta inmejorable para negociar su alistamiento en los contingentes y evitar los abusos de los cuales eran objeto por parte de algunos jefes designados por el Ejecutivo provincial. De allí que, en determinadas circunstancias, solicitaran al gobernador la designación de ciertos convecinos para ocupar dicho cargo (Canciani, 2013).
Como expusimos en el apartado anterior, una de las principales responsabilidades de los comandantes de la Guardia Nacional era garantizar el envío de contingentes para la frontera. Pero, antes de ello, debían llevar a cabo una serie de medidas administrativas que determinaban quiénes estaban en condiciones de hacerlo. El primer paso era la elaboración de un registro de enrolamiento, donde se debían alistar todos los individuos aptos para el servicio activo. Los jefes milicianos debían dirigirse con anticipación al juez de paz del partido para pedirle que hiciera citar, por medio de los alcaldes y tenientes alcaldes, a las personas a quienes les competía el deber de enrolarse para que concurrieran a la oficina del juzgado de paz, a fin de llevarse a cabo el enrolamiento. También podían utilizar a los oficiales y cabos citadores para hacer más efectiva la convocatoria. El procedimiento era presidido por el comandante de la Guardia Nacional y se realizaba en presencia del juez de paz, para que verificara el domicilio de los concurrentes, ya que no podían ser alistados habitantes de otros partidos.
Como resultado de dicho procedimiento, se formarían escuadrones compuestos por dos compañías de 75 plazas cada una, incluso con sus cabos y sargentos. Sus respectivos capitanes debían estar presentes para firmar la papeleta de los milicianos que integraban su compañía. Además, los jefes milicianos eran los encargados de conceder las excepciones y dispensas del servicio activo para aquellos guardias nacionales que estuvieran al resguardo de la ley y controlar que continuaran en esa condición, de lo contrario, habrían de ser reincorporados al servicio de armas. Los exceptuados se inscribían en una relación aparte y se les entregaba un boleto comprobatorio de su condición. Una vez finalizado el registro de enrolamiento, los comandantes se quedaban con una copia y enviaban otra, junto con la relación de excepciones –a la Inspección y Comandancia General de Armas, hasta octubre de 1862, y a la Inspección General de Milicias de Buenos Aires, desde esa fecha en adelante– que contenía las propuestas para oficiales de cada cuerpo que, como vimos, el gobierno provincial aprobaría o desestimaría.27
Como se ha mostrado para otras zonas fronterizas de América del Sur, el enrolamiento representaba un momento ideal para que los comandantes pudieran favorecer a sus seguidores y formar nuevas “clientelas”. El jefe que pretendiera hacerse poderoso debía atender los intereses de sus subordinados. Lo más atinado era librarlos del servicio activo en la Guardia Nacional y colocarlos en la reserva, ya que aquel representaba una posibilidad concreta de formar parte de los contingentes, mientras que, en la segunda, esa situación se hacía más remota (Ribeiro, 2005; Fertig, 2010; Mugge, 2012).
Luego de recoger estos avances, en este apartado nos interesa mostrar cómo aquellos hombres que no estuvieron exceptuados del servicio de armas en la Guardia Nacional negociaron con sus comandantes el alistamiento en esa milicia y la concesión de dispensas para evitar el servicio de frontera.28 Comenzaremos con el análisis de tres listas de exceptuados, que nos servirán como disparadores para construir nuestro argumento.
La primera, fue hallada entre la correspondencia del juzgado de paz de Tandil y corresponde al Regimiento N° 17 “Sol de Mayo”. Fue elaborada en 1868 y se inscribió a los exceptuados del servicio activo de los partidos del sur provincial (Tandil, Lobería, Necochea y Tres Arroyos).29 Ante la imposibilidad de abordar todo el registro, tomamos una muestra de 194 individuos, correspondientes a la totalidad del 2° escuadrón de la 3ª subdivisión de caballería, que habían pasado a la milicia pasiva. De estos, 116 (59,79%) habían recibido la dispensa en concordancia con las disposiciones vigentes para el enrolamiento: 53 eran mayores de edad; 26 administraban intereses de terceros; 17 eran inválidos e inútiles para el servicio; 10 eran hijos de viuda; 6 ocupaban cargos de alcalde y teniente alcalde y 4 estaban enfermos. Pero los restantes 78 (40,21%) no estuvieron al cubierto de las excepciones que disponía el gobierno. De ellos, 60 eran padres de familia con varios hijos (de uno a once) y para los 18 restantes no se especificó ninguna situación particular que mereciera la excepción.
La segunda, forma parte de un estado general del Regimiento N° 14 de Guardias Nacionales que fue enviado a la Inspección General de Milicias el 31 de mayo de 1869. Por entonces, dicho regimiento tenía 50 guardias nacionales en la frontera, de los cuales 45 correspondían a la caballería y solo 5 a la infantería. En total, se registraron 443 hombres que estaban exceptuados del servicio de armas y con licencias momentáneas para curarse de enfermedades y heridas generadas en la frontera. La mayor parte de los exceptuados eran capataces: 204, que representan el 46,05%. Luego figuran 59 hijos de viuda (13,33%), 46 alcaldes y tenientes alcaldes (10,38%), 39 con licencia para curarse (8,8%) y 37 soldados de policía (8,35%). El resto se completa con 58 casos (13,09%) en los cuales no se especifica el motivo de la excepción de esos guardias nacionales, que fueron agrupados bajo el término “varios”.30
La tercera fue hallada en el archivo de la Inspección General de Milicias. Se elaboró entre los meses de marzo y junio de 1873 y corresponde al partido de Magdalena. El registro se compone de una lista de 365 hombres que habían recibido su excepción al servicio miliciano.31 Para analizarlo, de forma arbitraria tomamos como muestra a los primeros 183 individuos registrados, que corresponden al 50% del total del registro mencionado. Por medio de ella, pudimos observar tres motivos fundamentales que llevaron al otorgamiento de excepciones: 99 por enfermedad (54,10%), 73 por exceso de edad (39,89%) y 11 por inutilidad para el servicio (6,01%). La mayor parte de los beneficiados por estas dispensas trabajaban como jornaleros. Registramos 162 casos, correspondientes al 88,52%. Los siguieron 20 hacendados (10,93%) y un negociante (0,55%).
En algunas ocasiones, las autoridades milicianas otorgaban excepciones porque los enrolados estaban al cubierto de ciertos reparos que los exoneraban del servicio. En este sentido, los principales causantes fueron la enfermedad, el exceso de edad, la inutilidad o invalidez para el servicio, la administración de intereses de terceros, ser capataces o hijos de viuda y ocupar cargos de alcalde y teniente alcalde. Pero, en otras circunstancias, los argumentos no se correspondieron con lo dispuesto por el gobierno y fueron exceptuados por la decisión injustificada del propio jefe del regimiento o batallón. Se dispensaba del servicio activo sin esgrimir justificativo alguno para ello o reduciéndolo a la categoría de “varios” y a padres de familia sin criterio uniforme, ya que englobaba a aquellos que tuvieron un solo hijo como a los que procrearon más de diez. Esto se torna más relevante al conocer que había muchos en esa condición enrolados en la milicia activa, dispuestos para ser convocados a las armas en cualquier momento.
Con anterioridad, estas irregularidades también han llamado la atención de otros historiadores. Para la Frontera Sur de Córdoba, Ernesto Olmedo (2009) planteó que los jefes militares no siempre cumplían con las órdenes y disposiciones que provenían del gobierno nacional y provincial; y por su parte, Marcela González (1997) mostró que algunos guardias nacionales encontraron protección en su comandante ante el masivo reclutamiento llevado a cabo durante los primeros años de la Guerra de la Triple Alianza. Para la Frontera Sud de Buenos Aires, Rinaldo Poggi (1997, 2000) resaltó los inconvenientes que tuvieron algunos jefes militares, como Álvaro Barros, para garantizar el envío de contingentes de guardias nacionales a la frontera, ya que los comandantes milicianos no siempre daban respuesta a las órdenes que recibían.
El Ministerio de Gobierno y la Inspección General de Milicias solían recibir informes de las autoridades de la campaña y de la frontera en las cuales se denunciaba la concesión de excepciones para el servicio activo, que hacían de forma discrecional los comandantes milicianos a los guardias nacionales. En febrero de 1857, el jefe del Ejército de la Frontera del Sud, Manuel Escalada, había ordenado la separación del sargento mayor Lezcano, encargado del enrolamiento de la Guardia Nacional en los partidos de Lobería y Mar Chiquita, que había sido acusado de hacer “abuso indigno de su posición”, al haber dejado exentos del servicio de las armas a algunos propietarios y capataces, mediante regalías o pagos que ascendían a 5000 pesos moneda corriente.32
En otra ocasión, a inicios de 1863, el comandante del Regimiento N° 12 de Guardias Nacionales fue acusado por un vecino del partido de Magdalena por “hechos abusivos e ilegales”. Se le atribuía que obligaba a marchar en los contingentes a individuos que estaban exceptuados por ley, exigiéndoles crecidas sumas de dinero para exonerarlos de un servicio al que no estaban obligados y de crear una suscripción en su beneficio, aprovechándose de su autoridad.33
En una circular fechada el 7 de mayo de 1866, el inspector general de Milicias, Ventura Martínez, recomendaba a los jefes de los regimientos de la Guardia Nacional de campaña que el enrolamiento se llevara a cabo “prolija y minuciosamente, … cuidando que no se introduzcan ningún género de abusos que no solamente ofenden a la moral y disciplina de un cuerpo, sino también, que recaiga injustamente á los buenos servidores”. Además, los exhortaba a “empeñarse y vigilar bajo la más seria responsabilidad que las exepciones [sic] sean estrictamente sujetas á la Ley”, ya que una vez concluido el enrolamiento se realizaría una inspección con el fin de examinar si estas habían sido otorgadas de acuerdo con la ley.34
Por su parte, en agosto de 1868, el jefe del Regimiento N° 16, Máximo Gómez, fue acusado por el jefe de la Frontera Sud, Álvaro Barros, de no enviar contingentes de reemplazo a la frontera, lo que sobrecargaba el servicio de los que se encontraban acantonados allí (Poggi, 2000). Uno de sus subalternos, Abelino Pérez, atestiguó que “se presentó a D. Máximo Gómez y éste le dio papeleta del Regto. N° 16 de G. Nles con la que ha andado libremente”. Además, agregó que “en ninguna citación ha[bía] cido [sic] incomodado para el servicio de frontera y que hace tres años no sirve ni como activo ni como pasivo”. Indignado con esta situación, Barros escribió al general Wenceslao Paunero, ministro de Guerra y Marina de la Nación, con el propósito de denunciar que todos los allegados y conocidos del comandante Máximo Gómez eran exceptuados del servicio de armas y que los demás también podrían salvarse “mediante un sacrificio de caballos ó de dinero” (Poggi, 2000, p. 36).
Este descargo no se diferenciaba del que Barros había hecho, poco menos de un año atrás, al vicepresidente Marcos Paz. En esa ocasión, había criticado la permisividad del gobernador Adolfo Alsina para con los jefes milicianos. Escribía:

“El Gobierno de la Provincia está entregado á los Comandtes. de Guardia Nacional, y estos hacen lo que mejor les cuadra, y no lo que la Ley les prescribe, por que nadie inspecciona sus actos … Si se pasase una visita de Inspección a la Guardia Nacional, el Gobierno entonces vería hasta donde es desmoralizadora y perjudicial la práctica de sus empleados” (Poggi, 1997, pp. 53-54).

Incluso, el ingeniero francés Alfred Ebelot, que a fines de la década de 1870 participó de las campañas militares de Adolfo Alsina y de Julio A. Roca al servicio del Ejército argentino, dejó constancia en sus relatos de que, si bien las Cámaras legislativas de la nación autorizaban el reclutamiento y el Poder Ejecutivo provincial designaba los distritos en los cuales se debía proceder a formar los contingentes, era el comandante de la Guardia Nacional quien confeccionaba, “sin control y de acuerdo a su capricho”, la lista de los individuos que debían brindar su servicio de armas en la frontera. De allí que afirmara que era conveniente “ser amigo de este personaje o…profesar sus mismas opiniones y votar según su entender” (Ebelot, 1968, pp. 134-135).
En resumen, en este apartado examinamos la dispensa discrecional de excepciones y licencias al servicio activo por parte de los comandantes de la Guardia Nacional. Vimos que, en algunas ocasiones, las autoridades milicianas otorgaban eximiciones porque los enrolados estaban al cubierto de reparos que los exoneraban del servicio, como enfermedades, exceso de edad, inutilidad o invalidez para el servicio, la administración de intereses de terceros, ser capataces o hijos de viuda y ocupar cargos de alcalde y teniente alcalde. Pero no siempre los argumentos se correspondieron con lo dispuesto por el gobierno, ya que se dispensaba del servicio activo sin esgrimir justificativo alguno para ello y a padres de familia sin criterio uniforme. Por tal motivo, sin desconocer el alto grado de coerción que evidenció el servicio de frontera, sostenemos que también estuvo atravesado por la negociación entre las partes implicadas, a través de una relación de poder asimétrica que, en determinadas circunstancias, contradecía las normas establecidas por la legislación vigente. Los comandantes de la Guardia Nacional fueron los principales responsables del enrolamiento y reclutamiento en los partidos de la campaña y constituyeron el nexo entre el gobernador y los vecinos de los partidos. De allí que la máxima autoridad provincial se reservara la potestad de designarlos y, también, que los habitantes de la campaña tuvieran la necesidad de contar con un jefe cercano a sus intereses que, por esa condición, contribuyera a protegerlos del reclutamiento.

4. Consideraciones finales

En este artículo estudiamos la dinámica interna de los regimientos y batallones de la Guardia Nacional de campaña de Buenos Aires. En especial, examinamos el rol de los comandantes en el funcionamiento de dicha institución en esa provincia. En primer lugar, analizamos los mecanismos a través de los cuales estos conformaban la oficialidad de las unidades a su mando. Mostramos que, si bien era el gobernador quien tenía la potestad de definir sus integrantes, los verdaderos encargados de su formación fueron los comandantes, al hacer uso de su potestad de proponer a los individuos que podrían ocupar los puestos de la oficialidad y reemplazar a aquellos que no siguieran sus órdenes. En segundo lugar, estudiamos la negociación del servicio de frontera entre los comandantes y los guardias nacionales, haciendo hincapié en el comportamiento irregular de los primeros, que se evidenciaba en la dispensa discrecional de licencias y excepciones al servicio activo hacia los segundos. A través de ello, planteamos que, si bien los jefes de la Guardia Nacional constituyeron el agente miliciano territorial en el cual el gobernador de Buenos Aires delegaba parte de su autoridad en la campaña, también representaron un instrumento a través del cual los vecinos de los partidos pidieron por sus derechos ante la autoridad provincial y obtuvieron excepciones al servicio de armas.
Procuramos demostrar que los jefes de los regimientos y los comandantes de los partidos fueron quienes manejaban la Guardia Nacional en la campaña y la frontera bonaerense y quienes garantizaban o no su funcionamiento. Al estar insertos en la dinámica del poder local, mediados por la proximidad social con sus subalternos y por los vínculos que habían construido con estos en los territorios bajo su jurisdicción, los llevó a adaptar las normas que dictaban el funcionamiento institucional a la realidad social en que vivían, incluso, poniendo límites al mismo Estado del cual emanaba su autoridad. Si bien la Guardia Nacional fue creada a partir de disposiciones de los Estados nacional y –sobre todo– provincial, el efectivo funcionamiento de la institución en la campaña y los espacios fronterizos se dio a partir de las actividades que sus comandantes desarrollaron en los territorios que estuvieron a su cargo.
La Guardia Nacional de campaña no puede ser estudiada sin tener en cuenta a estos actores. El gobernador delegaba en ellos sus atribuciones milicianas, con el fin de que garantizaran el servicio ordinario de frontera, fomentaran el orden social y propendieran al triunfo del oficialismo en las elecciones. Sin embargo, no siempre estuvieron dispuestos a cumplir con los dictámenes que llegaban de la capital, ya que en ciertas ocasiones respondieron más a las necesidades de los habitantes de los partidos que comandaban y, también, a sus propios intereses. A través de estos procedimientos, supieron adaptarse a las necesidades del Poder Ejecutivo provincial y a las de su vecindario, lo que los convirtió en interlocutores imprescindibles para tornar fluidas las comunicaciones entre estos y equilibrar las pretensiones de ambos.

Notas

1 Centro de Estudios Sociales de América Latina-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. Correo electrónico: lcanciani@fch.unicen.edu.ar.

2 Véase Carlos Mayo y Amalia Latrubesse (1993); María Elena Barral y Raúl Fradkin (2005); María Eugenia Alemano y Florencia Carlón (2009); Eugenia Néspolo (2012); María Eugenia Alemano (2013); Guillermo Banzato (2014); entre otros.

3 Véase Tulio Halperín Donghi (1972); Pablo Buchbinder (2004); Roberto Schmit (2004); Silvia Ratto (2005); Sara Mata de López (2008); Juan Carlos Garavaglia (2009); María Paula Parolo (2010); Raúl Fradkin (2010, 2014, 2015); Sol Lanteri (2011); Eugenia Molina (2014); entre otros.

4 De 1852 a 1863 está disponible en el Archivo General de la Nación (AGN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la denominación Gobierno; y de 1864 en adelante, en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), La Plata, bajo el nombre de Ministerio de Gobierno.

5 Entre 1852 y 1857, la Guardia Nacional se dividía en 15 regimientos. Ese último año, se incrementaron a 17; a inicios de la década de 1860, a 19; y, en 1866, a 23. En 1870, el gobierno decretó la creación de tantos regimientos de guardias nacionales como partidos tenía la campaña bonaerense. Finalmente, en 1879, se dispuso que habría 22 batallones de infantería y 52 regimientos de caballería (Canciani, 2017).

6 Véase Carlos Heras (1954); Fernando Barba (1976); Eduardo Míguez (2010); Leonardo Canciani (2017).

7 Para más información sobre los alcaldes y tenientes alcaldes en la primera mitad del siglo XIX, véase Juan Carlos Garavaglia (1999).

8 Según Carlos Heras (1954, p. 61), esta disposición comenzó a regir el 25 de febrero de 1864, cuando el gobernador Mariano Saavedra dispuso que, con excepción de los partidos fronterizos, los regimientos y batallones de la Guardia Nacional de campaña fueran comandados por civiles.

9 Martín Campos a Valentín Alsina. 8 de octubre de 1852. Documento N° 1666. Gobierno, Sala X, 28-2-4. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

10 Relativo a la organización de la Guardia Nacional de Campaña. 19 de diciembre de 1853. Documento N° 5786. Gobierno, Sala X, 28-4-8. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 José Cebez a Irineo Portela. 7 de marzo de 1854. Documento N° 6737. Gobierno, Sala X, 28-4-15. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

12 Manuel Escalada a Jacinto González. 7 de noviembre de 1854. Guardias Nacionales, Sala X, 18-10-7. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13 Para otros casos, remitimos a Guardias Nacionales, Sala X, 18-10-7. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14 A modo de ejemplo, véase documento N° 228. Legajo 2; documentos N° 296, 344, 568, 573 y 577. Legajo 3; documento N° 684. Legajo 4; documentos N° 626, 631 y 638. Legajo 5; documento N° 784. Legajo 6; documento N° 1255. Legajo 8; documento N° 3236. Legajo 27; documento N° 244. Legajo 47; documentos N° 387 y 417. Legajo 48. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata; entre otros.

15 Paulino Amarante a Máximo de Elía. 23 de abril de 1865; y Máximo de Elía a Ventura Martínez. 12 de mayo de 1865. Documento N° 624. Legajo 5. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

16 Artemio Quesada a Benito Nazar. 13 de mayo de 1868. Documento N° 4413. Año 1868. Frontera con los indios. Servicio Histórico del Ejército, Buenos Aires.

17 José Morales a Emilio Conesa. 16 de junio de 1864. Documento N° 563. Legajo 3. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

18 Victorio Gigena a Mariano Acosta. 15 de marzo de 1864. Documento N° 543. Legajo 3. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

19 Avelino Cabrera a Pablo Cárdenas. 27 de mayo de 1865. Documento N° 604. Legajo 6. Año 1865. Ministerio de Gobierno. AHPBA, La Plata.

20 Benigno del Carril a Aristóbulo del Valle. 24 de septiembre de 1874. Documento N° 417. Legajo 48. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

21 Claro Ortiz a Ventura Martinez. 19 de enero de 1866. Documento N° 680. Legajo 4. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

22 Sumario informativo contra Federico Batalla. 6 de mayo de 1854. Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, Sala X, 18-10-3. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

23 Sumario contra el capitán de Guardias Nacionales del Regimiento Nº 7 de campaña, capitán de la 2ª compañía del 2º escuadrón don Guillermo Doso. Documento N° 174. Legajo 1. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

24 Manuel Faramiñan tenía una vasta experiencia militar en Ranchos. Era capitán del Regimiento N° 11, desde 1854, y capitán comandante de la milicia de Ranchos, desde 1858. También participó en las batallas de Cepeda y Pavón.

25 El Gefe del Rejimiento N° 11 pidiendo la separación del Capn. Comte. del Escuadrón de Ranchos [sic]. Documento N° 706. Legajo 4. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

26 El 21 de mayo de 1854, alrededor de 160 porteños solicitaron al gobernador Pastor Obligado el nombramiento del teniente coronel Juan A. del Campo como jefe interino del Batallón N° 1 de la Guardia Nacional de la ciudad de Buenos Aires. Los ciudadanos que suscriben a Pastor Obligado. 21 de mayo de 1854. Guardias Nacionales, Sala X, 18-10-7. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El 20 de julio de 1865, los oficiales, guardias nacionales y vecinos de Ranchos enrolados en el Regimiento Nº 11 pidieron al gobernador Mariano Saavedra que designara como comandante del mismo al capitán del 2º escuadrón, Manuel M. Faramiñan. Documento N° 650. Legajo 5. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata. Tres meses más tarde, el 18 de octubre, los “vecinos hacendados” de Rojas requirieron del mismo gobernador la elección del teniente coronel Emilio Laprida para que se hiciera cargo de la comandancia de la Guardia Nacional de ese partido. Documento N° 637. Legajo 6. Año 1865. Ministerio de Gobierno. AHPBA, La Plata. En los casos primero y tercero, el gobernador no hizo lugar a las solicitudes y designó a otras personas. El expediente del segundo caso no tiene resolución.

27 Reconstruimos este procedimiento con base en las siguientes fuentes: Instrucciones a los Gefes [sic] de los Regimientos de Campaña para el enrolamiento ordenado y que debe empezar el primero del entrante y Nuevas instrucciones para los Gefes de G. N. en Campaña. Legajo 10A. 1846-1865. Juzgado de paz de Bragado. AHPBA, La Plata; Decretos del gobierno de Buenos Aires. 27 de abril de 1870 y 22 de febrero de 1875. Colección de leyes y decretos militares concernientes al Ejército y Armada de la República Argentina de 1810 a 1896, tomo 2, pp. 361-362 y 510-514.

28 El 5 de junio de 1865, el Congreso de la nación aprobó una ley por la cual exceptuaba del servicio activo en la Guardia Nacional a los ministros del Poder Ejecutivo de la nación; a los miembros del Congreso, a los gobernadores de provincias y sus ministros; a los miembros de las legislaturas provinciales; a los jueces de los tribunales de justicia; a los directores y rectores de las universidades, escuelas y colegios; a los jefes de oficina de la nación y de las provincias; a los maestros de postas; a los médicos y practicantes en el servicio de los hospitales; a los que tuvieran imposibilidad física probada; a los que no hubieran cumplido 18 años de edad y al hijo único de madre viuda o aquel de los hijos que atendiera a la subsistencia de esta o de un padre septuagenario o impedido. También estaban exceptuados los jueces de paz, alcaldes, tenientes y soldados de la partida de policía (Registro Oficial de la República Argentina, tomo 5. 5 de junio de 1865, p. 218).

29 Registro de enrolamiento del Regimiento N° 17 “Sol de Mayo”. Documento N° 335. Legajo de 1868. Caja 20. Archivo Histórico de Tandil, Tandil.

30 Estado General del Regimiento Castelli N° 14 de Guardias Nacionales de Campaña. 31 de mayo de 1869. Notas de mayo. Legajo 9. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata. Debido a que la información fue sistematizada por el comandante del mencionado cuerpo, no fue necesario tomar una muestra, como hicimos en los casos restantes.

31 Registro de exceptuados de Magdalena. 1873. Legajo 32. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

32 Manuel Escalada a Bartolomé Mitre. 14 de febrero de 1857. Comandancia General de Frontera, Fuertes y Fortines, Sala X, 19-7-3. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

33 Proceso contra el mayor Báez. Documento N° 22391. Gobierno, Sala X, 29-8-2. AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

34 Circular. 7 de mayo de 1866. Documento N° 691. Legajo 4. Inspección General de Milicias. AHPBA, La Plata.

 

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Fecha de recepción de originales: 15/07/2015.
Fecha de aceptación para publicación: 15/05/2016.